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En esta Institución se han tramitado 13 expedientes de queja a instancia de parte, referente a disconformidad con el hecho de que los trabajadores contratados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia para prestar sus servicios durante el estado de alarma iban a puntuar doble en la experiencia laboral en la bolsa, ya que opinaban que esta medida iba a perjudicar a aquellos trabajadores que no habían sido llamados. Considerando pues, que deberían buscarse otras alternativas para premiar a estos trabajadores, que no supongan una lesión de los derechos del resto.

Admitida a trámite la presente queja se solicitó el preceptivo informe de la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de Andalucía.

En su informe el citado organismo se manifiesta en los siguiente términos:

”En relación con la aparición en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación el pasado 23 de abril informamos que la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, indica que el Servicio Andaluz de Teleasistencia y las Comunidades Terapéuticas se encuentran incluidas dentro del listado de servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía, en el apartado relativo a los centros y entidades dependientes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En base a lo manifestado en el párrafo anterior y dadas las excepcionales condiciones de trabajo en la que las trabajadoras y los trabajadores de la Agencia han desarrollado su trabajo en las centrales del Servicio Andaluz de Teleasistencia y en las Comunidades Terapéuticas durante el estado de alarma, la Agencia y la representación legal de los trabajadores de la misma han acordado puntuar doble la experiencia laboral en estos centros por el periodo comprendido entre el inicio y final del citado estado de alarma.

Esta medida no será de aplicación inmediata, ya que deberá quedar regulada en las bases de las actualizaciones que se produzcan de las bolsas de empleo ya existentes, así como en las bases de las convocatorias para la creación de nuevas bolsas de empleo.

Asimismo, esta medida, una vez finalizada la situación de excepcionalidad debe ser ratificada en una reunión de la Comisión Paritaria, todo ello, dentro del marco de las funciones que el artículo 9 del I Convenio Colectivo de la Agencia le tiene otorgada a este órgano.

En lo referente a la posible vulneración de lo establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de la Agencia relativo a la provisión de puestos, nuestra Agencia, como cualquier otra Administración Pública, está obligada en todos sus procesos selectivos a cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, de manera que el proceso de llamamientos para refuerzos por la crisis sanitaria derivada del Covid-19 en el Servicio Andaluz de Teleasistencia se ha realizado bajo el deber de respeto a la legalidad vigente y, por lo tanto, en esta cuestión entendemos no haber cometido ninguna irregularidad en las contrataciones de personal teleasistente, ya que se ha trabajado en todo momento cumpliendo lo regulado en la normativa laboral en vigor.

Las personas inscritas en la bolsa de empleo para cobertura temporal de puestos de teleasistente que han sido contratados lo han hecho bajo la modalidad contractual regulada en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, llevándose a cabo estos contratos para atender a la acumulación de tareas y el refuerzo necesario de personal teleasistente del Servicio Andaluz de Teleasistencia con motivo de las medidas excepcionales para contener el Covid-19 y ninguna de estas personas contratadas, una vez transcurrido el plazo de duración de sus contratos, va a superar el periodo límite de contratación de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses tal como recoge el citado artículo.

Por lo que atañe a la cuestión que nos plantea sobre la posición que ocupaban en la bolsa de empleo las personas candidatas a las que se les ha realizado los llamamientos para la cobertura de puestos de refuerzo en el Servicio de Teleasistencia por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, le informamos que los referidos llamamientos para contrataciones han tenido lugar en todo momento conforme a lo establecido en la normativa de régimen interno aprobada por la Agencia a las circunstancias de la situación de excepcionalidad consecuencia del estado de alarma.

De esta manera, con carácter previo a iniciar los llamamientos a las personas aspirantes siempre se actualiza y revisa la lista de personas que conforman la bolsa de empleo, procediéndose a analizar la situación de las personas a las que se van a llamar a nivel contractual para cumplir en todo momento con la temporalidad máxima permitida por la normativa laboral en los contratos eventuales.

Conforme a lo regulado en el Reglamento de funcionamiento de las bolsas de empleo de la Agencia, las personas integrantes de las mismas son llamadas conforme al orden de prelación establecido y ante la situación de crisis sanitaria motivada por el Covid-19 se ha procedido en todo momento de acuerdo al régimen de funcionamiento en los casos de cobertura de puestos con carácter de urgencia conforme a lo regulado en el citado Reglamento.

Respecto a las personas que perteneciendo a un colectivo de riesgo no han podido prestar sus servicios, nuestra Agencia ha actuado en todo momento en consonancia con lo regulado en el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al Covid-19 elaborado por el Ministerio de Sanidad, en el que se establecen que con la evidencia científica de que dispone dicho Ministerio, los distintos grupos vulnerables para COVID-19.

De forma paralela, a nivel de la Administración Autonómica Andaluza, la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020 por lo que complementan las medidas adoptadas para todo el personal de la Junta de Andalucía con motivo del Covid-19, viene a establecer como personal especialmente sensible a aquellas que sufren patologías que pudieran verse agravadas por el Covid-19, entre las que se encuentran las que padecen diabetes.

Como consecuencia de ello estas personas mantienen su posicionamiento en las bolsas de empleo para los próximos llamamientos ante las futuras necesidades de personal que surjan en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

Por último, en relación con el tema sobre la concesión de alguna compensación económica a las personas que han sido contratadas durante el estado de alarma, nuestra Agencia como entidad instrumental del sector público andaluz está sujeta a las diferentes Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza y como tal le es de aplicación lo regulado en las mismas sobre las retribuciones de personal, las cuales no pueden experimentar incremento alguno salvo en los casos en que éste sea autorizado por la Administración del Estado y consiguientemente no puede haber incremento de masa salarial”.

La interesada a la vista de lo manifestado por la ASSDA en su informe, señala que el Reglamento Funcionamiento de las Bolsas de Empleo Internas de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, concretamente su apartado undécimo, sobre el mantenimiento de las bolsas de empleo internas y nuevas incorporaciones que establece que “una vez conformadas las Bolsas de Empleo internas de la Agencia, las mismas se mantendrán vigentes, actualizándose al menos una vez al año, fijándose como tal el día 1 de febrero de cada año”, y añade que en la actualidad no se han vuelto a abrir la bolsa ni se han podido actualizar datos de experiencia ni de formación. Y, solicita que continuemos nuestra investigación a fin de conocer cómo y cuándo se va a proceder a reabrir la bolsa ya que desde el año 2010 no se hacía ninguna contratación en la Agencia a pesar de haberse producido fallecimientos, cambios de destino, jubilaciones e incapacidades.

A la vista de las manifestaciones de la interesada, hubimos de concluir que, en lo que se refería a la doble puntuación, en principio reconocida a aquellas personas que habían prestado sus servicios en situación de emergencia sanitaria, era una cuestión que ya había sido debatida y resuelta por los tribunales de justicia.

En cuanto a las posibles irregularidades en los llamamientos, que habían sido objeto de denuncia, se consideró que no existían dichas irregularidades, sino una falta de transparencia en la gestíón de los llamamientos.

Por otra parte, en cuanto a la investigación promovida por esta Defensoria sobre el asunto relativo a la falta de convocatoria de la bolsa de teleasistente que también se denunciaba, de acuerdo con la información a la que hemos tenido acceso hemos podido comprobar que desde septiembre de 2018 hasta enero de 2022 han sido varias la veces en las que se ha convocado la bolsa de teleasistente para la provisión de plazas de dicha categoría profesional.

En consecuencia con cuanto antecede y debiendo considerar que la actuaciónl de ASSDA en relación con las cuestiones planteadas no contravienen nuestro ordenamiento jurídico, hemos procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones en su expediente de queja

La presente queja se tramita en relación con la discrepancia de la familia sobre los criterios de escolarización de su hijo y de la plaza ofrecida por parte de la administración educativa.

En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, se hizo eco del caso y con fecha 15 de diciembre de 2021 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada.

La Delegación Territorial ha enviado informe del que se constata que el caso nace a partir del criterio de escolarización alcanzado para matricular al menor en la modalidad C y asignando la plaza disponible en un centro que no parece ser aceptado por la familia.

El relato de esa Delegación Territorial de Educación y Deporte recoge los pasos seguidos para dar solución a la discrepancia procurando otra plaza en un nuevo centro que tampoco coincide con las peticiones de la familia que insiste en procurar la matriculación en un CEIP determinado que resulta ser el más próximo al domicilio familiar.

Por ello, creemos entender que la respuesta de los servicios educativos, tanto del centro como de la Delegación, se ha activado para abordar el incidente procurando varias opciones de centro sin que se haya podido atender la petición de la familia.

Sin llegar a valorar la oportunidad de formular una Resolución expresa, desde la Defensoría, sí apuntamos la oportunidad de estudiar la situación y pueda ser asignada una plaza en el centro más idóneo respecto al domicilio familiar.

En todo caso, la queja parece poner en evidencia, de nuevo, un diseño insuficiente de los recursos dispuestos para atender perfiles de Trastorno del Espectro Autista que obliga a traslados de centros para encontrar plaza en las modalidades de escolarización que la propia Delegación atribuye para el alumnado.

Sin duda será necesario un proceso de seguimiento y atención a lo largo del curso para poder evaluar la eficacia y oportunidad de estas respuestas dadas para el menor.

Esta Institución tramita la queja en la que la interesada requería la conclusiones de determinados procedimientos judiciales cuyos retrasos le resultaban especialmente perjudiciales. Para tomar conocimiento de la situación, conforme señala el artículo 15 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitamos la colaboración del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía remite el siguiente informe:

“1.- En su escrito la interesada aludía a dos asuntos diferenciados.

2.- Procedimiento civil de ejecución forzosa: En dicho procedimiento se despachó ejecución por la cantidad que la ciudadana expone en su escrito, 8621€ más costas. Frente a dicho pretensión se formuló oposición por parte del ejecutado, estimándose parcialmente y rectificándose la cuantía por la que se despachaba ejecución. Como correctamente se indica, en el 2019 se Interpuso por la representación de la Sra. recurso de apelación frente a dicha decisión, estando aún pendiente de resolver el recurso por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Dicha demora para resolver un recurso en dicha materia, se ajusta a las pautas usuales en el área civil, y específicamente de familia, según noticia de esta Jefatura, y se ha corroborado al Fiscal Decano por las oficinas de la materia civil de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Carmona, debido a la saturación de causas padecida por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que atiende esta materia de familia.

3.- En punto al impago de pensiones, efectivamente consta que la señora interpuso denuncia por el mencionado impago de pensiones en fecha 2 de abril de 2021 ante la Guardia Civil, como indica en su escrito. Dicha denuncia ha dado lugar a las Diligencias Previas del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Carmona. En dichas diligencias se acordó la citación para declarar de la denunciante en fecha 25 de mayo de 2021 para el 22 de septiembre de 2021, practicándose la misma en la mencionada fecha. Por el contrario, ha sido imposible hasta la fecha practicar la declaración del investigado. Consta como hasta dos veces se intentó citar al denunciado en los domicilios obrantes en la causa y facilitados por la denunciante.

Ante la citación infructuosa a través de la Policía Local, se acordó en fecha 23 de noviembre de 2021 la averiguación del domicilio del investigado.

En fecha 29 de noviembre de 2021, tras recabar hasta cuatro posibles domicilios a través del Punto Neutro Judicial, se procedió a la citación del investigado, siempre a través de la Policía Local, en dichos domicilios. Consta en la causa informe de la Policía Local, contestando que ha sido imposible hallar al investigado en los domicilios proporcionados.

Por lo tanto, el procedimiento sigue todavía pendiente de la declaración del investigado que se encuentra por ahora en paradero desconocido, por lo que se procederá a instar por esta Fiscalía en su caso medidas más drásticas que aseguren su presencia en el procedimiento.”

A la vista de la anterior información, hemos de entender que se encuentran explicadas las dificultades para la continuidad de los procedimientos debido, sobre todo, a la ausencia de localización y notificación de la contraparte.

La queja fue tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz a fin de analizar las medidas de protección del patrimonio cultural de determinados elementos de la Exposición Universal Expo 92, celebrada en la ciudad de Sevilla.

Los trámites y la investigación del caso motivaron que con fecha 3 de noviembre de 2021 la Institución formulara Resolución ante el Ayuntamiento de Sevilla.

Según la respuesta prevista en el artículo 29 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, el ayuntamiento remite la siguiente contestación ante la resolución dirigida:

“En relación con la nueva resolución del Defensor del Pueblo, relativa a la conservación y protección de determinados bienes relacionados con la Exposición Universal de Sevilla 1992, desde la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo y Medio ambiente informamos que, efectivamente, por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico se ha elaborado un primer documento borrador "Catálogo del Recinto de la Expo'92", donde se recogen los elementos actualmente catalogados por el Catálogo Periférico del vigente Plan General y una ampliación del mismo con edificios y espacios del recinto que se han considerado que deben catalogarse y que no disponían de ninguna protección.

Una vez ello, los trámites a seguir pasan por una propuesta de aprobación inicial y posterior información pública al objeto se aporten cuantas alegaciones se consideren con carácter previo a la aprobación definitiva.

Desde esta Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, a medida vaya avanzando la instrucción del indicado procedimiento administrativo, dará cuenta del mismo al Defensor del Pueblo Andaluz, en el seno del expediente de referencia.”

Según la respuesta recibida, el Defensor debe entender la aceptación formalmente expresada por el ayuntamiento de Sevilla que anuncia la elaboración de inventarios y señala medidas para crear proyectos de protección para diversos elementos ligados a la Expo 92 que han sido considerados como merecedores de esta intervención tutelar.

Por tanto, sin perjuicio de la anunciada voluntad de abordar la confección de un conjunto de actuaciones específicas de protección de elementos del recinto de la exposición, así como de enseres y otras figuras evocadoras el evento, nos ratificamos en el criterio manifestado desde el Defensor del Pueblo Andaluz de que se desplieguen las labores concretas de impulso para la ejecución de esas medidas acordadas por las autoridades de ámbito municipal en orden a la efectiva protección del patrimonio afectado.

En tal sentido, permanecemos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estos compromisos. En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

Comparecía en esta Institución el administrador de una comunidad de propietarios de Sevilla solicitando nuestra intervención ante la situación que presentaban desde hacía varios años las acometidas de agua de la Comunidad, que pasan por un centro de transformación perteneciente a Endesa.

Relataba que, una vez atendida la petición de un contratista designado por la distribuidora, fueron enviados dos presupuestos. La Comunidad de Propietarios solicitó otro presupuesto de las actuaciones a acometer y de la descarga necesaria para actuar en el centro de transformación, pero a la fecha de presentación de queja aún no parecían haber recibido respuesta para obtener la autorización que permitiera a la comunidad actuar con una empresa externa o, en su defecto, indicaciones de que fuera la propia Endesa la encargada de realizar todos los trabajos.

Continuaba el escrito indicando que habían remitido varios correos electrónicos a la persona de contacto que les indicaron y con las que realizaron las gestiones anteriores, así como burofax con fecha 7 de julio de 2021, al que no habrían recibido contestación.

Alegaba que la presencia del centro de transformación suponía un peligro al encontrarse cerca de las acometidas y bajantes de agua, impidiéndoles actuar con celeridad cuando se produce una rotura y/o avería de las citadas tuberías al no disponer la comunidad de acceso a dicha estructura y considerando un riesgo que el agua pueda llegar al trasformador, suceso que parecía haber ocurrido en alguna ocasión, según nos indicaba, debido a la antigüedad de la instalación.

Finalmente señalaba que, si fuera viable, la solución al problema podría ser que el centro de transformación se trasladara a otro lugar fuera del edificio.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Endesa a fin de que se nos informase sobre los hechos expuestos así como de las actuaciones que, en su caso, estuvieran previstas llevar a cabo para la solución del asunto en cuestión.

En respuesta a nuestra petición de colaboración recibimos informe de la compañía eléctrica en la que se nos indicaba que, tras abonar el nuevo presupuesto enviado, se llevaron a cabo los trabajos de adecuación del bajante que pasa por el interior del centro de transformación.

A la vista de dicha información, entendimos que el asunto objeto de queja se encontraba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.