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Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de un municipio de Almería mediante el cual expresaba queja por el ruido que padecía en una vivienda de su propiedad, destinada al alquiler vacacional, a consecuencia de la actividad de un obrador de panadería que está justo debajo de la vivienda.

Expresaba el consecuente efecto negativo del ruido que generaba el obrador de panadería en la actividad a la que se destinaba su vivienda, así como la pérdida económica que ello implicaba.

Ante la falta de actuación por parte del Ayuntamiento, había presentado reclamación ante la Delegación provincial que como respuesta le había informado de la posibilidad de llevar a cabo una medición acústica, si no se manifestaba el Ayuntamiento al respecto en el plazo de un mes, para comprobar si la actividad se ajustaba a la normativa.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento que nos remitió informe del que se desprendía lo siguiente:

1.- Que la actividad de obrador de panadería objeto de queja estaba autorizada por el Ayuntamiento desde el año 1976.

2.- Que el titular actual del obrador de panadería había presentado en el Ayuntamiento una Declaración Responsable para obra de revestimiento interior de insonorización en la zona de la maquinaria que no cumplía con la vigente legislación de protección contra el ruido.

3.- Que el técnico municipal había realizado visita de inspección al establecimiento en la cual se había comprobado que las obras se estaban ejecutando y que “se le deja claro al propietario del establecimiento que una vez finalizada la obra de insonorización deberá presentar ante el Ayuntamiento una declaración responsable de ocupación en donde se adjuntará el ensayo acústico resultante para la comprobación por parte de esta administración del fiel cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.”

Entendimos que con estas medidas adoptadas por el Ayuntamiento el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución, por lo que procedimos al cierre del mismo.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Jaén formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de esa ciudad a un escrito presentado en fecha 31 de octubre de 2022, solicitando modificar la ubicación de unos contenedores destinados a residuos orgánicos y recogida selectiva de envases o subsidiariamente, volver a ubicar ambos contenedores en su punto original, modificando la ubicación de la plaza de aparcamiento para persona con movilidad reducida. Dicho escrito había sido reiterado posteriormente mediante nuevo escrito, que tampoco habían sido respondidos.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito de la promotora, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada referente a modificar la ubicación de los contenedores.

Recibimos del Ayuntamiento de Jaén el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante mediante el cual se le trasladaba que se:

“Con relación al asunto de referencia, indicar que dichos elementos de contenerización, pertenecientes al mobiliario urbano municipal situados en la vía pública denominada “ .. ” a la altura del número … , se han desplazado recientemente como consecuencia de la autorización de vado de estacionamiento para persona con capacidades disminuidas, siendo ubicados en la misma disposición, vía y margen en los que se encontraba con anterioridad.

De igual manera se ha contactado personalmente con el interesado para explicarle “in situ”, por parte de personal funcionario adscrito a esta área, de los motivos e idoneidad de la nueva situación de dicho mobiliario urbano municipal.

En todo momento se ha respetado las Ordenanzas Municipales, legislación de accesibilidad y recogida de residuos domésticos y municipales vigentes.”

A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, atendiendo la solicitud planteada de forma subsidiaria en su escrito, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Recibimos la queja de un vecino de Chiclana de la Frontera mediante el cual nos trasladaba la problemática que desde hacía varios años se venía sufriendo en una calle del municipio, a una concreta altura de la misma, con “continuas inundaciones de nuestras viviendas cada vez que llueve fuerte, y aunque pedimos solución a Chiclana Natural y al ayuntamiento, no se llega a hacer una actuación que nos permita estar tranquilos cada vez que llueve.”

Había acudido en varias ocasiones a Chiclana Natural reclamando una solución a esta situación, concretamente mediante correos electrónicos, entre otros, de 26 de noviembre de 2016, 20 y 24 de diciembre de 2021, 4 de enero de 2024.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, que nos informó, a través de Chiclana Natural, que en enero del año 2024 se habían llevado a cabo trabajos de inspección visual del estado de las redes de saneamiento fecales y pluviales de la zona, no detectando anomalías importantes, por lo que posteriormente se inspeccionó el colector de aguas fecales de la calle en cuestión. El 17 de enero se mantuvo reunión con el reclamante para explicarle esas actuaciones que se estaban llevando a cabo y las que se tenía previsto realizar, con la limpieza a presión y visionado de cámara de unos 330 metros lineales de tubería de fecales teniendo en algunos tramos más de 4 metros de profundidad.

Según el informe recibido, el día 31 de enero se volvió a contactar con el promotor. telefónicamente para comunicarle que se procedería a sustituir un tramo de tubería del colector de aguas fecales, comprendido entre dos concretos pozos, unos 50 metros lineales. Estos trabajos comenzaron el 19 de febrero.

Por otra parte, constaba en el informe que debía tenerse presente y destacar que la zona donde se encontraba la vivienda, es la zona más baja del vial público, que tiene una vaguada importante con respecto a las demás viviendas, lo que hace que el pozo de fecales al cual están conectadas las viviendas afectadas es el que tiene menos profundidad de todo el trazado.

Por este mismo motivo, seguía el informe, las viviendas afectadas tienen muy poca pendiente para conectar al alcantarillado público por gravedad, lo que contribuye a que en momentos de fuertes precipitaciones, el agua tenga mayor dificultad para su evacuación y por tanto, mayores problemas de reboses.

A la vista de lo que nos informaban y de la medida adoptada para tratar de dar solución al problema de inundaciones en la vivienda afectada -sustitución de unos 50 metros lineales de un tramo de tuberías del colector de fecales de su zona- cabía entender aceptada la pretensión del promotor y, en principio, solventado el problema de fondo, sin perjuicio, en todo caso, de tener presente la cuestión de la situación de la vivienda en la zona más baja del vial público y lo que ello implica para la evacuación de aguas.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Recibimos la queja de un vecino de Chiclana de la Frontera mediante el cual nos trasladaba la problemática que desde hacía varios años se venía sufriendo en una calle del municipio, a una concreta altura de la misma, con “continuas inundaciones de nuestras viviendas cada vez que llueve fuerte, y aunque pedimos solución a Chiclana Natural y al ayuntamiento, no se llega a hacer una actuación que nos permita estar tranquilos cada vez que llueve.”

Había acudido en varias ocasiones a Chiclana Natural reclamando una solución a esta situación, concretamente mediante correos electrónicos, entre otros, de 26 de noviembre de 2016, 20 y 24 de diciembre de 2021, 4 de enero de 2024.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, que nos informó, a través de Chiclana Natural, que en enero del año 2024 se habían llevado a cabo trabajos de inspección visual del estado de las redes de saneamiento fecales y pluviales de la zona, no detectando anomalías importantes, por lo que posteriormente se inspeccionó el colector de aguas fecales de la calle en cuestión. El 17 de enero se mantuvo reunión con el reclamante para explicarle esas actuaciones que se estaban llevando a cabo y las que se tenía previsto realizar, con la limpieza a presión y visionado de cámara de unos 330 metros lineales de tubería de fecales teniendo en algunos tramos más de 4 metros de profundidad.

Según el informe recibido, el día 31 de enero se volvió a contactar con el promotor. telefónicamente para comunicarle que se procedería a sustituir un tramo de tubería del colector de aguas fecales, comprendido entre dos concretos pozos, unos 50 metros lineales. Estos trabajos comenzaron el 19 de febrero.

Por otra parte, constaba en el informe que debía tenerse presente y destacar que la zona donde se encontraba la vivienda, es la zona más baja del vial público, que tiene una vaguada importante con respecto a las demás viviendas, lo que hace que el pozo de fecales al cual están conectadas las viviendas afectadas es el que tiene menos profundidad de todo el trazado.

Por este mismo motivo, seguía el informe, las viviendas afectadas tienen muy poca pendiente para conectar al alcantarillado público por gravedad, lo que contribuye a que en momentos de fuertes precipitaciones, el agua tenga mayor dificultad para su evacuación y por tanto, mayores problemas de reboses.

A la vista de lo que nos informaban y de la medida adoptada para tratar de dar solución al problema de inundaciones en la vivienda afectada -sustitución de unos 50 metros lineales de un tramo de tuberías del colector de fecales de su zona- cabía entender aceptada la pretensión del promotor y, en principio, solventado el problema de fondo, sin perjuicio, en todo caso, de tener presente la cuestión de la situación de la vivienda en la zona más baja del vial público y lo que ello implica para la evacuación de aguas.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Sevilla quejándose del elevado nivel de ruido que generaba la máquina de aire acondicionado de un Hotel, que según expresaba en su escrito “hace insoportable la habitabilidad de parte de las habitaciones de mi vivienda, especialmente los dormitorios que abren sus ventanas a un patio que está a menos de 10 metros de la máquina en cuestión”.

Según exponía, aunque el problema había disminuido tras el verano de 2022 y una primera intervención municipal, con la llegada del calor del año 2023, volvió a reproducirse. Pero ya no había adoptado ninguna medida el Ayuntamiento.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que nos remitió informe en el cual nos daban cuenta de que tras un ensayo acústico que se había practicado en el domicilio afectado, se habían detectado resultados desfavorables y que (entonces) recientemente:

“...se ha emitido Resolución 1.323, de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General del Arbolado, Parques y Jardines, imponiendo sanción pecuniaria de 1.000,00 euros y ordenándose el cese del funcionamiento del foco emisor hasta tanto se acredite (se concede un mes de plazo) que se ha realizado las medidas correctoras necesarias para evitar la superación de los límites acústicos fijados por la normativa aplicable”.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado, aceptando la pretensión principal del reclamante, y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de un municipio de Córdoba formulando queja por el ruido que percibía en su domicilio procedente de las máquinas de un local de frutas y verduras que daban a las ventanas de su vivienda a través de los patios interiores.

Según exponía en el escrito de queja, había presentado reclamaciones en el Ayuntamiento, también habían sufragado el coste de un ensayo acústico con resultado desfavorable y finalmente se habían reunido con el alcalde que les había dicho “que al ser un conflicto vecinal el Ayuntamiento no tiene competencia. Que tampoco serviría de nada una visita/inspección por parte del perito del ayuntamiento para comprobar que la instalación de las máquinas del local no cumplen con la normativa y poder actuar ante estas infracciones.”

Nos aportaba instancias presentadas en el Ayuntamiento, informe de ensayo acústico desfavorable sufragado por la afectada y escrito presentado por un abogado en nombre de la afectada en el Ayuntamiento al que se acompañaba el informe de ensayo acústico.

Analizado el asunto, de principio nos resultó sorprendente que desde Alcaldía se le hubiera dicho a la afectada que el conflicto de ruidos por el que se quejaba fuese un “conflicto vecinal”, dado que la actividad objeto de queja, referida como “supermercado”, estaría sujeta al trámite de Calificación Ambiental (CA) o de Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable (CA-DR), conforme a la Ley autonómica 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), cuyo artículo 43 atribuye a los ayuntamientos «la tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos.»

Admitimos a trámite la queja y solicitamos del Ayuntamiento el preceptivo informe. En este sentido, se nos respondió que se había solicitado asistencia técnica a la Diputación Provincial de Córdoba, que había respondido comunicando que no contaba con equipos de medición y de vigilancia de la contaminación acústica, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento, en noviembre de 2023, solicitara la actuación subsidiaria de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul.

En un segundo informe el Ayuntamiento nos aportó la licencia de apertura del establecimiento cuyos ruidos eran objeto de queja, concedida en 1986 y con cambio de titularidad en el año 2001, y nos informaba que se había requerido al titular actual que aportase un estudio acústico en el que se justificase el cumplimiento del Decreto 6/2012, “estando aún en plazo de presentación del mismo”.

Por ello, solicitamos al Ayuntamiento que una vez se presentase el referido estudio acústico y se analizase por los técnicos municipales, se nos informara de las conclusiones alcanzadas y sobre si seguía siendo necesaria la actuación subsidiaria de la Junta de Andalucía para realizar un ensayo acústico.

Nos encontrábamos a la espera de la remisión de este último informe solicitado cuando, en comunicación con la promotora de la queja, ésta nos informó que la problemática se había solucionado al haberse retirado la maquinaria ruidosa del establecimiento de venta de frutas y verduras. Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito del administrador de fincas de una comunidad de propietarios de Sevilla, a través del cual exponía la problemática generada por las presuntas irregularidades de un bar situado en un establecimiento de hostelería, sito en un local de la propia comunidad. En este sentido, denunciaba que el establecimiento tenía“una Declaración Responsable para la actividad de bar sin música” pero que, “sin embargo, dicho bar tiene puesta música hasta las 3,00 de la mañana con la música a un volumen muy alto originando grandes molestias por el ruido de la música al vecindario que reside en el mismo edificio de viviendas y en concreto a la Comunidad de Propietarios del Portal ... del Edificio ... que administro”.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla que nos envió en respuesta un informe del Jefe de Servicio de Protección Ambiental, con el que se nos daba cuenta, en esencia, de que el establecimiento objeto de queja estaba legalizado como actividad de “bar sin cocina y sin música con TV”, de que se había llevado a cabo una inspección al establecimiento, en la que habían detectado “numerosas irregularidades en el desarrollo de la actividad” que dieron lugar a que se incoara procedimiento sancionador mediante Resolución de inicio de 1 de agosto de 2023, en la cual se disponía “...la imposición de multa económica y se ordena la retirada de los elementos no autorizados (altavoces y otros elementos musicales, televisores, futbolín y billar, entre otros, con advertencia de que, en caso de incumplimiento, se procederá a ordenar la clausura de la actividad”.

No obstante, también se nos informaba que dicha Resolución de inicio del expediente sancionador, se encontraba pendiente de notificar al titular de la actividad.

Adjunto a dicho informe se nos aportaba el informe de la inspección técnica que tuvo lugar, en el que se concluía que la actividad denunciada incumplía el artículo 14 de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, y algunas exigencias del anexo X de la misma en cuanto a la instalación de elementos recreativos (futbolín y billar).

Dimos traslado de este informe a los promotores de la queja que tiempo después nos actualizaban la problemática mediante escrito de la comunidad de propietarios con el que nos decían que a fecha 18 de marzo de 2024, todavía no se habían retirado los elementos no autorizados generadores de ruido y que el impacto acústico por lo tanto no había cesado.

En este sentido, adjuntaban con el escrito “imágenes que el bar publica en redes sociales y donde se puede apreciar que siguen incumpliendo el horario de cierre y anuncian actuaciones de grupos de flamenco y clases de bachata en el local”.

Por ello, nos pedían que “se le recuerde al Servicio de Protección Ambiental que cumpla con la advertencia que se indicó en la resolución de fecha 1 de agosto de 2023 del procedimiento sancionador, si no se retiraban los elementos no autorizados (altavoces y otros elementos musicales, televisores, futbolín y billar entre otros), dado que el local sigue sin cumplir con lo que se estableció”.

A la vista de lo anterior, interesamos de nuevo la colaboración del Ayuntamiento con objeto de conocer el estado de tramitación del expediente incoado al establecimiento. Al respecto, fuimos informados de que este establecimiento había sido clausurado, si bien la clausura decretada se había levantado en junio de 2024 tras informe de inspección técnica en la que se daba cuenta de que “se pudo comprobar que se han retirado dos de los cuatro televisores, los dos instalados con D.R. para ampliación a dos televisores, los altavoces/columnas. El futbolín y la mesa de billar se encuentran almacenadas y empaquetadas en la zona de altillo. (…) A juicio del inspector que suscribe la actividad cumple Resolución (...)”.

A la vista de este segundo informe y de las medidas adoptadas, con las que el establecimiento se ajustaría a la legalidad, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Jaén con el que exponía que mediante instancias presentadas en el Ayuntamiento de Jaén en febrero de 2021 y enero de 2022, así como en Aqualia en julio de 2022, había denunciado los daños sufridos en su vivienda a consecuencia, presuntamente, de filtraciones de agua debido a la supuesta rotura de una tubería de suministro de agua potable que discurre en el entorno. Además, había aportado un informe pericial fechado en enero de 2023 y encargado por ella misma en el que se concluía que:

“Dadas las pruebas observadas y los conocimientos técnicos que poseo, el hecho causante de la alteración del terreno que ha llevado al colapso del suelo y que también ha afectado a la estructura del terreno fue la rotura de la tubería de abastecimiento que llevó a un lavado de las tierras que sustentan la vivienda, alterando también la calzada, que pone en peligro, si no se soluciona, la integridad de la misma”.

Sin embargo, parece que desde el Ayuntamiento se le había contestado que el expediente se trasladaba a AQUALIA, en donde según explicaba la promotora, únicamente le habían respondido que se había trasladado al departamento correspondiente para su estudio, sin que hasta el momento de presentación de queja hubiera tenido más noticias.

Admitimos a Tramite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento. En un primer informe se nos dio cuenta de que se había dado parte a la compañía de seguros de Aqualia para que un perito acreditado visitase la vivienda a fin de determinar si el origen de los daños reclamados eran responsabilidad de esa empresa y, en su caso, proceder a su valoración.

En un segundo informe se nos trasladó que el 3 de julio habían recibido desde el Ayuntamiento de Jaén el expediente de Responsabilidad Patrimonial y que se había podido comprobar que la reclamante había duplicado la cuantía reclamada, pasando de solicitar una indemnización inicial de 32.673.-euros a otra de 67.324.- euros, por lo que habían tenido que reiniciar todo el expediente abierto con la aseguradora, “la cual en estos momentos está estudiando la nueva reclamación, así como nuestra responsabilidad en los hechos denunciados”.

Como tecer informe recibimos una comunicación a la que se adjuntaba un oficio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de noviembre de 2023, con la que nos daba cuenta de que: “... le indicamos que se le da traslado al Servicio de Contratación de ese Ayuntamiento de Jaén, para que por el mismo se proceda a dar traslado a la empresa concesionaria Aqualia del escrito presentado por la denunciante”.
Es decir, la Gerencia de Urbanismo nos comunicaba que se remitía el asunto a Aqualia, lo que nos obligó a pedir un cuarto informe en cuya comunicación recordábamos que Aqualia, hacía ya más de un mes, concretamente el 25 de octubre de 2023, nos informó por escrito de “que una vez que nuestra aseguradora y la letrada encargada del asunto han comprobado la nueva reclamación, nos indican que no somos responsables de los daños que se nos reclama, lo cual justificaremos en el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial que está cursando el Excmo. Ayuntamiento de Jaén”.

En consecuencia, quisimos trasladar al Ayuntamiento que Aqualia ya había informado antes que el Ayuntamiento, que debía ser éste quien tramitase un expediente de responsabilidad patrimonial. Pero que el Ayuntamiento, con posterioridad, nos decía que remitía la denuncia a Aqualia.

Finalmente, en un cuarto y último informe del Ayuntamiento de Jaén, recibimos la Propuesta de Resolución dirigida al Consejo Consultivo de Andalucía. En este sentido, se nos informaba que finalmente se había tramitado en el Ayuntamiento de Jaén un expediente de responsabilidad patrimonial, aún abierto en aquel momento, en el que se efectuó Propuesta de Resolución (de la que se nos adjuntaba copia) de julio de 2023, desestimatoria de su solicitud de la reclamación por las razones expuestas en los fundamentos de derecho. En este sentido y dada la cuantía de la reclamación, la Propuesta de Resolución se había trasladado con fecha 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento de la normativa legal, al Consejo Consultivo de Andalucía para que emitieran el informe oportuno, el cual se estaba aún a la espera de evacuar y recibir para poder dictar Resolución final.

A la vista de lo que se nos informaba, consideramos que la problemática objeto de esta queja se encontraba en vías de solución, una vez emitiera el informe el Consejo Consultivo de Andalucía y tras haber solventado previamente la situación al inicio referida entre Aqualia y el Ayuntamiento sobre cuál de ambos debía ser quien tramitase su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de una asociación de consumidores de Sevilla, en representación de su asociado exponiendo que este solicitó el pintado de pasos de peatones en las entradas y salidas del parking del hotel NH Plaza de Armas, situadas en las calles Marqués de Paradas y San Laureano, por temor a que los vehículos incumplan su obligación de ceder el paso a los peatones y ocurra un accidente.

Mediante resolución de 25 de mayo de 2023 del Director General de Movilidad se acordó que se atendería su solicitud, notificándoselo mediante escrito del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes registrado de salida el 26 de mayo de 2023.

Con fecha 13 de septiembre de 2023 el interesado presentó sendos escritos para poner de manifiesto que solo se había pintado uno de los accesos (apenas perceptible) y para solicitar el arreglo del acerado correspondiente al acceso de C/Marqués de Paradas (rellenar llagas entre adoquines).

Con fecha 5 de febrero de 2024, la asociación escribe en nombre del interesado poniendo de manifiesto la falta de atención a su solicitud, sin que se haya recibido respuesta.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla que a través de informe del Servicio Técnico de Movilidad comunicó que ambos pasos de peatones solicitados habían sido pintados y así notificado a la promotora de la queja.

Respecto a la petición de arreglo del acerado se informaba que dicha petición debía dirigirse la solicitud a la Agencia de Urbanismo como órgano competente.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.