La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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El Defensor de la Infancia de Andalucía y Save the Children alertan sobre la necesidad de una actuación coordinada y urgente en la lucha contra la violencia sexual hacia la infancia

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y el director general de Save the Children, Andrés Conde, han inaugurado hoy en Córdoba una Jornada sobre la Protección integral a la infancia víctima de violencia sexual, bajo el lema #InfanciaProtegida. Ambos han alertado sobre la necesidad de una actuación coordinada y urgente en la lucha contra este tipo de violencia que supone una de las realidades más desconocidas e invisibilizadas dentro del complejo mundo del maltrato.

Este encuentro pretende sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato. Además, nace con la vocación de ser un espacio de intercambio de experiencias entre administraciones públicas en la que se puedan detectar procesos comunes que nos dirijan hacia la construcción de sistemas y procesos lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia, especialmente tras la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia. En la inauguración han intervenido la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, anfitrión del encuentro.

En la inauguración de la jornada, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alertado sobre las graves repercusiones que este tipo de violencia tiene en los menores mientras son niños (fracaso escolar, aislamiento social, miedos, depresión, ideas de suicidio, fatiga, conductas antisociales…) y también durante su etapa adulta, caso de problemas sexuales a diversos niveles, mayor tendencia al uso del alcohol y drogas, mayor probabilidad de prostitución que la población general, o la aparición de trastornos de la personalidad y conductas antisociales.

Para Jesús Maeztu, este tipo de violencia se da de forma aún más execrable y despreciable en entornos cercanos a los niños, especialmente en el ámbito familiar, “que pasan a convertirse en lugares de agresión y de vulneración de derechos”. Entre el 70 y 85 por 100 de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima y solo entre un 15 y un 20 por 100 de los abusos sexuales son denunciados.

Por ello el Defensor de la Infancia y Adolescencia ha advertido sobre la necesidad de sacar estos casos a la luz “porque todavía estamos ante una realidad oculta que no se denuncia”, aunque los datos sean “aterradores”. Jesús Maeztu ha reclamado, además, medidas para evitar la revictimización del niño o la niña, ya que “los resultados de la burocracia administrativa y judicial a las que se someten los menores víctimas suelen ser desalentadores”.

Por su parte el director general de Save the Children, Andrés Conde, ha lamentado que la violencia sexual es un problema muy frecuente que tiene un impacto directo en la infancia: una de cada dos víctimas de violencia sexual son niños, niñas o adolescentes. Además, ha reconocido el avance que ha supuesto la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, ya que “refuerza e incluye medidas en todas las fases necesarias en la lucha contra las diferentes formas de violencia, protegiendo a la infancia y garantizando sus derechos”. Por ello, recalca que las Comunidades Autónomas tienen ahora un papel fundamental para impulsar la aplicación de dicha Ley desarrollando estrategias que aterricen las medidas previstas en sus diferentes fases, y poniendo los recursos necesarios para que la Ley se pueda aplicar con eficacia en todo el territorio.

Desde Save the Children también impulsan la promoción del modelo islandés Barnahus para garantizar la máxima protección a los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Se trata de un modelo de atención integral coordinada entre departamentos (sistema judicial, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales) cuya misión es evitar la victimización secundaria del niño o niña víctima de abuso sexual, agilizar el proceso judicial y facilitar su recuperación.

Tras la inauguración, comenzará la ponencia de Bragui Gudbrandsson, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ex director general de la Agencia del Gobierno de Islandia para la Protección de la Infancia y fundador del modelo Barnahus, sobre la “Perspectiva internacional de la protección a la infancia víctima de violencia sexual”, presentada por Emilie Rivas, responsable de incidencia social y política de Save the Children en Catalunya.

A continuación, la segunda ponencia correrá a cargo de Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos de Niño y vicerrectora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sobre las “Novedades de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y adolescencia contra la violencia”.

La jornada continúa con el testimonio de Sara Berga Cabello, activista por la Protección Integral de la Infancia contra la violencia sexual y superviviente de violencia durante su infancia, presentada por Soledad Rosales, directora del Gabinete del Defensor del Pueblo Andaluz.

La primera de las mesas redonda abordará “La atención a las víctimas en los Sistemas Autonómicos: Retos y Buenas prácticas”, moderada por Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save The Children. Participarán en ella Violeta Assiego Cruz, directora general de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Miren Irune Muguruza Mendarte, directora general de Familias e Infancia del Gobierno Vasco; Ester Sara Carboners i Vall, directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Catalunya; Rosa Josefa Molero Mañes, directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, y Antonia Rubio González, directora general de Infancia de la Junta de Andalucía.

La mesa redonda de tarde sobre “La experiencia de profesionales y entidades en la lucha y tratamiento contra la violencia sexual a la infancia”, moderada por María Teresa Salces, asesora responsable del área de Infancia y Adolescencia del Defensor del Pueblo Andaluz, contará con Marta Valcarcel, Fiscal Decana-Delegada de menores de Sevilla; Myriam Iglesias, periodista y mediadora en prevención de abuso sexual infantil en el ámbito educativo; María Carmen Heredia, letrada de la asociación Redime y mediadora en prevención de abusos sexual infantil en el ámbito judicial; Narcisa Palomino, pediatra de Atención Primaria; Justo Fernández, Jefe de promoción comunitaria e inclusión social de la Concejalía de Derechos sociales del Ayuntamiento de Granada; y Purificación Reyes Neira, presidenta de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (Adima).

El desarrollo de la jornada se retransmite en streaming por la página web del Defensor del Pueblo andaluz www.defensordelpuebloandaluz.es

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Visita de la Oficina de Información del dPA a las comarcas del Valle Medio del Guadalquivir y Alto Guadalquivir (Córdoba)
    El equipo de Mediación conoce la actividad mediadora de entidades públicas en Cádiz

    El servicio de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz está llevando a cabo unas visitas por todas las capitales de provincia de Andalucía con el objeto de conocer a entidades públicas que, al igual que la Defensoría, pudieran estar ofreciendo fórmulas adaptativas de solución de conflictos, de carácter extra o intrajudicial. Este lunes hemos celebrado una reunión en Cádiz, que completa a las ya celebradas en Granada, Málaga y Sevilla, y que continuarán este jueves día 11 en Córdoba.

    Estas visitas se enmarcan en las actividades de difusión de la mediación del dPA y con la intención de tejer redes de colaboración, que permitan avanzar en un mayor conocimiento de la sociedad de estas herramientas de gestión de conflictos, sin necesidad de acudir a los tribunales. Se pretende, además, aunar esfuerzos para lograr el respeto profesional de las personas mediadoras y contribuir a diseñar y compartir formación e información relevante.

    En estas visitas, por último, se presenta un avance de lo que será un mapa actualizado de recursos públicos de mediación, que estará disponible en la web del Defensor a primeros de 2022, que ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de conocer en qué materias y en qué condiciones una entidad pública puede ofrecerles el recurso de la mediación en el lugar más cercano a su lugar de residencia.

    El Defensor de la Infancia de Andalucía y Save the Children organizan una Jornada en Córdoba sobre la protección a la infancia víctima de violencia sexual

    IR A LA PÁGINA WEB DE LA JORNADA

    El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y el director general de Save the Children, Andrés Conde, inauguran este miércoles 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba una Jornada sobre la protección integral a la infancia víctima de violencia sexual. En la inauguración intervendrán la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, anfitrión del encuentro.

    La violencia sexual ejercida contra la infancia y adolescencia es una de las realidades más desconocidas dentro del complejo mundo del maltrato. Se trata, además, de un tipo de violencia especialmente reprobable, tanto por sus terribles consecuencias para la integridad emocional y el desarrollo futuro del propio niño o niña, como por las dificultades que existen para desvelarla y combatirla. Se trata de un fenómeno que, tanto por su crudeza como por su amplitud, tiene que ser tratado con contundencia y urgencia.

    La Defensoría de la Infancia y Adolescencia y Save the Children pretenden con este encuentro ayudar a sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato. Es nuestra intención, además, ser un espacio de intercambio de experiencias entre administraciones públicas en la que se puedan detectar procesos comunes que nos dirijan hacia la construcción de sistemas y procesos lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia, especialmente tras la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

    Tras la inauguración, comenzará la ponencia de Bragui Gudbrandsson, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas , ex director general de la Agencia del Gobierno de Islandia para la Protección de la Infancia y fundador del modelo Barnahus, sobre la Perspectiva internacional de la protección a la infancia víctima de violencia sexual, presentada por Emilie Rivas, responsable de incidencia social y política de Save the Children en Catalunya.

    A continuación, la segunda ponencia correrá a cargo de Clara Martínez, Directora de la Cátedra Santander de los Derechos de Niño y profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, sobre las Novedades de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

    La jornada continúa con el testimonio de Sara Berga Cabello, activista por la Protección Integral de la Infancia contra la violencia sexual y superviviente de violencia durante su infancia, presentada por Soledad Rosales, Directora del Gabinete del Defensor del Pueblo Andaluz.

    La primera de las mesas redonda abordará la Atención a las víctimas en los Sistemas Autonómicos: Retos y Buenas prácticas, moderada por Catalina Perazzo, Directora de Incidencia Política y Social de Save The Children. Participarán en ella Violeta Assiego Cruz, Directora General de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Miren Irune Muguruza Mendarte, Directora General de Familias e Infancia del Gobierno Vasco; Ester Sara Carboners i Vall, Directora General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Catalunya; Rosa Josefa Molero Mañes, Directora General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, y Antonia Rubio González, Directora General de Infancia de la Junta de Andalucía.

    La mesa redonda de tarde sobre la Experiencia de profesionales y entidades en la lucha y tratamiento contra la violencia sexual a la infancia, moderada por María Teresa Salces, asesora responsable del área de Infancia y Adolescencia del Defensor del Pueblo Andaluz, contará con Marta Valcarcel, Fiscal Decana-Delegada de menores de Sevilla; Myriam Iglesias, periodista y mediadora en prevención de abuso sexual infantil en el ámbito educativo; María Carmen Heredia, letrada de la asociación Redime y mediadora en prevención de abusos sexual infantil en el ámbito judicial; Narcisa Palomino, pediatra de Atención Primaria; Justo Fernández, Jefe de promoción comunitaria e inclusión social de la Concejalía de Derechos sociales del Ayuntamiento de Granada; y Purificación Reyes Neira, presidenta de la Asociación andaluza para la defensa de la infancia y la prevención del maltrato (Adima). El desarrollo de la jornada se retransmitirá en streaming por nuestra página web.

      Queja número 21/5419

      La presente queja fue admitida a trámite a fin de conocer el estado de tramitación de la solicitud presentada por el interesado de renovación del título de familia numerosa. A tal efecto, nos dirigimos mediante escrito a la Delegación Territorial de Políticas Sociales e Igualdad de Sevilla solicitando la información necesaria.

      Finalmente, se ha recibido informe remitido desde los servicios de dicho organismo, en el que se viene a relatar que:

      1. En fecha 28/04/2021 tiene entrada en esta Delegación Territorial solicitud de expedición del Titulo de Familia Numerosa.

      2. En fecha 27/07/2021 esta solicitud se resuelve en sentido estimatorio y concediéndose la renovación del Titulo de Familia Numerosa con CATEGORIA GENERAL y periodo de validez comprendido entre la fecha de inicio del procedimiento 28/04/2021 hasta 15/10/2022. Consta el registro de salida de la notificación de esta resolución en fecha 27/07/2021(...)”.

      Por todo ello, procede concluir nuestras actuaciones tras comprobar, gracias a la información ofrecida desde la Delegación, que el expediente ha quedado resuelto y notificado desde el mes de julio.

      El Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Montoro y La Carlota (Córdoba) los días 17 y 18 de noviembre para la atención a la ciudadanía

      La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a las comarcas cordobesas del Valle Medio del Guadalquivir y Alto Guadalquivir los próximos 17 y 18 de noviembre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en Montoro el miércoles 17 de noviembre, y en La Carlota el jueves 18 de noviembre.

      El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

      En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca de Córdoba y Cardeña, del Alto Guadalquivir, y del Valle Medio del Gualdaquivir, a los vecinos de Almodóvar del Río, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Palma del Río y Posadas.

      El miércoles 17 de noviembre la Oficina atenderá en Montoro, en el centro de Servicios Sociales, calle Plano de la Feria sin número. Al día siguiente, jueves 18 de noviembre, la Oficina del Defensor se desplazará a La Carlota para atender directamente a la ciudadanía en el Centro de Servicios Sociales, Plaza de España número 15. El horario en ambas ocasiones será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

      Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

      Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/3700 dirigida a Ayuntamiento de Almería

      Evaluada la respuesta del Ayuntamiento de Almería a la Resolución formulada con fecha 19 de enero de 2021, y considerando que no se responde expresamente a si se aceptan los dos recordatorios de deberes legales y las tres recomendaciones y, en caso contrario, las razones para no aceptarlas, dirigimos al citado organismo reiteración de la misma para que responda expresamente sobre cada uno de ellos, haciendo expresa referencia a su posición respecto al desacuerdo entre la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Almería sobre la procedencia de autorizar la excepcionalidad para el acceso a la vivienda de esta familia.

      ANTECEDENTES

      En respuesta a la Resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz con fecha 19 de enero de 2021, referida a la suspensión del desalojo de la vivienda titularidad de AVRA ocupada por la Sra. ... y sus hijos, el día 8 de marzo de 2021 se recibió informe emitido por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, adjuntando una serie de informes y documentos elaborados sobre este mismo asunto.

      En primer lugar, hemos de recordar que la Resolución formulada, dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se concretaba en lo siguiente:

      «Recordatorio del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

      Recordatorio de los deberes legales establecidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

      Recomendación para que se responda expresamente sobre la posibilidad de excepcionar a la familia interesada en la presente queja del régimen ordinario de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

      Recomendación para que, en caso de no aplicar tal excepción por los motivos que se justifiquen, los servicios sociales comunitarios de ese Ayuntamiento se coordinen con AVRA y con el juzgado correspondiente a fin de garantizar que la familia afectada dispone de alternativa habitacional en el momento de ejecutarse el desalojo, activando en su caso las ayudas o servicios públicos necesarios, y que mantengan informada a esta Institución.

      Recomendación para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a los servicios sociales comunitarios, con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus funciones de forma adecuada.»

      CONSIDERACIONES

      Dado que por parte de ese Consistorio no se responde expresamente a si se aceptan los dos recordatorios de deberes legales y las tres recomendaciones y, en caso contrario, las razones para no aceptarlas, hemos de examinar detalladamente la información aportada por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.

      RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL DE COLABORACIÓN:

      Por lo que respecta al deber legal de colaboración con esta Institución, por parte de la citada Delegación se afirma que “se ha ido cumpliendo con sus obligaciones legales, emitiendo los informes sociales solicitados”. Efectivamente se nos remitió un primer informe con fecha de 11 de octubre de 2019, si bien no se daba respuesta a todas las cuestiones planteadas, por lo que se le volvió a requerir dicha información (fundamentalmente sobre la coordinación que se estuviese llevando a cabo entre los servicios sociales y AVRA, de manera que el lanzamiento no se produjese hasta que se pudiese ofrecer a la familia afectada una alternativa habitacional y sobre la posibilidad de excepcionar el régimen ordinario de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida).

      Sin embargo, como se indicaba en la Resolución, no se dio respuesta a nuestras peticiones de información efectuadas fechas 12 de noviembre de 2019 y 14 de enero de 2020, ni tras los contactos telefónicos con personal de ese Ayuntamiento los días 16 de julio y 4 de septiembre de 2020. En el informe de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se afirma que “ante las reiterativas demandas del Defensor del Pueblo Andaluz, y dando contestación, se emitió informe por parte de esta Dirección el 28/10/2020”. Dicho informe, sin embargo, no tuvo entrada en esta Institución en dicha fecha ni consta entre la documentación adjunta remitida, por lo que cabe deducir que se trató de un informe interno al que no llegó a darse salida desde el Ayuntamiento.

      Ante la falta de respuesta y la inminencia del lanzamiento señalado para el 17 de febrero de 2021, se formuló la Resolución con fecha 19 de enero, a la que se ha recibido respuesta tras el lanzamiento, el 8 de marzo de 2021.

      RECORDATORIO DE LOS DEBERES LEGALES RECOGIDOS EN LA RESOLUCIÓN:

      No se hace referencia expresa al respecto.

      RECOMENDACIÓN 1:

      En cuanto a la Recomendación para que se responda expresamente sobre la posibilidad de excepcionar a la familia interesada en la presente queja del régimen ordinario de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, cabe reseñar los siguientes párrafos del informe de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana:

      «(...)

      TERCERO.- El 21/01/2021 se emite Informe Social dirigido al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Almería (...), donde se concluye lo siguiente:

      Teniendo en cuenta que la unidad familiar no dispone de alternativa habitacional, si el día 17 de febrero de 2021 se efectuara el lanzamiento forzoso, y la familia tuviera que hacer frente a un alquiler normalizado, su situación económica se vería agravada, suponiendo un deterioro o agravamiento de su situación de vulnerabilidad, pudiéndose ver abocados en una situación de exclusión social.”

      (Se adjunta dicho informe en el expediente.)

      CUARTO.- Con motivo de nueva petición del Defensor del Pueblo Andaluz (de 14/01/2021), en fecha 05/02/2021 se emite Informe Social por la Directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Rambla Belén-Amatisteros”, donde se indica lo siguiente:

      (…) Los técnicos de este Centro realizan una valoración de la situación social, económica y familiar en el momento actual de vulnerabilidad de estas dos unidades familiares, con el objeto de informar que de efectuarse el lanzamiento forzoso dichas familias se verían abocadas a una situación de exclusión social grave.”

      (Se adjunta dicho informe en el expediente.)

      QUINTO.- En fecha 10/02/2021, el Titular del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del término municipal de Almería, dicta RESOLUCIÓN señalando lo siguiente:

      No autorizar la Excepcionalidad de la Obligación de Adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.... hasta tanto se emita por los Servicios Sociales informe que acredite que la unidad familiar se encuentra en riesgo de exclusión social y se justifique su carácter de urgencia, como se establece en el apartado b) del artículo 13.1 del Decreto 149/2006, 25 de julio. Lo que le comunico a los efectos oportunos, habiéndose emitido Informe Social de fecha 21 de enero de 2021, del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Rambla Belén-Amatisteros, de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería, que no refleja la situación de exclusión social ni la urgencia de la actuación.”

      (Se adjunta dicha Resolución en el expediente).

      SEXTO.- El 16/02/2021 se recibe notificación del Ministerio de Asuntos Exteriores-Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre este asunto, y el 18/02/2021 se emite nuevo Informe Social del Centro de Servicios Sociales “Rambla Belén-Amatisteros” del Ayuntamiento de Almería dando respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz sobre los diversos aspectos requeridos.

      (Se adjunta dicho Informe al expediente).

      (…)

      CONCLUSIÓN.-Teniendo en cuenta todo lo anterior, y como queda acreditado en los antecedentes expuestos, los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de Almería han ido cumpliendo con sus obligaciones legales, emitiendo los informes sociales solicitados, valorando la situación de las personas afectadas y dando respuesta a las peticiones del Defensor de Pueblo Andaluz en las ocasiones que han sido requeridos. (se adjunta copia de todos los informes realizados).

      En este sentido, consta en el expediente el Informe Social realizado en fecha 21/01/2021, el cual muestra la valoración realizada sobre la situación de la familia afectada por el desahucio y recomienda evitar el desalojo, al decir:

      Teniendo en cuenta que la familia no dispone de alternativa habitacional, si el día 17 de febrero de 2021 se efectuara el lanzamiento forzoso, y la familia tuviera que hacer frente a un alquiler normalizado, su situación económica se vería agravada, suponiendo un deterioro o agravamiento de su situación de vulnerabilidad, pudiéndose ver abocados en una situación de exclusión social.”

      Por ello manifestamos nuestro desacuerdo con la Resolución efectuada en fecha 05/02/2021, por el Responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, al no autorizar la excepcionalidad en este caso concreto, y no atender a nuestra recomendación de no realizar el lanzamiento forzoso sobre esta familia.»

      En relación con el informe aportado por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, cabe señalar que ese Ayuntamiento no nos ha remitido ninguna observación ni valoración respecto al desacuerdo existente entre dicha Delegación y el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Almería sobre la procedencia de autorizar la excepcionalidad para el acceso a la vivienda de esta familia.

      RECOMENDACIÓN 2:

      En cuanto a la “Recomendación para que, en caso de no aplicar tal excepción por los motivos que se justifiquen, los servicios sociales comunitarios de ese Ayuntamiento se coordinen con AVRA y con el juzgado correspondiente a fin de garantizar que la familia afectada dispone de alternativa habitacional en el momento de ejecutarse el desalojo, activando en su caso las ayudas o servicios públicos necesarios”, entre la documentación que se adjunta a dicho informe, figura el informe social elaborado con fecha 18 de febrero de 2021 por la Directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Rambla Belén-Amatisteros”, en el que se indica que “tras la resolución denegatoria, los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería van a proceder a activar las ayudas o recursos públicos disponibles para que la unidad familiar pueda obtener una alternativa habitacional, así como mantener la coordinación con AVRA”.

      No obstante, a pesar de que el informe final se nos remitió por correo electrónico el 8 de marzo, no se facilita ninguna información concreta sobre la asistencia prestada a dicha familia en la búsqueda de alternativa habitacional tras la entrega de llaves de la vivienda el 17 de febrero, por lo que sería de interés información actualizada al respecto.

      A este respecto, le informamos que con fecha 15 de febrero el letrado de la familia recibió comunicación del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESC) en la que se le informaba que:

      «De conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité, por intermedio del Grupo de Trabajo sobre comunicaciones, ha solicitado al Estado parte tomar medidas para evitarle posibles daños irreparables a la autora mientras el caso está siendo examinado por el Comité, incluyendo suspender el desahucio de la vivienda en la cual actualmente habita, o alternativamente otorgarle una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva. Esta solicitud se fundamenta sobre la información contenida en la comunicación y podrá ser reexaminada, a solicitud del Estado parte, en función de la información y comentarios que este pudiera hacer llegar al Comité.»

      A pesar tanto de la Resolución formulada por esta Institución como de las medidas cautelares solicitadas por el CESC, se procedió al lanzamiento, sin que en su informe ni en el emitido por el Ayuntamiento de Almería se detalle ninguna coordinación con AVRA y con el juzgado correspondiente a fin de garantizar que la familia afectada disponía de alternativa habitacional.

      RECOMENDACIÓN 3:

      No se efectúa en los informes aportados ninguna consideración respecto a la “Recomendación para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a los servicios sociales comunitarios, con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus funciones de forma adecuada”.

      A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

      RESOLUCIÓN

      En atención a lo expuesto, a fin de valorar si por parte de ese Ayuntamiento se han aceptado o no los dos recordatorios de deberes legales y las tres recomendaciones, rogamos responda expresamente sobre cada uno de ellos, haciendo expresa referencia a su posición respecto al desacuerdo entre la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Almería sobre la procedencia de autorizar la excepcionalidad para el acceso a la vivienda de esta familia.

      Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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