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ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la denuncia del funcionamiento de una actividad hostelera en una finca sin las autorizaciones exigidas, ha formulado al Ayuntamiento de Carmona recordatorio de los deberes legales sobre esta actividad –que de algunos preceptos podría considerarse como infracción muy grave-, recomendándole que, con carácter urgente se exijan las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los responsables municipales ante la extraordinaria y grave dejadez que hemos observado en la tramitación de los expedientes por parte del Ayuntamiento, procediendo –de acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente- a la inmediata clausura de la actividad si el establecimiento no posee licencia advirtiéndole de que podría incurrir en el delito de desobediencia.

El interesado de la queja 13/2960 nos exponía que era propietario de una entidad mercantil dedicada a la celebración de eventos de una hacienda en el término municipal de Carmona (Sevilla), que cuenta con todas las autorizaciones. Sin embargo, colindante con su hacienda se encuentra otra finca que viene siendo utilizada como salón de celebraciones y que, a su juicio, no cuenta con la preceptiva licencia municipal habilitadora para el desarrollo de tal actividad y que, además, en la misma se han llevado a cabo obras orientadas al desarrollo de la mencionada actividad de salón de celebraciones sin contar con la preceptiva licencia municipal urbanística, no siendo aquellas legalizables.

Ha denunciado estos hechos al citado Ayuntamiento de manera reiterada, pero éste no solventa la situación. Por el mismo motivo se han tramitado ya en esta Institución la queja 11/4119 y la queja 12/2896, en la que fueron remitidos sendos informes.

De la primera de las quejas y del informe emitido por el Ayuntamiento de Carmona se había constatado lo siguiente:

1. Que efectivamente en la finca denunciada se venía ejerciendo la actividad de salón de celebraciones en una nave de 600 metros cuadrados aproximadamente.

2. Que la finca denunciada únicamente tenía licencia de apertura para la actividad de complejo deportivo con bar-restaurante a favor de Dª. ..., no estando amparada en esta licencia el local-nave de 600 metros cuadrados aproximadamente el que se desarrollaba la actividad de salón de celebraciones.

3. Que por parte del Ayuntamiento se habían incoado distintos expedientes sancionadores por los hechos denunciados, contra D. ..., como responsable de los mismos (expediente de protección de legalidad urbanística nº .../2006, arribado por caducidad; expediente de protección de legalidad urbanística nº .../2008, resuelto mediante decreto que ordenaba la reposición a su estado originario de la realidad física alterada; y expediente de clausura de la actividad sin licencia de apertura, iniciado por Decreto .../09, de 26 de Noviembre, estando sin resolver a la fecha del informe).

4. Que, no obstante lo anterior, con objeto de atender las reiteradas denuncias formuladas por D. ..., se había incoado expediente sancionador a D. ..., por infracción a la Ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; así como se había prohibido la actividad de salón de celebraciones en la finca ..., mediante Decreto .../2011, de 7 de septiembre.

Por su parte, en el informe de la queja 12/2896 (tramitada por el mismo asunto), emitido con fecha 14 de Agosto de 2012, se añadía a la anterior información, que:

1. El titular de la actividad denunciada había presentado alegaciones al Decreto .../2011.

2. Que con fecha de 27 de Junio de 2012 se dictó propuesta de resolución del expediente sancionador de referencia por el Sr. Instructor, siendo notificada al afectado con fecha de 26 de Julio de 2012.

A este segundo informe de ese Ayuntamiento se acompañaba la propuesta de resolución a la que se hacía referencia, que tenía el siguiente contenido:

"1.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. ... con D.N.I. número ..., contra el Decreto de Alcaldía nº .../2011, de 7 de Septiembre, por el que se ordena la prohibición inmediata de la actividad de salón de celebraciones en el establecimiento (nave de 600 m² aproximadamente) sito en Finca "...” (...) y se incoa expediente administrativo sancionador al mismo, por infracción a la Ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con base a la fundamentación expuesta anteriormente.

2.- Imponer a D. ... con D.N.I. nº ..., como responsable de la infracción grave definida en el fundamento sexto, la sanción administrativa consistente en multa económica por cuantía de 30.050,61 euros.

3.- Mantener la orden de prohibición inmediata de la actividad de salón de celebraciones en el establecimiento (nave de 600 m² aproximadamente) sito en la Finca "..."...

Se advierte al mismo de forma expresa que la continuación en el ejercicio de la actividad quebrantando la clausura ordenada supone la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el art. 19.5 de la Ley 13/1999 y art. 30 del Decreto 165/2003, de 17 de Junio, y sancionada con multa de 30.050,61 a 601.012,10 euros".

Analizados ambos informes, y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, consideramos que las dos quejas tramitadas se encontraban en vías de solución, por lo que dimos por finalizada nuestra intervención y procedimos al archivo de los expedientes de queja.

Sin embargo, el interesado se volvió a dirigir a esta Institución por el mismo asunto, exponiendo, entre otras cuestiones, lo siguiente:

"Que esta parte tiene conocimiento de que se siguen realizando celebraciones en el citado inmueble, exactamente lleva varias semanas, celebrando varias comuniones y bodas, teniendo noticias de que en las próximas semanas habrá más eventos.

Que nos hemos puesto en contacto con el instructor del expediente en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, sin obtener respuesta al respecto, y además se ha presentado de nuevo escrito a ese Excmo. Ayuntamiento, informando sobre la continuidad en la actividad ilegal.

Ante la pasividad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para hacer cumplir lo ordenado en el Decreto referenciado, obviando todas las denuncias y comunicaciones que hemos efectuado nos vemos en la obligación de enviar nuevamente queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, informando sobre la continuidad de la situación denunciada en Agosto de 2011 y solicitando su colaboración para que se realicen las actuaciones pertinentes con objeto de solucionar la situación denunciada".

Tras admitir a trámite la queja, interesamos el preceptivo informe al Ayuntamiento de Carmona, que cuando recibimos remitimos al interesado para que éste presentara las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas.

CONSIDERACIONES

1. El establecimiento cuya actividad viene siendo desarrollada ilegalmente desde hace años fue ya objeto de denuncia, como perfectamente conoce ese Ayuntamiento, por esta causa.

De hecho, no sólo se presentaron denuncias ante ese Ayuntamiento, sino que también el denunciante presentó dos quejas ante esta Institución, como también conocen en ese Ayuntamiento, con los números de queja 11/4119 y queja 12/2896, que fueron archivadas al entender, de acuerdo con los informes recibidos, que se iban a adoptar las medidas procedentes para impedir que en la finca “...”, propiedad de D. ..., se celebraran eventos en una nave de 600 m², actividad para lo que no está autorizado.

2. El establecimiento únicamente tenía licencia para la actividad de complejo deportivo con bar-restaurante a favor de Dª. ... y, pese a ello, se estaba realizando la actividad mencionada y, además, se había ampliado la construcción sin licencia, habiéndose incoado expediente de protección de la legalidad urbanística núm. .../2006, archivado por caducidad, núm. .../2008, en el que se dictó resolución ordenando la reposición a su estado originario de la realidad física alterada y expediente de clausura de actividad sin licencia de apertura iniciado por Decreto .../09, de 26 de Noviembre.

Asimismo, se había incoado expediente sancionador a D. ... por infracción de la Ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (en adelante, LEPARA), prohibiéndole el ejercicio de esa actividad mediante Decreto 1235/2011, de 7 de Septiembre.

En este último expediente y pese a que el titular presentó alegaciones al Decreto 1235/2011, el Instructor del expediente propuso la prohibición inmediata de la actividad de salón de celebraciones en el establecimiento y la incoación de expediente sancionador por infracción de la LEPARA. También se propuso imponerle una multa de 30.000 euros.

Sin perjuicio de ello, se incluyó también una prohibición inmediata de la actividad y se le hacía advertencia de que, de quebrantar la orden de clausura, se daría lugar a una infracción muy grave, tipificada en el art. 19.5 LEPARA y del art. 30 del Decreto 165/2003, de 17 de Junio, sancionada con multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.

3. El reclamante presentó queja en 2013, manifestando que, pese a todo ello, el establecimiento seguía funcionando ilegalmente y se interesaba porque se realizaran, desde esta Institución, las actuaciones pertinentes con objeto de solucionar la situación denunciada.

En su respuesta a nuestra petición de informe, esa Alcaldía nos dice, en resumen, lo siguiente:

a) Que el expediente .../2011, iniciado mediante Decreto .../2011, de 11 de Septiembre de 2011, no fue resuelto en plazo, por lo que se había producido la caducidad del mismo al haber transcurrido un año desde su incoación.

Llegados a este punto es preciso tener en cuenta que la propuesta de resolución, según información obrante en el expediente, se había dictado con fecha 27 de Junio de 2012. Es decir, teniendo plazo suficiente para resolver lo que procediese a la vista de las alegaciones del denunciado o, una vez transcurrido el plazo, si estas no se presentaron resolver lo que procediera en derecho. Sin embargo, sin motivación ni justificación alguna que conste en el expediente, no se dicta ninguna resolución cuando habitualmente éste es un trámite que, una vez realizada la propuesta de resolución, no conlleva, habitualmente, complejidad alguna sino simplemente valorar, en su caso, las alegaciones realizadas a la propuesta de resolución y resolver.

La consecuencia de ello es que, pese a las pruebas existentes, las advertencias realizadas, las denuncias formuladas y las quejas presentadas en esta Institución, el expediente caduca sin justificación aparente alguna por el mero paso del plazo de un año sin dictar resolución desde que el mismo se incoa. Es decir, la inexplicable pasividad del Ayuntamiento en la tramitación del expediente motiva que se produzca la caducidad del mismo, prevista en el apartado 4 del art. 28 LEPARA.

b) También nos dice esa Alcaldía-Presidencia que el expediente .../2009, de clausura de la actividad sin licencia, ha caducado pues transcurridos tres meses no se había dictado resolución. A ello hay que añadir que el expediente .../2006, de protección de la legalidad urbanística, también se archivó por caducidad.

Por si esto no fuera suficiente, consta también que el expediente de protección de la legalidad urbanística .../2008, según el denunciante incoado para ordenar la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, se encuentra sin resolver y, lógicamente, caducado aunque no lo cite esa Alcaldía. El expediente de clausura de la actividad sin licencia de apertura, iniciado por Decreto .../09, de 26 de Noviembre, según el denunciante está todavía sin resolver.

4. A mayor abundamiento, en su informe de 1 de Julio de 2013, en lugar de mostrar el compromiso de adoptar las medidas oportunas para proceder, previos los trámites legales oportunos y como medida cautelar, a la inmediata clausura del local, sin perjuicio de exigir las responsabilidades de todo orden a las que hubiera lugar para aclarar si proceden o estamos ante un supuesto de connivencia con el denunciado, se nos dice que se ha iniciado el procedimiento para modificar las Normas Subsidiarias Municipales y que, una vez aprobada ésta, se procedería a legalizar las obras ilegalmente realizadas, ya que al aprobarse esta modificación se cambiaría el “parámetro urbanístico de distancia a linderos, que es lo que imposibilita su legalización a fecha actual”.

Con independencia de que la modificación propuesta debe obedecer a causas de interés público o general claramente justificadas, la normativa vigente no es el planeamiento en tramitación sino la ordenación urbanística en vigor y, de acuerdo con ello, lo procedente es lo que ya hemos indicado y no dilatar, a sabiendas que no es conforme a derecho, la adopción de las medidas procedentes para hacer respetar la legalidad de la LEPARA, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, LGICA).

Como colofón a tantas disfuncionalidades se nos dice, en su escrito de fecha de salida 2 de Julio de 2013, que “se ha tenido conocimiento de la celebración de un banquete de bodas el 27 de Abril de 2013, según consta en el acta de inspección”, pero que “se ha decidido por esta Alcaldía la realización de una serie de actuaciones previas mediante Decreto núm. ..., de fecha 1 de Julio de 2013, que se consideran indispensables y necesarias dilucidar con anterioridad a la incoación, en su caso, de un nuevo procedimiento sancionador por ejercicio de una actividad sin autorización administrativa”.

En fin, podríamos continuar con este relato de hechos que escenifican la actitud mantenida por los responsables públicos ante las denuncias (parece ser que en número de 20) de esa actividad ilegal en un inmueble de 600 m² sin autorización, pero vamos a terminar llamando la atención sobre el hecho de que un promotor que pretendía celebrar una fiesta, como parece que es habitual en el establecimiento en cuestión, se permitió publicar en la página web de ese Ayuntamiento el anuncio de la celebración de una fiesta ibicenca para el día 13 de Julio, en la Finca ..., sita en ... Tal fiesta no tuvo lugar no porque directamente el Ayuntamiento adoptara medida alguna al publicarse el anuncio en la mencionada página web del Ayuntamiento, sino porque, tal y como consta en el expediente, una llamada de un vecino alertó a la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente de que se había colgado el mencionado cartel publicitario por parte del promotor de la fiesta, que era la asociación cultural ..., cuyo Presidente inmediatamente desconvocó la fiesta, una vez que tuvo conocimiento, ahora sí, por el Ayuntamiento de que el establecimiento en cuestión carecía de licencia para realizar este tipo de actividades.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar los siguientes preceptos legales:

1.1.   Art. 6, aptdos. 6 y 8, LEPARA, Competencias de los municipios, cuyo tenor es como sigue:

«6. La prohibición o suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no sujetos a autorización autonómica, en los supuestos previstos en el artículo 3 de la presente Ley. (...)

8. Las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas que competan a los municipios, sin perjuicio de las que correspondan a la Administración autonómica, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuando el otorgamiento de las autorizaciones sea competencia de la Administración municipal».

Siendo así que, del relato de los hechos aportado, se deriva que el establecimiento en cuestión ha podido incurrir, según se desprende de los expedientes incoados, en infracciones muy graves, como las tipificadas en los arts. 19, aptdos. 1, 2, 5 y 15, de la citada Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

1.2.   Del art. 195 y ss., en relación con el 194 de la LOUA, a tenor de lo concerniente a las infracciones urbanísticas cometidas y las necesidad, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar, de que se restituya el orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad física alterada, de acuerdo con lo previsto en el art. 182 y ss. de la mencionada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.3.   De los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

-     Art. 12.1: «1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes».

-     Art. 57.1: «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa».

-     Art. 94: «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior».

-     Art. 95: «Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales».

-     Art. 3.1. «Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». Siendo este precepto coincidente con la previsión contenida en el art. 103.1 de la Constitución y art. 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo.

1.4.   Del art. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye al Alcalde, en su aptdo. 4.b), «Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno Local».

RECOMENDACIÓN para que:

2.1.   Se ordene, con carácter urgente, una investigación a fin de, previos los trámites legales oportunos, exigir las responsabilidades de todo orden en la que hayan podido incurrir los responsables de la extraordinaria y grave dejadez que hemos observado en la tramitación de estos expedientes.

2.2.   Que se den instrucciones para que, con carácter urgente, se impulse la tramitación de los expedientes sancionadores que no hayan caducado y se inicien otros nuevos en aquellos supuestos en los que sí se haya producido la caducidad de los expedientes pero no la prescripción de las infracciones cometidas.

2.3.   Se inicien los expedientes sancionadores respecto de los hechos que deben dar lugar a su incoación y todavía no se haya realizado actuación administrativa alguna.

2.4.   Si de la actitud de desobediencia a las órdenes de clausura de las actividades dictadas al denunciado y si de la pasividad mostrada por las autoridades y funcionarios que hayan intervenido en los expedientes se derivara, en algún caso, que se ha podido incurrir en alguna conducta que, presuntamente, sea delictiva, se dé cuenta inmediata a las autoridades judiciales a los efectos oportunos.

2.5.   Se proceda, de acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente, a la inmediata clausura de la actividad en el establecimiento que no posea licencia, con advertencia formal de que si no se respeta una vez más esta orden podría incurrir en el delito de desobediencia, tipificado en el art. 556 del Código Penal. Ello, lógicamente, sin perjuicio de que si, a la vista de los hechos que anteceden, considera esa Alcaldía que ya se ha podido incurrir, presuntamente, en el mencionado delito, se dé cuenta, con carácter inmediato y tal y como ya hemos dicho, a la autoridad judicial competente.

2.6.        Se informe, con carácter urgente, a esta Institución de la justificación, en términos de interés público y tratándose de suelos que deben ser protegidos y como suelo no urbanizable, especialmente por motivos obvios, en el municipio de Carmona del contenido de la modificación que se está tramitando de las Normas Subsidiarias y cuya aprobación beneficiaría, en este caso, al denunciado que no ha podido legalizar hasta ahora la enorme obra construida sin licencia municipal.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento de Cantillana sus obligaciones por la instalación de una churrería sin licencia, recomendándole que proceda a comprobar si la suspensión de la actividad ha sido ejecutada.

En este expediente de queja, el interesado denunciaba la pasividad, o inactividad, del Ayuntamiento de Cantillana ante sus denuncias por las molestias que venía sufriendo en su domicilio a causa de la instalación de una churrería en el patio de la vivienda colindante, en el número 51 de su misma calle. Al tratarse de casas adosadas, la cercanía de ese patio a la vivienda del afectado es máxima, por lo que se trata de una actividad que genera intensas molestias en el interior de su propia casa, llenándola de malos olores, humos y ruidos.

Nos trasladaba, en este sentido, que esta situación irregular se había comunicado de forma constante al Ayuntamiento de Cantillana desde Noviembre de 2012 y que, a día 9 de Abril de 2013, lo único que habían recibido del Ayuntamiento era la exigencia formal de que debían presentar escrito de denuncia, rellenando así una hoja Modelo General de Solicitud dirigida a la Alcaldía. Pese a cumplimentar ese trámite, a día de 15 de Mayo de 2013, habiendo pasado más de 7 meses desde las primeras quejas y tras innumerables visitas al Ayuntamiento de Cantillana, el Ayuntamiento seguía sin ejercitar sus competencias.

Con tales antecedentes, admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento, al que se interesó el preceptivo informe mediante escrito de Junio de 2013, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. Dicho informe nos fue remitido mediante oficio de Agosto de 2013, y en el mismo se nos trasladaba lo siguiente:

- Que la actividad a la que se refería la denuncia del afectado y promotor de la queja, se había instalado en una zona trasera de la vivienda, donde se había cerrado el patio que existía inicialmente, sin la oportuna licencia municipal.

- Que al haberse cerrado y ocupado el patio, la vivienda no cumple con la ocupación permitida en dicha zona, con lo cual esa obra no es legalizable, habiendo incurrido en infracción urbanística.

- Que el planeamiento aplicable no permite, ni siquiera como uso compatible, la instalación de una churrería en la zona de referencia.

En definitiva, el Ayuntamiento había tenido la ocasión de constatar que se había cometido una infracción urbanística y que, además, se estaba desarrollando una actividad no permitida, lo que dio lugar a que se dictara la Resolución de Alcaldía número .../2013, de 29 de Julio de 2013 en la que se adoptaban, entre otras, las siguientes medidas:

- Ordenar al titular de la churrería la inmediata suspensión de la actividad, advirtiéndole de que, en su caso, podría procederse al precintado de las instalaciones o usos, conforme a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y al Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

- Advertir al interesado de que, si la orden de suspensión fuera desatendida, podría dar lugar a la retirada y el depósito de maquinaria y materiales, instalaciones y usos, así como a la imposición de multas coercitivas, de conformidad con las normas antes citadas.

- Recabar de la policía local la vigilancia del cumplimiento de la orden de suspensión.

Esta Resolución de la Alcaldía fue notificada al titular de la churrería en fecha de 3 de Agosto de 2013.

En vista de lo anterior, dimos traslado del informe del Ayuntamiento al promotor de la queja para que nos confirmara si se había cumplido o, en su caso, ejecutado, la orden de suspensión con objeto de saber si, en definitiva, la actividad municipal había puesto fin a una situación irregular.

En este sentido, en Septiembre de 2013 recibimos un nuevo escrito del afectado con el que nos decía que, a esta fecha, la churrería seguía en funcionamiento y que en ningún momento había dejado de funcionar. Es decir, que un mes y dieciséis días después de que al infractor se le notificara la orden de suspensión, ésta seguía sin cumplirse.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, llama la atención que esta situación irregular se llevara denunciando mucho tiempo antes de que el Ayuntamiento haya decidido practicar las diligencias oportunas y acordar una resolución administrativa de suspensión. Comprobamos, en este sentido, que aunque el primer escrito de denuncia que se presenta como tal en el Ayuntamiento tiene fecha de Abril de 2013, el afectado nos asegura que, desde Septiembre de 2012 (fecha en la que se inició esta actividad ilegal) había comunicado esta situación irregular y las molestias que le provocaba. Pese a todo, no ha sido hasta Julio de 2013 cuando se ha dictado la Resolución de Alcaldía número .../2013, ordenando la suspensión de la actividad.

Decimos que llama la atención porque, en primer lugar, la actividad de churrería denunciada se ejercía, y parece que se sigue ejerciendo, de manera pública y notoria, como apreciamos con las fotografías que nos ha hecho llegar el promotor de la queja, pues, en la puerta del patrio trasero que da a la calle, se ha colocado un cartel de “churros”; pero es que, además, se trata de una actividad cuyas repercusiones (a nivel de humos y olores) es de todos conocida y fácilmente apreciables. Por tanto, entendemos que debería haber sido el Ayuntamiento, ante las primeras denuncias verbales del vecino afectado, el que comprobara en aquellos primeros momentos si la situación era o no irregular, si se ejercía con la debida licencia o si se trataba de una denuncia infundada. Nos parece que una simple diligencia de comprobación, bien de la Policía Local, bien de los técnicos municipales, habría permitido hacerse una idea clara de que se estaba ante una clara irregularidad. Por ello, entendemos que fue absolutamente innecesaria la exigencia de que el afectado tuviera que presentar escrito por registro en el Ayuntamiento, sin que en estos momentos sea preciso recordar a los responsables municipales la validez y el reconocimiento de la denuncia verbal, así como la posibilidad de realizar comprobaciones de oficio.

Estas circunstancias, que denotan un ejercicio tardío e ineficaz de las competencias municipales, nos lleva a recordar a ese Ayuntamiento que el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), exige a las Administraciones Públicas que actúen de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, dentro del marco que la Constitución configura para la Administración en sus artículos 9.3 y 103.1. Es evidente que en el caso de esta queja no se ha tenido en cuenta ninguno de estos principios, puesto que el Ayuntamiento de Cantillana ha tardado varios meses en dictar una Resolución ordenando la suspensión de la actividad ilegal.

Abundando en lo dicho, tampoco estos principios se han tenido en cuenta una vez que se ha dictado la Resolución de Alcaldía por la que se ordena la suspensión de la actividad ilegal. Recordemos que dicha Resolución se notificó al titular de la actividad el 3 de Agosto y que el 19 de Septiembre seguía desarrollándose, lo que esperamos tenga sus consecuencias por cuanto supone el incumplimiento de la orden de suspensión. De ahí que deba recordarse que la LRJPAC dice en su artículo 56 que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley, y en su artículo 57, que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa y que su eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

No obstante lo anterior, somos conscientes de que en el caso objeto de esta queja, si el titular de la actividad ilegal no cumple voluntariamente con la orden de suspensión, al estar dicha actividad ubicada en el interior de un domicilio particular, para ejecutar esta orden de manera forzosa, el Ayuntamiento debe recabar el consentimiento de su morador o bien recabar la oportuna autorización judicial de entrada en el mismo. Pero, sea como sea, debe realizar cualquiera de estas actuaciones con la máxima diligencia y con la máxima eficacia, para no dar lugar a una situación de permisividad en la que las molestias generadas por una actividad ilegal son muchas, pues un puesto de churros en un domicilio tiene implicaciones a nivel de gases, humos, olores y emisiones a la atmósfera.

Por último, no queremos dejar de invocar aquí la procedencia de que el Ayuntamiento de Cantillana, además de procurar el cumplimiento de la orden de suspensión de la actividad, tramite el oportuno expediente sancionador por la infracción urbanística detectada en la vivienda y por el desarrollo de una actividad sin licencia, concluyéndolo con la correspondiente sanción.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales previstos en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en los artículos 56 y 57 del mismo cuerpo legal, y en el marco de lo dispuesto en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución Española, en cuya virtud el Ayuntamiento de Cantillana debe actuar conforme a los principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Ley, y en la consideración de que los actos administrativos son ejecutivos y producen efectos desde la fecha en la que se dictan.

RECOMENDACIÓN para que, sin más demoras injustificadas, se proceda, por parte de la Policía Local, a comprobar si la orden de suspensión de la Resolución de Alcaldía número .../2013, ha sido cumplida voluntariamente por el titular de la actividad ilegal, procediéndose en caso contrario y de forma urgente, previos trámites legales oportunos, a ejecutarla forzosamente, recabando el preceptivo consentimiento para la entrada en el domicilio o bien la correspondiente autorización judicial de entrada.

RECORDATORIO del deber de ejercitar las competencias municipales previstas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en lo que respecta a sus funciones de inspección, vigilancia, protección de la legalidad, disciplina y sanción de las infracciones, teniendo presente que, como dice el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.

RECOMENDACIÓN para que, sin más demoras, se incoe y tramite expediente sancionador contra el titular de la actividad ilegal, tanto por la constatación de la comisión de una infracción urbanística en el domicilio en el que se ubica la churrería, como por el desarrollo de una actividad sin licencia. La tramitación de este expediente debe someterse al principio de celeridad e impulsarse de oficio en todos sus trámites, según establece el artículo 74 de la Ley 30/1992.

RECOMENDACIÓN para que, si quedara acreditado que la orden de suspensión dictada ha sido incumplida, se proceda, previos trámites legales oportunos, a la imposición de las sucesivas multas coercitivas que correspondan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Ante el retraso de más de dos años en resolver las reclamaciones que se están presentando en el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado al Alcalde-Presidente del citado Ayuntamiento Recordatorio de los principios que rigen la actuación administrativa de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, impulsando de oficio los procedimientos en todos sus trámites, recomendándole que adopte las medidas oportunas para dotar al Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía.

El interesado de la queja 13/3943 nos exponía que presentó recurso administrativo contra la resolución del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Sevilla tras imponerle una multa de tráfico al vehículo propiedad de su empresa. Cuando notificaron por primera vez la multa a la empresa, alegó que él era el conductor habitual, pero sin responderle nada embargaron la cantidad de la cuenta corriente de la empresa.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia Tributaria Municipal nos respondió, en síntesis, que la reclamación económica-administrativa del interesado se encontraba pendiente de la resolución que dictara el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, que aún no se había pronunciado sobre el caso. Nos dirigimos a éste con objeto de que nos mantuviera informados del contenido de la resolución que, finalmente, se dictara por parte de dicho Tribunal Económico-Administrativo en torno a este asunto, a fin de conocer si ha sido estimada o no la reclamación formulada.

Como respuesta, el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo nos informó que la reclamación del interesado tuvo entrada en el citado Tribunal el pasado 22 de Abril de 2013, añadiendo que no se ha entrado todavía en el examen de la misma dado que, actualmente, se están resolviendo las reclamaciones presentadas a mediados de 2011. Se atribuye esta demora al volumen de reclamaciones presentadas y la necesidad de guardar un orden riguroso de incoación de acuerdo con la normativa procedimental que se cita.

Es decir, reconocían que se estaban produciendo, en definitiva, retrasos de más de dos años y que atribuía al gran volumen de reclamaciones presentadas. 

CONSIDERACIONES

Esta justificación municipal del retraso reconocido puede hacer llegar a la ciudadanía la visión de que ese Ayuntamiento sí dispone de medios suficientes para la formulación de denuncias en gran número, para el impulso y tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores y para poner en marcha los mecanismos ejecutivos de recaudación en caso de impago de las sanciones que se impongan, pero por el contrario no se dispone de dicha suficiencia de medios para analizar y resolver acerca de las reclamaciones económico-administrativas mediante las que articulan sus medios de defensa frente a lo que estiman posibles actuaciones irregulares de la Administración municipal sancionadora.

Resulta innegable que la insuficiencia de medios puede generar puntualmente, debido a aumentos no previsibles de expedientes a tramitar, una ineficaz o dilatada resolución de los mismos, pero lo que no resulta adecuado es que, ante un retraso estructural y continuado durante años del funcionamiento de este Tribunal Económico-Administrativo, no se adopten medidas destinadas a paliar esta insuficiencia que viene a suponer un notorio perjuicio para las personas recurrentes.

No nos encontramos, por tanto, ante una situación excepcional, sino más bien ante un problema estructural que exigiría la adopción de medidas que el Tribunal Económico-Administrativo tenga una capacidad de respuesta adecuada a las numerosas reclamaciones que previsiblemente pueden ocasionar el elevado volumen de expedientes sancionadores tramitados, de forma que exista una efectiva proporcionalidad entre los medios sancionadores y los medios de resolución de los recursos que, legítimamente, formula la ciudadanía.

Cabe tener presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a los cuales la actividad administrativa del Ayuntamiento de Sevilla debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de esa Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el art. 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adopten las medidas que procedan para dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía y, en particular, de la formulada por la reclamante.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento de Isla Cristina sus competencias en materia de contaminación acústica, recomendándole que, sin más dilaciones ni demoras injustificadas, proceda abrir las diligencias correspondientes para comprobar la veracidad de los hechos denunciados por la interesada, el ruido que soporta proveniente de un hotel colindante a su vivienda.

En esta Institución se viene tramitando la queja 13/3364 en la que la interesada nos relataba los, para ella, insoportables ruidos que padece en su vivienda procedentes de un hotel colindante con su vivienda. En concreto, la interesada manifestaba que el día 10 de Septiembre de 2012 había presentado un escrito en el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) exponiendo los hechos objeto de su queja y asegurando que, como consecuencia de los ruidos, ni siquiera podía salir a su terraza, cuyas ventanas tiene que cerrar herméticamente para paliar algo las molestias. En este escrito, además, ponía su vivienda a disposición del Ayuntamiento para realizar las oportunas mediciones acústicas.

Con tales antecedentes, además de tener en cuenta que no se había producido respuesta del Ayuntamiento al escrito de la afectada, admitimos a trámite la queja e interesamos la colaboración municipal solicitando el preceptivo informe, y, en concreto, preguntábamos si se habían realizado las mediciones acústicas oportunas de los ruidos denunciados y si, como consecuencia de ellas, se había incoado expediente administrativo alguno.

Como respuesta, el Ayuntamiento nos trasladaba el informe del Ingeniero Técnico Municipal, de Julio de 2013, que tiene el siguiente contenido:

 “1. Que el cumplimiento de la normativa en materia de ruidos y vibraciones, queda acreditado mediante ensayo acústico preceptivo en el trámite de licencia de apertura. Por tanto es competencia de los ayuntamientos exigir para la obtención de la licencia de apertura cuantas normativas en vigor sean de aplicación.

2. En el caso de una denuncia por ruidos sobre un establecimiento con licencia, este ayuntamiento, así como otros, carece de medios técnicos y humanos para realizar dichas mediciones. No obstante, la Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica, en su artículo 13, actuaciones de vigilancia e inspección a petición de ayuntamientos, regula el procedimiento para solicitar la actuación subsidiaria por parte de la Consejería de Medio Ambiente”.

CONSIDERACIONES

A la vista de este informe, desde esta Institución se quieren realizar algunas puntualizaciones:

En primer lugar, entendemos que el hecho de que en la autorización para el inicio de una actividad se hayan cumplimentado todos los trámites legales oportunos –como, por otra parte, debe ser de obligado cumplimiento- no implica que durante el posterior desarrollo de tal actividad puedan darse disfuncionalidades respecto de aquello que se autorizó. Dicho en otros términos, que una actividad sea desarrollada ab initio completamente ajustada a Derecho, no implica que no pueda, más tarde, alejarse total o parcialmente de los parámetros legales, o bien que existan indicios de que así ha ocurrido. Por tanto, en el caso que nos ocupa, si en el momento de otorgar la autorización para el Hotel “...”l se realizó un ensayo acústico que determinó la plena adecuación a la normativa de ruidos de su actividad, ello no quiere decir que años después esta actividad siga estando dentro de los límites legales de contaminación acústica. Esta duda, si cabe, es aún de mayor entidad a la vista de las denuncias de la persona promotora de esta queja, la cual, recordemos, ha puesto su vivienda a disposición del Ayuntamiento para que se pueda comprobar el ruido que sufre.

En segundo lugar, lo que se nos traslada en el punto número 2 del informe, sin dejar de ser cierto (aunque hay que matizar que el Ayuntamiento debe dirigirse, en primer lugar, a la Diputación Provincial), no aclara qué postura se va a adoptar desde el Ayuntamiento ante esta denuncia por ruidos, es decir, si a pesar de la carencia municipal de medios técnicos y humanos se va a solicitar la actuación subsidiaria de la Diputación Provincial o de la Consejería competente, o si no se va a hacer nada. Decimos esto porque, por los términos en que está redactado este punto número 2 del informe, parece que esta información va dirigida a la persona afectada por los ruidos para que sea ella quien se dirija a la Consejería y solicite una medición acústica, siendo así que, sin perjuicio de que el interesado pueda hacer uso de esa opción, es el propio Ayuntamiento quien tiene la competencia para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente y en materia de protección contra la contaminación acústica, y, por tanto, quien tiene que ejercitarla.

Ante esta situación, tras haber solicitado a ese Ayuntamiento dos informes y no conseguir una actuación clara y efectiva, o una explicación suficiente de las competencias ejercidas en esta materia tras la denuncia de la afectada, es por lo que debemos considerar que la problemática objeto de esta queja está en el mismo estado que cuando se inició su tramitación, sin que se haya solventado o, cuando menos, sin que se hayan activado los mecanismos administrativos que conduzcan a una actividad con ruidos dentro de los límites permitidos en la normativa de aplicación. Y, en este sentido, la propia afectada nos asegura, en conversación telefónica de finales de Agosto, que está desesperada por los ruidos que genera el hotel, y que ya no sabe qué hacer.

De ahí que, antes de demorar más aún la tramitación de esta queja para el supuesto de solicitar nuevo informe, se formula la presente Resolución, en los términos al final expuestos, con base en los siguientes Fundamentos de Derecho:

El artículo 9.12.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios, dentro de la competencia general de promoción, defensa y protección del medio ambiente, la relativa a la ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. Por su parte, el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía (en adelante, RPCAA) establece en su artículo 4.2.c) que corresponde a los municipios, entre otras, las competencias relativas a la vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las actuaciones públicas o privadas que no estén sometidas a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental unificada.

En el supuesto objeto de esta queja, hay constancia de que la afectada presentó en el Ayuntamiento, en septiembre de 2012, un escrito denunciando la existencia de ruidos generados por el hotel, y poniendo su casa a disposición de los técnicos municipales para contrastar la veracidad de su denuncia. En este sentido, con independencia de la terminología usada en el escrito de la afectada, pocas dudas caben sobre cuál era su finalidad: denunciar ruidos generados por el hotel, presuntamente por encima de los niveles exigidos con objeto de que, el Ayuntamiento, previa comprobación, adoptara las medidas administrativas correspondientes. En definitiva, se solicitaba al Ayuntamiento que ejercitara, primero, su competencia de vigilancia de la contaminación acústica y, segundo, si resultaba procedente, que ejercitara sus competencias de control y disciplina.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Isla Cristina, al menos hasta la fecha, no ha procedido a comprobar o vigilar, siquiera sea mínimamente, si los ruidos denunciados presentan la suficiente entidad como para activar los mecanismos de control, dejando que persistan durante todo este tiempo, bajo el argumento de que la denuncia presentada no reunía los suficientes indicios para activar los protocolos administrativos en materia de protección contra la contaminación acústica, tal y como se nos ha trasladado en conversación telefónica mantenida por personal de esta Institución con responsables técnicos de ese Ayuntamiento, que sugiere la conveniencia de que los afectados por ruidos presenten, junto a su denuncia, una medición o ensayo acústico que determine la existencia de ruidos por encima de los límites permitidos.

Ante lo dicho, cabe decir que aunque somos conscientes de la limitación de medios personales y materiales con que cuentan los Ayuntamientos, no podemos compartir la línea seguida en ese Ayuntamiento para ejercitar labores de vigilancia, control e inspección del ruido, pues no puede hacerse recaer sobre los afectados la carga previa de hacer un desembolso económico de cierta relevancia para obtener un ensayo o medición acústica particular que revele indicios de los ruidos objeto de sus quejas. Precisamente para ello están las Administraciones Públicas, no resultando necesario, en una primera fase, más que la comprobación inicial de si los ruidos presentan entidad para ser, cuando menos, medidos debidamente por las Administraciones Públicas, en cuyo caso puede solicitarse la cooperación de las Diputaciones Provinciales o de la Consejería competente en materia de medio ambiente. El artículo 55 del Decreto 6/2012 es claro al respecto, por cuanto señala que las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de un procedimiento sancionador a la persona responsable.

Por si alguna duda se planteara en este sentido, cabe decir que el escrito que la afectada presentó en el Ayuntamiento de Isla Cristina en fecha de 10 de septiembre de 2012, contiene todos los extremos mencionados en el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto), ya que incluye la identidad de la persona que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y la identificación de los presuntos responsables.

No puede perderse de vista, como ha declarado reiterada jurisprudencia (del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, además de jurisprudencia menor), que la contaminación acústica es causa de vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio y que puede dar lugar a la condena de la Administración responsable que no la evita a indemnizar a los afectados, al no ejercitar sus competencias propias. Precisamente por estar en juego el respeto a derechos fundamentales es por lo que se exige de las Administraciones Públicas, en este caso de los municipios, un ejercicio lo más efectivo y diligente de sus competencias en materia de protección contra la contaminación acústica.

Llegados a este punto conviene recordar que, ante la falta de medios personales y/o materiales, los Ayuntamientos pueden solicitar a las Diputaciones Provinciales la asistencia necesaria para el ejercicio de sus competencias, y que, aun para el supuesto de que la Diputación Provincial no pueda prestar esta asistencia, cabe que soliciten a la Consejería competente en materia de medio ambiente su actuación de vigilancia e inspección subsidiaria, según establece el artículo 52 del RPCAA.

En cualquier caso, como dice el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. Por ello, no vemos motivo alguno para que el Ayuntamiento de Isla Cristina ejercite cuanto antes, de forma diligente y efectiva, sus competencias en materia de protección contra la contaminación acústica.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO: del deber legal, en el marco del principio de irrenunciabilidad del ejercicio de las competencias enunciado en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de ejercer las competencias fijadas en materia de protección contra la contaminación acústica establecidas en el artículo 9.12.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en los artículos 4.2.c), 50 y 54 del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, especialmente en lo que afecta a la vigilancia, inspección, control y disciplina de la contaminación acústica, así como en lo que respecta a la tramitación de denuncias por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica.

RECOMENDACIÓN: para que, sin más dilaciones ni demoras injustificadas, se proceda de inmediato a tramitar el escrito de denuncia presentado por la interesada en fecha de 10 de septiembre de 2012, ordenando la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados por la promotora de esta queja como consecuencia del ruido que sufre en su vivienda generado por el Hotel ... y, si es necesario, a la incoación de un procedimiento sancionador a la persona responsable, con la adopción de las medidas provisionales que, en su caso, resulten procedentes.

SUGERENCIA: para que, en el supuesto de que ese Ayuntamiento no disponga de medios suficientes para proceder a la inspección de actuaciones en materia de contaminación acústica, se solicite a la Diputación Provincial de Huelva la correspondiente asistencia material para realizar la inspección. 

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz