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La colaboración entre administraciones es esencial para la comprobación del cumplimiento de la obligación de la ocupación de las viviendas protegidas.

Esta Institución tuvo conocimiento de que en una urbanización del municipio de Almensilla, cuyas viviendas, al parecer, estaban calificadas como protegidas, después de 5 años, seguían muchas de ellas vacías y sin ocupar.

Según las informaciones recibidas, los propietarios de esas viviendas, maquillaban su habitabilidad enlozando la entrada y poniendo flores, pero realmente seguían vacías (en cada calle, podía haber entre dos y tres casas vacías), sin contar las alquiladas ilegalmente, generando un enriquecimiento injusto a su propietario que las alquilaba por 450 euros, pagando 247 euros de hipoteca.

A la vista de los hechos expuestos, se incoó queja de oficio y se solicitó informe a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, desde donde se nos pidió que aportásemos datos identificativos para poder iniciar una investigación, al contar dicha urbanización con 295 viviendas.

Insistiendo en nuestro desconocimiento sobre los datos concretos de las viviendas que pudieran encontrarse desocupadas por sus adjudicatarios en la urbanización afectada, hicimos un llamamiento a la mencionada Delegación Territorial, en su condición de poder público, y en el ejercicio de su función inspectora, a fin de que adoptase las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda a través de una Resolución, apuntando la conveniencia de que, para realizar dicha investigación, se solicitase la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Como respuesta se nos envía un informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda en que se recoge que se iniciaron actuaciones previas y, atendiendo a nuestra Recomendación, se había recabado la colaboración del Ayuntamiento de Almensilla, de conformidad con el principio de colaboración entre administraciones, que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que llevase a cabo un informe basado en visitas programadas a la promoción afectada.

En consecuencia, con la aceptación de la Recomendación efectuada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se ejercen las competencias administrativas de recuperación de oficio del patrimonio público de vivienda.

Esta Institución tuvo conocimiento por las personas promoventes de otra queja, de que en un bloque de Córdoba, se había adjudicado una vivienda a una familia que nunca llegó a ocuparla, siendo pues ésta, ocupada de forma irregular, y ocasionando sus ocupantes serios destrozos a la comunidad. Finalmente, la citada familia abandonó la vivienda y en la actualidad se encontraba vacía.

El vecindario temía una nueva ocupación ilegal, y llamaba la atención sobre el hecho de encontrarse una vivienda protegida vacía, con la cantidad de personas necesitadas de este bien básico.

Nos encontraríamos, pues, con una vivienda protegida que no cumplía con la función social que se le asignaba, la de domicilio habitual de la persona o familia adjudicataria.

De conformidad con el artículo 10, párrafo 1, de nuestra Ley Reguladora, se incoó queja de oficio y se solicitó informe a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba.

Según informe emitido por la Secretaria General de vivienda, podemos concluir que el asunto que motivó la presente actuación de oficio, se encuentra en vías de solución, al haberse puesto en marcha los mecanismos legales existentes en aras a recuperar de oficio la vivienda en cuestión, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

La Universidad de Málaga accede a la petición de un alumno y autoriza su permanencia en los estudios del mismo Grado.

El interesado manifiesta que está matriculado en la Universidad de Málaga y señala que en el curso 2014/2015 no superó el mínimo de créditos exigidos, por lo que el siguiente curso 2015/2016 se ha matriculado en el mismo curso y ha solicitado a la secretaria de la ETSII que le fuera concedido el derecho de seguir matriculado en el mismo grado.

Según relata, se le indicó que a finales de mes se pasara para ver el estado de la matrícula y que mientras tanto siguiera asistiendo a clases normalmente. Al cabo de los 15 días fue a preguntar por el estado de la matrícula y le indicaron que tenía que aportar cierta documentación. Al no poder presentar documentación alguna, según cuenta, le facilitaron un teléfono perteneciente a la secretaría general de la UMA, en el que le indicaron que su petición estaría resuelta antes de los exámenes finales. Pese a ello, denuncia que viene llamando cada semana y siempre le dicen que su petición aún no está resuelta, que lo estará la próxima semana. La última llamada la ha efectuado el 26/01/2016 y le han indicado que vuelva a llamar el día 2/02/2016.

Dado que ese mismo día tiene primer examen final, el interesado se muestra muy preocupado por las consecuencias que tendría una denegación tardía de su solicitud por lo que solicita la intervención de la Institución.

A la vista del asunto planteado, nos dirigimos a la Universidad de Málaga solicitando información al respecto, recibiendo informe por el que se nos indica que con fecha 2 de febrero de 2016 se ha resuelto acceder a la solicitud de autorización de permanencia en los estudios del Grado en Ingeniería de la Salud, efectuada por el estudiante. Añaden que dicha resolución ha sido notificada al interesado, cuya matrícula se encuentra activa en la actualidad.

Dado que el asunto objeto de la presente queja se encuentra solucionado al aceptar la Universidad la pretensión del interesado, se procede al cierre del expediente.

En este expediente de queja, acudió a esta Institución un ciudadano a fin de exponer el problema que le afectaba, referente a la no resolución hasta la fecha de la Beca de Transporte solicitada por su participación en el año 2010 en un Curso de Formación para el Empleo de Especialista en Topografía.

Con fecha 8 de marzo de 2016 se ha recibido un informe de la Delegación Territorial, nueva Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (anterior Consejería de Educación, Cultura y Deporte) -organismo que asumió las competencias de la cuestión que tramitamos, tras la última reestructuración de la Junta de Andalucía en junio de 2015-, informe del que, en respuesta a las Resoluciones formuladas por esta Institución, no se desprende la no aceptación de la referida Recomendación, sino todo lo contrario.

A esa conclusión se llegó en otros muchos expedientes de queja sobre la misma problemática que desde hace varios años venimos tramitando, primero ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, después ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por ser el órgano que asumió las competencias en el tema que nos ocupa, y hoy de nuevo ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, al haberse modificado nuevamente las competencias, como le decíamos anteriormente, en la última reestructuración de las Consejería de la Junta de Andalucía tras el dictado de los Decretos 12/2015, de 17 de junio y 304/2015, de 28 de julio.

En efecto, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo manifestó hace meses su compromiso de proponer a los Centros Directivos competentes la priorización de la tramitación, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos referentes a becas y ayudas al alumnado desempleado, impulsando a dichos efectos los informes previos y preceptivos a distintos organismos de la Junta de Andalucía afectados por dichos procesos.

Dicha respuesta, al igual que la ahora emitida, no puede tener otra interpretación más que la antes aludida: la aceptación de nuestro Recordatorio de Deberes Legales y de la Recomendación realizada.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda prevé iniciar en 2016 las obras de arreglo del tramo Santiago de Calatrava-Higuera de Calatrava, de la carretera A-6052, que venían demandando los vecinos de estas localidades y la cordobesa de Valenzuela.

Se dirigió a esta Institución la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava (Jaén), en nombre de una plataforma ciudadana para el arreglo de la A-6052, formada por los vecinos y representantes políticos y sociales de los municipios jienenses de Santiago e Higuera de Calatrava y el cordobés de Valenzuela, exponiéndonos que esta vía es la única infraestructura de comunicación que tienen para llegar a Jaén capital.

Señalaba que era el tramo de dicha carretera entre Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava el que realmente presenta un estado peligroso y lamentable, con gran cantidad de baches y socavones, a lo que se unía su menor anchura y una deficiente señalización.

Añadía que su uso para las personas que viajaban hasta Martos o Jaén constituía un peligro diario y, además, se acrecentaba cuando, por la necesidad de realizar labores agrícolas, transitan por esta carretera multitud de tractores y camiones. Su preocupación aumentaba porque también debían transitar por la misma, de forma diaria, los estudiantes de secundaria de dichas localidades que cursan sus estudios en centros educativos de Martos. Finalizaba indicando que las gestiones que venía realizando la plataforma para que este tramo de la A-6052 fuera acondicionado y presentara las mismas características que el resto de la vía habían resultado insuficientes.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Dirección General de Infraestructuras, de la Consejería de Fomento y Vivienda, se nos informó que la carretera A-6052, de Martos a Porcuna, pertenece a la Red Autonómica Complementaria de Andalucía, tiene una longitud de 32,84 km, con origen en Martos (A-316) y final en Porcuna (intersección con la A-305); el tráfico registrado dan una IMD de 1.277 veh./día, con un 4% de vehículos pesados. La carretera presenta un estado de deterioro del firme en algunos tramos, con socavones y hundimientos parciales; el que peor estado se encuentra es entre los puntos kilométricos 14,000 y 18,600, con numerosas ondulaciones, baches y grietas en el firme y de cárcavas que han reducido el ancho útil hasta los 4,50 m. en algunos puntos.

En 2012 se redactó, por el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, un proyecto de adecuación de la carretera, que no pudo aprobarse por falta de disponibilidad presupuestaria; en 2013 se redactó un proyecto de mejora del subtramo Leinez-Santiago de Calatrava, mejorando el firme, las curvas y dotando a la carretera de 7 metros en las zonas más conflictivas y recuperando los 6 metros en el resto, con una mejora del drenaje longitudinal y transversal.

Desde aquella fecha se habían llevado a cabo diversas gestiones para obtener los créditos necesarios para ejecutar la obra, esperando poder licitar la misma durante el año 2015. En tanto no se pudiera realizar la misma y para garantizar la seguridad del tramo, se había limitado la velocidad y se había señalizado convenientemente para alertar a los conductores sobre el estado de conservación de la vía.

Finalmente, la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, tras exponer diversas consideraciones, nos informó que aun no se ha dictado la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que contemplaría el arreglo solicitado del tramo de carretera, aunque no se ha apreciado incompatibilidad con la cofinanciación con FEDER. Se añade que, en base a ello, la previsión es que se puedan iniciar las obras con cargo a los créditos de gastos correspondientes a la Consejería de Fomento y Vivienda del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, aunque no hay una mención expresa de esta actuación en el mismo.

De acuerdo con todo ello, cabe esperar que, durante el próximo ejercicio 2016, se puedan iniciar las citadas obras y que, en principio, nos encontramos ante un problema en vías de solución. No obstante, antes de dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja, trasladamos toda esta información a la Alcaldía para que nos indicara si consideraba que eran precisas nuevas gestiones por parte de esta Institución. Al no recibir respuesta, procedimos al archivo del expediente de queja.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera arregla las deficiencias de una zona del centro urbano, que presentaba deterioro del acerado, alumbrado público, solares abandonados y generalizada invasión del acerado por vehículos particulares.

El interesado, en su escrito de queja, nos exponía que en el año 2013 adquirió una vivienda situada en el centro urbano en Jerez de la Frontera (Cádiz), resultando que la misma presentaba diversas deficiencias que venía denunciando por escrito. Entre dichas deficiencias citaba el gran deterioro del acerado, que obligaba a los peatones a circular por la calzada, el no funcionamiento del alumbrado público en gran parte de la calle, existencia de solares abandonados con peligro para viandantes y vecinos y, por último, generalizada invasión del acerado por vehículos particulares, sin que se adoptaran medidas efectivas por parte de la Policía Local para evitarlo.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, durante la tramitación de la misma formulamos al citado Ayuntamiento resolución recordándole su obligación de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, así como de la obligación de resolver expresamente las solicitudes de los ciudadanos, recomendándole que se pronuncie explícitamente acerca de si va a adoptar las medidas que demanda el interesado o, en caso contrario, nos informe de las razones para ello.

Tras esta resolución, el Ayuntamiento nos remitió dos respuestas por las que se nos da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, o que se encuentran en ejecución, para solucionar las deficiencias que presentaba la calle en materia de pavimentación, acerado, alumbrado y aparcamiento indiscriminado de vehículos. Se aclara que se han adoptado medidas para evitar el citado aparcamiento indebido y que, a la fecha del informe, se estaba ejecutando un proyecto de reurbanización integral de la citada vía, con lo que las deficiencias sobre alumbrado y acerado también quedarán resueltas.

Por tanto, entendimos que se había aceptado nuestra resolución y la mayoría de los problemas estaban en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja.

El promotor del expediente de queja arriba indicado muestra su disconformidad con el retraso en la percepción de una ayuda por importe de 4.750 euros, concedida como emprendedor y en su condición de autónomo, por transformaciones de contratos de duración determinada en indefinidos, mediante Resolución favorable de 28 de Diciembre de 2010.

Con fecha 23 de febrero de 2016 se ha recibido un informe de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, en respuesta a la Recomendación formulada por esta Institución con fecha 15 de enero de 2016 a dicho organismo. Dicha respuesta, no puede tener otra interpretación más que la aceptación de nuestro Recordatorio de Deberes Legales y de la Recomendación realizada.