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El Ayuntamiento de Algeciras nos comunica que pese a que la EDAR de Punta Carnero cumple las condiciones y exigencias medio ambientales para su funcionamiento, va a realizar una serie de mejoras en la instalación para reducir el nivel de contaminación odorífera, del que se quejan los vecinos.

En su escrito de queja, unos vecinos del municipio gaditano de Algeciras nos trasladaban que desde hacía varios años venían sufriendo lo que ellos consideraban como gases perjudiciales para la salud debido a la “mala planificación y localización de una EDAR, que linda con los muros de los vecinos y que produce gases tóxicos, que se emiten libremente a la atmósfera, así también como a la proliferación de enfermedades trasmitidas por los insectos y roedores que conviven en ella. Llevamos denunciando estos episodios penosos y perjudiciales para la salud, desde bastantes años atrás y las autoridades locales, como comarcales, no solucionan el problema. Después de mucho insistir, nos prometieron en octubre del año pasado que en febrero de 2018 estaría solucionado el problema, pues como debería haberse hecho desde un principio, la EDAR debería de haberse ejecutado-realizado tapada y los gases contaminantes tratados por ozonificación. Hoy día 15 de Julio de 2018 y tras demandar en reiteradas ocasiones información a las autoridades por el retraso del incumplimiento del compromiso de Octubre de 2017, seguimos igual o peor”.

La EDAR a la que hacían referencia era la situada en la zona de Punta Carnero, entre el Parque de los Alcornocales y el Parque del Estrecho. Según las noticias que pudimos consultar, “esta instalación ha convertido un espacio idílico en el que vivir en una pesadilla para los vecinos, hartos de la contaminación ambiental que conlleva. Además de incómodos y preocupados por la cercanía del verano -que multiplica los quebraderos de cabeza que les da la depuradora- están muy molestos porque les prometieron que la pasada Semana Santa habría concluido una reforma que tendría que haber empezado en febrero. Fue durante una reunión a la que acudieron todos los implicados: EMALGESA, Obra Civil, Mancomunidad de Municipios y ARCGISA. Esta empresa pública se encargará de la obra”.

Se indicaba en esta noticia que esta EDAR, según los vecinos conlleva molestias insalubres y peligrosas para la salud y bienestar de las personas, como olores fétidos producidos por las emanaciones de gases en la balsa de decantación primaria expuesta al aire libre, añadiendo que también son insoportables los ruidos que produce la maquinaria y una tubería de trasiego que descarga un chorro a presión con fuerza contra el agua embalsada, destacando la aparición de plagas de insectos y roedores, con especial presencia de mosquitos, con especial incidencia en niños.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Algeciras, éste nos comunicó, en esencia, que la instalación cumple con las condiciones que se le impusieron en su momento cuando obtuvo autorización en el año 2010 y que tanto las mediciones de ruido, como las de control de emisiones cumplen con los límites que establece la legislación. Ello no obstante, constaba en el informe que “...tras la reunión que se mantuvo el pasado mes de octubre entre las distintas partes afectadas (vecinos, técnicos de ARCGISA y técnicos de ...), y a fin de dar respuesta a las demandas de los vecinos, se acordó ejecutar una serie de mejoras en la instalación”. Según el cronograma que nos enviaban, entre la tercera semana de octubre y la segunda de noviembre preveían que finalizarían las obras.

Por ello, entendimos que el problema estaba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada en este expediente denuncia la ausencia de profesionales para la atención del alumnado con necesidades específicas de atención educativa en el Centro Educación Infantil y Primaria de la provincia de Granada, donde se encuentra escolarizada su hija, concretamente denuncia la falta de un profesional de Pedagogía Terapéutica y un monitor.

Por ello solicitó la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía.

Tras varios trámites desde esta oficina, la Administración nos informa que un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica va a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de ese centro. Con respecto a la necesidad de un monitor, se informa que el centro cuenta con un monitor y para el número de alumnos que requieren de este especialista no se justifica otro más.

Según esta información, entendemos que el problema planteado se ha resuelto favorablemente.

El interesado, vecino del anejo de Estación de Cártama, en el municipio malagueño de Cártama, denunciaba en su escrito de queja la inactividad municipal ante las diversas denuncias (telefónicas y por escrito) que había dirigido al citado Ayuntamiento por la acumulación de restos de basuras, enseres, etc. alrededor de unos contenedores de residuos sólidos urbanos que estaban situados cerca de su domicilio. En uno de estos escritos indicaba que para él esta situación se había convertido en un problema muy grave de salud pública, que se repetía todos los días y que debido a la cercanía de una arboleda con estos restos, el riesgo de incendios era elevado. Había propuesto que los contenedores se ubicaran en otro lugar, que hubiera mayor presencia de agentes de la Policía Local en la zona y que los servicios municipales retiraran más asiduamente estos restos para reducir el impacto ambiental. De las fotografías que remitía el interesado daba sensación de que el lugar fuera un vertedero incontrolado con todo tipo de residuos, basuras, enseres y restos de todo tipo.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Cártama, éste nos indicó, en un primer momento, que “el depósito de basuras y enseres fuera de los contenedores es un problema de incivismo generalizado en todo el término municipal, que se acentúa en aquellas zonas próximas a viviendas en suelo rural”. Por ello, conscientes de esta problemática, el Ayuntamiento estaba llevando a cabo diversas medidas para atajar el problema, de las que nos daba cuenta: concienciación ciudadana, agentes de la Policía Local de paisano para vigilar y sancionar estas conductas, contenedores de residuos orgánicos con más capacidad, inicio de actividades de un servicio municipal de recogida de enseres y muebles y adquisición de diverso material móvil para la limpieza viaria.

Dimos traslado de esta información al interesado con objeto de que nos remitiera sus alegaciones. Una vez recibidas éstas, que mostraban la entidad y gravedad del problema, y de las que le dimos traslado al Ayuntamiento, interesamos nueva información a éste.

En respuestas posteriores, el Ayuntamiento valoraba positivamente las medidas que había propuesto el vecino, que iban a estudiar para, en su caso, su implantación, indicándonos, finalmente, que el Departamento municipal de Vías y Obras y Recogida de Residuos había adoptado las siguientes medidas:

- Desarrollo de un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia de aquellas zonas que presentan más problemas de depósitos de residuos fuera de los contenedores, con el objeto de poder tramitar los correspondientes expedientes sancionadores a quienes depositen la basura fuera de los contenedores.

- Tramitar ante el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, una solicitud formal de cambio de los contenedores actuales (sin apertura con pedal) por modelos que mejoren el servicio y faciliten la apertura de los mismos a los usuarios.

Por tanto, entendimos que con estas medidas, junto con las que nos indicaron al principio, el Ayuntamiento estaba dando solución al problema objeto de la queja, por lo que consideramos que, en lo esencial, dicho problema se encontraba en vías de solución.

El interesado, en nombre de un colectivo ciudadano del barrio hispalense de El Cerro del Águila, nos exponía en su escrito de queja las opiniones del vecindario para contribuir a la mejora de la limpieza de las calles del barrio. Matizaba que no abordaban valoraciones sobre gestión, horarios y otros aspectos organizativos, sino que se limitaban a proponer medidas que facilitaran al vecindario su responsabilidad en la manipulación de residuos urbanos. Este mismo escrito lo habían dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y aún no habían obtenido respuesta.

En concreto, formulaba una serie de medidas por calles, indicando la situación de los contenedores en cada una de ellas, con especial mención de los que estaban rotos o sucios, o aquellas calles en las que sería conveniente una distribución distinta de los contenedores. Además, se citaba que no había contenedores en todo el barrio para recogida de aceites y hacía una serie de valoraciones sobre el trabajo de las cuadrillas del Plan de Empleo Joven de la Junta de Andalucía, así como en cuanto a la necesidad de reforzar la limpieza de contenedores en la zona contigua al mercado de abastos y para fomentar la concienciación ciudadana mediante campañas publicitarias, para las que se ofrecía a colaborar el colectivo.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, LIPASAM nos dijo, en esencia, que entre los días 31 de enero y 10 de febrero se procedió a la reparación de los contenedores situados en el barrio según la petición del colectivo y que, además, en toda la zona se llevaba a cabo un servicio de repaso motorizado de contenedores y papeleras, con una frecuencia diaria, todos los días de la semana. También nos informaban que se aplicaba igualmente un tratamiento de limpieza de mobiliario urbano una vez cada cuarenta días, en horario de mañana. Finalmente nos informaban que las ubicaciones de contenedores en una calle fueron consensuadas con la asociación de vecinos de la zona y el Distrito Municipal Cerro Amate.

Dimos traslado de esta información al colectivo vecinal, pero éste finalmente no respondió, por lo que entendimos que consideraban que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

El motivo de la queja es la falta de resolución expresa de ese Ayuntamiento a un recurso de reposición formulado en el seno de un expediente administrativo de febrero de 2015. En el curso de la queja y ante la situación descrita en el informe que nos remitió el Ayuntamiento de Mojácar (Almería), sobre la falta de resolución expresa de los recursos administrativos presentados en el Ayuntamiento y los retrasos acumulados de varios años, formulamos a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mojácar (Almería) Recomendación a fin de que adoptara, en relación con el personal tramitador, la decisión que permitiese resolver dichos recursos expresamente, procediéndose a su notificación, entre ellos el que motivó la presentación de esta queja.

Tras varias actuaciones, finalmente hemos conocido que se le ha remitido al interesado la respuesta expresa a su recurso de reposición, poniendo con ello fin a la situación de silencio administrativo que originó la tramitación de esta queja.

En su escrito de queja, la interesada, en nombre de una comunidad de propietarios de un edificio sito en Sevilla, denunciaba la lentitud con la se venían siguiendo los trámites para la retirada de dos perros de raza pitbull que se encontraban en un posible estado de abandono durante gran parte del día en la terraza de una de las viviendas que conformaban el edificio. Al parecer, estos animales generaban elevados niveles de ruido por ladridos constantes, en alguna ocasión incluso fines de semana completos, fuertes olores por acumulación de orines que atraían a parásitos y que generaban, en definitiva, una situación de insalubridad. Venían denunciando los hechos desde agosto de 2017 y la última información que tenían era que los técnicos del zoosanitario municipal estaban a la espera de autorización judicial para proceder a la retirada de los animales.

Tras varias actuaciones en el citado expediente de queja, finalmente conocimos que el Zoosanitario Municipal solicitó autorización judicial para la entrada en el domicilio de la persona denunciada por tenencia de perros en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, pero que las circunstancias habían variado y que tras contactar con un familiar de la denunciada, “los animales han sido desplazados del domicilio e ingresados en este Centro pasando a donación el pasado día ...”, lo que ha motivado que se pidiera la anulación de la orden judicial de entrada solicitada.

Entendimos, por tanto, que el problema había quedado resuelto, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

El Ayuntamiento de Chauchina nos comunica que debe redactar un proyecto para la ejecución de las obras de asfaltado del tramo de calle donde reside la reclamante, debido a la situación urbanística de la zona en la que se encuentra la calle y que procederán a ello tan pronto cómo tengan disponibilidad presupuestaria.

En su escrito de queja, la interesada nos indicaba que residía en una calle de una pedanía del municipio granadino de Chauchina que estaba sin asfaltar, según la interesada “era la única que quedaba sin hacerlo”. Había solicitado en diversas ocasiones que se procediera a su asfaltado, pero ello no se producía, siempre según la interesada y según le habían comunicado verbalmente responsables municipales, debido a que se necesitaba una inversión muy considerable. Sin embargo, observaba cómo zonas de su calle habían sido asfaltadas pero no el tramo donde se ubicaba su vivienda.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que desde el Ayuntamiento y la propia Alcaldesa habían informado verbalmente a la interesada explicándole las actuaciones necesarias para resolver la cuestión. En concreto, nos indicaban que el ayuntamiento atendía, por igual, todas las necesidades de obras y servicios del núcleo de población y los anejos del término municipal, pero “desgraciadamente no siempre es posible resolverlos con la inmediatez que nos gustaría”. Respecto del tramo de calle donde reside la interesada, es una zona amplia clasificada como Suelo Urbano Residencial Unifamiliar Extensiva y necesita una ordenación completa, cuyo proyecto estaba siendo redactado por el Ayuntamiento. Dada la envergadura de las obras necesarias en dicha zona y su coste, estaban buscando la financiación necesaria para redactar el proyecto y valorar su repercusión económica, para después proceder a su ejecución. Para ello, querían primar la ejecución del tramo de acerado de línea de viviendas y ejecutar después, por fases, el resto de actuaciones de la zona, siempre que dispusieran de disponibilidad presupuestaria para ello.

A la vista de esta respuesta, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte pues entendimos que el problema estaba en vías de solución, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

La interesada manifestaba su disconformidad con haber dejado de percibir la Pensión No Contributiva de Invalidez que tenía reconocida, al haberse ido a vivir desde Huelva a Algeciras (Cádiz).

Tras un detenido estudio de toda la información recopilada en el expediente a raíz de los informes remitidos por los distintos órganos consultados de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales, considera que el asunto está en vías de solución, tras haber solicitado la interesada la Pensión No Contributiva en la provincia donde reside en la actualidad.

En relación con escrito presentado en esta Institución donde nos expone que el Ayuntamiento le obliga a certificar la seguridad de un vallado en festejo taurino, solicitamos informe al Ayuntamiento de Puerto Serrano del que pasamos a transcribirle a continuación fragmento del mismo:

“En relación al escrito de fecha 25 de octubre de 2018 registrado en estas Dependencias Municipales con número 2018001138, y en base al expediente de referencia, por medio de la presente le participo, que desde esta Corporación tomamos nota de las recomendaciones indicadas en el mismo”.

Este expediente se iniciaba a instancias de un ciudadano que exponía que en noviembre de 2017 había solicitado a la Unidad de Discapacitados de Cádiz el reconocimiento de la situación de discapacidad, por agravamiento de su estado de enfermedad y que al día de presentación de su queja (julio de 2018), no había recibido siquiera fecha de la cita para ser valorado.

Interesados ante la Administración autónoma, se nos informa de que han citado al reclamante para realizar la valoración de su grado de discapacidad en el Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades. Añadiendo que si el interesado asiste y la documentación para realizar la valoración es suficiente, el expediente en cuestión debe ser resuelto durante ese mismo mes.

A la vista de la información recibida y dado que el asunto ha quedado solucionado, procedemos al cierre del expediente.