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La presente queja fue incoada de oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz respecto al estado de conservación de un columbario con valores patrimoniales e históricos del siglo XVIII en Isla Cristina.

Con los trámites seguidos, hemos obtenido información de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva y del Ayuntamiento de Isla Cristina. La Delegación Territorial viene a reseñar con fecha 11 de mayo de 2022:

“Teniendo en cuenta todo lo referido, y atendiendo a su requerimiento de información, respecto a la las medidas de protección del columbario; los proyectos de protección o conservación, en su caso realizados; las iniciativas para dotar al columbario de un régimen de protección acorde con sus valores patrimoniales..., cabe señalar que el columbario forma parte del complejo agrícola del siglo XVIIl conocido como Huerta Noble o Huerta del Carmen, el cual se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andauz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Lugar de Interés Etnológico «como ya apuntara con anterioridad-. Por ello, el inmueble en cuestión cuenta con el máximo grado de protección que le otorga la legislación vigente en materia de patrimonio histórico.

En este sentido, esta Delegación Territorial, conforme al deber legal establecido en el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, viene requiriendo a los titulares del Bien de Interés Cultural en cuestión el cumplimiento de su deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo para la salvaguarda de sus valores. Si bien es cierto que el cumplimiento de dicho deber legal ha de ser exigido sin dilación no es menos cierto que, a su vez, debemos garantizar la salvaguarda de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente otorga a cualquier ciudadano o ciudadana.

Del cumplimiento de la orden de ejecución de obras emitido por esta Delegación Territorial de fecha 13/04/2021, los titulares del Lugar de Interés Etnológico deberán presentar el correspondiente proyecto de conservación según los establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, De otra parte, en esta Delegación Territorial sólo obra solicitud de autorización de "Reposición de cubierta de nave en polígono 6, parcela 18 de la finca Huerta Noble de La Redondela (Isla Cristina, Huelva) (Expte. 153/2017), de fecha de entrada en el registro general de la Delegación Territorial de 11/10/2017. Dicha solicitud fue desestimada por encontrarse en curso un expediente de exigencia del deber de conservación del Bien de Interés Cultura del Lugar de Interés Etnológico Huerta Noble.

Tras sendas reuniones mantenidas entre técnicos del Servicio de Bienes Culturales adscrito a esta Delegación Territorial y, por un lado, con dos delos titulares del inmueble denominado Huerta Noble, y por otro lado, con un miembro del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina así como técnica del mismo, ambas partes manifestaron el interés en ceder y adquirir derechos de usos, según corresponde, sobre el Bien de Interés Cultural en cuestión para su conservación y puesta en valor, Todo ello, una vez se finalice con el expediente de exigencia del deber de conservación incoado por nosotros. En este sentido, estamos a la espera de la emisión del nuevo informe de los servicios técnicos del Consistorio isteño actualizando el contenido del ya emitido en fecha de 20/09/2018. Tras su puesta a disposición a la totalidad de los interesados, desde esta Delegación Territorial se promoverá mantener una nueva reunión entre todas las partes titulares del Bien de Interés Cultural y Corporación local para cerrar un acuerdo de cesión de derechos sobre tan singular bien cultural de la provincia de Huelva”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Cristina también ofreció su informe con fecha 8 de septiembre de 2022 en el que viene a señalar:

“Que, una vez visto el bien y estudiado el proyecto con Delegación, con fecha 26 de enero de 2018, enviamos convocatoria para reunirnos con los propietarios y hacerles saber nuestra propuesta, que no es otra que llegar a un acuerdo de cesión temporal del bien para poder actuar en el mismo y así paliar la carga que un posible expediente sancionador puede acarrearles.

A dicha reunión acceden dos propietarios que están dispuestos a ceder la propiedad de manera temporal, entendiendo que para ellos es imposible atender la demanda de la Consejería de Cultura, por el alto desembolso económico que ello requiere.

Que, tras reiteradas llamadas e intentos de reuniones, hay un tercer propietario que no accede a ello, incluso sabiendo que es muy posible que su negativa termine en sanción. Puesto que sin la afirmación de los tres propietarios es imposible llegar a un acuerdo, sólo nos queda instar a los propietarios al deber de conservación del BIC.

Que, con fecha 17 de agosto de 2018 se nos solicita a los servicios municipales, por parte de la Delegación Territorial, informe sobre la concreción y valoración de las obras a ejecutar para la conservación del bien en relación con cada uno de los titulares, a fin de continuar con el expediente. Dicho informe se entrega con fecha 20 de septiembre de 2018.

Que, en 2021, se recibe llamada de la Delegación Territorial de Cultura de Huelva, por la que se nos comunica que se ha iniciado el expediente sancionador contra los propietarios de Huerta Noble y, al ponerse en contacto con ellos, quieren llegar a un acuerdo para evitar dicho expediente. Por ello, nos volvemos a reunir en la Delegación y en Huerta Noble y, actualmente, estamos esperando respuesta por parte de uno de los propietarios para reunirnos todas las partes y poder llegar a algún tipo de acuerdo que evite que el bien siga deteriorándose y su futura puesta en valor.

Que, a pesar de las negativas de uno de los propietarios, curiosamente el de la zona en peor estado de conservación, la respuesta de los otros dos propietarios siempre ha sido positiva, dejándonos actuar en su propiedad para labores de limpieza y desbroce e incluso actuando ellos en zonas afectadas”.

Los informes transcritos atribuyen el marco de responsabilidad de las acciones de conservación y mantenimiento del inmueble, que se sitúan en los titulares propietarios del mismo. Una vez que el informe de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico aclara que el inmuble cuenta con la calificación de BIC, el marco de responsabilidad respecto al inmueble se sitúa conforme establece el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que requiere a los titulares del Bien de Interés Cultural en cuestión el cumplimiento del deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo para la salvaguarda de sus valores. Y, en el mismo sentido, la presente queja incoada por iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz, no ha dejado de tener presente un factor de riesgo por el agravamiento de daños para el propio inmueble y sus elementos de valor cultural, en especial su columbario

Como vemos, la conservación y mantenimiento corresponde a la titularidad del inmueble y es en este marco de responsabilidad en el que se deben definir las medidas que superen los problemas y debilidades del inmueble. Y precisamente, ante dichas circunstancias, se establecen por la normativa las potestades que persiguen dotar a las administraciones públicas de herramientas efectivas y ejecutivas para garantizar la conservación y puesta en valor de estos elementos culturales, tal y como hemos visto.

Desde luego, la finalidad de la actuación de oficio emprendida por propia iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado dirigida a conocer la situación de un inmueble que, ostenta un Bien de Interés Cultural (BIC), con un indudable interés histórico y artístico; a la vez que su fin último es lograr el efectivo respecto a los mandatos legales de protección de estos intereses patrimoniales que están en juego una vez confirmado el deficiente estado de conservación del inmueble.

Insistimos en que la responsabilidad primaria se debe atribuir a los propietarios del inmueble. Pero no se puede omitir la capacidad de intervención que ostentan las autoridades culturales para instar desde su función tutelar la adopción de todas las medidas técnicamente adecuadas para abordar una situación de riesgo para su conservación.

En suma, la oportunidad de incoar la queja de oficio queda cumplida a la vista de las informaciones recibidas y que ponen de manifiesto una situación progresiva de desatención de la Huerta Noble en La Redondela, de Isla Cristina. Un deterioro labrado en el tiempo que fue advertido de manera expresa por estudios realizados por técnicos de la Delegación Territorial en matera de Cultura y el Ayuntamiento de la localidad, al menos desde 2018.

Durante este plazo se conocen iniciativas y contactos con varios titulares para colaborar en la consolidación de varios elementos del inmueble y estudiar alternativamente unas fórmulas de cesión que garanticen los proyectos de conservación necesarios.

En todo caso, y más allá del éxito de estas conversaciones, no se puede soslayar la reglada intervención de las autoridades culturales para ordenar, en su caso, a la propiedad las actuaciones necesarias de rehabilitación y disponer todas las medidas que resultaran precisas para la protección del inmueble.

Por tanto, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no podemos dejar de posicionarnos en favor del impulso ante las medidas de conservación y protección de la Huerta Noble en La Redondela, de Isla Cristina requiriendo de las Administraciones Públicas competentes las actuaciones que hemos apuntado. Es decir, impulsando desde el ayuntamiento los estudios y actuaciones que indica en su informe y, por otra parte, esperamos que la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva pueda ofrecer su apoyo y asesoramiento técnico en todas las cuestiones que puedan afectar a los valores históricos y artísticos del inmueble.

En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

En esta Institución se han tramitado varios expedientes de queja a instancia de parte referidos a la imposibilidad de realizar la presentación de solicitudes en plazo para participar en determinados procesos selectivos, convocados por la Junta de Andalucía, debido a incidencias en la plataforma habilitada al efecto para cumplimentar la solicitud telemáticamente.

Recibido el informe solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, ésta nos informó de que se había habilitado un nuevo plazo de presentación de solicitudes, entre los procesos selectivos afectados por esta medida se encontraban los de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) y el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).

El promotor de la queja expone que por Resolución de fecha 10/03/08 se le reconoció el Grado II, de Dependencia Severa, nivel 2, sin que se le hubiese elaborado ni, por tanto, aprobado, el programa individual de atención.

Con un 75% de discapacidad, en fecha 10/06/21 presentó solicitud para la revisión de la situación de dependencia a causa del empeoramiento de su estado de salud.

Admitida a trámite la queja, e interesados sobre los hechos expuestos ante la Administración, y tras las gestiones oportunas, finalmente se nos informa de que, tras la solicitud de revisión de la situación de dependencia, en fecha 24/11/21 se le habría reconocido el Grado III de Gran Dependencia, recepcionándose la nueva propuesta de PIA el 18/04/2022, teniendo entrada en el departamento correspondiente para su estudio el día 6/05/2022.

Finalmente, se nos informa que se ha dictado la correspondiente Resolución de Aprobación de PIA, consistente en Prestación Económica como el recurso más adecuado a sus nuevas circunstancias.

Dado que el asunto ha quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones.

En el expediente de queja, con el número arriba indicado, nos traslada la falta de resolución expresa a las solicitudes de documentación presentadas ante la Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Guadalquivir, ante el derecho que le ampara a recibir información al ser representante de un grupo político y pertenecer al pleno de la mancomunidad.

Tras instar al Presidente de la Mancomunidad para que emita resolución expresa respecto a la solicitud de documentación, nos remiten copia del informe en el cual nos manifiesta que se le ha facilitado la documentación e información interesada en sus escritos.

Al haberse puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

En el expediente de queja, con el número arriba indicado, nos traslada la presunta vulneración de trámites por parte del Ayuntamiento de Fuengirola en la elaboración de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, concretamente respecto al trámite de audiencia y su publicación en el Portal de Transparencia, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras la petición de informe para conocer las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente y una vez analizado el informe remitido se emitió Resolución recomendando “declarar la nulidad del procedimiento de elaboración de la Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Fuengirola, por no observarse los trámites legalmente previstos en la elaboración de la ordenanza municipal en el artículo 133 de la LPACAP, lesionando el derecho de participación ciudadana en el citado proceso normativo”, así como “..se inicie un nuevo proceso normativo en el que se respeten los cauces y trámites de participación ciudadana, conforme a lo previsto en la normativa de referencia”

Como respuesta a la Resolución el Ayuntamiento nos comunica que una vez que se finalice la revisión del texto, se llevará a cabo de forma adecuada una nueva publicación con el texto íntegro para la iniciativa normativa conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Al considerar aceptada nuestra Resolución y solucionado el asunto, damos por terminada nuestra intervención y procedemos a su archivo.

El Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución ante la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, recomendando dotación de personal suficiente para atender las solicitudes de escolarización extraordinaria al menos durante el periodo en que se produce mayor número de solicitudes; que se establezcan los mecanismos adecuados para que quede constancia de la recepción de resoluciones de escolarización por el centro docente y las familias, y que en el procedimiento ordinario de escolarización, tras la certificación del número total de alumnos y alumnas matriculados se verifique la efectiva matriculación del aquel alumnado que no hubiera formalizado su matrícula.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente las Recomendaciones formuladas. Así, la Dirección General requerida va a dar traslado al órgano directivo competente en materia de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para que estudie la posibilidad de solicitar un aumento de los recursos personales en los respectivos servicios de planificación y escolarización provinciales.

Igualmente, se instará desde la Dirección General a las distintas Delegaciones Territoriales a que adopten las medidas necesarias para que en el procedimiento de escolarización extraordinaria se realice un seguimiento y control para comprobar que el menor o la menor para quién se ha solicitado plaza haya sido matriculado en el centro asignado.

Asimismo, se instará a las citadas unidades administrativas a que verifiquen que en el procedimiento de escolarización ordinario se han formalizado las matriculas del alumnado que cursa enseñanzas obligatorias en Andalucía.

La presente queja se tramita en relación con la petición planteada ante la definición de los recursos profesionales de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en un centro en la provincia de Málaga.

En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, se hizo eco del caso y nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, para conocer la situación expresada en la queja. Y así solicitamos ante dicho organismo información sobre la petición expresada en la citada queja.

Los servicios de esta Delegación han enviado informe en el que se manifestaba lo siguiente:

“Atendiendo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato "La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, la Consejería competente en materia de educación determinará aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización para la escolarización de este alumnado.

La Administración educativa realizará una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social".

Así mismo, en el artículo 4 determina que "... la Consejería competente en materia de educación programará la oferta educativa de las enseñanzas a las que se refiere este Decreto, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, la Administración educativa garantizará la existencia de plazas suficientes”.

En función de todo lo expuesto, entendemos que el menor precisa ser escolarizado en un centro que disponga de todos los recursos que se recogen en su dictamen de escolarización, tanto personales como materiales, entre ellos el profesional técnico de integración social conforme a las necesidades que presenta.

La dotación del recurso mencionado, al tratarse de un recurso de difícil generalización, está supeditada al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos ya que existe oferta de atención de este recurso en la zona, que puede dar respuesta a las necesidades educativas que presenta el menor.

No obstante, desde el servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de Málaga, se realiza el estudio de necesidades de recursos de atención a la diversidad de forma continuada, con objeto de proceder a las peticiones de los mismos para mejorar la atención a la diversidad, en los centros educativos.

Es por ello por lo que durante el presente curso 2022/2023, y procurando una distribución lo más equitativa posible de los recursos especializados en la provincia de Málaga, se ha procedido a la reubicación del alumnado donde se encuentren estos recursos de difícil generalización”.

Estudiado el informe de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, nos encontramos con un ejemplo añadido de este tipo de quejas en el que se evidencia una discrepancia entre los criterios organizativos que se ofrecen desde las autoridades y la aplicación concreta que se produce en cada centro y, no digamos, en cada alumno a la luz de la interpretación expresada por las familias.

En el presente caso parecen relacionarse dos situaciones distintas. De un lado la aspiración, perfectamente acreditada, de que la familia pueda matricular a los dos hijos en un mismo centro acorde a su proximidad y contando con el precedente de la hermana mayor que cursa sus estudios en un CEIP. Y de otro lado la derivación del hermano, alumno con NEE,que no es inscrito en el CEIP de referencia por la razón de que dicho centro no cuenta con el apoyo de PTIS que el alumno requiere.

Y creemos que esta ausencia se convierte en el único factor aludido para justificar que este alumno no pueda incorporarse al CEIP de referencia de la familia, donde ya estudia su hermana. Una carencia de PTIS que tampoco surge como un requisito dotado de una especial singularidad o exigencia, a lo que se añade como argumento sumado el que existen según la familia –dato no rebatido por la Delegación― otros 10 niños que reclaman el mismo servicio para poder integrarse en dicho CEIP. En cambio, se derivan a otros centros de la zona de Ciudad Jardín por la razón de que el centro de referencia carece de un recurso calificado de “difícil generalización”.

Más allá del dudoso término empleado, las funciones de PTIS podrían calificarse como elementales en el dispositivo de profesionales dedicados a la atención más común, habitual y básica para este tipo de alumnado y cuya ausencia se vuelve un serio impedimento de disponibilidad para cualquier centro que debe responder a una elemental capacidad de integración de este sector de alumnado NEE en un distrito de Málaga.

De ahí que no podemos calificar de manera adecuada a la actual plantilla del centro, toda vez que la ausencia de este perfil profesional afecta a las prestaciones efectivas de integración que debería abordar el CEIP .

Hemos de destacar la afirmación de que, “...desde el servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de Málaga, se realiza el estudio de necesidades de recursos de atención a la diversidad de forma continuada, con objeto de proceder a las peticiones de los mismos para mejorar la atención a la diversidad, en los centros educativos”.

Pues bien, sin llegar a formular un pronunciamiento como Resolución, sí nos pronunciamos desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, porque estos estudios concentren sus evaluaciones en las carencias que presenta el CEIP en cuestión para atender al alumnado con NEE mediante la presencia de los servicios de PTIS que permitan incorporar entre su alumnado a los menores necesitados de sus entornos próximos de escolarización.

Por ello, debemos dar por concluidas nuestras actuaciones y proceder al cierre de la presente queja. En todo caso, permaneceremos atentos al proceso y los resultados concretos para garantizar la adecuada atención al menor acorde a sus necesidades a lo largo del curso.