Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 13/1832 dirigida a Ayuntamiento de Granada, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, EPSA
Queja de oficio iniciada por esta Institución ante el conocimiento, por diversos medios de comunicación, de la situación en la que se encontraban los vecinos de la tercera fase de los pisos de Santa Adela, barrio ubicado en el Zaidín (Granada).
Se trataba de bloques de vivienda sociales que, según lo que establece la ley y la ordenanza municipal, debían someterse a la Inspección Técnica de Edificios al tratarse de viviendas de más de 50 años de construcción, llevando ya algún tiempo recibiendo la visita de técnicos municipales que en dicha inspección les dieron el visto bueno.
Pero lo paradójico se encontraba en el hecho de que dichas viviendas estaban inmersas en un proyecto de demolición que se encontraba paralizado, por lo que su mantenimiento, desde hacía unos 10 años, había sido mínimo y ahora, al pasar la inspección, los vecinos no podían hacer frente a los arreglos por ser éstos cuantiosos (sobre 7.000 euros); arreglos que, por otra parte, no eran todos los que realmente serían necesarios por su condición de estar catalogados para derribo. Aparte, debían desembolsar una determinada cuantía por la elaboración del informe, que rondaba entre 200 y 500 euros por cada bloque.
Aseguraban los vecinos afectados que nadie les atendía y consideraban que debería ser el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de pagar los arreglos necesarios.
En un primer momento solicitamos informe a los Servicios Centrales de EPSA pero puesto que se nos indicó que el asunto planteado era competencia municipal, nos dirigimos al Ayuntamiento, el cual nos informó lo siguiente:
- Que las Áreas de Transformación de barrios, estaban previstas en el PGOU.
- Que los programas de rehabilitación de barrios se aprueban por la Consejería competente en materia de vivienda y forma parte de los planes autonómicos de vivienda.
- Que la demolición de la 3ª fase a que nos referimos tiene un coste aproximado de 40 millones de euros, y no hay previsión presupuestaria para su ejecución ni en los presupuestos autonómicos ni en los municipales.
-Que la Consejería estaba redactando el futuro Plan de Vivienda, donde se recogerían las condiciones o aportaciones de cada parte.
- Que dicho Plan de Vivienda deberá adaptarse a lo establecido en el Real Decreto 233/2013, de 5 de Abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
- Que, entre tanto, los propietarios de las viviendas tienen obligación de mantenerlas en buen estado y que todos los barrios de Granada tienen derecho a acceder a las subvenciones para ITE.
A la vista de la información facilitada se procedió a dar por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que podamos retomarlas nuestras una vez se apruebe el nuevo Plan Andaluz de Vivienda al objeto de conocer las previsiones que al amparo del mismo puedan establecerse.
