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ANTECEDENTES

Con ocasión de la tramitación de quejas presentadas ante esta Defensoría, así como con motivo de la solicitud de reconocimiento de trienios y antigüedad realizado ante la Administración de la Junta de Andalucía por personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, en situación de excedencia forzosa en la misma, esta Institución tuvo conocimiento del cambio de criterio adoptado por dicha Administración respecto al reconocimiento de la antigüedad al personal en excedencia forzosa, que se pospone hasta su reincorporación al servicio activo.

Para motivar este cambio de criterio, en las comunicaciones remitidas a las personas interesadas se alega que “el artículo 58 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía regula un complemento por antigüedad que consistirá en una cantidad fija en función del Grupo profesional en cuyo desempeño se perfeccione, por cada tres años de servicios efectivos (trienios). Por un lado, al tratarse de un complemento retributivo no cabe hacer reconocimiento alguno al respecto mientras el contrato se halle suspendido porque durante la suspensión no se devengan retribuciones. Por otro, tampoco puede tenerse en cuenta a estos efectos una antigüedad que todavía no se ha materializado de acuerdo con lo antes expuesto”.

A la vista de esta situación, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 39 del vigente VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Institución procedió a iniciar una actuación de oficio, solicitando el correspondiente informe a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Con fecha 27 de noviembre de 2017 tiene entrada en esta Institución el informe remitido por dicha Administración del que cabe reseñar lo siguiente:

1. “En relación con la cuestión que se plantea no ha existido ningún cambio de criterio. A este respecto, la regulación establecida en el vigente Convenio Colectivo y normas convencionales que le han precedido, siempre se han expresado en los mismos términos.

   La excedencia forzosa, como suspensión del contrato de trabajo, produce una especie de paréntesis o aletargamiento (Sentencias de la Sala de lo Social de 7 de mayo de 1984 y 18 de noviembre de 1986) de la relación laboral, la cual subsiste y recuperará su plena eficacia una vez desaparezca la causa que justificó esa cesación temporal de sus efectos.

   El articulo 46 del Estatuto de Ios Trabajadores prevé que la excedencia forzosa dará derecho al cómputo de la antigüedad. Es decir, por mandato del propio Estatuto de los Trabajadores se produce la ficción de considerar que el excedente durante el tiempo que disfrutó la excedencia forzosa permaneció prestando servicios en la empresa. Así el artículo 39 del Convenio Colectivo dispone que 'que la excedencia forzosa dará derecho….al cómputo de la antigüedad durante su vigencia...'.

   Ahora bien, de acuerdo con la propia naturaleza jurídica de la excedencia forzosa, el cómputo de la antigüedad únicamente puede producirse cuando el trabajador excedente reingrese a la empresa en la cual solicitó la excedencia, momento en que recuperará su plena virtualidad el contrato suspendido, y no antes.”

Asimismo, se incluye en el informe el párrafo transcrito al inicio sobre el complemento de antigüedad regulado en el art. 58 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

1. La excedencia forzosa en el orden jurídico laboral

La excedencia forzosa, regulada en el art. 46 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), se contempla en su art. 45.1. k) como una de las causas de suspensión del contrato de trabajo, ante la imposibilidad material de su ejecución, y cuyos efectos principales se determinan en el apartado 2 de dicho artículo al establecer que “la suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo” .

Las causas de suspensión del contrato de trabajo han sido delimitadas jurisprundencialmente, siendo precisadas sus notas definidoras en distintas Sentencias del Tribunal Supremo, que se reseñan en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Social) 1917/2003, de 5 de junio, en los siguientes términos:

“1) Característica esencial de todos los supuestos de suspensión es la de que el contrato no se extingue, paralizándose simplemente algunos de sus efectos, aunque éstos sean generalmente... los más importantes. 2) En cada una de las suspensiones, su específica significación ha de obtenerse de la correspondiente normativa, legal o contractual, por la que se rijan. 3) En principio, la suspensión afecta primordial, y a veces exclusivamente, al deber de realizar la actividad convenida y de remunerar el trabajo, respectivamente para trabajador y empresario, pero quedan subsistentes aquellas otras relaciones y expectativas no paralizadas o destruidas por la suspensión, entre ellas los beneficios que deriven de los sucesivos Convenios Colectivos... salvo que otra cosa se deduzca de su propio articulado”.

Al referirse a sus efectos, la citada Sentencia afirma que “las normas legales (arts. 45 a 48 ET) o convencionales o los pactos en los que válidamente pudiera establecerse contemplan sus causas y efectos, en especial la conservación o no de la concreta plaza o reserva del puesto de trabajo, el derecho a la conservación del empleo y al reingreso cuando cese la causa de suspensión, los plazos y condiciones para solicitar el reingreso, los efectos del tiempo transcurrido con el contrato suspendido en cuanto a antigüedad, ascensos o retribuciones, o los posibles deberes, especialmente del trabajador, durante dicho período intermedio”.

Por consiguiente, la excedencia forzosa se configura como una causa de cese temporal de la prestación laboral durante la cual las obligaciones principales de la relación contractual, prestación de servicios y pago del salario, quedan en suspenso en los términos que concreta la doctrina jurisprudencial, al precisar que durante esta situación subsisten otras obligaciones derivadas del vínculo laboral que se mantienen durante su vigencia, entre las que expresamente se contempla el “cómputo de la antigüedad”.

La referencia al vocablo antigüedad en el ET no es unívoca, ya que este término se utiliza con muy distintas finalidades en función del contexto concreto en que se emplea (entre otros: artículos 14, 15, 23.3, 24, 45, 46.1, 46.2, 73...). A esta diversa significación del término en el ET hay que añadir las diferentes acepciones con que también se utiliza en los diferentes Convenios Colectivos, cada una con su régimen jurídico propio, por lo que no cabe realizar una interpretación única del mismo, siendo necesario poner en relación la utilización de este término con el sentido y contexto en que es utilizado en las normas reguladoras de la relación laboral.

A este respecto, es muy ilustrativa la STS de 26 de septiembre de 2001 en la que, con ocasión de determinar los derechos inherentes a la excedencia forzosa (conservación del puesto y cómputo de la antigüedad) distingue entre este último concepto y el de “tiempo de servicio” indicando que “los conceptos antigüedad en la profesión y servicios profesionales son diferentes al no ser equiparable entre sí, dado que aquella refleja el tiempo de desempeño en la profesión, aún cuando se haga en distintas empresas, mientras que el de servicio profesional se concreta al del tiempo en el que el trabajador trabaja por cuenta y bajo la dirección de una empresa”.

En consecuencia, el cómputo de la antigüedad es un derecho que se reconoce a los trabajadores que se encuentran en situación de excedencia forzosa y que se vincula a otros derechos que conserva el trabajador en la situación de suspensión del contrato de trabajo (a participar en concursos de traslados y ascensos, al ejercicio de acciones judiciales derivadas del contrato, a que sea tenida en cuenta para el cálculo de posibles indemnizaciones...), por lo que habrá de articularse, en cada caso y en función del régimen jurídico de aplicación, las medidas que posibiliten su reconocimiento efectivo a fin de poder ejercitar los otros derechos condicionados por el mismo.

2. La excedencia forzosa de los empleados públicos

En el ámbito de los empleados públicos, las situaciones del personal laboral se contemplan en el Título VI del Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), en el que, además de regular las situaciones administrativas del personal funcionario, respecto al personal laboral, en su art. 92, establece que, en esta materia, “el personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación”, así como que “los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores”.

En materia de excedencia forzosa del personal laboral serán por tanto de aplicación, los arts. 45, 46 y 48 del ET y los Convenios Colectivos que correspondan. Asimismo, de acuerdo con la equiparación de regímenes jurídicos acometida por el EBEP, nada impide que el régimen de situaciones administrativas del personal funcionario, regulado en el Título VI del mismo, pueda ser extendido, en la medida que se adecue a la naturaleza del vínculo laboral aplicable al personal laboral de la Junta de Andalucía, vía negociación colectiva.

Estas previsiones normativas, unida a la nueva visión integradora que otorga el EBEP a la ordenación del régimen jurídico de los empleados públicos, ha dado lugar a que, con respecto a la regulación de las situaciones del personal laboral, se produzca lo que la doctrina viene denominando un “entrecruzamiento” de regímenes. Esta realidad es consecuencia de las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos para el estudio y preparación del EBEP que había puesto de manifiesto la conveniencia de unificar las situaciones administrativas del personal laboral con las del personal funcionario y que éstas se trasladaran a la relación laboral especial de empleo público.

No obstante, aunque dicha recomendación al final no se asumió formalmente, sí ha estado presente en la regulación de esta materia para el personal laboral del sector público, produciéndose una equiparación casi total en su régimen jurídico con la establecida para el personal funcionario, unas veces por vía legal (supuestos de excedencia por causas de protección social) y, en los demás casos, por vía convencional en el ámbito de cada concreta Administración pública.

Así, con respecto al personal laboral de la Administración General del Estado o de la Junta de Andalucía los respectivos Convenios Colectivos en vigor regulan las situaciones de excedencia a que se puede acoger el personal incluido en sus ámbitos de aplicación con un alcance y efectos similares a los establecidos para el personal funcionario.

A este respecto, no podemos obviar el nuevo planteamiento que incorpora el EBEP, en cuanto norma básica reguladora del régimen de los empleados públicos. Ello supone un importante cambio, que se traduce en un acercamiento entre el régimen jurídico aplicable al personal funcionario y al laboral que participan en el propio Estatuto de una regulación común en determinados aspectos, singularmente en materia de derechos, regulados con carácter unitario en el Capítulo I de su Título III, y entre los que se incluyen todos los que le sean reconocidos a los empleados públicos por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, a la hora de valorar estas cuestiones que afectan al estatus de los empleados públicos, hemos de tener muy en cuenta que la línea divisoria entre funcionarios y laborales a partir del EBEP está mas difuminada, no teniendo sentido, pues, seguir distinguiendo entre funcionarios y laborales para referirse a los empleados públicos y al vínculo que los une con la Administración como si de dos realidades completamente diferentes se tratara, debiendo incorporarse a sus respectivos regímenes jurídicos aquellos aspectos que configuran el estatus de los empleados públicos en condiciones de igualdad.

3. La excedencia forzosa como derecho del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía

El vigente VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante, VI CC) regula, en su Capítulo X, la situación de excedencia de dicho personal, estableciendo en su art. 39 que:

1. 1. “La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por designación o elección para un cargo público, o para función sindical electiva, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ámbito provincial o superior que imposibilite la asistencia al trabajo. A estos efectos se entiende por cargo público; la elección para Diputado o Diputada o Senador o Senadora de las Cortes Generales, Diputado o Diputada de Asambleas Autonómicas, del Parlamento Europeo, Concejal o Concejala de Ayuntamiento o para Alcaldía con plena dedicación o el nombramiento para un cargo dentro de las Administraciones Públicas Comunitarias o Internacionales, con un nivel mínimo de Director General en la Administración Autonómica, y sus equivalentes en la Administración Central, Local, Comunitaria o internacional. Se considerarán, asimismo, cargos públicos, a los efectos de este artículo, a los Delegados Provinciales de las distintas Consejerías y equivalentes nombrados por Decreto de Consejo de Gobierno.

   2. Asimismo quedará en situación de excedencia forzosa el personal laboral acogido a este Convenio que pase a prestar servicios como personal eventual en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, quienes sean nombrados para ocupar un puesto de carácter eventual en cualquier organismo de la Junta de Andalucía y quienes sean designados para ocupar puestos de personal funcionario de las distintas Consejerías u Organismos de la Comunidad Autónoma andaluza”.

En dicha regulación, similar a la establecida en el art. 87 EBEP para el personal funcionario en análoga situación (denominada en el ámbito estatutario como “servicios especiales”), se le reconocen al empleado público, de forma expresa, determinados derechos consustanciales a la misma como son los relativos a “la conservación del mismo puesto” y al “cómputo de la antigüedad” que, como ya vimos, se incluyen en el art. 46.1 del ET y que, a su vez, se relacionan con otros derechos contemplados en otras normas que integran el régimen jurídico de aplicación a este personal.

Con respecto al “cómputo de la antigüedad”, como ya se ha dicho, hay que tener en cuenta que este concepto hay que interpretarlo en relación con el ámbito concreto en que es aplicado y la finalidad que se persigue con su utilización, toda vez que puede ser utilizado con muy distintas finalidades en función del contexto legal o convencional en el que se emplea.

En este caso, el art. 39 del VI CC, al reconocer este derecho, el “cómputo de la antigüedad”, está poniendo de manifiesto una circunstancia muy clara cuya interpretación no deja lugar a dudas: el tiempo que se esté en situación de excedencia forzosa seguirá computándose a efectos de determinar la antigüedad del trabajador. Este derecho, como ya hemos señalado, a su vez condiciona otros derechos que se conservan durante dicha situación y que son reconocidos a estos empleados públicos en las normas reguladoras de su relación laboral.

En esta línea, esa Administración, en la contestación remitida, vincula dicho derecho con el que se establece en el art. 58 del vigente VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía “que regula un complemento por antigüedad que consistirá en una cantidad fija en función del Grupo profesional en cuyo desempeño se perfeccione, por cada tres años de servicios efectivos (trienios)”, añadiendo a continuación que “al tratarse de un complemento retributivo no cabe hacer reconocimiento alguno al respecto mientras el contrato se halle suspendido porque durante la suspensión no se devengan retribuciones”.

Efectivamente, esa vinculación se da en este caso, así como en relación con otros derechos reconocidos en el propio VI CC como son los correspondientes a la provisión de puestos (art. 20), movilidad (art. 22), excedencia por cuidado de familiares (art. 34.5) o vacaciones (art. 35), entre otros. Con ello se quiere significar que el derecho al “cómputo de la antigüedad”, si bien tiene un carácter instrumental para el reconocimiento de esos otros derechos que se conservan en la situación de suspensión de la relación laboral, en la práctica condiciona el ejercicio efectivo de esos otros derechos a los que se vincula.

Sin embargo, la interpretación de esa Administración, según se deduce de la respuesta transcrita, parece que es la contraria, siendo el derecho instrumental el que quedaría condicionado por el alcance del derecho sustantivo, justificando así la negativa al cómputo de la antigüedad en periodos de suspensión de la relación laboral con la no procedencia de abonar el complemento retributivo de antigüedad al personal durante dicha situación, lo que es obvio al haberse interrumpido la prestación de servicios durante la misma.

Es por ello que no compartimos lo señalado en la comunicación remitida por esa Administración cuando concluye afirmando que “...tampoco puede tenerse en cuenta a estos efectos una antigüedad que todavía no se ha materializado de acuerdo con lo antes expuesto”. Y ello, porque lo que se está planteando no es quién abona el complemento de antigüedad al empleado en excedencia forzosa, sino quién reconoce esa antigüedad al trabajador para que, en el caso de que así corresponda, pueda ejercer su derecho a percibir dicho complemento ante la entidad pública que proceda.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que en los supuestos que dan lugar a excedencia forzosa del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, establecidos en el art. 39 del VI CC, las normas reguladoras del desempeño de las cargos o funciones públicas que las originan suelen reconocer el derecho de la personas que las desempeña, si es empleado público, a seguir percibiendo la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa que le fuera de aplicación (entre otras caben citar las leyes presupuestarias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía con respecto a los Altos Cargos de dichas Administraciones o el art. 30.3 del Estatuto de Personal del Defensor del Pueblo Andaluz, respecto del personal al servicio de esta Institución).

En estos supuestos, las cantidades correspondientes al complemento de antigüedad se abonarán con la retribución del puesto o cargo que determina el pase a la situación de excedencia forzosa por cuenta de la entidad pública en que se desempeñen. Por tanto, el organismo público al que perteneciera el empleado público al pasar a la situación de excedencia forzosa no estaría obligado al abono de los trienios reconocidos y de los que se pudieran reconocer en dicha situación, ya que, mientras subsista, estarán a cargo de la entidad pública en la que se presten efectivamente esos servicios.

Esta conclusión participa, asimismo, de los criterios establecidos en el vigente Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, en concreto su art. 8 que regula la situación similar de servicios especiales para el personal funcionario, y que, aunque no es de directa aplicación al personal laboral de las Administraciones Públicas, tras la aprobación del EBEP, como ya dijimos, no puede obviarse su influencia en la interpretación de estas cuestiones que configuran el estatus de derechos de los empleados públicos.

En este sentido, tampoco cabe obviar los recientes pronunciamientos judiciales que aplican la doctrina puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo (TS) en su Sentencia de 21 enero 2016, y que trae causa de la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de julio de 2015 en relación con la interpretación de las cláusulas 3 y 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

En dichas Sentencias, tanto el TS como el TJUE concluyen reconociendo que el principio de no discriminación que garantiza dicho Acuerdo impediría que el empleador pueda utilizar una relación laboral de naturaleza determinada para privar a esos trabajadores (en este caso personal eventual de una institución pública) de los derechos reconocidos a otros trabajadores (trienios, en concreto) con una vinculación permanente con el mismo.

En definitiva, el “cómputo de la antigüedad” es un derecho reconocido al personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en situación de excedencia forzosa que obliga a dicha Administración a su reconocimiento a nivel formal, como consecuencia del vínculo laboral que se mantiene durante esta situación, y que permite que los empleados públicos que se encuentran en la misma puedan hacer efectivos otros derechos que conservan durante el periodo de suspensión de su contrato de trabajo.

4. La inscripción registral de la antigüedad de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía

La formalización del reconocimiento de la antigüedad de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía es objeto de regulación en el Decreto 9/1986, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Registro General de Personal, modificado posteriormente por Decreto 279/2001, de 26 de diciembre.

Así, en el art. 3 del mencionado Reglamento se establece que “serán objeto de inscripción registral los actos y circunstancias que, afectando a la vida administrativa del personal funcionario, eventual, interino y estatutario, así como a todo el personal que tenga una relación laboral con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se determinan en el art. 14 del presente Reglamento”.

En dicho artículo, en su apartado 1, se determina que serán objeto de inscripción registral los siguientes actos:

“h) Reconocimiento de trienios, antigüedad y servicios previos”.

En consecuencia, al ser el cómputo de la antigüedad un derecho del personal laboral que se mantiene durante la situación de excedencia forzosa, al estar establecido en el art 39.1 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, procederá su inscripción en el Registro General de Personal de dicha Administración al estar incluido este supuesto en la letra h) del art. 14.1 del Decreto regulador del mismo.

Es este el criterio que, correctamente, en nuestra opinión, ha venido manteniendo el Registro General de Personal dependiente de esa Dirección General a este respecto, como queda constatado con las correspondientes inscripciones registrales de antigüedad de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en excedencia forzosa por estar prestando sus servicios en esta Institución que nos fueron remitidas por las Consejerías correspondientes en los años 2006, 2008, 2011 y 2013, coincidentes con el reconocimiento de nuevos trienios y antigüedad de dicho personal, que obran en los expedientes personales de los interesados, de forma similar a la que se viene realizando para el personal funcionario de esa Administración al servicio de esta Institución.

De ahí que afirmemos la existencia de un cambio de criterio por parte de esa Administración en relación con este asunto y que no alcanzamos a comprender por las razones expuestas.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Para que por ese Centro Directivo se cursen las Instrucciones necesarias en orden a que las solicitudes de reconocimiento de antigüedad, planteadas por el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en situación de excedencia forzosa, sean atendidas y su cómputo reconocido en los términos que correspondan, en orden a la efectividad de los beneficios que se deriven del marco legal o convencional de referencia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de La Algaba a nuestra petición de que diera una respuesta que se atuviera a las cuestiones planteadas, en los escritos presentados por la entidad reclamante, informándonos al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de dar respuesta a la mayor brevedad posible a la información pendiente, solicitada por la entidad reclamante y recabada por esta Institución, acerca del funcionamiento del servicio del taxi en horario nocturno en la localidad de La Algaba.

ANTECEDENTES

1.- La entidad ... de La Algaba nos exponía textualmente lo siguiente:

«El pasado 27 Octubre 2017, enviamos escrito solicitando información sobre el funcionamiento de TAXIS en el pueblo. Al no tener respuesta volvimos a solicitar dicha información por escrito el 6 Febrero 2018. Pues hoy 22/3/2018 seguimos sin respuestas.»

2.- Tras interesar a ese Ayuntamiento que emitiera la respuesta que resultará procedente ante la solicitud de información formulada, se nos indicó que se estaba llevando a cabo la realización de las Ordenanzas Reguladoras del Servicio del Taxi que, cuando se produjera su entrada en vigor, regularía debidamente el Servicio del Taxi en el municipio, pero no se daba cuenta del escrito de contestación a la Entidad reclamante.

3.- Ello determinó que, con fecha 13 de septiembre de 2018, nuevamente interesáramos a esa Corporación Municipal la necesidad de dar respuesta que se atuviera a las cuestiones planteadas, expresamente y sin más dilaciones, a los escritos presentados por la entidad reclamante, informándonos al respecto.

4.- Esta última petición de informe no tuvo respuesta, por lo que nos vimos obligados a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 22 de octubre y 22 de noviembre de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 18 de febrero de 2019, privándonos de conocer si se ha emitido o no respuesta expresa a la solicitud de información de la entidad reclamante.

En base a los antecedentes descritos procede realizar a ese Ayuntamiento las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver por parte de las Administraciones Públicas.

El apartado primero del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previene:

«La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.»

Asimismo, el apartado sexto de dicho artículo 21 dispone lo siguiente:

«El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.»

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta a la mayor brevedad posible a la información pendiente, solicitada por la entidad reclamante y recabada por esta Institución, acerca del funcionamiento del servicio del taxi en horario nocturno en esa localidad de La Algaba.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

Asimismo, recomienda que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Sevilla, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10/01/19 compareció en esta Institución Dª (...), exponiendo: “Solicité el pasado día 11 de junio de 2018 y a través del Ayuntamiento de Dos Hermanas, la renta mínima de inserción social y a día de hoy, no tengo ningún resultado. Hoy fui a la oficina de Luis Montoto, y me dijeron que hasta dentro de 3 meses no cobraría nada. Soy una señora de 62 años, que no percibo ninguna ayuda. Vivo en un piso de alquiler y no puedo pagarlo y ahora mismo estoy recién operada y no puedo ni trabajar. Ruego una solución pronto, si no me echarán del piso y no tengo a donde ir”.

2.- Con fecha 20/03/2019 hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “Con fecha 15/06//2018, Dª (...) en representación de su unidad familiar, presentó solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, asignándosele el núm. de expediente (...). La unidad familiar está compuesta por 1 miembro.

Actualmente la solicitud se encuentra pendiente de resolución conforme al orden de presentación de solicitudes y siguiéndose el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.”

Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, esta recientemente las realiza diciendo que sigue a la espera de que se resuelva la solicitud inicial.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Resulta de aplicación al presente caso, las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:

Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, dedicado a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, contempla en su apartado 3, 14º, como uno de ellos, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.

Por otra parte, en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, se contemplan los principios rectores de las políticas públicas, las cuales deben orientarse a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de tales principios, en particular, para el asunto que nos ocupa, art. 37, apartado 1, 7º, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Segunda.- El derecho a una buena Administración.- El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.

El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.- El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.

Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.

Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante PACAP), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.

- El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa

Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP).

La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1 para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

RECOMENDACIÓN 2 para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Sevilla, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz que, sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

Asimismo, recomienda que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Cádiz, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 23/01/19 compareció en esta Institución Dña. (...), exponiendo que “presenté mi solicitud el día 25 de septiembre de 2018 a través de los servicios sociales Zona Norte de Algeciras, a día de hoy, permanece grabada desde el 12 de noviembre y no han mirado nada, no tengo ningún ingreso y ya no tengo con que comer, ni pagar mis gastos de la casa donde estoy y me van a echar. Estoy desesperada, ya sé que le escriben cientos de personas como yo y peor que yo, pero es que ya no puedo más, por favor, hagan algo para que se agilice la gestión”.

2.- Con fecha 02/04/2019 hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “Con fecha 09/10/2018 tiene entrada en la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales la solicitud remitida por los citados Servicios Sociales.

Con fecha 12/11/2018 se inicia la tramitación con alta en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), bajo el número (….).

El plazo para resolver y notificar la resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, es de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, por tanto el plazo comenzó el 01/11/2018 y finaliza el 31/12/2018.”

Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, ésta las realiza diciendo que sigue a la espera de que se resuelva su primera solicitud.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Resulta de aplicación al presente caso, las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:

Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, dedicado a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, contempla en su apartado 3, 14º, como uno de ellos, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.

Por otra parte, en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, se contemplan los principios rectores de las políticas públicas, las cuales deben orientarse a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de tales principios, en particular, para el asunto que nos ocupa, art. 37, apartado 1, 7º, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Segunda.- El derecho a una buena Administración.- El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.

El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.- El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.

Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.

Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante PACAP), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.

- El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa

Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP).

La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1 para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

RECOMENDACIÓN 2 para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Cádiz, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver actuación de oficio del dPA

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por la que formula las siguientes recomendaciones:

- La elaboración por parte de ASSDA de unas instrucciones en las que se reflejen todos los criterios excepcionales a tener en cuenta en orden a alterar el orden normal de incoación en los procedimientos de dependencia (urgencia social, internamientos involuntarios, traslados, reagrupación familiar), incluidos los recogidos en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2019 (menores de 21 años, especialmente los que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, y mayores de 80 años, especialmente los que tengan reconocido el grado I de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida) e, incluso, el establecimiento de un orden de aplicación preferente entre los mismos.

- Que dichas instrucciones reflejen con claridad cómo actuar en los casos en los que en el PIA esté prescrita la atención residencial como primera opción y la PEVS como segunda y en los casos en los que en el PIA no esté prescrita inicialmente la PEVS. En este contexto, sugerimos que en el primer supuesto desde la Delegación se compruebe que la persona queda en “lista de espera” para el servicio de atención residencial, se contacte con ella y se le informe de la posibilidad de resolver (dentro de la precisa disponibilidad presupuestaria) prestación vinculada y si acepta, se diligencie este hecho en el expediente y se dicte resolución aprobatoria del PlA con la PEVS, sin más trámites por parte de la persona dependiente. En el caso de que en el PlA inicialmente no esté prescrita la PEVS, si la persona dependiente, a posteriori, una vez conocido el hecho de quedar en "lista de espera" para el servicio de atención residencial, desea recibir una PEVS, se le indique que lo solicite por escrito, de manera que se retorne el PIA a través de Ia aplicación informática Netgeiys a los correspondientes Servicios Sociales Comunitarios para que elaboren un nuevo PIA en el que se contemple esta opción, dictándose posteriormente resolución aprobatoria del PIA con Ia PEVS.

- Que dichas instrucciones de la ASSDA, de acuerdo con lo dispuesto en párrafo segundo del apartado primero del art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sean objeto de publicidad, a través de su publicación en el BOJA y en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

- Que las personas dependientes o sus familiares puedan acceder, si lo solicitan, a conocer su posición en las listas de espera confeccionadas por las Delegaciones, de manera que se mejore la transparencia y se facilite el ejercicio del derecho a la información pública de aquellos.

- Que se aumente el número de plazas residenciales en centros públicos o concertados, especialmente en las capitales de provincia, donde la propia ASSDA admite que la demanda es muy superior a las plazas existentes disponibles.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de abril de 2019 se solicitó informe a las ocho Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación respecto a diversos aspectos relacionados con el procedimiento de adjudicación de plazas residenciales para personas dependientes mayores, la existencia de listas de espera y de instrucciones a seguir para su elaboración y funcionamiento y sobre cuál sea la forma de proceder para acceder a la prestación económica vinculada al servicio residencial.

2. Con fecha de 17 de junio de 2019 se reiteraron dichas solicitudes de informe a las ocho Delegaciones.

3. Con posterioridad, se han ido recibiendo en esta Institución durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019 las respuestas de las distintas Delegaciones Territoriales.

Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que han contestado a nuestra petición remitiéndose a la respuesta conjunta que se iba a realizar desde los Servicios Sociales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía han sido las de Málaga (con fecha de 24 de junio) y Huelva (25 de junio).

Con fecha de 27 de julio de 2019 desde la Delegación de Sevilla nos remiten la respuesta de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), de 22 de julio de 2019.

Entre las Delegaciones que han contestado adjuntando la respuesta confeccionada por la ASSDA hemos de citar las de: Granada (16 de septiembre) y Córdoba (19 de septiembre).

Solo las Delegaciones Territoriales de Almería (el 25 de junio) y Jaén (16 de julio) nos emitieron informes singularizados sobre el tratamiento de las cuestiones planteadas en sus respectivos ámbitos territoriales, con anterioridad a la emisión de la respuesta de la ASSDA.

4. Con relación al tema de la gestión de las plazas residenciales para personas mayores dependientes, los informes de las Delegaciones de Almería y de Jaén y de la ASSDA señalan lo siguiente:

4.1. En el informe de la Delegación de Almería se expone que la tramitación de los expedientes se realiza por riguroso orden de incoación, tomando en consideración la fecha en la que la persona dependiente solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia para el caso de los primeros PIA o la fecha de solicitud de revisión en los casos de revisión de tales PIA. Esta norma general se ve exceptuada en los siguientes casos:

- Cuando consta en el expediente informe sobre la urgencia del disfrute del servicio.

- O resolución judicial que obligue a su internamiento involuntario.

En tales casos se produce una tramitación prioritaria.

4.2. En el informe de la Delegación de Jaén la regla general se exceptúa en los siguientes casos:

- De urgencia social acreditada mediante informe de los servicios sociales comunitarios.

- Los expedientes de traslado de centro tramitados conforme al Decreto 388/2010, de 19 de octubre, que, no obstante, no gozan de una prioridad absoluta sobre los de nuevo ingreso, sino relativa, limitada a la diferencia de un año respecto a estos.

Como puede observarse, en el informe de la Delegación de Almería no se recogen los supuestos de los expedientes de traslado de centros y en el de Jaén no se alude a los casos de internamiento involuntario por resolución judicial.

4.3. En el informe de la ASSDA se recogen todas las situaciones excepcionales anteriormente expuestas, esto es, se contemplan como circunstancias excepcionales que pueden alterar el orden de incoación de los expedientes: los casos de urgencia social, los casos de internamiento involuntarios acordados por el Juzgado y las solicitudes de traslados.

Hay que señalar que en este informe se añade, junto a las solicitudes de traslados, el supuesto de solicitudes de reagrupación familiar, tramitadas conforme al Decreto 388/2010.

Por otra parte, con relación al supuesto de las solicitudes de traslado de centro, en el informe de la ASSDA no se alude, como hace el informe de la Delegación de Jaén, a que sea un caso que goce de prioridad relativa, limitada a la diferencia de un año con respecto a las solicitudes de nuevo ingreso.

5. Con relación a la cuestión de si en la asignación de plazas vacantes se toman en consideración las necesidades y preferencias de las personas dependientes, cómo se tiene constancia de las mismas y si existen “listas de espera” e instrucciones que las regulen, las respuestas dadas son las que a continuación se exponen.

5.1. En el informe de la Delegación de Almería se alude a que las preferencias de las personas dependientes se tienen indubitadamente en cuenta en el trámite de consulta al que se refiere el art. 17.4 del Decreto 168/2007 y que cuando no hay plaza disponible en el recurso deseado por la persona dependiente, la eventual Resolución que da derecho efectivo de acceso al recurso no puede dictarse, quedando la persona colocada en lo que “coloquialmente” se conoce como “lista de espera”.

Sobre las listas de espera afirma que no existen instrucciones o directrices dictadas ad hoc, por lo que la gestión de las mismas parte del imperativo legal de tramitación por orden riguroso de incoación, que sólo puede ser alterado si consta expresamente informe acreditativo de la situación de urgencia o existe resolución judicial acordando el internamiento involuntario.

5.2. En el informe de la Delegación de Jaén se alude igualmente a que las preferencias de las personas dependientes o de los familiares que las representen se tienen en cuenta en el procedimiento de elaboración del PIA, a los que se les consulta previamente y, “en su caso”, eligen entre las alternativas propuestas (no obstante, tal libertad no es absoluta, sino que viene limitada normativamente en función del carácter prioritario que se atribuye a los servicios del catálogo del art. 15 de la Ley 39/2006 sobre las prestaciones económicas vinculadas al servicio y en función de la excepcionalidad de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar).

Cuando se haya prescrito a la persona dependiente como recurso más adecuado el servicio de atención residencial es frecuente que, dado el elevado número de personas solicitantes en relación con el número de plazas disponibles a nivel provincial, se demore en el tiempo la aprobación del PIA, hasta el momento en que se produzca una plaza vacante en el ámbito territorial solicitado por la persona dependiente, colocándose la persona en lo que se denomina “lista de espera”.

Las listas de espera se elaboran para cada centro, en ellas figuran los solicitantes según sus preferencias y en función de su antigüedad. En relación a las mismas, dado que desde la ASSDA no se han dictado instrucciones o directrices que regulen su funcionamiento, se rigen por la regla general del orden riguroso de incoación de los procedimientos establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3. En el informe de la ASSDA se dice respecto de esta cuestión que de entre los servicios y/o prestaciones económicas establecidos para cada grado dependencia, se proponen hasta dos modalidades de intervención indicando, en su caso, el orden de preferencia, atendiendo al régimen de compatibilidades previsto en la Orden de 3 de agosto de 2007. En el caso de que la propuesta de PIA contemple el servicio de atención residencial, de entre los recursos propuestos en este servicio, se debe consignar el ámbito geográfico de preferencia (municipal, Zona Básica de Servicios Sociales, provincial). A la hora de asignar plaza se tienen en cuenta las plazas vacantes que existan en centros residenciales de titularidad publica de la Administración de la Junta de Andalucía y plazas financiadas por esta en centros de titularidad pública o privada en el ámbito provincial, en el caso de personas mayores en situación de dependencia. Y, expresamente, en este informe, la ASSDA dice que “Asimismo, se tiene en cuenta la proximidad con el lugar de residencia de los familiares”.

En tanto no se produce una vacante en el ámbito territorial solicitado por la persona en situación de dependencia, Ia resolución por Ia que se aprueba el PIA se podrá demorar en el tiempo. Este hecho se produce con mayor intensidad en las capitales de provincia, donde existe una mayor concentración de personas demandantes unido a un déficit de plazas de atención residencial. En cada uno de los Servicios Territoriales de la Agencia existe un listado de asignación donde se ordenan los expedientes con propuesta de PIA de atención residencial a la espera de asignación de plazas, atendiendo al orden de incoación de expedientes en asuntos de homogénea naturaleza, conforme a lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y tomando en consideración las necesidades y preferencias expresadas por la persona interesada.

Las preferencias indicadas por las personas en situación de dependencia y/o sus familias en el proceso de elaboración del PIA quedan reflejadas en el listado de asignación de plazas y se tienen en cuenta a la hora de asignar las plazas vacantes. Precisamente este hecho da lugar a que para algunas personas el tiempo de espera para acceder a una plaza en concreto sea mayor que la media de espera en el resto de los casos en el que el ámbito de actuación geográfico está más abierto. Este listado de asignación no es inamovible, ya que se va reordenando en función de la entrada diaria de nuevos expedientes.

6. En cuanto a cuáles son los criterios aplicados para permitir el acceso a la prestación económica vinculada al servicio residencial (PEVS) y razón por la que se limita su inclusión en la propuesta de PIA a las solicitudes de revisión subsiguientes a un desistimiento previo.

6.1. El informe de la Delegación de Almería parte de que, según prescribe el art. 17 de la Ley 39/2006 y el art. 13 de la Orden de 3 de agosto de 2007, el acceso a la PEVS está supeditado a que no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, así como al hecho de que la PEVS esté prescrita en el PIA como recurso adecuado.

Describe las siguientes dos situaciones que pueden presentarse:

La primera, que en el PIA esté prescrita la atención residencial como primera opción y la PEVS como segunda. En este caso, la forma en la que se actúa desde la Delegación es como sigue: si se comprueba que la persona queda en “lista de espera" para el servicio de atención residencial, se contacta con la misma y se le informa de la posibilidad de resolver (dentro de la precisa disponibilidad presupuestaria) prestación vinculada; si la persona acepta, se diligencia este hecho en el expediente y se dicta resolución aprobatoria del PlA con la PEVS, sin más trámites por parte de la persona dependiente.

La segunda, que en el PlA inicialmente no esté prescrita la PEVS. Si la persona dependiente, a posteriori, una vez conocido el hecho de quedar en “lista de espera” para el servicio de atención residencial, desea recibir una PEVS, se le indica que lo solicite por escrito (en ningún momento se indica nada relativo al desistimiento); recibida esta solicitud, se retorna el PIA a través de Ia aplicación informática Netgeiys a los correspondientes Servicios Sociales Comunitarios para que elaboren nuevo PIA en el que se contemple esta opción, dictándose posteriormente resolución aprobatoria del PIA con Ia PEVS.

2. El informe de la Delegación de Jaén, partiendo de la misma base normativa que el informe de Almería, declara que “en algunos expedientes se limita su inclusión en la propuesta PIA a las solicitudes de revisión subsiguientes a un desistimiento previo, resulta difícil dar una respuesta genérica sin saber en qué supuestos en concreto se ha procedido de tal modo. No obstante reiteramos el criterio general según el cual los servicios del catálogo tienen preferencia sobre las Prestaciones Vinculadas al Servicio, que en ningún caso se prescriben como primera opción en la propuesta de PIA”.

3. El informe de la ASSDA aborda esta cuestión de forma muy escueta. Recordando lo prescrito en los arts. 14 y 17 de la Ley 39/2006 y los arts. 12 y 13 de la Orden de 3 de agosto de 2007, concluye diciendo que “Ello motiva que no se realicen PIA iniciales con propuesta de PEVS como modalidad principal, indicando siempre corno primera opción plaza pública o concertada, y como segunda, la PEVS de atención residencial. Esta segunda opción está condicionada a que la residencia privada indicada cumpla con las requisitos de acreditación para la prestación del servicio, tal y como exige la normativa vigente. Por tanto, las diferentes casuísticas observadas por esa institución a este respecto, es fruto de un proceso que, dependiendo del nivel de concreción del ámbito territorial de la propuesta presentada por el/la profesional de los servicios sociales comunitarios, en los términos descritos con anterioridad, de lugar a distintas circunstancias en el procedimiento de resolución de la prestación”.

CONSIDERACIONES

1. Con respecto a cuáles son las circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de incoar los expedientes de dependencia, tal y como se ha puesto de relieve, se observan algunas discrepancias en los criterios que son tenidos en cuenta como situaciones que pueden alterar el orden normal de incoación de los expedientes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Así, en el informe de la Delegación de Almería no se recogen los supuestos de los expedientes de traslado de centros y en el informe de Jaén no se alude a los casos de internamiento involuntario por resolución judicial.

Es cierto que en el posterior informe de la ASSDA se recogen todas las situaciones excepcionales expuestas en los informes de las dos Delegaciones citadas, esto es, se contemplan como circunstancias excepcionales que pueden alterar el orden de incoación de los expedientes: los casos de urgencia social, los casos de internamiento involuntarios acordados por el Juzgado y las solicitudes de traslados. Mas, el informe de la ASSDA añade, junto a las solicitudes de traslados, el supuesto de solicitudes de reagrupación familiar, tramitadas conforme al Decreto 388/2010.

Por otra parte, hay que indicar con relación al supuesto de las solicitudes de traslado de centro que en el informe de la ASSDA no se alude, como sí hace el informe de la Delegación de Jaén, a que sea un caso que goce de prioridad relativa, limitada a la diferencia de un año con respecto a las solicitudes de nuevo ingreso, por lo que nos surge la duda de si la ASSDA también interpreta o no así este supuesto como de prioridad relativa.

Y por último, del análisis de los informes de la ASSDA y de las Delegaciones Territoriales de Almería y Jaén se aprecia con relación al tema de la gestión de las plazas residenciales para personas mayores dependientes que en ninguno de ellos se recogen los criterios contenidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 4 de junio de 2019, por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a determinados expedientes administrativos en materia de dependencia que, entre otras estipulaciones, dispone:

“Priorizar la tramitación de los expedientes administrativos relativos al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones de las personas menores de 21 años, especialmente las que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, y de las personas mayores de 80 años, especialmente las que tengan reconocido el grado I de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida.

Dichos expedientes se tramitarán con preferencia al resto, independientemente del orden de incoación de los mismos.”

2. En cuanto al tema de la toma en consideración de las necesidades y preferencias de las personas dependientes y sus familiares a la hora de confeccionar las listas de espera por parte de las Delegaciones, en los tres informes queda constancia que en el proceso de elaboración del PIA dichas necesidades y preferencias quedan reflejadas en el listado de asignación de plazas y se tienen en cuenta a la hora de asignar las plazas vacantes y que es, precisamente por esa razón, por la que para algunas personas el tiempo de espera para acceder a una plaza en concreto sea mayor que la media de espera en el resto de los casos en el que el ámbito de actuación geográfico está más abierto.

Somos conscientes de que los recursos económicos, materiales y de personal con los que cuenta la Administración son limitados y son muchas las necesidades a satisfacer, no obstante, si tal y como se explicita en el informe de la ASSDA el número de demandantes de plaza residencial es muy superior al número de plazas vacantes disponibles, sobre todo, en las capitales de provincias, por parte de la Administración deberá proveerse el aumento del número de plazas públicas o concertadas, de manera que se palíe esta grave situación de demora en años en el acceso a una plaza en un centro residencial para personas mayores.

3. En cuanto a cuáles son los criterios aplicados para permitir el acceso a la prestación económica vinculada al servicio residencial (PEVS) y razón por la que se limita su inclusión en la propuesta de PIA a las solicitudes de revisión subsiguientes a un desistimiento previo, haciendo una comparativa de las respuestas dadas a esta cuestión por los tres informes analizados, podemos decir que solo el informe de la Delegación de Almería expone con claridad las dos situaciones que pueden darse y cómo actúa en cada una de ellas; concretamente, explicita que cuando en el PIA está prescrita como segunda opción la PEVS y se comprueba que la persona va a quedar en lista de espera para el servicio de atención residencial, se le da la posibilidad de resolver la PEVS, sin necesidad de un desistimiento previo.

Sobre esta cuestión, se aprecian discrepancias en la forma de actuar en las Delegaciones de Almería y Jaén ya que, como hemos dicho, en la de Almería en ningún momento se le indica a la persona nada relativo al desistimiento, en la de Jaén sí se explicita que solo tras un desistimiento previo se revisan las solicitudes para poder prescribir la PEVS.

Por parte de la ASSDA no se da luz alguna sobre cuáles son las pautas que en estos supuestos entiende más adecuadas como forma procedimental de actuar por parte de las Delegaciones.

4. A la vista de todo lo expuesto, consideramos que hay que insistir en que la Ley 39/2006 (artículo 28.1 y apartado segundo de su Disposición Final Primera) prescribe un plazo máximo de seis meses para que la persona que haya solicitado acceder a los recursos del Sistema de la Dependencia, obtenga la resolución de reconocimiento de la prestación, por lo que todos los casos en los que la Administración no está dando respuesta en el plazo máximo legalmente establecido está vulnerando el derecho subjetivo de la persona en situación de dependencia.

Por otra parte, desde esta Institución ya hemos manifestado en diversas resoluciones que cuando la Administración dicta la resolución aprobando el PIA de la persona dependiente, conforme a Derecho desde un punto de vista estrictamente jurídico, reconociéndole el derecho de acceso al servicio de atención residencial en un centro para personas mayores dentro del ámbito provincial correspondiente, pero no en el municipio donde ella o su familia reside, en muchos de los casos no se está dando satisfacción a sus necesidades y expectativas.

En tales casos damos por sentado que se le asigna a la persona dependiente la plaza más próxima a su domicilio de entre las vacantes existentes al tiempo de resolver el expediente pero, tal como dijimos en la Resolución de la Q19/1337:

“Es necesario que enfoquemos la realidad con mayor amplitud de miras y añadamos un matiz crucial, cual es el de que una decisión administrativa basada asépticamente en las prescripciones abstractas y generales de la norma, pero dictada de espaldas a la individualidad y circunstancias de su destinatario, puede ser legal pero nunca será justa y, desde luego, será insatisfactoria para la persona interesada.

En la aplicación de la norma por los órganos competentes de la Administración, echamos a menudo en falta un enfoque más dinámico y versátil, menos rígido y encorsetado por el que, respetando la decisión administrativa el texto legal, le haga al propio tiempo cobrar vida y sentido en el caso concreto, corrigiendo la impersonalidad de sus términos generales hasta “humanizar” la norma por la vía del resultado alcanzado mediante la respuesta práctica ofrecida al supuesto particular a que atiende la misma.

Esta necesidad de interpretar adecuadamente la norma que se aplica, si no para hacerla justa, al menos para individualizarla en el caso concreto, o con mayor precisión, la conveniencia de aplicar la norma más allá de su simple literalidad, viene reconocida en nuestro Código Civil (artículo 3.1), que previene que las normas han de interpretarse no solo según el sentido propio de sus palabras, sino completando tal literalidad con otros criterios, entre los que se encuentra el de la realidad social del tiempo en que se aplican y, de forma relevante, el de atender “fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Asimismo, en la aplicación de las normas debe ponderarse la equidad (artículo 3.2).

De este modo, consideramos que el espíritu y finalidad perseguido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, es el de garantizar a las personas que sean reconocidas en situación de dependencia el derecho a recibir una atención adecuada a sus necesidades, entendiendo por “necesidades” tanto la material de acceder al recurso objetivamente prescrito como adecuado (recurso residencial en este caso), como las necesidades más intangibles pero netamente humanas, de preservación de los restantes intereses y vínculos afectivos (la familia y al entorno), sin los que la vida pierde sentido.

Así se desprende de los principios de la Ley 39/2006 que enumera su artículo 3, entre los que se encuentran el de la atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada (letra c) y el de su permanencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida (letra i), pareciendo razonable considerar que dicho entorno no se limita al domicilio, sino al barrio o, al menos, a la localidad, es decir, a los elementos que conforman el arraigo personal y social.”

Consideramos, por tanto, que hay que tener en cuenta y respetarse cuando se elabora el PIA que la persona dependiente o sus familiares hayan manifestado su voluntad de acceder a una plaza residencial dentro del ámbito del municipio en que ellos residan e, incluso, en un determinado centro, ya que son numerosos los casos en los que la persona dependiente lleva años ingresada en un concreto centro, al que ya está habituada y del que sacarla supondría un efecto desfavorable con consecuencias negativas tanto desde el punto de vista psicológico como afectivo.

En muchos de esos casos la familia, consciente y voluntariamente, acepta esperar el tiempo que sea hasta que quede vacante una plaza en el centro concreto que demanda o en el municipio que haya señalado. En tales situaciones, entendemos que la Administración debería contactar con la persona dependiente o con su familia para ofrecerles como segunda opción la PEVS y, sin necesidad de que medie un previo desistimiento, poder acceder a dicha prestación económica. Sin embargo, consideramos que no sería dable en tales casos que por parte de la Administración se aprobara la PEVS sin el consentimiento de la persona dependiente o su familia, ya que puede esta voluntariamente decidir seguir en la lista de espera hasta que se produzca una plaza vacante en el centro que demandan o en un centro de su municipio de residencia.

A la vista de todo lo expuesto, y aprovechando que la ASSDA en su informe manifiesta que ha iniciado un proceso de revisión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones en el que se concretarán, entre otros aspectos, los criterios de actuación que doten al mismo de mayor transparencia, desde esta Defensoría le formulamos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1: la elaboración por parte de ASSDA de unas instrucciones en las que se reflejen todos los criterios excepcionales a tener en cuenta en orden a alterar el orden normal de incoación en los procedimientos de dependencia (urgencia social, internamientos involuntarios, traslados, reagrupación familiar), incluidos los recogidos en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2019 (menores de 21 años, especialmente los que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, y mayores de 80 años, especialmente los que tengan reconocido el grado I de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida) e, incluso, el establecimiento de un orden de aplicación preferente entre los mismos.

RECOMENDACIÓN 2: que dichas instrucciones reflejen con claridad cómo actuar en los casos en los que en el PIA esté prescrita la atención residencial como primera opción y la PEVS como segunda y en los casos en los que en el PIA no esté prescrita inicialmente la PEVS. En este contexto, sugerimos que en el primer supuesto desde la Delegación se compruebe que la persona queda en lista de espera” para el servicio de atención residencial, se contacte con ella y se le informe de la posibilidad de resolver (dentro de la precisa disponibilidad presupuestaria) prestación vinculada y si acepta, se diligencie este hecho en el expediente y se dicte resolución aprobatoria del PlA con la PEVS, sin más trámites por parte de la persona dependiente. En el caso de que en el PlA inicialmente no esté prescrita la PEVS, si la persona dependiente, a posteriori, una vez conocido el hecho de quedar en "lista de espera" para el servicio de atención residencial, desea recibir una PEVS, se le indique que lo solicite por escrito, de manera que se retorne el PIA a través de Ia aplicación informática Netgeiys a los correspondientes Servicios Sociales Comunitarios para que elaboren un nuevo PIA en el que se contemple esta opción, dictándose posteriormente resolución aprobatoria del PIA con Ia PEVS.

RECOMENDACIÓN 3: que dichas instrucciones de la ASSDA, de acuerdo con lo dispuesto en párrafo segundo del apartado primero del art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sean objeto de publicidad, a través de su publicación en el BOJA y en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

RECOMENDACIÓN 4: que las personas dependientes o sus familiares puedan acceder, si lo solicitan, a conocer su posición en las listas de espera confeccionadas por las Delegaciones, de manera que se mejore la transparencia y se facilite el ejercicio del derecho a la información pública de aquellos.

RECOMENDACIÓN 5: se aumente el número de plazas residenciales en centros públicos o concertados, especialmente en las capitales de provincia, donde la propia ASSDA admite que la demanda es muy superior a las plazas existentes disponibles.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

Asimismo, recomienda que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Cádiz, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

ANTECEDENTES

Con fecha 07/02/19 comparecía en esta Institución Dña. (...), exponiendo que había solicitado la Renta Mínima el día 7 de junio de 2018 en los Barrios (Cádiz), y que se trasladó a vivir a Chipiona, entregándole a la trabajadora social su padrón actual para que lo enviaran a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. Que esa comunicación de cambio de localidad se realizó el 16 de septiembre. Solicitaba nuestra intervención pues cada vez que preguntaba en los servicios sociales sobre el estado de tramitación, le decían que está sin revisar.

Con fecha 23/01/19 hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “...Con fecha 25/06/2018 tiene entrada en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales la solicitud remitida por los citados Servicios Sociales.

Con fecha 26/07/2018 se inicia la tramitación con alta en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), bajo el número (...).

El plazo para resolver y notificar la resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, es de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, por tanto comenzó el 01/07/2018 y finaliza el 31/08/2018.”

Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, las realiza exponiendo que sigue a la espera de que se resuelva su primera solicitud.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Resulta de aplicación al presente caso, las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:

Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, dedicado a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, contempla en su apartado 3, 14º, como uno de ellos, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.

Por otra parte, en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, se contemplan los principios rectores de las políticas públicas, las cuales deben orientarse a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de tales principios, en particular, para el asunto que nos ocupa, art. 37, apartado 1, 7º, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Segunda.- El derecho a una buena Administración.- El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.

El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.- El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.

Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.

Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante PACAP), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.

- El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa

Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP).

La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1: para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

RECOMENDACIÓN 2: para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Cádiz, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz