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En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, promovida de oficio por este Comisionado del Parlamento de Andalucía, sobre “medidas de flexibilización fiscal adoptadas por las Haciendas Locales tras la suspensión de actividades económicas durante la alarma sanitaria”, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 14 de abril de 2020, este Comisionado del Parlamento de Andalucía iniciaba actuaciones de oficio con el siguiente alcance y contenido:

“ Ante las dificultades y situación de necesidad socio-económica por la que desde el primer momento de la declaración del estado de alarma y de la suspensión de actividades, se están viendo afectadas muy amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía, las Administraciones Locales establecieron medidas de gestión tributaria que permitieran, a todos los contribuyentes afectados (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc), afrontar de manera menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.

Entre todas las medidas de alcance y naturaleza económica establecidas e implantadas por el Estado, unas deberían ser desarrolladas y materializadas por él mismo, las más importantes y de naturaleza económica y presupuestaria básicas; otras por las Comunidades Autónomas, los Municipios y Provincias, actuando con sujeción a los principios constitucionales de colaboración, cooperación, coordinación.

Por todo ello, el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, entre las medidas señaladas, centraba su atención en la adopción de una flexibilización económico-fiscal y tributaria, con alcance general, en la forma siguiente:

«En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate (…)

Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento».

Tales medidas, posteriormente fueron ampliadas con las establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con carácter de urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y las de la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En relación a las referidas a la Administración Local se inició la queja de oficio referida, a los efectos de conocer el grado de implantación de las medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria, que previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, estuvieren adoptando o, hubieren previsto adoptar los Municipios y capitales de provincia y, a las Agencias y Organismos autónomos provinciales, que actúan por delegación de los restantes Municipios en el ámbito de gestión y recaudación tributarias.

II.- En consecuencia, con objeto obtener colaboración de los Municipios andaluces y, de las Agencias y Organismos autónomos provinciales, que actúan por delegación de aquéllos en el ámbito de gestión y recaudación tributarias, el Defensor del Pueblo Andaluz, les dirigió petición de informe sobre la implantación de las medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria, que previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, ya referido, estuvieren adoptando o, tuvieren previsto adoptar, con relación a la gestión y recaudación de los tributos locales y de otros recursos de naturaleza pública.

Eramos conscientes de las dificultades existentes para dar cumplimiento a nuestra petición, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontrábamos tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto suscitado en la queja, le instamos a que contestasen con la máxima celeridad posible.

Mayoritariamente, las peticiones de colaboración del Defensor del Pueblo Andaluz fueron atendidas sin reservas, trasladándonos una batería de medidas de flexibilización fiscal que -en nuestra opinión- atendía sobradamente al espíritu y finalidad del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y, de la restante normativa complementaria, adoptada en aquel difícil momento.

CONSIDERACIONES

Primera.- Consecuencias de naturaleza fiscal y tributaria de la suspensión de las actividades económicas y comerciales.

La situación reseñada, comportaba una serie de efectos y consecuencias negativas que el Estado había tratado de mitigar, estableciendo para ello las medidas de naturaleza económico- social ya adoptadas, completándolas con las incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Entre todas las medidas de alcance y naturaleza económica establecidas e implantadas por el Estado, unas deberían ser desarrolladas y materializadas por él mismo, las más importantes y de naturaleza económica y presupuestaria básicas; otras por las Comunidades Autónomas, los Municipios y Provincias, actuando con sujeción a los principios constitucionales que rigen las relaciones interadministrativas de colaboración, cooperación y coordinación.

Por todo ello, el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo fundamenta y motiva las medidas de flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en la forma siguiente:

“En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario. (…)

Por esta misma razón, en aras a facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento”.

Dificultades y situación de necesidad socio-económica por la que ya se estaban viendo afectadas muy amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía, lo que hacía muy conveniente la aplicación y el establecimiento por las Administraciones Locales de Andalucía, de medidas de gestión tributaria que permitan en general, a todos los contribuyentes afectados (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc), afrontar de manera lo menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales, con las haciendas locales.

La contención de actividades económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos (comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y restauración, etc) abocaba a trabajadores/as y a titulares de licencias de funcionamiento de actividades y establecimientos, al cese temporal de su trabajo, desempeño y ejercicio -mientras estuviere vigente el estado de alarma sanitaria- con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes personas y familias con pocos recursos en situación de necesidad, prácticamente.

Segunda.- Medidas de flexibilización fiscal que se adoptaron por las Administraciones y Haciendas Locales.

Tanto los Municipios como las Agencias Provinciales implantaron en aplicación de sus potestades y competencias propias o por delegación, las medidas de flexibilización posibles, actuando en el marco legal determinado por la aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De los informes recibidos por los organismos de gestión tributaria de las distintas provincias se ha podido conocer la diligencia y preocupación de las administraciones locales por implementar y desarrollar las medidas arbitradas por el Gobierno Central, así como para poner en marcha otras actuaciones complementarias a las mismas.

Así, a modo de resumen podemos destacar:

• Implementación de distintos procedimientos establecidos para la atención a la ciudadanía: refuerzo de las líneas telefónicas de atención a la ciudadanía, correos electrónicos atendidos diariamente por personal de los organismos municipales tributarios, servicio de pago telemático a través de distintas modalidades.

• Acciones encaminadas a dar la mayor publicidad posible a las medidas adoptadas a través de las páginas web de las administraciones locales, publicaciones en los tablones de anuncios, Boletín Oficial de las Provincias o mediante notas de prensa de los medios de comunicación y redes sociales.

• Medidas tributarias de apoyo a los autónomos, comercios y pequeñas empresas para contribuir a la reducción del impacto económico en su actividad.

• Actuaciones encaminadas a reducir o aplazar las rentas en las viviendas de titularidad pública.

• Subvenciones de un único pago a personas físicas que sean titulares de licencia municipales para el ejercicio de actividades afectadas por la crisis sanitaria, como es el sector del taxi.

• Autorización del incremento de la superficie destinada a la ocupación de vía pública y del número de veladores a los establecimientos de hostelería sin variar el importe de las liquidaciones de las tasas municipales devengadas por el mismo.

• Ayudas y bonificaciones al impuesto sobre bienes inmuebles a los colectivos menos favorecidos y a familias, ante la ausencia de medidas fiscales solidarias en la legislación tributaria.

• Anticipos de las Diputaciones a los Ayuntamientos con la finalidad de garantizar los servicios a la ciudadanía para asegurarles que en todo momento puedan disponer de liquidez suficiente para atender las necesidades de sus ciudadanos.

De los informes que hemos recibido por otros organismos en la tramitación de expedientes en esta Institución, hemos conocido de la existencia de los Planes económicos municipales de ayuda al trabajador Autónomo, este instrumento de ámbito municipal para apoyar a este sector. Ayudas que oscilan desde 300 euros en algunos municipios, llegando en algunas ocasiones a los 5.000 euros, una importante inyección económica para hacer frente a gastos que van desde las cuotas como trabajador autónomo, arrendamientos , primas de seguro, facturas de las empresas de suministro de agua y luz, etc.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a los Ayuntamientos y Agencias Provinciales de gestión y Recaudación tributaria, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1.- En el sentido de que por las Haciendas Locales referidas, en ejercicio de su autonomía y suficiencia financiera, y en aras de los principios moduladores del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, establecidos en el articulo 31 de la Constitución, se continúen prestando, o bien se aprueben e implementen las medidas de flexibilización tributaria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones ciudadanas de aquellos sectores más castigados por la COVID-19.

Lo anterior, por cuanto, al ejercicio de 2021 se han extendido la declaración del estado de alarma y las restricciones en la actividad económica y comercial, por aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2; y teniendo en cuenta que el levantamiento del estado de alarma sanitaria, se ha producido con efectos de 9 de mayo de 2021, tras la publicación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, (BOE número 107, de 5 de mayo) por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.

SUGERENCIA 2.- En el sentido de que se pongan en marcha o se continúen prestando, en el caso de haberse implementado con anterioridad, iniciativas de información, asesoramiento y divulgación de las medidas tributarias ya que ello contribuirá a un mejor cumplimiento de las mismas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puerto Real a nuestra petición de información sobre el posible uso irregular como vivienda de un local y, en su caso, adoptara las medidas de disciplina urbanística que fueran procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas sean objeto del debido impulso en su tramitación y resolución, atendiendo a las lógicas expectativas de la ciudadanía que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que el Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística, lo cual supone la implicación en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

ANTECEDENTES

1.- La persona reclamante exponía lo siguiente:

“Soy la presidenta de mi comunidad. Tenemos una vecina que utiliza su local cerrado en actividad como vivienda habitual. Dicho local está en condiciones no aptas para la habitabilidad. Además se ha negado a que el seguro comunitario arregle un bajante que pasa por su techo provocando un atasco en los bajantes comunitarios que está afectando a todo el bloque.

A ello se le suma que insulta a los vecinos e inquilinos y nos amenaza con demandarnos ya que ella tiene abogado de oficio y ya en otras ocasiones nos ha demandado por insultos y otros motivos, aunque es ella la que insulta, y provoca problemas al resto de vecinos como por ejemplo: plagas provenientes de su local, ella cierra las llaves de paso cuando le parece, grita por el patio comunitario quejándose de su salud etc.

He acudido a nuestro Ayuntamiento y la respuesta es que poco pueden hacer. Me gustaría me ayudarais a seguir los pasos para que esa persona no pueda vivir en ese local y por otra parte que no pueda utilizar la justicia gratuita de esa manera tan negligente porque entonces no es ella la que está necesitada de ayuda legal sino los que tenemos que tratar con ella.”

Añadía que dicho local estaba embargado y no disponía de cédula de habitabilidad, ni condiciones para su uso como vivienda.

Admitimos la queja a trámite y, adjuntando copia de los escritos presentados ante ese Ayuntamiento, con fecha 24 de septiembre de 2018, solicitamos que, por su parte se verificara el uso que se estaba dando en el citado local y, en el supuesto de que no se atuviera al planeamiento urbanístico municipal y pudiera originar problemas de seguridad o salubridad a la comunidad de propietarios, se adoptaran las medidas procedentes para la restauración de la legalidad urbanística y para evitar problemas de salubridad y seguridad como los que planteaba esta reclamación.

2.- Con fecha 5 de noviembre de 2018 recibimos comunicación de ese Ayuntamiento adjuntando informe del Inspector Jefe de la Policía Local indicando que el problema del atasco del bajante del inmueble había sido solucionado accediendo desde otro local al persistir la negativa a hacerlo por parte de la ocupante del otro local usado irregularmente como vivienda pese a carecer de licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.

De esta información dimos traslado a la comunidad de propietarios reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca de ella. Así lo hizo exponiendo lo siguiente:

«1º Que aunque es cierto que el problema comunitario, de atasco, se ha solventado en otro local anexo al de la vecina problemática, Doña .... Ella, al negarse a que el seguro comunitario le repare su avería, sigue teniendo una gran cala en el techo y el bajante comunitario al descubierto en el techo de su local, local que ella usa como vivienda habitual. Y esto ocasiona salida de animales indeseados como cucarachas.

2º Además ella ha contado a algunos vecinos y amenazado a otros con el hecho de que esa circunstancia ella la ha denunciado en el juzgado, que ha interpuesto demanda civil contra el vecino de la vivienda de arriba, aún no sabemos a quién en concreto porque no ha llegado, pero es seguro porque no es la primera vez que hace estas cosas sin tener ninguna lógica ni razón, ya que tienen justicia gratuita y lo que busca es que los seguros le paguen dinero efectivo, por esta razón no quiere que se lo arreglen sino coger dinero.

3º Y por otro lado, que este es solo un ejemplo de muchas calamidades que los vecinos de esta comunidad sufren por su parte. Lo siguiente ha sido, una conexión ilegal de agua que se ha producido en la tubería de un vecino que baja por el patio de luces común del cuál solo ella tiene acceso.»

A la vista de lo anterior, con fecha 26 de noviembre de 2018 interesamos que nos mantuviera informados de las actuaciones previstas por parte de ese Ayuntamiento ante el uso irregular como vivienda de este local comercial sin licencia de primera ocupación, lo que estaba originando problemas de convivencia entre los residentes en el inmueble.

3.- Con fecha 24 de mayo de 2019 se nos remitió informe jurídico manifestando que ya se había indicado a la comunidad de propietarios que, desde el punto de vista del Área de Urbanismo, nada se podía hacer porque se trataba de una problemática afectante a la normativa legal que regulaba el funcionamiento de las comunidades de propietarios.

Por el contrario, esta Institución entendía que el referido uso como vivienda de un local, con las consiguientes afectaciones a la seguridad y salubridad del inmueble, sí era una cuestión que afectaba a las competencias urbanísticas irrenunciables de ese Ayuntamiento. Fue por ello que, en nuestra anterior comunicación, interesábamos que se nos mantuviera informados de las actuaciones previstas por parte de ese Ayuntamiento ante el uso irregular como vivienda de este local comercial sin licencia de primera ocupación.

Por ello, nuevamente reiteramos aquella petición de informe, interesando, con fecha 4 de junio de 2019, que por parte de los Servicios Técnicos municipales, se verificara el posible uso irregular como vivienda del local en cuestión y, en su caso, adoptaran las medidas de disciplina urbanística que fueran procedentes.

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 11 de julio y 14 de agosto de 2019, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 2 de diciembre de 2019, y posteriores comunicaciones escritas de fechas 11 de mayo y 31 de agosto de 2020.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en estos casos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3. - del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación y resolución, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Las Gabias a nuestra petición de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la persona interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación y resolución, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

ANTECEDENTES

1.- La persona reclamante nos exponía lo siguiente:

“Me dirijo a usted, para hacerle llegar una queja con respecto a un problema del que pusimos en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias en Granada en el área de urbanismo a 3 de octubre de 2017. En el que adjuntamos documentación donde explico el problema de una pérgola construida pegada al muro medianero excesivamente alta, en una zona en la que tiene que haber un retranqueo entre viviendas.

Habiendo recibido escrito del Ayuntamiento de Las Gabias a 5 de marzo de 2018, y un año después no se haya solucionado el problema y habiendo llamado y presenciándonos en el mismo sin recibir solución alguna.

Habiéndome personado también en el juzgado de Paz de dicho municipio, me dicen que allí no se puede denunciar al vecino por nada que eso es en el Ayuntamiento.”

Admitida la queja a trámite, con fecha 3 de abril de 2019 y remitiendo copia de la documentación aportada por el interesado, solicitamos de ese Ayuntamiento que nos informara de las resoluciones adoptadas en los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionador incoados en su día tras los Decretos 14/18 y 15/18 de esa Alcaldía, así como de las actuaciones posteriores tendentes a su ejecución.

2.- Con fecha 21 de octubre de 2019 recibimos su informe indicando que el promotor de las obras denunciadas había presentado alegaciones solicitando la caducidad y/o prescripción del expediente aportando pruebas de que la construcción se terminó hacía más de seis años. Ello motivó que se solicitara informe a los servicios jurídicos municipales para que se pronunciaran sobre las aludidas alegaciones y el procedimiento a seguir.

De acuerdo con ello, con fecha 4 de noviembre de 2019 interesamos que nos mantuviera informados del contenido del informe jurídico a emitir y de la resolución que se adoptara en el expediente de restauración de la legalidad urbanística incoado por ese Ayuntamiento en relación con estas obras.

3.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 9 de febrero y 20 de abril de 2020, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 7 de julio de 2020 y posterior comunicación escrita de fecha 3 de septiembre de 2020.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en estos casos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3. - del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación y resolución, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz