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En la imagen, la Adjunta Juana Pérez y a continuación Javier Oyarzábal, de FAAD, Andrés Rodríguez, María de Mar García, de FAECTA y José Manuel Olmedo de LARES-Andalucía, junto a Ramón Zamora e Ignacio Aycart, de la Oficina del Defensor.
En la imagen, la Adjunta Juana Pérez y a continuación Javier Oyarzábal, de FAAD, Andrés Rodríguez, María de Mar García, de FAECTA y José Manuel Olmedo de LARES-Andalucía, junto a Ramón Zamora e Ignacio Aycart, de la Oficina del Defensor. Estas entidades han expresado su profunda preocupación por la normativa que se elabora sobre los sistemas de reserva de plazas que podrían dejar de merecer el pago de ayudas lo que provocaría, según indican, el colpaso económico de estas entidades y su cierre dejando sin servicio a muchas personas dependientes, sobre todo en entornos rurales.
Las distintas organizaciones han insistido en poder celebrar una negociación con la Consejería responsable para garantizar los mecanimos de reposición de beneficiarios. incrementar las tasas de cobertura y establecer sistemas puntuales de pago de las plazas concertadas en residencias y centros.
Este tipo de contactos se continuarán con nuevas reuniones para fijiar una propuesta concreta que será presentada ante el propio Defensor Jesús Maeztu en una próxima cita.
Se dirigen a esta Institución unas personas para exponer que el transporte escolar de sus hijas, que residen en una barriada de Huércal-Overa (Almería) a 3 Km. de un colegio rural situado en la aldea de Urcal, no tiene parada en dicha barriada, ocasionándoles graves trastornos familiares.
La Administración educativa nos indica que, dado el interés mostrado posteriormente por el Ayuntamiento, y las actuaciones a que se comprometen tanto la Corporación, como los propietarios de la finca afectada para el tránsito del vehículo de transporte escolar, se ha considerado oportuno no anular provisionalmente la parada y esperar un tiempo prudencial para ver si se materializan las obras de acondicionamiento del camino rural. Posteriormente se ha recibido un informe del Ayuntamiento de la localidad, manifestando que se han cumplido los compromisos asumidos, finalizándose todos los trabajos necesarios para que la parada pueda ser utilizada por el servicio transporte escolar.
Analizamos la retirada de contenedores de aceite dedicados a su reciclaje.
El Defensor del Pueblo Andaluz abrió una actuación de oficio destinada a conocer los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a retirar todos los contenedores de recogida de aceite usado doméstico. Esta Institución entiende que si la empresa que tenía adjudicada la prestación de este servicio no funcionada adecuadamente se adopte la decisión de convocar un nuevo concurso para su adjudicación, pero no podemos entender que se deje a toda la ciudad de Sevilla con la única posibilidad de depositar aceites domésticos usados en los puntos limpios existentes en la ciudad.
Hemos dado por concluidas las actuaciones en esta queja de oficio al conocer que el Ayuntamiento de Sevilla, en los nuevos pliegos de condiciones que regulan el servicio de recogida de aceite doméstico usado, multiplica por cuatro el número de contenedores en la vía pública y establece una serie de cautelas para hacer que la ciudadanía no padezca las eventuales consecuencias e incumplimientos de las empresas adjudicatarias de este servicio en la ciudad.
Desde hace unos meses, esta Institución observaba que, sin que conociéramos los motivos, se estaba procediendo a la retirada de los contenedores de aceite usado en la ciudad de Sevilla. Recientemente, a través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento que el motivo de esta retirada no es otro que el mal funcionamiento –insistimos, según los mencionados medios- de la prestación del servicio de retirada de estos residuos por parte de la empresa que venía gestionándolo, así como por los problemas que se estaban causando como consecuencia de la extracción ilícita de tales residuos para su venta en el mercado por parte de personas que, con tales hechos, estaban causando un deterioro en los contenedores y dejando residuos en las vías públicas.
Pues bien, según estas noticias, el Ayuntamiento de Sevilla, a la vista de estos hechos, ha tomado la decisión de retirar los 200 contenedores que, para este fin, estaban ubicados en distintos lugares de la ciudad.
Aunque, a la vista de estos hechos, por un lado entendemos, y compartimos, que si la empresa que tenía adjudicada la prestación de este servicio no estaba funcionando adecuadamente, se adopte la decisión de convocar un nuevo concurso para su adjudicación, también creemos, y por ello hemos abierto la presente actuación de oficio, que no parece muy adecuado que se deje a toda una ciudad como Sevilla, con una población de más de 700.000 habitantes, con la única posibilidad de depositar aceites usados en los puntos limpios existentes en la ciudad. Ello por cuanto si bien, formalmente, existe una alternativa, que es trasladar estos residuos a los, según la página web de LIPASAM, cuatro puntos limpios ubicados en distintos lugares de la ciudad, a nadie se le oculta la enorme dificultad que supone para los ciudadanos trasladar en sus vehículos estos residuos con esa finalidad. Ello con el resultado de que se va a producir, de hecho ha tenido lugar ya, un aumento significativo de la evacuación de los aceites usados domésticos a lugares inadecuados, lo que, sin lugar a dudas, trae consigo un aumento de la contaminación que se pretendía disminuir cuando en su día se instalaron los contenedores.
En este sentido, es preciso recordar que el vertido de los aceites domésticos usados en los desagües y, de ahí, a la red de alcantarillado de la ciudad no sólo genera obstrucciones y malos olores en las cañerías y la propia red de alcantarillado, si no que, también, .suponen una importante agresión para el medio ambiente y aumenta sensiblemente la dificultad y los costes de la depuración de las aguas residuales.
Por todo ello y sin perjuicio de que, en su caso, se exijan las responsabilidades a que hubiera lugar en función de las cláusulas del contrato con la entidad adjudicataria del servicio, esta Institución considera que, aunque se aceleren los trámites para convocar un nuevo concurso, no se debería haber adoptado una medida tan drástica como la de suprimir todos los contenedores de esta naturaleza en tanto en cuanto comenzara a prestar este servicio la nueva empresa adjudicataria del mismo.
En ella, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla con objeto de conocer, en síntesis, el plazo en que se podría realizar la adjudicación de este servicio, las medidas que se hubieran previsto para evitar que la nueva adjudicataria de la concesión genere problemas similares a los mencionados y las razones por las que se optó por una decisión tan drástica como retirar los 200 contenedores existentes en la ciudad que, parece, que es más lesiva en sus consecuencias ambientales que las que, por sí, ya provocaba la disfuncionalidad de la retirada de los residuos por parte de la empresa adjudicataria y las de las esporádicas extracciones que se estaban realizando de manera ilegal por algunas personas en estos depósitos.
En todo caso, creemos que si no se ha realizado, debiera haber tenido lugar una investigación policial destinada a identificar, y exigir las responsabilidades de toda índole a que hubiera lugar, las personas que realizaban estas extracciones ilegales de aceite como a los titulares de las empresas que recibieran o se beneficiaran de este vertido ilegal.
Tras la resolución formulada por esta Institución, comprensiva de dos Sugerencias, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del informe de LIPASAM, nos comunica, en relación con la primera sugerencia, que iban a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales por daños y perjuicios contra la empresa a la que se le concedió en su momento este servicio, aunque se encuentran con dos cuestiones que lo dificultan: el convenio firmado en su día que era, a su juicio, bastante permisivo y tuitivo con el prestador del servicio, así como una presumible insolvencia económica de la empresa entonces adjudicataria del servicio de recogida de aceite doméstico usado.
En cuanto a la segunda sugerencia, estaban de acuerdo en que la ciudadanía no debe padecer las eventuales incidencias e incumplimientos que provocan una resolución anticipada del contrato; por ello, los nuevos pliegos de condiciones multiplican por cuatro por cuatro el número de contenedores en la vía pública y establecen diversas cautelas como obligación de seguir prestando el servicio hasta la adjudicación efectiva a un nuevo prestador del mismo, prevenciones en materia de cesión y subcontratación, una fianza definitiva al adjudicatario o las cláusulas y causas de resolución anticipada del contrato. Todo ello unido a la intención de establecer un protocolo técnico paralelo que garantice a la ciudadanía la continuidad del servicio ante cualquier incidencia significativa que pudiera ocurrir.
También nos informaban que la recogida de residuos de aceite mediante contenedores en la vía pública representa una mejora sobre la forma habitual de recogida de este tipo de residuos, pues en la mayoría de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Zaragoza, el servicio se sigue prestando sólo en los puntos limpios de cada ciudad.
Con ello, entendimos que se había aceptado el contenido de nuestra resolución, por lo que dimos por finalizada nuestra intervención en esta queja de oficio.
04/08/2014
El Defensor del Pueblo Andaluz ha incluido una queja abierta de oficio en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía al no responder el Ayuntamiento de Tarifa a una resolución.
En cuanto a la presunta venta de arena de la duna de Valdevaqueros con destino a Gibraltar, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos indicó que habían dado cuenta a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz por si se hubiera vulnerado la normativa minera que regula esta cuestión. Con ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
En la queja 13/5034, previo informe del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), formulamos en su día Sugerencia a su Alcaldía-Presidencia para que adoptara las medidas procedentes a fin de que el Ayuntamiento controlara de manera eficiente las toneladas de arena retiradas o extraídas y, en su caso, transportadas en camiones, así como su posterior deposito en las playas o en los lugares que se establezcan expresamente en las autorizaciones de retirada, en aras a garantizar el cumplimiento de los fines que justifican estas operaciones en las correspondientes autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente.
De esta resolución y a pesar de nuestras actuaciones, no recibimos respuesta del Ayuntamiento por lo que tuvimos que proceder a incluir el expediente en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, destacando esta falta de respuesta a nuestra resolución del Ayuntamiento de Tarifa.
En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, fue la Viceconsejería la que nos informó que en el proyecto de retirada de arenas de la duna de Valdevaqueros y aporte a las playas adyacentes, en los términos municipales de Tarifa, Algeciras y Los Barrios, se contemplaba la retirada de 55.000 metros cúbicos de arena y se llevó a cabo por la empresa pública Tragsa, por lo que, en principio, no pudo trasladarse arena desde la playa de Valdevaqueros a Gibraltar. En cuanto a esta presunta venta de arena con destino a Gibraltar, habían dado cuenta a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz por si se hubiera vulnerado la normativa minera que regula esta cuestión. Con ello, finalizamos actuaciones con la Consejería.
Una serie de afectados nos exponían el problema de la no adscripción del 100% del alumnado del Colegio Asunción de Nuestra Señora, al IES Rodrigo Caro, ambos de Coria del Río (Sevilla), como hasta ahora había sido, aún teniendo hermanos en este IES.
Los padres del C.C.I.P. “Asunción de Nuestra Señora” fueron informados por parte del AMPA el día 5 de marzo, cuando les entregaron la comunicación de la adscripción, que este año había tenido lugar una reunión, convocada por el Jefe del Servicio de Planificación y Escolarización de Sevilla, ante las coordinadoras de enseñanza del mismo servicio y ante todos los demás directores de primaria y secundaria de la zona, en la que se llegó al acuerdo de que todos los colegios de primaria serían adscritos en un 33% a cada uno de los IES de la localidad en cuestión.
Este acuerdo inicial significaba que se realizaría una adscripción equilibrada, cosa que, según los afectados, no se llevó a cabo. En efecto, con estas adscripciones entendían los padres que existía un trato discriminatorio, porque el C.C.I.P. “Asunción de Nuestra Señora” era el único que había pasado de ir en un 100% a un 50% del alumnado al IES Rodrigo Caro, mientras que los otros centros de primaria continuaban con el 100% de adscripciones en un mismo Instituto.
Sobre todo la queja se concretaba al caso de familias de alumnos que, teniendo hermanos en el IES “Rodrigo Caro”, tendrían que desplazarse a un IES diferente para cursar sus estudios.
El asunto se ha solucionado, al haber sido finalmente admitido el alumnado del CCIP "Asunción de Ntra. Señora" en el IES "Rodrigo Caro" para estudiar junto a sus hermanos.
Los miembros de la plataforma vecinal "Nosotros también somos Sevilla" han acudido a la sede del Defensor del Pueblo Andaluz para expresar su protesta por la situación que vive el Polígono Sur de la ciudad andaluza. Su visita pretendía lograr una reactivicación del trabajo de los vecinos con las tres administaciones -central, autonómica y local- responsables en la zona para abordar los numerosos problemas del barrio en especial los problemas de seguridad cuidadana.
Los Adjuntos Carlos del Barco y Luis Pizarro, en coordinación con el Defensor Jesús Maeztu que se encuentra en Madrid, atendieron las peticiones de los representanbtes vecinales y facilitaron concertar una reunión a tres bandas en las próximas fechas como exigía la plataforma.
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El esfuerzo conjunto del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, del Comisionado para el Polígono Sur y de la Junta de Andalucía permite que menores inocentes afectados tras el crimen del Polígono Sur vuelvan a las aulas. Seguimos trabajando en los demás ámbitos para erradicar la violencia y garantizar los derechos y las libertades de todas las personas.
El Defensor del Pueblo Andaluz y ENDESA se reunen en el marco del Convenio de Colaboración firmado por ambas. Recordamos que a través de este convenio el Defensor del Pueblo Andaluz puede mediar en los conflictos que surgidos entre la compañía eléctrica y sus clientes.
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