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El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, con la que continúa la ronda de contactos con responsables del Gobierno andaluz en el objetivo de avanzar en la colaboración y la coordinación.
Esta visita en la sede de la Consejería sucede a la mantenida con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles Lopez, y continuará en próximas fechas con otras reuniones, la próxima, con la consejera de Salud el día 22.
El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado a la consejera el Informe Especial 'La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas', en el que visibiliza esta realidad educativa, así como advierte sobre la necesidad de su continuidad como medida para evitar la despoblación territorial.
El Defensor ha comentado a la consejera que este Informe acredita la calidad educativa de la atención que recibe el alumnado en los colegios públicos rurales, una impresión obtenida a partir de una investigación propia completada con cuestionarios y visitas 'in situ' a todas las provincias.
Entre otras cuestiones, Maeztu y Del Pozo han abordado también diferentes situaciones del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la implantación de coordinadores de bienestar social en los centros educativos.
La Asesora del área de la Infancia y Adolescencia de la Defensoría andaluza ha entregado hoy el accésit del XV Premio "Así veo mis derechos" en la modalidad de dibujo a una alumna de 5º de Primaria del Colegio San Sebastíán, de Fiñana (Almería) por su dibujo sobre el derecho a la igualdad.
Este galardón forma parte de los reconocimientos que la Defensoría andaluza otorga a los alumnos de los centros educativos andaluces en cada edición anual del Premio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía "Así veo mis derechos" para la promoción y conocimiento de los derechos de los niños entre el alumnado andaluz. El premio distingue las mejores obras en las modalidades de dibujo y vídeo con un primer premio y un accésit en cada categoría.
El acto ha tenido lugar en el albergue juvenil de Almería donde han asistido el director del CEIP San Sebastíán, Manuel García, junto con parte del equipo de la Institución andaluza del çarea de Infancia y el consejo de participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. El consejero por la provincia de Almería ha sido el encargado de entregar el diploma a la alumna galardonada con el accésit por su dibujo sobre la igualdad.
Este consejo, constituido por un representante menor de edad de cada provincia andaluza, se encuentra reunido este fin de semana en Almería trabajando en un taller preparatorio para la Asamblea ENOC, la Red Europea de Defensores de los Derechos de los Niños sobre "El papel de las instituciones independientes de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos de la infancia".
El resultado de este trabajo lo expondrán en una próxima reunión en Malta donde se elaborarán unas conclusiones junto con las aportaciones de otros consejos infantiles de Europa para su debate final en la Asamblea de ENOC en Bruselas.
El pasado 30 de enero de 2023, desarrollamos una Jornada bajo el título “Personas Electrodependientes. Propuestas para una regulación justa” para analizar su situación y proponer concretas soluciones.
En dicha Jornada se desarrolló una mesa de trabajo con participación de las administraciones competentes, empresas de energía con las que tenemos convenio de colaboración y a asociaciones de personas afectadas por situaciones de electrodependencia.
Las conclusiones del debate fueron leídas a la finalización de la Jornada, asumiendo esta Institución el compromiso de remitirlas al Defensor del Pueblo estatal a fin de promover la necesaria regulación normativa.
Una vez depuradas las mismas con las aportaciones de las personas intervinientes en representación de los diferentes colectivos e instituciones, las hemos trasladado al Defensor del Pueblo Estatal a fin de que las incorpore al expediente iniciado y tome conocimiento de su contenido, solicitándole que esa Institución las traslade a las instancias competentes de la Administración General del Estado e impulse las actuaciones de desarrollo normativo correspondiente, si lo estima oportuno.
La vivienda, los servicios sociales, y la educación han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2022. El 52% de las personas que acudieron al Defensor fueron mujeres.
Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2022 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. En cambio, los asuntos relacionados con el personal del sector público, los servicios sociales y el consumo son las principales materias de interés de los hombres.
Además, los asuntos sobre los que las mujeres más reclaman al Defensor una actuación en comparación con los hombres son las relacionadas con la igualdad de género, la vivienda y la educación, mientras que para ellos son las Tecnologías y Medios de Comunicación; agricultura, ganadería y pesca, y prisiones.
Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. La igualdad y el respeto a la diversidad son valores ineludibles para una sociedad que persigue el bienestar de toda la ciudadanía. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
A pesar de la normativa aprobada y la toma de conciencia de la sociedad, persisten discriminaciones que van desde las más sutiles que se dan día a día en todos los ámbitos y a menudo están invisibilizadas a las más extremas, como son la violencia de género y los feminicidios. En Andalucía fueron 11 las mujeres asesinadas por violencia machista, encadenando 9 años consecutivos siendo la comunidad con una mayor cifra de mujeres víctimas mortales. En 2023 son cuatro las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja en Andalucía.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado la importancia de adecuarse a los objetivos de la Agenda 2030 y ha resaltado el paso adelante de las mujeres en la reivindicación de sus derechos. “La igualdad de género es una exigencia, la perspectiva de género cada vez está más incluida en todas las acciones públicas, y es importante acabar con los restos que quedan del patriarcado. Es un día de celebración y de estar juntos todos, sin distinciones, para que las mujeres y los hombres sean iguales en derechos”.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados en nuestro país y en nuestra comunidad, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que luchan para lograr acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades, en todas sus formas, para llegar a conseguir una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible.
Esta celebración y esta lucha debe ser de mujeres y hombres, porque la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos, y beneficia a toda la sociedad que también tiene la responsabilidad de actuar.
En 2023, la ONU quiere concienciar sobre la necesidad de Un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género, en reconocimiento de las mujeres y las niñas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital.
De todos es conocido que la brecha digital repercute en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Al mismo tiempo, supone un deber proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, y abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. La violencia digital contra mujeres y niñas supone el 70% de los casos que se denuncian, según ha revelado la Agencia Española de Protección de Datos.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por los efectos que causa la brecha digital en la población y, como Defensor de la Infancia y Adolescencia, especialmente en la educación de los niños y las niñas, así como el riesgo que supone un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. No cabe duda de que la transformación digital de la sociedad andaluza está comportando enormes e indiscutibles beneficios para la misma, pero lo cierto es que las quejas recibidas en relación con este proceso nos permiten comprobar que estos beneficios no llegan a todas las personas por igual, ni benefician en igual medida a todos los colectivos sociales.
Las quejas recibidas y los estudios realizados demuestran que los colectivos sociales que menos se benefician de las ventajas de ese proceso de transformación son aquellos que agrupan a personas que padecen alguna situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación económica; por tener alguna discapacidad; por ser migrantes; por su nivel educativo o cultural; por su edad; por vivir en un entorno rural; o por ser mujer.
Varios son los elementos que ineludiblemente deben concurrir para que una persona pueda participar en plenitud de las ventajas del proceso de digitalización: debe tener acceso a los equipamientos necesarios de hardware y software; debe disponer de una conexión adecuada a internet; y debe poseer conocimientos y habilidades para desenvolverse en un entorno digital. Si alguno de estos elementos falla o presenta deficiencias la persona afectada puede tener serias dificultades para integrarse en el mundo digital y, en situaciones extremas, puede acabar formando parte de lo que se ha venido en denominar el colectivo de las “personas en exclusión digital”.
Estas deficiencias deben corregirse en primer lugar desde el ámbito de la educación. Recientemente nos hemos ocupado de la brecha digital existente en el Informe Especial sobre La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, donde en algunas provincias el número de alumnas supera al de alumnos. Este Informe nos ha revelado que ocho de cada diez colegios confirman dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.
Es evidente que el hecho de vivir en un municipio pequeño conlleva la escasez de ciertos servicios, pero no por ello puede resultar admisible la brecha digital existente entre el mundo rural y urbano y, más concretamente, entre las niñas y los niños que acuden a colegios ordinarios y los que están escolarizados en los colegios públicos rurales. Confiamos que el debate y concienciación sobre esta realidad permita introducir medidas de discriminación positiva a favor de la presencia de las TIC en los colegios públicos rurales andaluces.
Unas medidas que incorporen dichas tecnologías y que proporcionen los recursos materiales y personales necesarios para su puesta en funcionamiento que contribuyan al objetivo irrenunciable de la igualdad.
A raíz de diversas quejas recibidas en esta Institución, se ha tenido conocimiento de la excesiva demora que han de soportar los pacientes que se hallan pendientes de intervención quirúrgica en la provincia de Jaén.
Dichas quejas revelan que es una situación recurrente, tal y como también se ha puesto de manifiesto en un ejercicio de transparencia desde la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén que, en los informes emitidos a instancias de esta Institución, afirma que existe un déficit crónico de facultativos de anestesiología y traumatología que conlleva que solo se puedan realizar cirugías urgentes.
De la información facilitada por la Administración, parece desprenderse, por tanto, la existencia de una demora de carácter estructural para la realización de procedimientos quirúrgicos.
Ante la constatación de los retrasos, hemos de reflexionar sobre la necesaria adecuación de las medidas organizativas y asistenciales oportunas para respetar el plazo máximo previsto normativamente y para garantizar, en el caso de las afecciones no urgentes, que no se supere un límite temporal prudente o razonable que se traduciría en una verdadera desasistencia.
La excesiva demora en la realización de intervenciones a la que se viene haciendo referencia (600 días en patologías de suelo pélvico con demoras máximas de 1371 días, o 730 días para prótesis de rodilla, entre otras), no se corresponde con la obligación del sistema público sanitario de garantizar no solo el contenido de las prestaciones, sino también la forma de obtención de las mismas en lo referente a tiempo, calidad y accesibilidad.
A esto hay que añadir, y así nos lo transmiten numerosos interesados, el hecho de que algunas patologías presentan notables componentes sociolaborales, ya que tales procesos dificultan, y a veces impiden, que los ciudadanos puedan participar en la vida política, social, laboral y cultural.
Es por ello por lo que, deseando un efectivo esclarecimiento de la cuestión, consideramos procedente la intervención de esta Institución mediante la apertura de la presente actuación de oficio, amparada en las facultades conferidas por el artículo 10 de nuestra Ley reguladora, con el objeto de analizar de qué instrumentos se dispone para garantizar que se respete el plazo máximo previsto normativamente y que se preste la debida información al usuario.
En consecuencia, procedemos a interesar de forma preliminar la colaboración de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud para que actualice la situación de las listas de espera quirúrgica en los hospitales de la provincia y nos informe de los instrumentos legales de que pueden hacer uso para garantizar la asistencia de los ciudadanos.