El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los problemas y retos que afectan a los menores de edad no desaparecerán, más bien al contrario, se agudizarán y recrudecerán a causa de la COVID-19. El Defensor del Menor de Andalucía ha entregado hoy el Informe del Menor 2019 a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, una presentación retrasada a causa de la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la pandemia.
Este Informe detalla que durante 2019 el Defensor del Menor de Andalucía realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.
El Defensor del Menor de Andalucía ha explicado las actuaciones realizadas en el Informe del Menor 2019 para la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre los que ha destacado los derechos a la salud, la educación y a la protección, y ha aportado sobre los mismos algunas consecuencias que ya se están advirtiendo como consecuencia de la COVID, a la espera de un Informe extraordinario de la Institución que profundizará en estos efectos.
De esta manera, en cuanto al derecho a la salud, Jesús Maeztu ha indicado que el Informe 2019 detecta que persisten las carencias de atención pediátrica que han despertado demandas vecinales de muchas zonas rurales andaluzas. La escasez de pediatras disponibles es, en la mayoría de los casos, el impedimento para la dotación de las plazas, lo que conlleva a que los facultativos de familia asuman la función de atención a los menores de edad. Asimismo, se siguen abordando quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad. Durante el confinamiento, la Institución que dirige Jesús Maeztu ha abierto quejas por reorganización de servicios pediátricos en perjuicio de usuarios que están protestando en Sevilla capital o zonas rurales de Huelva.
Especial atención ha dedicado el Defensor del Menor a la salud mental de los menores, uno de los aspectos agravados durante el confinamiento. Jesús Maeztu ha destacado que es necesario fortalecer la red de salud mental y de apoyo psicosocial para las personas menores de edad y atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.
En cuanto al derecho a la educación, el Defensor del Menor ha apuntado que el Informe repasa algunos problemas que sigue teniendo la escolarización, aunque continúa una tendencia a la baja. En todo caso, el Defensor ha destacado las actuaciones para asegurar la escolarización prioritaria del alumnado que padece casos especiales de enfermedad, una labor que se ha visto reflejada en el nuevo decreto de escolarización publicado en 2020.
También en cuanto a la educación especial, el Informe recoge los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, persistiendo los problemas de ausencia o escasez de profesionales en los centros docentes, de manera mayoritaria los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). Asimismo, el Defensor ha destacado su preocupación por los fenómenos relacionados con la despoblación que están afectando de manera grave a los objetivos de lograr una implantación general y normalizada de los recursos educativos en el territorio de Andalucía: “Un recreo en silencio es la muerte de un pueblo”, ha señalado Jesús Maeztu, para recordar que durante 2019 la Institución ha comenzado un Informe especial sobre esta realidad.
La actividad educativa ha sido una de las principales afectadas por la irrupción de la COVID y por esta razón Jesús Maeztu ha expuesto su advertencia de que la suspensión de la actividad presencial aumenta el riesgo de la brecha de desigualdad de la infancia en el acceso a los recursos. En este sentido la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio con la administración educativa para visibilizar esta problemática y requerir la adopción de medidas para la continuidad del aprendizaje de todo el alumnado en términos de equidad y calidad. Del mismo modo, la Institución continúa interesada en conocer las medidas de apoyo para paliar el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y tiene abierta investigación para que el alumnado con discapacidad auditiva pueda continuar su proceso educativo telemático. Jesús Maeztu también ha apuntado la labor de la Defensoría desde el primer momento para garantizar el derecho básico a la alimentación a través del Plan SYGA de ayuda alimentaria, que quedó suspendido inicialmente tras los cierres de los centros escolares.
En cuanto al derecho a la protección, el Defensor del Menor de Andalucía ha subrayado la intervención constante de la Institución en la protección de los menores migrantes que llegan a Andalucía sin estar acompañados. Esta actividad propició el pasado año la celebración en Sevilla y Tarifa de las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, que concluyó con la Declaración de Tarifa, un decálogo de medidas para mejorar la protección de estos niños y niñas.
En el confinamiento, el Defensor del Menor de Andalucía ha manifestado su preocupación por el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas debido a una convivencia permanente, continuada y forzosa, que favorece el conflicto entre la pareja y propicia las situaciones de violencia de género en la que también son víctimas los menores edad o directamente contra niños, niñas y adolescentes. El Defensor del Menor ha señalado que en este periodo se han incrementado las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato, como han alertado distintos organismos, y ha señalado que también la Defensoría ha experimentado un incremento de denuncias sobre menores en situación de riesgo.
CUESTIÓN A DEBATE
El Defensor del Menor de Andalucía ha dedicado un capítulo del Informe del menor a una cuestión que quiere visibilizar como es el acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet. El Defensor del Menor ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de Internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.
El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que se trata de un fenómeno en auge, ya que si bien la pornografía ha existido durante mucho tiempo, ahora ha cambiado el canal de distribución; simplemente los menores pueden acceder disponiendo de un teléfono móvil con acceso a Internet.
Entre los efectos negativos que causa a niños y adolescentes, el Defensor del Menor ha apuntado que el consumo de pornografía cosifica la figura de la mujer e incrementa el riesgo de agresiones y violencia sexual; puede crear dependencia en el consumidor; puede afectar a la socialización de los menores de edad; genera una relación desigual entre el hombre y la mujer, quedando esta última reducida a objeto sexual disponible y puede llevar a adolescentes y jóvenes a creer que deben emular las practicas que han observado y a fomentar la prostitución. En definitiva, los nefastos efectos de la pornografía existente en internet afectan a jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía.
Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela.
El Defensor del Menor de Andalucía ha abogado por superar la brecha digital entre adultos y menores y fomentar el diálogo; así como establecer una reflexión con el alumnado sobre los riesgos de este consumo, con el objetivo de contar con una educación adecuada sobre las relaciones afectivas y sexuales, ya que “el problema es que para muchos niños, niñas y adolescentes, la pornografía en Internet se ha convertido en su principal fuente de información y educación”.
Para el Defensor del Menor, tanto las familias como la escuela deben transmitir esta educación antes de que lo haga Internet, en la línea de las recomendaciones ya recogidas por organismos internacionales como la Unesco.
Por último, el Defensor ha subrayado también el papel de los poderes públicos, así como de la industria del sector, que deben tener autoregulación y códigos de conducta ajustados a principios jurídicos y respetar los límites para no perjudicar a niños, niñas y adolescentes.
