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26/05/2014

El Defensor del Pueblo Andaluz procede al archivo del expediente de queja abierto de oficio al entender que no se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una respuesta adecuada, en términos de movilidad sostenible, a los problemas que, previsiblemente, va a crear la puesta en funcionamiento de los servicios que se prestarán en la llamada Torre Pelli.

El Defensor del Pueblo Andaluz formuló en su día Sugerencia al Ayuntamiento de Sevilla (de la que dio traslado también a la Consejería de Fomento y Vivienda y a ADIF) para intensificara los contactos con dichos organismos a fin de interesarse sobre los compromisos que, en relación con los problemas de movilidad que se derivarán de la apertura del los espacios de la Torre Pelli, estarían dispuestos a asumir y el plazo en el que, en su caso, se ejecutarían las obras, con objeto de que estos problemas de movilidad no afecten a la ciudadanía.

Una vez recibida la respuesta del Ayuntamiento de Sevilla y de ADIF, esta Institución consideró, respecto de la prolongación de la Línea de Cercanías C-2 hasta la parada del metro de Blas Infante, que lo único que se ha hecho hasta el momento de dar por concluidas nuestras actuaciones era iniciar los trámites para la licitación de un estudio de viabilidad. Aún en el supuesto de que todo el procedimiento se tramitara con carácter urgente y concluyera con su ejecución, no es posible que las obras precisas se puedan llevar a cabo a corto plazo y por supuesto, en ningún caso, antes de la fecha de entrada en funcionamiento de las instalaciones y servicios de la Torre Pelli.

Y ello, por cuanto ADIF no va a tener ejecutadas las infraestructura antes citada, ni tampoco la Consejería de Fomento y Vivienda ha anunciado la ejecución de las infraestructuras de transportes inicialmente previstas.

No obstante ello, es lo cierto que, en su día, el Ayuntamiento de Sevilla, sin tener garantizada la ejecución de estas infraestructuras, procedió a la concesión de la licencia de obras que suponía el inicio de esta edificación que, tantos y tantos problemas de movilidad, puede generar. Parece difícil justificar ante la ciudadanía esta precipitada decisión que ha llevado a que, -pese a la proliferación de normas sobre ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, tráfico y transportes, así como pese a la vigencia de un Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en su día tanto por el Ayuntamiento como por la, entonces, Consejería de Obras Públicas y Transportes y pese a la asunción de diferentes compromisos para la ejecución de sus previsiones por parte de las distintas Administraciones Públicas- pocos meses antes de que se termine la edificación de la denominada Torre Pelli, nos encontremos en esta situación.

Desde luego, parece cuestionable que el problema generado se pueda salvar por el hecho de que, formalmente, se apruebe un “Plan de Movilidad” si éste no es suficiente para garantizar la funcionalidad y movilidad sostenible del transporte en la Isla de la Cartuja y en sus conexiones con el resto de la ciudad.

Por ello, concluimos, tras el análisis de las informaciones recibidas hasta ahora, que no es posible considerar que nuestra Sugerencia haya sido aceptada, pues no se aprecian medidas efectivas para garantizar a la ciudadanía que se va a poder dar una respuesta eficiente, en términos de movilidad sostenible, a los problemas de transporte y tráfico que se van a crear por los motivos ya aludidos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 29.2 de nuestra Ley reguladora, procedimos a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

Sin perjuicio de ello, hemos comunicado a todas las Administraciones afectadas, en el momento en que dimos por concluidas nuestras actuaciones, que esperábamos que si finalmente, tras la entrada en funcionamiento de los servicios que va a prestar este inmueble, se generan problemas de movilidad de tanta entidad como los citados y que tendrá que soportar, sin una justificación adecuada, la ciudadanía, se asuman y exijan las responsabilidades a que haya lugar a todas aquellas personas que habiendo podido evitar esta previsible situación, no adoptaron en su momento las medidas necesarias para impedirla.