Alerta por correo electrónico de las novedades

El interesado, en su escrito de queja, manifestaba que venía denunciando al Ayuntamiento de Armilla (Granada) la situación en la que se encontraba la calle Olivo, que debido a diversas obras contaba con un asfaltado provisional, en una extensión de, aproximadamente, 8 metros, con grava y cemento en polvo, lo que provocaba que al paso de los vehículos se levantara una nube de partículas que penetraba en las viviendas, a pesar de que las ventanas estuvieran cerradas. El problema estaba en que en ese tramo, las obras se habían parado y que por la zona pasaban una media de 140 vehículos cada hora, lo que provocaba una situación de malestar entre los vecinos por el polvo en suspensión.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que antes de que les llegara nuestra petición de informe ya se había procedido al asfaltado del tramo de la calle Olivo, por lo que toda la zona estaba debidamente asfaltada.

Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

Esta Institución decidió iniciar, de oficio, un expediente de queja al tener conocimiento de la campaña publicitaria que, con ocasión de la feria de abril de 2017, se venía realizando en las marquesinas de los autobuses urbanos y metrocentro de Sevilla.

A este respecto algunas personas nos hicieron llegar fotografías en las que se observaba dicha campaña publicitaria, en unos casos referida a cerveza o vino, y en otros casos referida a bebidas alcohólicas de alta graduación.

En alguno de los citados carteles publicitarios se utiliza un mensaje que equipara los momentos de ocio con el consumo de alcohol, tratándose de una bebida alcohólica destilada con una graduación cercana a los 38 grados.

En virtud de lo expuesto, y tras incoar el expediente de queja, decidimos solicitar de la administración la emisión de un informe al respecto, del cual destacamos sucintamente lo siguiente:

I. El Director Gerente de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM) la propiedad de las marquesinas y la gestión de sus espacios publicitarios corresponden a la empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano Sociedad Anónima (CEMUSA), actualmente perteneciente a la empresa JCDecaux, en virtud de contrato firmado con TUSSAM con fecha 1 de diciembre de 2003.

De acuerdo con este contrato las diferentes campañas publicitarias que se insertan en las marquesinas no requieren la autorización previa por parte de TUSSAM.

II. A pesar de lo expuesto con anterioridad, TUSSAM dio traslado del contenido de la queja a la empresa adjudicataria de la propiedad y uso de dichos espacios publicitarios, respondiendo en lo que atañe al contenido del asunto que venimos analizando que en lo referente a publicidad de bebidas alcohólicas la empresa procura que las mismas no se muestren en los aledaños de aquellos lugares especialmente sensibles a este tipo de productos.

III. La empresa adjudicataria del contrato añade que la Ley General de Publicidad aún no ha tenido un desarrollo reglamentario, a excepción de lo relacionado con el medio televisivo, de modo que la práctica totalidad de la regulación existente sobre publicidad de bebidas alcohólicas en diversos medios, entre ellos la publicidad exterior, se encuentra en manos de las Comunidades Autónomas, que la han realizado con mayor o menor extensión y detalle, siendo más o menos restrictiva.

Sobre este particular, en Andalucía se prohíbe explícitamente la publicidad de bebidas alcohólicas en los lugares enumerados en el artículo 25 de la Ley 4/1997 y, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad, en los lugares donde está prohibida su venta y consumo especificados en el artículo 26 de la Ley 4/1997, siendo así que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos de los municipios andaluces se circunscribe a la celebración de actividades de ocio y a los menores de 18 años.

Como tal, en la legislación andaluza no habría una limitación directa y expresa de la publicidad exterior en la vía y espacios públicos de bebidas alcohólicas, a diferencia de otras Comunidades Autónomas como Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, País Vasco o Valencia, Comunidades que sí la contemplan.

Así pues, conforme a los hechos expuestos, al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos las siguientes RECOMENDACIÓN:

"Que en tanto no se apruebe una normativa de ámbito nacional o autonómico que detalle el alcance de la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, especialmente las de alta graduación, en lugares de acceso público, se dicten las instrucciones precisas para evitar dicha publicidad a TUSSAM, con la finalidad de que dicha empresa municipal las incluya a su vez en el clausulado del contrato que se suscriba en el futuro con la empresa que se encargue de gestionar los espacios publicitarios vinculados a los transportes urbanos de Sevilla.

Que en tanto no exista una prohibición normativa o incluida en las cláusulas del contrato, en ejercicio de las potestades de supervisión y control del servicio contratado se dicten instrucciones para que la empresa evite en la medida de lo posible dicha publicidad de bebidas alcohólicas de alta graduación por lo dañina que representa para el conjunto de la sociedad y en especial para las personas menores de edad.”

La Administración Acepta nuestras Recomendaciones aunque con respecto a la primera de ellas plantea que la posible inclusión de esta prohibición en el clausulado de contratos futuros, supondría un agravio respecto al resto de empresas concesionarias de otros espacios publicitarios existentes en la vía pública, a lo que respondemos desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, que no hace falta prohibir sino publicitar otro tipo de productos.

Con respecto a la segunda Recomendación la Administración responde sobre la voluntad que tiene de actuar, de manera especial para evitar acciones publicitarias que por su impacto visual, ubicación o graduación de la bebida alcohólica puedan tener mayor afección sobre el público infantil, como es el caso de la campaña publicitaria a la que se refiere el escrito inicial de este expediente.

Por todo lo expuesto esta Institución considera oportuno el cierre de las actuaciones en este expediente.

Tras la Resolución formulada al Ayuntamiento de Algeciras, nos llega la respuesta municipal. En el informe del ingeniero municipal se expone que ya se han llevado a cabo las actuaciones que permiten eliminar la problemática que motivó la queja por la acumulación de aguas pluviales y ausencia de rebaje. Se añade que la autoridad portuaria está actuando en la parte de atrás del auditorio para evitar también las acumulaciones de aguas pluviales que se producen allí.

Como quiera que ello supone la plena aceptación de la Recomendación que formulamos al Ayuntamiento en el curso de la tramitación de este expediente de queja, podemos dar por concluida nuestra intervención en este asunto.

Los Servicios Sociales comunitarios proponen el alquiler de vivienda para atender la situación de una familia sin suministro de agua potable, en la que residen de forma irregular.

Un ciudadano nos relataba que tenía una deuda acumulada en concepto de suministro de agua de, aproximadamente, 1.500 euros. Acordó abonar el recibo mensual más 80 euros para saldar dicha deuda, pero le habían cortado el suministro a petición de la anterior propietaria de la vivienda, por lo que se dirigía a nosotros para que el Ayuntamiento respetara el acuerdo y le restituyera el suministro.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento afectado, resultó que la vivienda era propiedad de una entidad financiera y que el contrato realizado en su día con la persona que era propietaria de la vivienda había quedado invalidado, por lo que el interesado se encontraba en una situación de ocupación ilegal de la vivienda, además de no encontrarse empadronado en la misma. Por ello, los Servicios Sociales municipales estaban gestionando el alquiler de una vivienda para la familia.

A la vista de esta respuesta, entendimos que el Ayuntamiento estaba actuando adecuadamente, por lo que consideramos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte, procediendo al archivo del expediente de queja.

Tras la Resolución formulada al Ayuntamiento de Rota, se han seguido realizando numerosas gestiones con el mismo y con la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de Cádiz por las que se ha tenido conocimiento de que la permuta de viviendas que iba a permitir a la persona interesada acceder a una vivienda no pudo realizarse porque una de las viviendas había sido ocupada por el vecino, habiéndose iniciado un procedimiento judicial de desahucio contra él.

La resolución del problema mediante la asignación de una nueva vivienda estaba encontrando numerosas dificultades, entre ellas, la falta de inscripción a registros de demandantes de viviendas de localidades cercanas donde podría adjudicársele una vivienda y otros trámites burocráticos.

Poco tiempo después tuvimos conocimiento de que ya se había firmado la resolución de adjudicación de una vivienda a la persona interesada (situada en el bajo con el que se iba a hacer la permuta), de lo cual iban a informar a la misma.

Dado que tras las abundantes gestiones realizadas ante distintos organismos por parte de esta Institución, el asunto se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada, víctima de violencia de género, exponía que llegó junto con su hija de 14 años a Málaga huyendo de su pareja, que la maltrataba. Tras vivir en una casa de acogida consiguieron un poco de dinero para poder pagar los dos meses de alquiler que les pedían por adelantado.

No obstante, a los dos meses les llegó una orden de desahucio a nombre de otra persona. Su casero había desaparecido, denunció la situación, pero el desahucio siguió su curso y se enfrentaron al desalojo el día 28 de junio.

Intentó negociar con la entidad bancaria propietaria del inmueble el alquiler social, sin respuesta. Le había sido concedida la ayuda al alquiler, por tres años. Sin embargo, no encontraban vivienda donde realojarse.

Solicitado informe al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, se nos participaban las diversas intervenciones que el Ayuntamiento había estado realizando, por lo que podíamos concluir que se le había venido prestando la colaboración y ayuda necesaria en orden a poder satisfacer la necesidad de vivienda asequible para la interesada y su hija. Asimismo, dado que en ese momento se encontraba alojada en un piso de emergencia proporcionado por dicha administración municipal, no estimamos oportuno proseguir con nuestras actuaciones.

A la vista de la respuesta dada por la Secretaría General de Vivienda a las Sugerencias formuladas por esta Defensoría, procede el cierre de la queja citada al aceptarse la Resolución.

En su informe, la mencionada Secretaría General indica que la reunión con representantes de la SAREB tuvo lugar el 4 de octubre de 2018 y estuvieron presentes el Director de Responsabilidad Social Corporativa de la citada Sociedad y dicha Secretaria General, procediéndose a analizar la evolución del Convenio suscrito el 21 de junio de 2016, reconociéndose las dificultades en encontrar viviendas apropiadas para el objetivo perseguido con la firma del citado Convenio y emplazándose ambas partes a un nuevo encuentro para revisar los términos del Convenio para, en su caso, proceder a su modificación.

Con fechas 6 de marzo de 2018 y 9 de mayo de 2018 se procedió a la firma de nuevos contratos de cesión en usufructo de viviendas para su administración y gestión en alquiler asequible. Concretamente mediante el contrato de 6 de marzo se cedieron 14 nuevas viviendas, de las cuales 7 se encontraban disponibles y 7 ocupadas Igualmente, a través del contrato de 9 de mayo se cedieron otras 14 viviendas, con el mismo número de disponibles (7) y ocupadas (7). En conjunto, de las 400 viviendas inicialmente previstas, a fecha de elaboración del informe que nos ocupa se habían cedido un total de 308 viviendas, 214 de las cuales se encontraban disponibles inicialmente y 94 ocupadas.

En cuanto a las Sugerencias formuladas, la Secretaría General de Vivienda exponía las siguientes consideraciones:

1. Realizar gestiones para formalizar la cesión de las restantes 120 viviendas de que dispone SAREB en Andalucía: Se acepta y, de hecho, se vienen realizando dichas gestiones. Así, se habían cedido 28 nuevas viviendas, quedando pendientes 98 para completar el Convenio. No obstante, señalaban las dificultades en encontrar viviendas apropiadas para destinarlas a alquiler asequible y paliar el problema social de escasez de oferta de vivienda en los municipios con mayor demanda de vivienda.

2. Coordinación con las administraciones locales andaluzas en cuyos municipios radiquen las viviendas cedidas: Dicha labor de coordinación ha de realizarse forzosamente por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a la que la Consejería había encomendado la gestión del contrato suscrito en su día con la SAREB, toda vez que la ocupación efectiva de las mismas había de realizarse a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas. No obstante, se aceptaba la Sugerencia y se instaría a la citada Agencia a reforzar los mecanismos de coordinación.

3. Realizar actuaciones necesarias con los organismos competentes para recabar información de las viviendas del Fondo Social de la Vivienda. Con independencia de que la Consejería ya en su día solicitó de la Administración General del Estado la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de dicho Fondo y fue denegada, se acepta la Sugerencia formulada y se recabaría la información señalada.

Ver actuación de oficio