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La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía el inexplicable retraso que estaba sufriendo el abono de la beca que le fue concedida para el curso 2020-2021, a pesar de haber cumplimentado con toda diligencia todos los trámites que, de manera reiterada, se le habían venido exigiendo, resultando que de no percibirla con prontitud podía verse avocado a dejar sus estudios por imposibilidad de afrontar los gastos derivados del grado superior que está cursando.

Admitida la queja a trámite y solicitado informe a la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, ha sido el propio interesado el que, unos días más tarde, nos ha comunicado que, finalmente, se le ha abonado la cantidad que le correspondía por la beca señalada.

Siendo de este modo, y dado que el asunto por el que acudió a esta Institución se ha solucionado, con esta misma fecha procedemos al archivo del expediente.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución solicitamos la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que nos informara sobre las incidencias que nos trasladaba en su instancia para la consecución de su DNI, necesario, según nos indicaba, para poder realizar gestiones de vital importancia para él y su familia.

Atendiendo a nuestra petición nos indican que desde el centro penitenciario accedieron a su solicitud y han tramitado la renovación de su documentación, teniendo vigencia su documento nacional de identidad hasta abril de 2022.

Con esta información que nos confirman que el asunto por el que solicitó nuestra intervención ha sido resuelto damos por concluidas nuestras actuaciones y procedemos al cierre del expediente de queja.

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja en relación con los medios y recursos destinados para un alumno con necesidades educativas especiales integrado en un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla.

Para conocer el alcance de la situación nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte y a la Dirección General de Planificación y Centros. Dicho organismo con nos ha dado cuenta de la situación señalando:

“El IES, es un centro que durante los cursos escolares 2017/18, 2018/19 y 2019/20 compartió con otro IES un Educador, con 15 horas semanales de dedicación en el central.

Para el curso escolar 2020/21, el IES en cuestión se dotó de un Profesional Técnico de Integración Social (PTIS), con 30 horas semanales de dedicación, las cuales se mantendrán para el curso 2021/22”.

Por su parte la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Sevilla señaló que:

“En relación con los problemas de coordinación -a los que se alude en su oficio- que ha motivado la ausencia de un profesional técnico de integración social en el IES, durante todo el primer trimestre del curso 2019/2020, por el Servicio competente se ha comunicado que tras los rastreos en los mapas de atención a la diversidad de la Dirección General de Planificación y Centros se ha comprobado que desde el curso 2017/2018 se estableció una compartición del Educador asignado a otro CEIP (con quince horas). Esta compartición se ha mantenido durante los siguientes cursos (2018/2019 y 2019/2020). En cuanto a la distribución de horas, son los Equipos Directivos quienes deben ponerse de acuerdo.

Durante el primer trimestre se recibió la petición del recurso por parte del IES mencionado y de la familia del menor. Tras las oportunas indagaciones con el Servicio de Planificación y Escolarización y con el de Gestión de Recursos Humanos, se tramitó la compartición del PTIS de FPUB, por cuestiones asistenciales del alumno, sustituyendo a la anterior del Educador. En el curso 2020-2021 se estimó la necesidad de asignar un PTIS a tiempo completo para este IES. Por tanto, desde ese momento, cuenta con el PTIS de APAE de 30 horas para dos alumnos.

En cuanto a los criterios que se han tomado en consideración para concluir que la distribución de las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra atendidas razonablemente, con un solo profesional, por el Servicio de Ordenación Educativa se señala que, cuando se compartían los recursos entre ambos centros docentes, el total de alumnos y alumnas atendidos por los recursos de monitores de Educación Especial (1 Educador y 1 PTIS de FPUB) ascendía a 7 entre los dos centros educativos. Si bien la valoración cuantitativa de la ratio/recurso (horas) no es suficiente para determinar la idoneidad de la atención, que depende de las necesidades individuales de cada alumno o alumna, no obstante, sí refleja una disponibilidad de recursos para la atención del alumnado.

Finalmente, la ampliación de recursos específicos efectuada en el curso 2020-2021 en el IES ha sido evidente, al haberse incrementado con la compartición de un maestro de Audición y Lenguaje de otro CEIP y de un Profesor de Apoyo Curricular Matriz-Lenguaje y Ciencias Sociales”.

El informe recibido viene a explicar los procesos de asignación de recursos en el IES para el alumno necesitado de apoyo por las funciones de PTIS. Ciertamente, en cuanto a su aplicación práctica podemos encontrarnos ante dificultades para un posicionamiento en orden a dilucidar si, ante una concreta situación, la modalidad o recursos asignados de PTIS resulta certera o, por contrario, puede considerarse inadecuada a las necesidades diagnosticadas del menor.

Comprendemos que la casuística puede ser numerosa y compleja de determinar y, por otra parte, la asignación de estos monitores necesita una imprescindible trayectoria para poder realizar una evaluación práctica a lo largo del tiempo.

Con todo, consideramos que desde la posición de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía debemos pedir una especial cuidado para analizar las necesidades específicas que presenta el menor y ofrecer un modelo de atención acorde con el diagnóstico alcanzado.

En todo caso, parece que el asunto se encuentra en vías de solución dando por concluidas nuestras actuaciones, aunque persistiremos en las labores de seguimiento que resulten oportunas sobre el caso.

En septiembre de 2020 esta Institución acordó la iniciación de investigación de oficio, con la finalidad de canalizar las pretensiones manifestadas ante la misma por diversos representantes consistoriales de la provincia de Huelva (San Bartolomé de la Torre, Escacena del Campo y Paterna del Campo), pertenecientes al Distrito Sanitario Condado-Campiña, referidas al temor de que la reordenación de los servicios de urgencias acordada en dicho Distrito de Atención Primaria con fundamento en la necesidad de adoptar medidas frente a la Covid-19, desembocara de facto en la definitiva supresión de los mismos.

Los representantes públicos de los citados Ayuntamientos afirmaban actuar en respuesta a la reacción y presión vecinal, cuyos postulados asumían como propios, ante la alarma social que a sus respectivas poblaciones había causado la deslocalización, en principio temporal, del equipo de urgencias de atención continuada de los respectivos consultorios, para permitir su concentración en el Centro de Salud base de la Zona Básica de Salud, posibilitando con ello el doble circuito COVID-NO COVID.

En el caso de San Bartolomé de la Torre, el servicio de urgencias se concentraba presencialmente fuera del horario de consultas ordinario en el Centro de Salud de Gibraleón y en el caso del compartido alternamente por Escacena del Campo y Paterna del Campo, se reubicaba en la dotación de las urgencias del Centro de Salud de La Palma del Condado.

Los representantes consistoriales concurrentes nos trasladaban la percepción de los vecinos sobre la importancia de la proximidad y accesibilidad de la atención sanitaria urgente, que hasta la declaración del primer estado de alarma habían venido obteniendo en los Consultorios de sus respectivas localidades y el valor y relevancia de esta cercanía en la demanda urgente en un entorno rural con un volumen de población de elevada edad y dificultades de desplazamiento.

En el análisis preliminar de la cuestión suscitada, partimos de considerar un hecho notorio, consistente en que esta reorganización no era particular y exclusiva de los Distritos de Atención Primaria de la provincia de Huelva, ni una decisión adoptada respecto de alguno de ellos en particular, sino el modelo adoptado de forma sustancialmente uniforme en Andalucía y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, siguiendo las recomendaciones (de doble circuito, especialmente), emitidas por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y los consensos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial.

Desde esta perspectiva, ya adelantábamos que el modelo de reorganización no incurría en inequidad, a pesar de la baja incidencia que hasta ese momento había venido revelando el coronavirus en la provincia de Huelva.

Desde otra óptica, manifestábamos a los comparecientes la consideración de que las medidas de reorganización de urgencias en sus respectivos ámbitos, se sustentaban en un fundamento extraordinario y excepcional de alcance mundial, el de la crisis de salud pública por pandemia, que era el elemento sobrevenido que condicionaba las reglas generales de la organización de los servicios sanitarios y que, por ello, en buena lógica, era previsible que la situación que les inquietaba no perdurara al margen de aquélla.

En este sentido, entendíamos que muchas de las medidas consecuentes a la pandemia con influencia en la organización sanitaria habrían de ceder en consonancia con el descenso de los contagios o la menor entidad de los mismos, por cualesquiera de los factores posibles para ello, como era el efecto atribuido a la entonces todavía proyectada vacunación de la población.

No obstante, la verdadera inquietud de los comparecientes no parecía residir tanto en asumir transitoriamente la incomodidad de plegarse a los requerimientos de un esfuerzo provisional (que, a nuestro entender, es una obligación de buena ciudadanía, inexcusable en un momento cuya gravedad precisa del compromiso, la responsabilidad y el respaldo tanto individual como de la sociedad en su conjunto), sino que, antes bien, consistía en el temor de que el tiempo acabara por consolidar la supresión del servicio de urgencias que tan buena valoración merece a los vecinos, por la facilidad y seguridad que les aporta ante una demanda de atención sanitaria fuera del horario de consulta.

Sobre estas premisas acordamos, en suma, iniciar la investigación que nos permitiera conocer las modificaciones adoptadas en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria del Distrito Sanitario Condado-Campiña y, sobre todo, su proyección temporal o, más bien, confirmar el compromiso de su reposición cuando las necesidades lo permitieran.

El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud atendió la petición de información requerida, comenzando por exponer las dificultades que presentaba un escenario imprevisible por desconocido y, por ello, precisado de respuestas cambiantes y flexibles por la organización sanitaria.

Aludió en este sentido a las circunstancias particulares producidas por la epidemia por coronavirus, como patógeno desconocido anteriormente en humanos, que obstaba a la preexistencia de pruebas o evidencias que permitieran sustentar sobre cimientos fiables la mejor estrategia de abordaje y, en consecuencia, obligaba a ir adaptando la estrategia del sistema sanitario en concordancia con la evolución y los datos obtenidos.

Precisamente por ello resaltó el Gerente las virtudes de la flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes por parte del sistema sanitario, que comprendía partir de unas indicaciones comunes que se adaptaran, no obstante, a la situación y necesidades de la población de cada Distrito Sanitario, reflejándose en el respectivo plan de contingencia.

Partiendo de esta premisa general, la Dirección Gerencia se adentró en una reflexión más general, sobre la falta de posibilidad de que todas las localidades andaluzas dispongan un Servicio de Urgencias de Atención Primaria las 24 horas del día, si bien explicaba que la organización adoptada en las poblaciones objeto de la queja, permitía conjugar el uso eficiente de los recursos con una atención adecuada, suficiente y no discriminatoria, canalizada a través del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias y del Plan Operativo pertinente.

En el caso de las localidades aludidas, el Gerente del Servicio Andaluz de Salud explicaba los criterios para la organización de las urgencias, a una distancia de entre 15 y 17 kilómetros (de San Bartolomé de la Torre a Gibraleón, de un lado y de Escacena y Paterna del Campo a La Palma del Condado, de otro), considerando que esta asistencia quedaba asegurada sin discriminación frente a otras localidades del entorno, con un tiempo de desplazamiento dentro de los límites habituales para otros núcleos de población.

Ilustraba el informe una tabla en la que desglosaba los recursos sanitarios disponibles en el Plan Operativo de Urgencias del Distrito Sanitario Condado-Campiña, resaltando los equipos móviles y servicios de urgencias de atención primaria cerrados temporalmente, en beneficio de la correlativa apertura de dichos recursos en ubicaciones que permitieran garantizar el doble circuito de pacientes COVID-19 y NO COVID-19.

Se trataba, en suma, de cierres temporales adoptados en función de la reorganización por el doble circuito aludido, con fundamento en la coyuntura de la pandemia, aun cuando ciertamente parte del contenido de la respuesta obtenida de la Dirección Gerencia, basculaba en algunos momentos hacia la valoración de otros criterios comparativos que pudieran motivar la necesidad o no del servicio de urgencias en los puntos aludidos, de forma estructural y, por ello, al margen de la crisis de salud pública.

Ello suscitaba dudas a esta Institución, en consonancia con los recelos expresados por los representantes de los municipios reclamantes y por los vecinos de las localidades afectadas, puesto que el informe señalaba que no era posible asegurar una fecha de reapertura, pero anudaba dicha incertidumbre temporal no solo a la evolución de la pandemia, sino a “otros factores” que se deducían de su texto de manera más o menos explícita, como el problema general de la escasez de personal sanitario en el mercado de trabajo, y los indicadores particulares sobre la necesidad del servicio en las localidades que tratamos.

Efectivamente, la Dirección Gerencia ahondaba en algunos párrafos de su informe sobre aspectos evaluativos de la dotación de recursos en la zona que nos ocupa, desconectados de forma absoluta de la situación transitoria de crisis de salud pública, y en este sentido analizaba en abstracto los datos de población de los municipios afectados en el contexto de su respectivo Distrito, así como el número de urgencias diarias atendidas en el trimestre anterior (de agosto a octubre de 2020) en los centros de cabecera de Gibraleón y de La Palma del Condado, procedentes respectivamente de demandas con origen en San Bartolomé de la Torre o de Escacena y Paterna del Campo (aunque los datos de este acotado lapso temporal no comprendían las posibles peticiones de atención sanitaria urgente que los vecinos de estos municipios pudieran haber efectuado a los más frecuentados servicios de urgencias hospitalarios, ni datos de actividad precedentes a la reorganización y, por tanto, obtenidos en un lapso temporal de normalidad en la demanda).

Lo cierto es que del análisis de ambos factores, el informe concluía que ni el elemento poblacional ni el volumen de demanda de atención sanitaria urgente en las poblaciones referidas, justificaban la dotación con equipo de urgencias durante las 24 horas en los citados municipios, afirmando, en suma, que no quedaba suficientemente justificada “la localización de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria en los municipios de San Bartolomé de la Torre, Paterna del Campo y Escacena del Campo”.

Precisamente, estas apreciaciones llevaron a esta Institución a mantener en curso la investigación, aguardando el desenvolvimiento final de la misma, sobre todo, una vez decaídas las medidas de reorganización de atención sanitaria más drásticas, como la de dispensación no presencial de la del nivel primario, que tuvo lugar en octubre de 2021.

En este nuevo contexto, y no obstante lo expuesto, hemos conocido que finalmente se ha reanudado en sus mismos términos el Servicio de Urgencias de Atención Primaria reorganizado por la crisis de salud pública en el Distrito Sanitario tratado en el presente expediente.

Realidad que comporta que hayamos de dar por finalizadas las actuaciones en la presente investigación de oficio.

Una vecina de Sevilla nos exponía su disconformidad con la factura de agua, por importe de 1.062,69 euros, girada tras poner en conocimiento de Emasesa la avería producida en el tramo de la instalación que va desde el contador hasta la entrada de agua en su vivienda, en concreto bajo la solería del patio de vecinos.

La fuga de agua en ningún momento presentó síntomas y no tuvo conocimiento de la misma hasta el 13 de octubre de 2020, tras recibir una llamada de personal de Emasesa advirtiendo de un consumo excesivo de agua registrado en la lectura tomada el día 3 del mismo mes. Tras varias gestiones, pues hubo de intervenir el seguro de la Comunidad de Propietarios y emplear un localizador de fuga, la avería quedó subsanada el 16 de octubre.

La factura que reclamaba venía a rectificar otra anterior, de fecha 16 de octubre de 2020, en la que se registró un consumo de 737 m³ para el período 6/07/2020-3/10/2020, alcanzando un importe de 4.337,23 euros.

Sin embargo, consideraba que en los cálculos efectuados para la refacturación no se aplicaba adecuadamente la normativa andaluza sobre consumo estimado y había reclamado tanto ante el Servicio de Atención al Cliente como al Defensor del Usuario que se girase “con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior”.

En ambos casos habría obtenido por respuesta que la rectificación de la factura se había realizado según la aplicación del artículo 15 de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio, prestado por Emasesa, de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos.

Consideraba un abuso que se le facturase 737 m³ -muy alejados de su consumo habitual- y no entendía por qué no se le aplicaba el párrafo del artículo 15 de la Ordenanza que se refiere a la determinación del consumo habitual en los mismos términos que reclamaba.

Añadía que tardaron muchos días en informarle de la avería, más de 10 días desde la lectura del contador, por lo que tiene repercusión no solo en la factura que está reclamando sino también en la siguiente al ascender a más de 200 m³.

Estudiada dicha comunicación y la documentación aportada, observamos que la facturación de la cuota variable por los servicios de abastecimiento, vertido y depuración se habrían realizado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa alegada por Emasesa.

Una vez advertida la interesada que la aplicación de “la tarifa en la misma proporción que se venía facturando en el consumo habitual” supone que se le aplique el precio unitario del bloque en el que habitualmente se le factura, sí acogimos su reclamación con respecto a la tarifa de fuga del canon autonómico al discrepar del cálculo efectuado para la facturación de este concepto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.4 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía.

De acuerdo con lo anterior, procedimos a admitir a trámite la queja y solicitamos la colaboración de EMASESA que nos informó que se había accedido a rectificar una segunda factura afectada por el salidero, además de regularizar igualmente en ambas facturas el canon autonómico tras aportar la factura de reparación de la avería, reduciéndose las facturas afectadas en torno a 1.300 € respecto de las cantidades inicialmente facturadas.

Asimismo nos comunicó que se tendría en cuenta para futuras revisiones normativas nuestra propuesta de posibles mejoras a adoptar en lo relativa a la facturación de la cuota de abastecimiento para evitar errores interpretativos.

Entendimos que el asunto que motivó la presentación de la queja estaba en vías de solución y archivamos actuaciones, si bien trasladamos a Emasesa la oportunidad de que la información relativa a la tarifa de fuga fuera adecuada y accesible a la ciudadanía a través de su web, de modo que puedan tener conocimiento tanto de su existencia como de los requisitos y el método para su aplicación a los distintos conceptos de los servicios que presta Emasesa.

Endesa informa de la posibilidad que tienen las comunidades de propietarios de solicitar el control de la potencia demandada mediante maxímetro lo que evita interrupciones temporales de suministro afectantes a los ascensores.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de aclarar la información que estaría proporcionando Endesa Distribución a las comunidades de propietarios y las gestiones que esté desarrollando para que ajusten la potencia contratada a la energía que demanda un ascensor.

Con independencia del caso particular que motivó nuestra intervención, nos referíamos a los casos en que comunidades de propietarios se quedaban sin ascensor durante un prolongado espacio de tiempo, impidiendo la movilidad de personas mayores o con discapacidad.

El problema habría surgido tras la colocación de un contador de telegestión en la instalación eléctrica correspondiente a elementos comunes del bloque, con limitador de potencia incorporado. Para su solución resultaba necesario dotar al ascensor comunitario del oportuno contrato de suministro eléctrico con una potencia suficiente y con maxímetro que evita las interrupciones a causa del limitador, pero los trámites necesarios impedían una solución inmediata.

Por este motivo solicitamos la colaboración de Endesa a fin de aclarar la información que estaría proporcionando la distribuidora Endesa a las comunidades de propietarios y las gestiones que estuviera desarrollando para que ajustasen la potencia contratada a la energía que demanda un ascensor.

De la respuesta ofrecida por esa entidad -a la que se adjuntó copia de las comunicaciones que se enviaban a las comunidades de propietarios-, dimos traslado al Consejo Andaluz de Administradores de Fincas para que nos remitieran sus alegaciones y consideraciones sobre su contenido.

El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas envío un documento, del que dimos traslado a Endesa, en relación con los problemas afrontados por las comunidades de propietarios para adecuar el suministro eléctrico de los ascensores ya que ponían de manifiesto la falta de implicación de la distribuidora para facilitar la gestión de las incidencias

En concreto, solicitamos nuevamente la colaboración de Endesa a los efectos de conocer si este tipo de incidencias en bloques de comunidades se siguen produciendo y, en su caso, las medidas que podría adoptar la distribuidora para mejorar la situación expuesta por el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas.

La compañía eléctrica nos informó que “Acorde a la legislación vigente, todo suministro debe contar con un elemento de control de potencia, dado que recae en la empresa Distribuidora la obligación, legalmente establecida en el R.D.1454/2005, de controlar que la potencia realmente demandada por el consumidor no exceda de la contratada. El nuevo contador, entre otras funcionalidades, incluye un dispositivo interno que, previa activación, actúa como elemento de control de potencia.

Según normativa vigente (R.D.15/2018) en los suministros con contadores que permitan la discriminación horaria y la telegestión el control de la potencia demandada se realizará mediante la apertura del elemento de corte del contador de energía instalado, tarado a la correspondiente potencia o potencias contratadas.

Por otra parte, de acuerdo también con la normativa, en aquellos casos en que por las características del suministro éste no pueda ser interrumpido, es posible solicitar que el control de potencia se realice mediante maxímetro. En este caso, para demandas de potencias superiores a la contratada, no se producirían interrupciones temporales del suministro

Por lo tanto, si el suministro se encuentra dentro de esta casuística y el usuario desea modificar su contrato solicitando modo de facturación por maxímetro, puede hacerlo a través de su Comercializadora de Energía.

A tenor de la información recibida damos por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja de oficio.

La queja fue tramitada por el Defensor del Menor, y Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las necesidades de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) en una escuela infantil en la provincia de Sevilla para el alumnado con necesidades educativas especiales.

La tramitación y el estudio de la queja motivó que, finalmente, esta Institución, con fecha 5 de julio de 2021, acordó dirigir resolución a la Delegación Territorial en materia de Educación y Deporte en Sevilla.

Ante dicha resolución la Delegación de Educación respondió con fecha 27 de julio conforme señala el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando que:

“Solicitado informe al Servicio de Ordenación Educativa de esta Delegación Territorial, nos traslada que:

“[...] Nos reiteramos en la consideración de la necesaria ampliación de los recursos profesionales especializados de PTIS (Profesional Técnico de Integración Social) para la atención del alumnado del centro y por ello se ha realizado la oportuna petición al Servicio de Planificación y Escolarización para el curso 2021-22. Tramitación administrativa en marcha para que el recurso se asigne a principios de septiembre. [...]”.

Según la respuesta recibida, el Defensor debe entender la aceptación formalmente expresada por esa Delegación Territorial sobre la Resolución dictada. En particular, destacamos la conformidad de los servicios educativos para disponer los trámites para subsanar las carencias detectadas y para corregir la situación en el próximo curso, a la vista de las fechas presentes.

En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Menor, y Defensor del Pueblo Andaluz, en futuras intervenciones.

La persona interesada exponía lo siguiente:

“El pasado 27 de enero envié escrito al Ayuntamiento de Guillena para denunciar que vehículos que aparcaban en la fachada de mi domicilio estaban golpeando el zócalo de mi vivienda produciendo rotura y caída de azulejos. Comentaba que el acerado de la calle era muy estrecho (65 cm) y que los conductores al abrir y cerrar las puertas daban en el zócalo. También denunciaba que la anchura del acerado no permitía que las personas con movilidad reducida pudieran circular con normalidad ya que no tenían garantizados el uso y la circulación de forma autónoma ya que no podían realizar ni el giro ni el cambio de dirección por el acerado.

Solicitaba que se tomaran las medidas oportunas sobre el acerado y aparcamiento de vehículos.

Que un día y sin previo aviso, se presentaron dos trabajadores del Ayuntamiento y comenzaron a pintar el bordillo de la fachada de mi vivienda y unas líneas en la calzada para así evitar el aparcamiento.

Más adelante me comentan que la solución pasa por instalar unos bolardos o pivotes junto al acerado de mi fachada. Yo desesperado porque los coches continuaban aparcando y golpeando el zócalo, opto por enviarles un croquis donde considero que deberían estar situados los bolardos.

Como la calle se encuentra en obras por averías en el alcantarillado y como está previsto reasfaltarla a la terminación de las obras, considero que antes del asfaltado es el momento para ampliar el acerado.

El 6 de mayo estando en ventanilla para presentar el nuevo escrito, se me acerca el concejal ... para comunicarme que los pivotes o bolardos se habían encargado y que se esperaría a la terminación de las obras para su colocación. A mi juicio ni los bolardos serían respetados por unos conductores sin educación.

Ante la situación creada, me dirijo a esta Institución porque considero que se están lesionando mis derechos como ciudadano y porque creo, que si existe una normativa que establece el ancho mínimo de acerado, el Ayuntamiento debería estar obligado a cumplirla, porque también creo, que las madres que traen a sus hijos a la guardería no deberían circular por la calzada junto a los coches, por tener la calle un acerado inadecuado y porque creo que el tráfico debería estar prohibido o restringido en los horarios de entrada y salida de los niños.”

Admitida la queja a trámite nos dirigimos al Ayuntamiento de Guillena solicitando información sobre el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en las obras de referencia.

En la respuesta municipal remitida se informaba que el 24 de junio de 2021 tuvo lugar una reunión con el vecindario de la calle afectada para abordar el asunto, llegándose a un acuerdo unánime para resolver la reclamación efectuada por la persona reclamante. Los técnicos municipales redactaron un proyecto de obra que se encontraba en fase de aprobación por la Junta de Gobierno Local. Una vez aprobado se procedería a la adjudicación del mismo, siendo la intención que durante el mes de julio del 2021 quedara adjudicada la obra y que la misma se ejecutara en el mes de agosto.

Considerando aceptada la pretensión de la persona interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.