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Dado que esta Institución no ha constatado iniciativa municipal tendente a la recuperación de un camino público que está siendo afectado por usurpaciones e intrusiones, hemos recomendado al Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe que impulse la incoación del expediente administrativo de deslinde y recuperación del camino público, recabando, de forma activa, el auxilio de las Administraciones Públicas que considere procedente en caso de que carezca de medios para ello.

ANTECEDENTES

Como cuestión previa hay que subrayar que esta Institución dio por concluida su intervención en el expediente de queja 12/6328, tramitado a instancia del mismo interesado, tras anunciarnos el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) que, aceptando nuestra Resolución, iba a iniciar expediente administrativo de recuperación del camino público, según demandaba el reclamante.

Sin embargo, pasado año y medio, el reclamante nos exponía, en Febrero de 2015, que a pesar del tiempo transcurrido desde el expresado compromiso municipal, de Julio de 2013, no tenía constancia de que se hubiera impulsado dicho expediente administrativo de deslinde, ni apreciaba signos aparentes de recuperación del camino.

En vista de ello, procedimos a abrir este nuevo expediente de queja a fin de recabar información al citado Ayuntamiento acerca del estado de tramitación del anunciado expediente administrativo de recuperación del camino y, en su caso, para que nos indicara el plazo aproximado en que podría ser restablecido el uso del camino en condiciones de normalidad.

No fue hasta Octubre de 2015, después de innumerables gestiones, cuando recibimos respuesta, exponiéndonos el Ayuntamiento, en síntesis, que carecía de medios técnicos y económicos para llevar a cabo el deslinde del camino, razón que justificaba que no se hubiera iniciado expediente para ello. Por tal motivo, se nos manifestaba que estaban a la espera de recibir ayuda técnica por parte de la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía con tal finalidad.

Ello determinó que, en Noviembre de 2015, interesáramos que se nos indicara si el Ayuntamiento había recibido respuesta de las citadas administraciones mostrando su disposición a prestar su colaboración para tramitar el necesario expediente de deslinde. Deseábamos conocer, en caso positivo, el plazo aproximado en que se iniciaría dicho expediente.

En el supuesto de silencio de los citados organismos, también pedíamos que se nos remitiera copia de las solicitudes formuladas demandando ayuda técnica a fin de que, desde esta Institución, pudiéramos interesar el pronunciamiento de la Diputación Provincial o de la Junta de Andalucía al respecto.

Lo cierto es que no fue hasta el pasado 25 de Julio de 2016, y una vez más tras muchos escritos y gestiones, cuando el Ayuntamiento consideró oportuno remitir su nueva respuesta en la que, en síntesis, se nos señalaba que los contactos con las administraciones citadas en solicitud de ayuda para tramitar el expediente de recuperación se habían efectuado por vía telefónica, “no habiéndose producido hasta este momento ninguna respuesta definitiva que nos posibilite resolver este asunto”.

Por ello, se nos manifestaba que no era posible, tanto económica como técnicamente, abordar el deslinde previo a la posterior recuperación del camino público. Además, nos indicaba que ningún otro colindante ha solicitado la recuperación de este camino público, por lo que no se trataba de una demanda o petición generalizada.

CONSIDERACIONES

Primera.- De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, éstas tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes.

Segunda.- Por su parte, el artículo 65 de la citada Ley dispone que las Entidades Locales tienen la facultad de promover y ejecutar el deslinde total o parcial de los bienes inmuebles de su pertenencia cuando los límites sean imprecisos o cuando existan indicios de usurpación. De acuerdo con el artículo 66.1, podrán recuperar por si mismas, en cualquier momento, la tenencia de sus bienes de dominio público.

Tercera.- A la vista de los antecedentes del caso anteriormente expuestos, cabe estimar que nos encontramos ante un incumplimiento por parte de ese Ayuntamiento de los citados preceptos, toda vez que no ha actuado por si mismo para proceder al deslinde y recuperación del camino público en cuestión, ni cabe constatar gestiones efectivas y claras para recabar, ante su alegada ausencia de medios, el auxilio de otras administraciones.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar el contenido de los artículos 51, 65 y 66 de la ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que establecen las obligaciones de las Entidades Locales de conservar, proteger y mejorar sus bienes, atribuyéndoles para ello las facultades de deslinde y recuperación de sus bienes inmuebles de dominio público.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de impulsar, ante las posibles usurpaciones e intrusiones del camino público municipal, la incoación de expediente administrativo de deslinde y recuperación del mismo, recabando de forma activa, en caso de carencia de medios para ello, el auxilio de las Administraciones Públicas que consideren procedente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Priego de Córdoba que verifique la posible existencia de desperfectos en el alcantarillado y si esos desperfectos son la causa de las humedades que padece un inmueble, proceda, a la mayor urgencia, a reparar las infraestructuras municipales y la vivienda dañada.

ANTECEDENTES

El interesado, en su escrito de queja, solicitaba el embovedado de arroyo y arreglo de alcantarilla, así como el arreglo de diversas humedades y graves filtraciones que esta situación ha originado en la vivienda que constituye su domicilio.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, el Ayuntamiento cordobés de Priego de Córdoba nos indicó, en su escrito de Diciembre de 2015, que había requerido al Arquitecto Municipal para que volviera a visitar la vivienda del reclamante.

Ello determinó que, en Enero de 2016, interesáramos al citado Ayuntamiento que nos mantuviera informados de las conclusiones que se alcanzarán tras la anunciada visita del Arquitecto Municipal y, en base a ello, si se estimaba favorablemente la pretensión del reclamante de que fueran reparados los daños que presentaba su vivienda en caso de resultar achacables a infraestructuras municipales.

Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en Marzo y Abril de 2016, pero ello no había motivado, ni siquiera tras conversación telefónica que mantuvimos en el mes de Junio de 2016 con la Secretaría de esa Alcaldía, que nos fuera remitida la misma, privándonos de conocer si, finalmente, se había estimado procedente atender las peticiones del interesado de que se arreglara el alcantarillado y los desperfectos que esta situación había originado en su vivienda.

Se da la circunstancia de que recibimos nueva comunicación del afectado en la que, textualmente, señalaba lo siguiente:

“Con fecha de hoy se han presentado los albañiles en Calle … para arreglarla. Le adjunto fotos del comienzo de la obra.

Por otra parte aún no se ha presentado el arquitecto en mi domicilio como tengo solicitado hace tiempo y usted ha solicitado también.

Le ruego que si aún está interesado en mi caso solicite al Ayuntamiento que venga el arquitecto para evaluar los daños de mi casa, pues me temo que si levantan la calle y la arreglan no solo no arreglen los desperfectos de mi casa sino que no recalcen los pilares que se están hundiendo.

La Alcaldesa hace desaparecer la prueba (aunque los daños interiores permanecen; hay un acta notarial y un testigo que está cada vez está más abierto y que da fe de ello) tratando de eludir la responsabilidad del Ayuntamiento y de la compañía de aguas.

Por otra parte me han dicho los albañiles que las alcantarillas van en el mismo sitio por lo que seguirá formándose reposa delante de mi domicilio. Actualmente en el arreglo de las calles suelen poner las alcantarillas en el centro de la calle.”

Ante estas afirmaciones del afectado, resultaba aún más urgente pronunciarse sobre su reiterada demanda de que sean reparados los daños que presenta su vivienda y que atribuye a instalaciones municipales.

CONSIDERACIONES

Primera. - Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía viene incumpliendo de manera reiterada el deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de que, por parte de los Servicios Técnicos municipales, se verifique la posible existencia de desperfectos en el alcantarillado y si han podido ser la causa de los daños que presenta el inmueble de propiedad del reclamante realizando, en su caso, las reparaciones que procedan tanto en las infraestructuras municipales como en la vivienda dañada.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante las molestias que vienen sufriendo los vecinos del entorno de las Setas, por las actividades socio-culturales y lúdico-festivas que se organizan, el Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido al Ayuntamiento de Sevilla que mantenga una reunión con los representantes vecinales de la zona para tratar la problemática de la contaminación acústica generada y plantear posibles soluciones, recomendándole también que, en coordinación con todas las áreas municipales, se valore la situación a los efectos de saturación acústica y de acuerdo con la normativa autonómica y local de protección contra el ruido.

ANTECEDENTES

En esta Institución se viene tramitando la queja con número arriba indicado con motivo del ruido constante generado por el hilo musical del Metropol-Parasol y con motivo de las actividades socio-culturales y lúdico-festivas autorizadas por el Ayuntamiento en el entorno de las conocidas como Setas de la Encarnación.

Admitida a trámite en su momento la queja, constan emitidos dos informes por parte del Ayuntamiento de Sevilla, sin que de ninguno de ellos pudiera extraerse la solución a la problemática planteada, lo que nos obligó a pedir un tercer informe que, pese a haber sido requerido por escrito hasta en tres ocasiones, no fue enviado a esta Institución. En concreto, el asunto que quedó pendiente de resolver fue el de la conveniencia de llevar a cabo una medición acústica para determinar el nivel de ruido generado por el hilo musical del Metropol-Parasol al objeto de adoptar las medida que fueran exigibles en función de los resultados.

Pues bien, aunque seguimos sin recibir ese informe, la afectada y promotora de esta queja, vecina de la Plaza de la Encarnación, nos decía que “A día de hoy, no sólo nadie del Ayuntamiento de Sevilla se ha puesto en contacto conmigo para preocuparse por mi situación ni por una medición sino que cada vez se desarrollan más actividades en Las Setas que causan grandes ruidos y molestias (en especial, los fines de semana, como conciertos durante todo el día con música a gran volumen sin interrupción alguna) a los vecinos sin que nadie ejerza ningún control sobre las mismas”. Además, en un segundo escrito nos trasladaba la afectada lo siguiente:

“Le escribo, nuevamente, para rogarle una actuación ante la conculcación de los derechos de los vecinos de Las Setas de la Encarnación, quienes nos vemos todos los fines de semanas obligados a soportar molestias y ruidos de eventos que la concesionaria …. acoge con la connivencia del Ayuntamiento.

Los viernes nos echamos a temblar (si me permite la expresión) ante la llegada de un fin de semana. El fin de semana pasado hubo un evento organizado por ... con un escenario con música muy alta todo el día, al igual que este fin de semana, un evento organizado por la cadena ..., sábado y domingo, con música altísima a todas horas (durante la hora de la siesta, de noche, viéndonos obligados a subir el volumen de la TV, leer con auriculares, etc.).

Adjunto le envío un vídeo de hoy, para que pueda hacerse una idea Ud. mismo de la situación en la que nos encontramos. Ruego, por favor, actúe sobre el asunto, exigiendo al Ayuntamiento de Sevilla que vele por el respeto de los derechos de sus ciudadanos”.

A la vista de estas manifestaciones, y aunque no recibimos aquel tercer informe que en su momento interesamos de ese Ayuntamiento sobre el hilo musical del Metropol-Parasol, decidimos retomar este expediente bajo el prisma de la contaminación acústica que generaba la concentración de actividades autorizadas por el Ayuntamiento en Las Setas, así como el propio hilo musical, y que venían afectando sobremanera, según parecía, a los residentes del entorno, que sufrían los estragos del ruido de tantas y tantas actividades. Por ello, interesamos de ese Ayuntamiento la colaboración en este asunto en esos términos y, en concreto, pedimos que se nos remitiera informe de la Delegación Municipal correspondiente sobre la problemática expuesta afectante a la posible saturación de actividades socio-culturales y lúdico-festivas en el entorno de Las Setas, y su afectación, en términos de contaminación acústica, a las personas que residen en su entorno.

Sin embargo, pese a que este nuevo informe lo hemos solicitado mediante escritos de fechas 31 de julio, 21 de septiembre y 5 de noviembre de 2015, más una llamada telefónica al Gabinete de Alcaldía en fecha de 17 de febrero de 2016, no nos ha sido remitido hasta la fecha. Ello, unido a que en su momento tampoco se nos envió el tercer informe solicitado, determina el incumplimiento del deber legal de colaboración debido a esta Institución.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones. En este sentido, el hecho de que ya se haya emitido un primer informe en este expediente de queja, no es óbice para que esta Institución considere necesario y requiera un segundo o ulterior informe sobre el mismo asunto. Hay que recordar que esta obligación de auxilio y colaboración «con carácter preferente y urgente» que se debe a esta Institución, lo es durante toda la fase de investigación y comprobación de una queja o en un expediente iniciado de oficio.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Sevilla, al no enviarnos el último informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, más una última de manera telefónica con posterior remisión de correo electrónico a la Alcaldía, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de este informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

En cuanto al fondo del asunto, ya hemos tenido ocasión de decir -por ejemplo, en la Resolución dirigida al Ayuntamiento de Córdoba en la queja 12/6904-, que “la autorización de apertura de una discoteca y, singularmente, si ésta tiene una gran entidad por su aforo permitido, genera inevitablemente como efecto indirecto en el espacio exterior una importante afección acústica derivada del tránsito de personas y vehículos de motor, así como de las inevitables concentraciones de personas que se produce en su entorno”. Aunque aquel caso el problema era el generado por la afluencia de público a una discoteca de gran aforo y todo lo que ello conlleva, creemos que es perfectamente extrapolable al de la presente queja, en la que son varios los establecimientos y locales que se encuentran en el complejo Metropol-Parasol que provocan esa contaminación acústica por, según parece, la disposición de un hilo musical a elevado volumen, así como por la afluencia de público y el ruido ambiental provocado por la autorización de diversos eventos socio-culturales y lúdico-festivos, de naturaleza extraordinaria u ocasional, en los que se utilizan elementos de reproducción audiovisual, micrófonos, etc. Es decir, se genera una importante afección acústica exterior, tanto directamente (hilo musical del Metropol-Parasol, música y megafonía de los eventos autorizados en la vía pública) como indirectamente (afluencia de personas, tráfico, etc.).

Decíamos que es extrapolable en el sentido de que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones urbanísticas y de planeamiento, tiene que saber que cuando adopta decisiones o permite que se ubiquen en un entorno residencial unas determinadas instalaciones que van a atraer no solo actividades hosteleras y de ocio sino mucha afluencia de público, se va a generar un grave problema de contaminación acústica de difícil solución, como es el caso que nos ocupa. Ahora bien, no por ello debe dejarse de intervenir para buscar una solución y garantizar la calidad ambiental y el ejercicio al derecho a un medio ambiente adecuado, protegiendo a la ciudadanía contra la contaminación acústica y sus efectos en la salud y en la calidad de vida.

Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla debería valorar, en primer lugar, la conveniencia de considerar, en los términos previstos en el vigente Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, la saturación acústica del entorno del Metropol-Parasol como un problema al que darle solución, a fin de hacer compatibles tanto el ocio de quienes acuden a este lugar emblemático de Sevilla, como el descanso de quienes en él residen, que incluso aducen la conculcación de sus derechos fundamentales por la saturación acústica que sufren.

De hecho, consideramos que esta problemática debe ser tratada de forma estructural y haciendo uso, en todo caso, de los instrumentos jurídicos con los que la normativa vigente dota a los municipios, como por ejemplo la declaración de esta zona como zona acústica especial, conforme a la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones de Sevilla, si hubiera lugar a ello, previos los trámites legales oportunos. De esta forma se permitiría abordar esta problemática con visión de conjunto y, llegado el caso, se podrían adoptar una serie de medidas anejas a tal declaración con las que minorar el nivel de ruido.

Ello, con independencia de que, en todo caso, se adopten también desde ya una serie de medidas de vigilancia, inspección, de policía, disciplinarias y, en su caso, sancionadoras, con las que controlar, disuadir y tratar de fomentar el cumplimiento de la legalidad vigente de las actividades autorizadas, del cumplimiento de horarios de cierre, del volumen del hilo musical, etc.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de la obligación de colaboración establecida en el artículo 19.1 de la LDPA, según el cual todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN para que se emita el informe interesado en el presente expediente de queja a la mayor brevedad posible, incluyendo en su contenido las novedades que hayan acontecido respecto del espacio objeto de esta queja desde que lo solicitáramos por primera vez.

Por otra parte, para el supuesto de que, a la fecha en que se reciba esta Resolución persista el problema de contaminación acústica objeto de esta queja, se formula:

RECORDATORIO de la regulación contenida en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y en la vigente Ordenanza de Sevilla contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, en cuanto a la declaración de zonas acústicas especiales.

RECOMENDACIÓN para que, con la coordinación de todas las áreas y/o delegaciones municipales con competencias en materia de autorización de actividades, medio ambiente urbano y, especialmente, de policía local, disciplina de actividades y seguridad ciudadana, se valore la situación en la que se encuentra el entorno de las Setas de la Encarnación y el Metropol-Parasol, a los efectos de la saturación acústica que sufren los residentes y, especialmente, en cuanto al volumen del hilo musical y el número de actividades socio-culturales y lúdico-festivas autorizadas por ese Ayuntamiento.

SUGERENCIA para que, en todo caso, a tenor de la magnitud del problema que se desprende de los datos recabados con la tramitación de esta queja en cuanto al problema ambiental objeto de la misma, se mantenga en el Ayuntamiento de la localidad una reunión entre las autoridades municipales, la policía local y una representación de los vecinos y vecinas afectados, a fin de tratar la problemática de la contaminación acústica generada y plantear frente al mismo posibles soluciones, alternativas u otras formas de solventarlo o hacerlo disminuir.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

I. El 23 de Mayo 2016 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la incoación de oficio de la presente queja en los siguientes términos:

“Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, en el caso del territorio de la provincia de Jaén, concretamente en Castellar, hemos tenido conocimiento de un yacimiento de alto valor debido a los restos de carácter íbero que han sido objeto de un reciente expolio. Tales hechos han sido conocidos por investigadores que visitaban el recinto y han sido comunicados a las autoridades culturales y a la propia Guardia Civil, debido a los indicios de catas ilegales con detectores de metales. Desconocemos si se están siguiendo las correspondientes actuaciones judiciales con la detención de un sujeto supuestamente responsable de tales ilícitos.

No obstante, y más allá de esta supuesta vía judicial, interesa conocer las medidas que se han adoptado por la autoridad cultural en orden a la delimitación y protección de este importante yacimiento, así como los elementos de protección y defensa ante el riesgo de estos ataques que violentan los restos susceptibles de tutela y defensa.

Por ello, y al margen de esas actuaciones que dé lugar la instrucción del caso, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este yacimiento no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica.

A la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asimismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones y expolios de la envergadura como la que se ha descrito en el lamentable caso del yacimiento de la “Cueva de la Lobera”, en Castellar (Jaén).

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén, a fin de conocer:

• medidas de protección del yacimiento de “Cueva de la Lobera”, en Castellar

• labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado.

• calendario de intervenciones arqueológicas previstas sobre tal yacimiento.

• cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Tras la correspondiente petición de informe, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén nos remitió un escrito (salida 1419, de 14 de Junio) atendiendo a la solicitud dirigida. Dicho escrito recoge la relación de intervenciones de ese organismo en relación con el incidente que abordaba nuestra actuación de oficio:

“Descripción.

El sitio arqueológico de los Altos del Sotillo presenta ocupación desde la Edad del Bronce hasta época romana, destacando la construcción de un santuario de época ibérica del siglo III a.C. La topografía del santuario ibérico queda definida por un acantilado dolomítico orientado al Norte, desde el que se extiende una ladera con fuerte pendiente en la que han sido construidas cuatro terrazas. Cinco cuevas se abren al pie de la pared rocosa. La principal, la Cueva de la Lobera, se presenta sobre la primera terraza, a la que se accede por un camino desde el este de la terraza segunda.

En el área ocupada por el santuario se distinguen dos ámbitos, uno sagrado y otro profano, cada uno con sus características propias. El área sagrada se circunscribe a la Cueva de la Lobera y posiblemente al resto de las grutas del farallón. Este espacio no presenta construcción alguna. La única intervención se registra en el acceso donde se construye una rampa que permite salvar el desnivel entre la segunda terraza y la base de la cueva. En el resto de la ladera se desarrolla el área profana, destinada a sostener las terrazas donde se construyen las “casas”, que por lo que se sabe, son construcciones aisladas niveladas por las terrazas, que se encuentran conectadas por toscos escalones.

El asentamiento ibérico, según las investigaciones actuales, se encuentra aislado de establecimientos ibéricos cercanos, si bien se enclava en una línea de tránsito de gran interés, pues controla la apertura de un paso desde el valle del Guadalquivir hacia La Meseta a través de Sierra Morena, valle que domina con amplia visibilidad tanto para contemplar como para ser visto.

Grado de protección

El Sistema de Información del Patrimonio Arqueológico de Andalucía recoge el sitio arqueológico con el código 01230250016.

Propiedad

El propietario actual es el Ayuntamiento de Castellar.

Impacto arqueológico

Desde su descubrimiento, a finales del siglo XIX, el santuario ibérico de Castellar es uno de los sitios arqueológicos más castigados por el expolio en la provincia. En 1910 se llegó al paroxismo, formándose una empresa para la explotación de este expolio casi sistemático: La Sociedad de Excavaciones de Castellar. El motivo de tal insistencia era la presencia masiva de esculturas ibéricas de bronce, los famosos muñecos, que por miles fueron extraídos y vendidos. Estas esculturas se hallaban en el santuario como exvotos, ofrendas a los dioses por los beneficios conseguidos. Desde entonces hasta ahora la presión ha sido constante pero ha bajado la intensidad con la compra y adecuación para la visita pública del sitio.

El impacto denunciado consiste en la apertura de al menos 20 agujeros de pequeño tamaño y poca profundidad, evidencia del uso de detector y un destierro de una superficie de 6 m2 aproximadamente, de la que desconocemos la profundidad por haberse vuelto a soterrar.

Este, en proporción, gran impacto se localiza en el acceso a la plataforma de las cuevas, y presenta una gran cantidad de piedras en su interior, provenientes de estructuras o derrumbes detectados y destruidos por los excavadores clandestinos.

Propuesta

Durante la visita se comprueba lo denunciado y ante ello se proponen las siguientes medidas:

 

1.- Medidas de evaluación del impacto.

• Comprobación del alcance y entidad del impacto, mediante la re-excavación del área removida en el camino de acceso y la limpieza del perfil resultante. La intervención arqueológica debería ser autorizada por esta Consejería y la realizaría el Ayuntamiento de Castellar.

• Tras la intervención arqueológica se repararía la superficie dañada para rehacer el camino.

2.- Medidas correctoras.

La única manera de asegurar que el expolio no se reproduce es estableciendo una vigilancia permanente, mientras no se disponga de esta, hay algunas opciones para paliarlo:

• Se debe plantear el vallado del sitio, o al menos, de la propiedad municipal.

• Se debe estudiar la posibilidad de colocar cámaras.

• Se debe comunicar a la Policía Municipal y a la Guardia Civil estos hechos para que extremen las labores de vigilancia”.

A su vez, dicho informe adjuntaba la comunicación que se había dirigido al Ayuntamiento de Castellar, con fecha 6 de Junio, promoviendo medidas de protección y correctivas.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El establecimiento de un sistema legal de reconocimiento y tutela del patrimonio arqueológico andaluz es, sin duda, uno de los elementos que caracterizan la normativa cultural autonómica, fundamentalmente expresada en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

 

La inclusión del concepto, con un alcance y sentido propios en dicha norma, su definición legal y el establecimiento de un régimen de protección perfectamente equiparable al resto de categorías, que han ocupado tradicionalmente la acción cultural protectora de los poderes públicos, son pasos que hacen más que evidente la perfecta concienciación entre la Administración Cultural, del sentido y dimensión de nuestra riqueza histórica escondida a lo largo de todo el territorio de Andalucía y, no lo olvidemos, de sus costas y fondos marinos.

 

La exposición de motivos de la Ley 14/2007 es sumamente clarificadora para centrar los valores y objetivos establecido por el ordenamiento jurídico cultural:

 

«Se parte, en primer lugar, de un concepto de Patrimonio Arqueológico basado en la utilización de la metodología arqueológica, estableciendo, en los mismos términos que la legislación estatal, la naturaleza demanial de los objetos y restos materiales que sean descubiertos. Este carácter de bienes de dominio público se presumirá también de los elementos hallados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, una vez transcurrido el plazo previsto en la Disposición transitoria tercera.

 

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. Especial importancia tienen también las actividades arqueológicas previas a la intervención sobre inmuebles protegidos, sobre las que se ha tratado de establecer una regulación equilibrada que, al mismo tiempo, se adecue a lo establecido por la Ley 7/2002. Así se concretan y especifican las obligaciones del promotor de las obras conforme al aprovechamiento urbanístico atribuido, si bien la Administración cultural podrá ampliar a su costa la extensión de la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico».

 

Así, el aludido Título V, desarrollado en los artículos 47 a 60, determina las acciones específicas que la Ley otorga a esta tipología de nuestro patrimonio histórico arqueológico que acuña, como nota característica, su valor protegible a pesar de que, en gran parte, no ofrece la evidencia de su contemplación; le basta su existencia para que la riqueza que encierra merezca por sí misma ser conservada con celo para su estudio y puesta en valor.

 

Pero más específicamente, el Decreto 168/2003, de 17 de Junio, del Reglamento de Actividades Arqueológicas, supone un desarrollo singular de los espacios de valor arqueológico con el objetivo de fijar las intervenciones y definir los protocolos técnicos y procedimientos de tutela que estas labores técnicas y científicas necesitan para su ejecución, procurando las garantías y protección de todos los valores que encierran estos bienes.

 

Segunda.- A la vista de la pormenorizada regulación que se cita, la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de su Administración Cultural, ha venido desarrollando una labor concienzuda de identificación, valoración y formal reconocimiento de estos yacimientos con el objetivo primordial de otorgarles los sistemas legales de tutela y protección que hemos indicado anteriormente.

 

El Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) señala hasta 261 inmuebles catalogados como Zonas Arqueológicas, elementos declarados formalmente como yacimientos inscritos, como tal categoría, entre los elementos que merecen tal definición y alcance legal de protección. La provincia de Jaén acoge 17 de estos elementos repartidos por todo su territorio.

 

Más específicamente, la localidad de Castellar y sus entornos ha sido destinataria de un amplio reconocimiento de su valor histórico, a través de su profunda y extensa huella arqueológica, gracias a una labor de investigación desarrollada, que acumula las evidencias y conocimientos del ingente valor histórico que alberga el subsuelo de su comarca.

 

Precisamente, estos precedentes motivaron la incoación del procedimiento para la inscripción específica en el CGPHA de la Zona Arqueológica de Castellar. Desde entonces, y con la anotación en dicho CGPHA, Castellar ostenta un reconocimiento formal y preventivo de su valor arqueológico, formalizando variados yacimientos identificados que se encuentran en el ámbito del Sistema de Información del Patrimonio Arqueológico con el código 01230250016.

 

Destacamos de nuevo la descripción realizada por el informe de la Delegación:

 

“En el área ocupada por el santuario se distinguen dos ámbitos, uno sagrado y otro profano, cada uno con sus características propias. El área sagrada se circunscribe a la Cueva de la Lobera y posiblemente al resto de las grutas del farallón. Este espacio no presenta construcción alguna. La única intervención se registra en el acceso donde se construye una rampa que permite salvar el desnivel entre la segunda terraza y la base de la cueva. En el resto de la ladera se desarrolla el área profana, destinada a sostener las terrazas donde se construyen las “casas”, que por lo que se sabe, son construcciones aisladas niveladas por las terrazas, que se encuentran conectadas por toscos escalones.

 

El asentamiento ibérico, según las investigaciones actuales, se encuentra aislado de establecimientos ibéricos cercanos, si bien se enclava en una línea de tránsito de gran interés, pues controla la apertura de un paso desde el valle del Guadalquivir hacia La Meseta a través de Sierra Morena, valle que domina con amplia visibilidad tanto para contemplar como para ser visto”.

 

Por tanto, el informe que motiva esta formal declaración supone la plasmación documentada y cronológica de todo un proceso de trabajo y recuperación del valor arqueológico de Castellar y la constatación científica y acreditada de un pasado milenario que se despliega en sus distintos asentamientos, principalmente de carácter íbero.

 

Tercera.- Los medios de comunicación (Ideal, 30 de Abril de 2016) se hicieron eco de un expolio en el yacimiento en el paraje conocido como Cueva de la Lobera, del término municipal de Castellar. Estas operaciones de búsqueda y aparente sustracción de materiales fueron advertidas por técnicas de la Universidad de Jaén, y sus resultados puestos en conocimiento de las autoridades.

 

Como se especifica en el escrito de incoación de la presente queja de oficio, “...al margen de esas actuaciones que dé lugar la instrucción del caso, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este yacimiento no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica”.

 

Y la necesidad de esa actuación protectora parece acreditarse a la vista del informe recibido, ya que se nos indica que estos daños se habían producido en la zona identificada y han supuesto “la apertura de al menos 20 agujeros de pequeño tamaño y poca profundidad que evidencia del uso de un detector y un destierro de una superficie de 6 metros cuadrados de la que desconocemos su profundidad por haberse vuelto a soterrar”.

 

La descripción del daño causado que ofrece la propia Delegación de Cultura alude a que “este gran impacto se localiza en el acceso a la plataforma de las cuevas y presenta una gran cantidad de piedras en su interior de estructuras y derrumbes detectados y destruidos por excavadores clandestinos”.

 

Sin perjuicio del resultado que se alcance tras las actividades de investigación o esclarecimiento de los hechos —ya sea en un escenario administrativo o en el curso de actuaciones judiciales— las operaciones de expolio contra el yacimiento se detectan en una visita primera a cargo de los arqueólogos locales (29 de Abril de 2016) quienes elaboran un informe y lo remiten ante las autoridades culturales y locales. Más tarde, se alude a que la Delegación de Cultura provoca la visita para comprobar los hechos en el enclave el día 6 de Mayo.

 

Ciertamente resulta acertada la calificación de “sistemático” del despojo, porque lo sucedido, parece ser un caso añadido de los frecuentes ataques que padece la zona. Se suma este incidente a la continuidad de los asaltos que de manera reiterada ha padecido, como oportunamente se alude en el informe de la Delegación, al citar incluso la existencia de empresas dedicadas al expolio de estos restos allá por 1910.

 

Este relato de los hechos debería despertar un juicio crítico sobre qué factores de protección y detección habrían anticipado la capacidad de respuesta. Resulta evidente que las causas que explican esta devastación son imputables a quienes han perpetrado y ejecutaron este expolio de restos de origen íbero; para ello se establecen los procedimientos a fin de esclarecer hechos, tipificar conductas y determinar sus consecuencias.

 

Pero mientras, desde otro escenario analítico, resulta muy oportuno abordar qué medidas de mejora se pueden implementar tras su estudio. Y así, se suscitan varias cuestiones; por ejemplo, la capacidad de respuesta preventiva para proteger el escenario por parte de los servicios de esa Delegación Territorial y del propio Ayuntamiento, en cuyos terrenos se perpetran una y otra vez estos expolios.

 

La cuestión se centra en dilucidar si el recurrente desarrollo de una actividad expoliadora como la descrita, merece unas respuestas inmediatas, ágiles y, sobre todo, protectoras. No olvidamos que este ataque a los restos se produce en un escenario que parece alejado, en ámbitos rurales apartados en los que pueden permanecer ocultas estas operaciones de expolio, al menos para las autoridades o sistemas de control. Pero, precisamente, a partir de ser tan reiterados los daños, en una zona de la que se tiene sobrado conocimiento de su existencia y por esa misma condición, este yacimiento merece unas especiales medidas protectoras que enerven lo que se ha descrito como “un expolio sistemático”.

 

Volviendo a la normativa específica, debemos traer a colación lo dispuesto por el artículo 5.4 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003) cuando señala que:

 

«La actividad arqueológica urgente es la que, no estando impuesta por una norma, se considere por la Consejería de Cultura que debe ejecutarse en caso de que concurran circunstancias de peligro de pérdida o destrucción al Patrimonio arqueológico o en el caso de suspensiones de obras motivadas por la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos».

 

Creemos que la Autoridad Cultural, a la vista de los informes que recibió, puede considerar que los daños descubiertos, y que le fueron advertidos, merecen la consideración de «circunstancias de peligro de pérdida o destrucción al Patrimonio arqueológico» debido a que el expolio se califica de “sistemático” y de que los objetos amenazados, como son estatuillas o pequeñas piezas metálicas de bronce, tienen una envergadura que facilita un acopio continuo. También resulta oportuno destacar las propuestas de fijar medidas de vallado o, cuando menos, sistemas de registro de imágenes y cámaras de seguridad que advirtieran in situ la intervención de la autoridades como efecto, al menos, disuasorio ante nuevas aprehensiones de estos restos arqueológicos.

Precisamente, las técnicas que evaluaron la situación tras la visita propusieron una serie de medidas que, debidamente analizadas, pueden aportar soluciones ante esta situación. Tales medidas serían de alcance propiamente arqueológico descritas como

“1.- Medidas de evaluación del impacto.

Comprobación del alcance y entidad del impacto, mediante la re-excavación del área removida en el camino de acceso y la limpieza del perfil resultante. La intervención arqueológica debería ser autorizada por esta Consejería y la realizaría el Ayuntamiento de Castellar.

Tras la intervención arqueológica se repararía la superficie dañada para rehacer el camino”.

 

Y, junto a éstas, disponer acciones de acondicionamiento del entorno y protección de la zona según proponen;

“...2.- Medidas correctoras.

La única manera de asegurar que el expolio no se reproduce es estableciendo una vigilancia permanente, mientras no se disponga de esta, hay algunas opciones para paliarlo:

• Se debe plantear el vallado del sitio, o al menos, de la propiedad municipal.

• Se debe estudiar la posibilidad de colocar cámaras.

• Se debe comunicar a la Policía Municipal y a la Guardia Civil estos hechos para que extremen las labores de vigilancia”.

Esta medidas, o las que se determinen finalmente, deberán conjugarse con las actuaciones ya realizadas en la zona y que nos han sido descritas para poner en valor el entorno ganando accesibilidad desde el núcleo de Castellar.

En suma, queda a la consideración de esa Delegación Territorial un ejercicio evaluador sobre las posibles mejoras en la agilidad reactiva de las autoridades culturales para proteger este yacimiento que parece condenado sin remedio a este sistemático expolio.

Se trataría, por tanto, a la vista del incidente añadido que ha acentuado la toma en consideración de las medidas protectoras para este espacio, de que precisamente se evalúe la oportunidad de realizar alguna de las acciones propuestas en el informe elaborado por las técnicas arqueólogas y que permitan definir la intervención arqueológica procedente con argumentos y criterios científicos especialmente destinada a evitar su expolio y destrucción, según establece el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Del mismo modo, en el curso de la delimitación de las medidas de protección y custodia, reseñamos la condición del propio Ayuntamiento de Castellar como propietario del recinto, según consta acreditado a estos efectos en el expediente aludido CPPH 560/2004, lo que supone su responsabilidad compartida a la hora de velar por las condiciones de conservación.

Cuarta.- Como se ha indicado en la motivación de la presente queja de oficio, la cuestión nuclear no reside tanto en las medidas formales declarativas, sobradamente descritas, cuanto en su eficacia para la protección de tales zonas de valor arqueológico. En determinados supuestos en los que acostumbra a intervenir esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, nos encontramos ante ataques o expolios de Zonas formalmente declaradas y merecedoras, por tanto, de una actuación protectora acorde con el alcance normativo que implica la catalogación de ese espacio como Zona Arqueológica.

Con ello, queremos expresar, aun resultado obvio, que dicha formalidad declarativa no constituye per se un elemento impeditivo de los ataques y expolios como los descritos. Pero sí hemos de entender que su reconocimiento formal, bajo la categoría de BIC como “Zona Arqueológica”, es el pronunciamiento merecido y acreditado sobre el que construir todo el dispositivo de protección que este patrimonio histórico necesita sin demora.

En este caso, nos encontraríamos ante un espacio que habría permanecido referenciado y estudiado desde hace décadas por sus valores arqueológicos, pero al día de la fecha no ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según se nos informa por las arqueólogas actuantes, “... los antecedentes en materia de catalogación se inician en febrero de 1988, fecha de la documentación técnica para su declaración como BIC de la sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén en la que se emite informe favorable a la incoación del expediente. El 17 de Septiembre de 2004 se tramita ante la Dirección General de Bienes Culturales la propuesta de incoación como BIC de la Zona Arqueológica de los Altos del Sotillo (expediente CAT 45/04)”.

Nada nuevo se añade. Con lo que nos encontramos ante otro caso, entre varios que hemos tenido la oportunidad de analizar, de elementos patrimoniales que en su día son incoados para su consideración declarativa como BIC pero que, tras el paso de los años, o décadas, permanecen en el mismo estado procedimental sin conocer las circunstancias que aporten alguna explicación a semejante parálisis o una motivación válida ante la ausencia de un pronunciamiento conclusivo del expediente formalmente incoado sin resolución.

Ante este tipo de situaciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ya se ha manifestado indicando algunas consideraciones en especial con motivo de la resolución dictada en la queja 16/761.

“...La declaración formal de un inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC) se convierte en un acto complejo que engloba un compendio de efectos derivados de dicha resolución y dirigidos a lograr de dicho bien los objetivos de identificación, registro, estudio, protección y promoción que hemos señalado anteriormente.

Es, sin duda, un proceso que debe argumentarse desde criterios técnicos y científicos en los que las decisiones a la hora de incoar su tramitación, conforme establece la citada LPHA, se adoptan según los niveles de protección patrimonial (BIC, bienes incoados y bienes susceptibles de incoar) y sus propios estados de conservación (actuación muy urgente, actuación urgente o actuación ordinaria).

Hablamos de una sucesiva relación de motivaciones y criterios que deben recogerse en el expediente incoado al efecto, según señala el artículo 9 de la LPHA. Ciertamente, la ingente riqueza patrimonial que la Comunidad Andaluza ostenta es un condicionante en la determinación de estos inmuebles a la hora de decidir su inclusión formal en estos procedimientos declarativos de BIC, lo que, sin duda, genera un amplio elenco de espacios y edificios que, por sí, son perfectamente encuadrables en los valores que debe asumir un Bien de Interés Cultural declarado.

Ante esa multiplicidad de supuestos se deben fijar, necesariamente, unas pautas o unos criterios, como se ha señalado antes, que sepan conjugar los niveles de protección con los propios estados de conservación y sus amenazas para preterir unas iniciativas frente a otras que quedarían, cuando menos, aplazadas. Así mismo, esa labor de ordenación de incoación e impulsos para la declaración de BIC, en un vasto espacio como el territorio andaluz, compete ejercerla al propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que goza de la ordenación común de las políticas culturales con una visión integral de las necesidades del conjunto del espacio autonómico.

Probablemente, no erramos al plantear, en este orden de decisiones, que la principal dificultad no estriba en encontrar inmuebles merecedores de ser declarados BIC, sino más bien en tener de priorizar, entre tantos, cuáles deben alcanzar antes ese título formal. La trascendencia patrimonial de la historia de Andalucía ha generado, a lo largo de sus siglos, un ingente patrimonio que, por sí sólo, merece una prolífica actividad declarativa de sus valores culturales.

Ciertamente, surge una variedad de criterios que se antojan sugerentes a la hora de realizar esta compleja labor de identificación y de reconocimiento. Hablaríamos de criterios de oportunidad para cubrir necesidades de protección a través del especial régimen legal establecido; completar espacios o conjuntos culturales ya declarados; consolidar labores de planificación urbanística; enervar situaciones de riesgo en los usos del inmueble; promoción de destinos culturales; apoyo de actividades científicas o divulgativas; y la búsqueda de todo el corolario de efectos que este reconocimiento formal como BIC proporciona a los inmuebles destinatarios de tal declaración.

Igualmente estos criterios pueden tener otras referencias territoriales no menos oportunas y que deben considerarse que pueden incidir en una labor de buscar un proceso declarativo con ese enfoque geográfico. Determinada tipología monumental merecedora de este reconocimiento puede encontrar ejemplos de inmuebles repartidos a lo largo del territorio andaluz que quedarían llamados a la par a obtener la declaración BIC; en cambio, en otros supuestos primaría la exclusividad característica de un inmueble que lo calificaría de manera singularizada para tal categoría de BIC.

Tampoco hemos de olvidar la amplia legitimidad que la LPHA otorga para solicitar la incoación del expediente. Su artículo 9.1 reconoce a cualquier sujeto privado o público la facultad para instar ante la autoridad cultural mediante una petición motivada que se proceda a la apertura de dicho trámite para alcanzar finalmente la declaración de un inmueble como BIC. Ello implica una pluralidad de demandas dirigidas a la autoridad cultural que deben ser acogidas y respondidas conforme a criterios coherentes y equitativos.

Y, por último, en este ejercicio de analizar los elementos que propician o aplazan los procesos declarativos de BIC, comparecen con fuerza propia los impactos económicos de otorgar este especial régimen de protección, ya que activa unas cualificadas obligaciones para sus titulares, así como para las autoridades culturales, acordes con las necesidades que se acreditan hacia dicho inmueble y que condicionan su uso y aprovechamiento, tal y como se ha mencionado anteriormente. Un régimen de protección que se traduce en obligaciones de sometimiento a un específico sistema de autorizaciones para intervenciones, prohibiciones y controles; severos mecanismos de conservación y restauración; contenidos obligados para la ordenación y planificación urbanísticas; etc. Acciones, todas ellas, que se expresan en indicadores económicos que deben ser cuidadosamente evaluados en su alcance.

Este breve ejercicio de enumeración de los criterios o razones que intervienen en la argumentación que motiva la incoación de los correspondientes expedientes y su ulterior tramitación, no dejan de exponer un escenario de decisiones de carácter indeterminado que debe ser valorado y ponderado por las Autoridades Culturales, conforme a sus correspondientes competencias, y en base a las argumentaciones técnicas y científicas que enriquecen y fundamentan la decisión final acordada sobre el bien afectado.

En suma, la pluralidad de bienes susceptibles de merecer tal declaración y la complejidad de los criterios que ilustran el estudio de tales decisiones, ponen de manifiesto un escenario complejo y extenso de gestión de estas iniciativas.

Sin duda, la incoación, trámite y declaración de un inmueble como BIC supone un sistema decisorio que por su heterogeneidad, y desde luego por su trascendencia, aconseja disponer de un proceso motivado y bien argumentado que aporte, cuando menos, una herramienta ordenadora y planificadora de esos procesos concurrentes de declaración de BIC y su incorporación al Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía”.

Consideramos, en suma, que este yacimiento de Altos del Sotillo, de Castellar, cuyo expediente fue incoado en 1988, y que permanece sin concluir diez y ocho años después, merece un definitivo impulso que resuelva la merecida declaración formal de Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica, desde cuya proclamación disponer todo el corolario de medidas protectoras y de puesta en valor que la normativa otorga a tales elementos patrimoniales de ingente interés arqueológico.

Quinta.- A la vista de las anteriores circunstancias, resumimos que cabe valorar la actuación de la Delegación Territorial con una actitud más ambiciosa, en la medida en que la reacción formal ante el nuevo episodio de expolio ofrece evidentes oportunidades de mejora. El conocimiento de este tipo de los hechos y la magnitud de los daños provocados puede generar en la sociedad una reacción de sorpresa y de incomprensión. Queremos hacernos eco de opiniones expresadas por colectivos, entidades y profesionales relacionados con la cultura, y especialmente sensibilizados ante estos expolios, cuando aducen su sorpresa y posterior decepción al comprobar las dificultades para generar un efecto impeditivo de estas agresiones al patrimonio cultural y arqueológico andaluz.

Por ello, debemos —todos los poderes públicos— reflexionar críticamente cómo mejorar las intervenciones de protección y defensa del patrimonio histórico. En suma, creemos que existen espacios para la reflexión y el análisis de las actuaciones desplegadas por la Autoridad Cultural y el propio Ayuntamiento de Castellar, titular de los terrenos del yacimiento, ante este grave suceso que pueden aportar oportunidades de mejora y, en su caso, métodos correctivos.

Del mismo modo, creemos que la actuación de la Administración Cultural debe aportar un destacado liderazgo en la defensa y promoción de los valores histórico-culturales. Así pues, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte debe impulsar todas las actuaciones de esclarecimiento y determinación de las responsabilidades incurridas, promover la reparación de los daños y, desde luego, ejercer las potestades de tutela y protección que se han visto gravemente afectadas por la nueva devastación en el yacimiento de Altos del Sotillo.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén y al Ayuntamiento de Castellar las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de las disposiciones legales citadas en el texto de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN 1, a fin de que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén impulse, desde su ámbito de competencia, los procedimientos incoados para el esclarecimiento y determinación de responsabilidades ante el expolio del yacimiento de Cueva de la Lobera en Altos del Sotillo (Castellar).

RECOMENDACIÓN 2, a fin de que la Delegación junto con el Ayuntamiento de Castellar evalúen todas las actuaciones desarrolladas en torno a los sucesivos expolios del yacimiento y se programen todos los mecanismos de vigilancia y protección del recinto.

RECOMENDACIÓN 3, a fin de que la Consejería de Cultura actualice el estado de tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento de Cueva de la Lobera en Altos del Sotillo (Castellar) que consta como “incoado” desde 1988 mediante su impulso y resolución.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por la que recomienda dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación presentada por la parte afectada con fecha 13 de julio de 2016.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 18 de julio de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 13 de julio de 2016 el afectado había formulado reclamación ante esa Agencia Tributaria de Sevilla instando se le facilitase copia de recurso de reposición que hubiere presentado en expediente sancionador de tráfico urbano o en la vía de apremio subsiguiente.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

Debemos aclarar que a la reclamación del interesado -que presentó en fecha 18 de julio de 2016- le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ello, por expresa previsión contenida al efecto en la Disposición transitoria tercera, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que establece:

«Régimen transitorio de los procedimientos:

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.»

El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo. Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia y sometimiento a la ley y al Derecho.

Los mismos principios se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a esa Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación presentada por la parte afectada con fecha 13 de julio de 2016.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de Abril de 2016 nos dirigimos a la Consejería de Justicia e Interior, a través de su Viceconsejería, en los siguientes términos:

“Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.

Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. Ciertamente, la amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Situaciones análogas han sido abordadas en otras actuaciones, como la queja 14/4340, iniciada de oficio ante la Consejería de Justicia e Interior, relativa a graves dilaciones en los Juzgados de lo Social de Sevilla. También podemos añadir la queja 14/5196 que abordaba la situación específica de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga o la queja 14/5756 sobre los mismos órganos en Sevilla.

Esta nota de especial singularidad en los problemas se aprecia, ahora, con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las actuaciones de los Juzgados de lo Social de Huelva.

En un ejercicio recopilatorio, podemos citar varios expedientes de queja que son coincidentes en manifestar graves dilaciones a la hora de ofrecer las citaciones y respuestas previstas en los respectos procedimientos(...).

En todas las quejas tramitadas, como es preceptivo, nos hemos dirigido a la Fiscalía para conocer los detalles de las reclamaciones expresadas por las personas afectadas. Es, a partir de estos informes de la Fiscalía, cuando hemos podido confirmar los plazos que hemos relatado y que ratifican, una tras otra, la estricta veracidad de estos retrasos. Así pues, y a falta de mayores datos que permitieran realizar un análisis más detenido, la valoración que podemos ofrecer es la presencia de graves dilaciones repetidas en las quejas comentadas y que señalan a tres órganos que protagonizan estas deficiencias; es decir, los Juzgados de lo Social de Huelva números 1, 2 y 3.

Retomando el informe que nos remitió el Letrado adscrito al Juzgado de lo Social nº 1, son problemas estructurales que pesan en dicho órgano, si bien los indicios que le hemos señalado pudieran hacer indicar que son análogos a los que pudieran presentarse con indicadores parecidos en los otros Juzgados de lo Social.

Como puede comprobarse, la situación que hemos intentado poner de manifiesto, amenaza con trascender los problemas individuales expresados en cada queja y suponer un grave déficit que afecta a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, suponiendo una grave disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia. Por tanto, todas estas manifestaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido”.

2.- Con fecha 29 de Junio de 2016 recibimos comunicación de la Viceconsejería con un detallado informe que abordaba diversas cuestiones relacionadas con el asunto planteado en la queja de oficio incoada. Efectivamente, la Viceconsejería nos informa:

“En la reciente Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2015, se analiza la situación de los Juzgados de lo Social de Huelva, reflejándose que el número medio de asuntos ingresados por órgano ha sido de 1366 asuntos lo que supone un exceso del 70,7% sobre el módulo de referencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. En relación con los datos del año anterior, la carga de trabajo de estos Juzgados ha aumentado de forma considerable, en más de 120 asuntos por Juzgado, lo que supone un incremento porcentual del 9,7% y se sitúan en unos parámetros muy parecidos a los del ejercicio del año 2013.

 

• AÑO	Nº DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO ASUNTOS POR ÓRGANO	VARIACIÓN SOBRE EL MÓDULO (670-800)
  2013	3	1351	68,90%
  2014	3	1245	55,60%
  2015	3	1366	70,70%

 

Para la adecuación del número de Juzgados de lo Social a las actuales cargas de trabajo, y atendiendo a los módulos de referencia establecidos por el CGPJ, sería preciso que en Huelva existieran un total de cinco órganos de este orden jurisdiccional, por lo que sería necesaria la creación de dos nuevos Juzgados.

Personal del partido judicial.

El partido judicial de Huelva cuenta con tres Juzgados de lo Social, cada uno de estos órganos tiene una plantilla constituida por dos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 4 del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y dos del Cuerpo de Auxilio Judicial. Esta configuración de plantilla es similar a la existente en otros Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.

La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería mantiene una cobertura del 100% de las plantillas de todos los órganos judiciales, sin perjuicio de que en determinados momentos puedan producirse vacantes o ausencias de bajas por enfermedad, en cuyo caso se cubren en el siguiente concurso de traslado, o mediante sustituciones, comisiones de servicios o con personal interino de la bolsa correspondiente.

En relación con este partido judicial, se han adoptado diferentes medidas de refuerzo en los últimos meses. De esta forma, el Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva ha contado con el refuerzo de una persona funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2015. El Juzgado de lo Social nº 2, por su parte, ha contado con el refuerzo a su vez de una persona funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal desde 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016.

Pendencia.

En cuanto a la situación de la pendencia, tomando como referencia los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (punto neutro judicial) en el mes de febrero de 2016, debe señalarse que, durante el año 2015, el Juzgado de lo Social nº 1 tenía pendientes de tramitar al inicio del ejercicio 1935 asuntos y al final del mismo tenía 2016 asuntos lo que supone una aumento en el volumen de asuntos pendientes del 4,19%.

El Juzgado de lo Social nº 2, por su parte, tenía 1786 asuntos al inicio y 1980 al final lo que supone un aumento del 10,86%.

El Juzgado de los Social nº 3, por último, tenía 1333 asuntos al inicio y 1491 al final de dicho ejercicio lo que supone un aumento del 11,85%.

Hay que indicar que el indice de pendencia medio en este partido judicial se situó en el 8,90% y que estaría muy por encima del índice de pendencia medio en la provincia de Huelva que fue del -5,85%.

Medidas de colaboración de la Junta de Andalucía.

Teniendo en cuenta la situación de alta pendencia y la elevada carga de trabajo que experimentan estos órganos judiciales, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, en el marco de sus competencias, se vienen adoptando medidas que de alguna manera coadyuven a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad que presentan. Entre estas medidas podemos destacar lo siguiente:

En relación con esta cuestión hay que destacar que la referida Memoria del TSJA señala que durante la anualidad de 2015 han estado adscritos Magistrados como integrantes de medidas de refuerzo en la jurisdicción social de primera instancia en distintos partidos judiciales como Almería, Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Granada, Jaén, Málaga o Sevilla, sin que en ningún caso hubiera procedido desde los organismos judiciales a adoptar una medida similar al respecto en el partido judicial de Huelva que nos ocupa. La asignación de Jueces de Adscripción Territorial constituye una circunstancia que en su caso puede ser tenida en cuenta para los correspondientes nombramientos de personal de refuerzo.

En cualquier caso, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, consciente de la especial situación de sobrecarga de trabajo y elevados indices de pendencia que atraviesas determinados órganos judiciales ha procurado impulsar un nuevo esfuerzo presupuestario que pueda contribuir a la agilización de las actuaciones y procedimientos. Para ello, se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos, mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de los 137 actuales hasta un total de 181.

Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal medida, aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos.

De esta manera, se ha procedido a asignar al Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva, desde el inicio del mes de junio hasta finales del próximo mes de septiembre, el refuerzo de un funcionario interino perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Se contempla que este refuerzo señalado pueda dar cobertura a cualquiera de los tres juzgados sociales de este municipio”.

Analizado el contenido de su información, hemos de ofrecerles a la luz de los datos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En un primer punto, hemos de manifestar que su información viene a ponderar, de una manera objetiva y documentada, la situación que pesa en la gestión cotidiana de asuntos que afectan a los órganos de la jurisdicción social en Huelva.

Efectivamente, aluden en su comunicación a la constatación de una creciente carga de trabajo en los tres órganos judiciales, con incrementos porcentuales de asuntos que van de un 68 % en 2013, a más del 70% en 2015 en relación con los módulos de carga de trabajo asignados a este tipo de órganos judiciales. Tales incrementos de asuntos explican, ciertamente, el volumen de trabajo que se residencia competencialmente en estos órganos, cuyas respuestas carecen a todas luces de la capacidad para absorber, en términos de suficiencia, la gestión y resolución de los asuntos acorde con parámetros aceptables de servicio.

Recordamos que entre las motivaciones que explicaban la apertura de este expediente de oficio se encuentran informaciones ofrecidas por los propios titulares de varios de estos Juzgados de lo Social. Así en la queja 15/3815, con motivo de la información que nos dirigía el Letrado de la Administración de Justicia supimos que el Juzgado nº 1 venía recibiendo un 150% más de los asuntos asignados en las ratios de órganos análogos y que su carga de trabajo de varios ejercicios añadidos implicaban un volumen de asuntos equivalentes a nueve años más sobre el ritmo de asuntos que le asignan los indicadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta descripción sobre el Juzgado nº 1 debe ser evaluada en relación con otros ejemplos. Así citamos la queja 16/823 que alude al mismo órgano; en ella el interesado, afecto de una grave invalidez, según afirma, se ha visto obligado a demandar al INSS y a la Mutua que tenía contratada la empresa para la que trabajaba para reclamar pensión de invalidez. Su juicio se ha señalado para dentro de un año, a lo que que tiene que añadir el tiempo dedicado solicitar abogado por carecer de recursos económicos para asumir este gasto.

Añadimos el caso de la queja 16/1169 que engloba dos procedimientos que se siguen en el Juzgado de lo Social nº 2 y también en el nº 3, ambos de Huelva. En estos casos, las citaciones son para finales de 2017 en relación con una demanda de resolución de contrato por modificación de sus condiciones, dando lugar a la formación de los autos de 2015 del Juzgado de lo Social nº 2, que ha señalado como fecha para el juicio la del 17 de enero de 2017, más de un año después de la presentación de la demanda.

Surge pues una afectación muy repartida y común entre los diferentes órganos, que parece superar cualquier idea de que los problemas detectados tuvieran un foco concreto en señalados juzgados. Más bien, y partiendo de estos datos que obtuvimos en su día a partir de quejas individuales y de informaciones que se nos facilitaron desde la Fiscalía de Huelva, los datos que nos facilitan ahora corroboran una situación generalizada de graves dilaciones, consolidada a lo largo de estos tres últimos años, y que se confirmaría en los datos que se ofrezcan respecto del presente ejercicio de 2016.

La cumplida información que nos hace llegar la Viceconsejería supone, pues, la ratificación acreditada de la grave situación que pesa sobre los desempeños de los Juzgados de lo Social de Huelva. De Huelva y de todo el territorio que barca el TSJA ya que la Memoria de 2015 (pág. 124) refleja que salvo Ceuta, Motril y Melilla, todos los Juzgados de lo Social sobrepasan con creces los módulos preestablecidos de carga de trabajo.

Segunda.- Un aspecto añadido vendría a detenerse en las medidas que, de manera específica, ha acometido esa Consejería de Justicia e Interior desde su particular ámbito de decisión y competencia. El relato de su informe incide en la puesta a disposición de una serie de puestos de refuerzo a través de personal administrativo interino o refuerzo que se distribuye entre los órganos judiciales de Andalucía, según los criterios o razones de prioridad que se indican en su escrito.

Con mayor detalle, destacamos su información acerca de que “...se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos, mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de los 137 actuales hasta un total de 181.

Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal medida, aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos”.

Desde luego, el aumento del número de plazas implica un esfuerzo añadido que esta Institución ha venido demandando a la hora de analizar las posibles medidas de ayuda ante situaciones parecidas y que, afortunadamente, mejora las oportunidades de disponer de refuerzos de carácter administrativo en aquellos juzgados que más lo necesitan. Es un avance apreciable y que camina en la dirección correcta de dimensionar con mayor capacidad las plazas de refuerzo o apoyo.

Reiterando ese elemento positivo, y aunque nos señalan medidas de refuerzo para los Juzgados de lo Social números 1 y 2, los resultados obtenidos en su conjunto no presentan cambios significativos de mejora que permitan dedicarle una valoración satisfactoria en orden a la consecución de unos objetivos que debieran alcanzar la superación o, al menos, una perceptible mejora de la situación que se pretende corregir en estos órganos judiciales. Reconociendo, sin duda, el esfuerzo profesional y dotacional que implica este reducto de medidas de refuerzo acordadas, el objetivo ceñido a las necesidades de los Juzgados de lo Social de Huelva no ha podido ser alcanzado a la luz de los resultados ofrecidos. Y además, apuntamos un dato que, aunque no resultado en el informe de la Viceconsejería sí produce una singular atención, cual es la altísima incidencia de suspensiones de citaciones y vistas (en torno al 40%) lo que añade un elemento de retrasos y entorpecimientos en el discurrir de los procesos.

Con todo, los datos y el análisis de estas medidas funcionariales concluyen una grave situación que parecen encontrar su dificultad más en la capacidad resolutoria de los Juzgados que en aspectos de naturaleza tramitadora. De hecho, la información ofrecida destaca que “los puestos de plantilla de los juzgados están cubiertos en su totalidad, es decir que la plantilla aprobada para cada órgano está atendida salvo supuestos puntuales que puedan darse”.

No obstante, a la hora de indagar otras vías de solución, sí se han elaborado argumentos a favor de una mejor redistribución de las plantillas previstas para cada órgano judicial. En la Memoria del TSJA de 2014 se hablaba de “abordar sin más dilaciones una reordenación de efectivos y una nueva Relación de Puestos de Trabajo adecuada a la situación actual de los órganos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma”. Se trataría de derivar efectivos a los destinos más necesitados de refuerzos de personal gracias a las plazas que serían amortizables de otros órganos cuyas cargas de trabajo permiten una nueva adscripción o destino. La Memoria de 2015 reproduce con mayor ahínco estas peticiones al recoger que existen “distorsiones ampliamente conocidas de a los atrás: órganos con exceso de funcionarios y otros con una platilla muy escas, que se mantiene invariable en número desde hace décadas sin atender a las necesidades reales de trabajo y de la población; ausencia de movilidad funcionarial en el entorno laboral más inmediato; cambios constantes en la plantilla, retrasos en la cobertura de vacantes; alto número de interinos y falta de especialización; dificultades de cobertura de plazas para medida de apoyo judicial; etc.” (pág, 190).

En todo caso, hemos de concluir de nuevo que las medidas de refuerzo funcionarial destinadas a estos órganos judiciales no han logrado revertir la situación de graves dilaciones que pesan sobre los rendimientos de los Juzgados de lo Social onubenses, por lo que los problemas que se han descrito sobre el servicio prestado a justiciables y profesionales de la Administración de Justicia ofrecen un pronóstico de persistir y con una tendencia altamente probable de acentuarse en un futuro inmediato.

Tercera.- Hemos de destacar en este análisis la valoración que podemos considerar como más decisoria; y es la manifiesta carencia del número de órganos judiciales necesarios para atender la carga de trabajo asumida por estos juzgados.

Recordemos que el indicador medio que ha sido adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la tipología de estos órganos es la asignación de una ratio de entrada de asuntos al año, según se establece en los Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Para la tipología de órganos judiciales que analizamos, la ratio o módulo de carga de trabajo es de 670 a 800 asuntos al año.

Entendemos, a falta de otros criterios que desmientan este indicador o ratio, que, con la situación actual de litigiosidad adscrita a las competencias de los Juzgados de lo Social, no podrá ser ofrecida la atención y servicio que se exige de estos órganos y, desde luego, no ha sido atendida en los últimos ejercicios en los que se han volcado unas cifras de asuntos perfectamente sobrepasada a sus capacidades de tramitación y de resolución.

Las cifras que hemos tenido la oportunidad de analizar evidencian las causas de esta situación, y que expresan una manifiesta sobrecarga de trabajo. Las cifras aluden a una media de 1.366 asuntos por órgano en 2015. Unas cifras absolutamente dispares con el módulo fijado entre 670 a 800 asuntos de entrada por año, según fija el Pleno del CGPJ.

Y hemos de insistir, como señalamos en quejas análogas a la tramitada, que la continua alusión al módulo de entrada de asuntos por año o a los indicadores no deja de ser un ejercicio de acudir ante los imprescindibles criterios objetivos de referencia a la hora de establecer con magnitudes medibles y objetivas la organización y funcionamiento de estos órganos judiciales. La fijación de las cargas de trabajo para los juzgados de lo social son un presupuesto clave a la hora de asignar una coherente disposición de medios personales y materiales que permitan, finalmente, ofrecer el servicio de juzgar y hacer cumplir lo juzgado que constitucionalmente les corresponde.

Reiteramos; una sistemática desatención a estos módulos y la ausencia de respuestas correctivas eficaces sólo podrá acarrear una disconformidad con los niveles objetivos de los desempeños establecidos y, desde luego, la omisión de los deberes de calidad y servicio que se espera de estos órganos judiciales.

El criterio que ha manifestado esa Viceconsejería en su información es notorio:

“Para la adecuación del número de Juzgados de lo Social a las actuales cargas de trabajo, y atendiendo a los módulos de referencia establecidos por el CGPJ, sería preciso que en Huelva existieran un total de cinco órganos de este orden jurisdiccional, por lo que será necesaria la creación de dos nuevos Juzgados” (el subrayado es nuestro).

Atendiendo a las informaciones que nos ofrecen, la creación de nuevos órganos judiciales es la medida ineludible no ya para superar la situación actual, sino para disponer de unos niveles organizativos mínimos e imprescindibles susceptibles de impartir justicia en el orden social dentro de la demarcación judicial de la provincia de Huelva. Si bien, a diferencia de otros casos analizados, la Memoria de 2015 del TSJA no incluye entre las peticiones expresas de nuevos órganos a ningún Juzgado de Social nuevo para Huelva, según se deduce de dicha Memoria (página 240) y tampoco lo hacía la Memoria de 2014.

Haciendo nuestras las motivaciones expresadas desde esa Consejería, ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables. A la vista de la situación analizada, cualquier referencia a los estándares de calidad de servicios, plazos procesales o derechos reconocidos en la Carta de Servicios del Consejo General del Poder Judicial, quedan degradados a una vaga referencia perfectamente opuesta a las capacidades de respuesta que pueden ofrecer los Juzgados de lo Social en Huelva. Y, por ello, la persistencia de la situación actual sin reacción ante estas medidas de creación de nuevos Juzgados de lo Social no produce más que una manifiesta desatención ante las necesidades acreditadas, el agravamiento de los datos de pendencia y el colapso acumulado hacia los nuevos asuntos que continúan entrando en estos juzgados.

En todo caso, hemos de entender que es criterio de esa Consejería la necesidad de ampliar en dos nuevos Juzgados la jurisdicción social de Huelva. De tal forma que esta posición debe constituir la plataforma argumental para la elaboración de las propuestas de nuevos órganos judiciales que se aportan ante la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación en materia de Justicia. Somos conscientes de la compleja distribución competencial que presenta nuestro sistema judicial en su conjunto. Pero, por cuanto respecta al proceso de creación de órganos judiciales, las fases previas de estudio de propuestas y tramitación de las necesidades estimadas, desde el rigor y la adecuada metodología, merecen ser transmitidas con un especial ahínco y reivindicadas en el marco de una lealtad institucional que no empece la decidida puesta de manifiesto de estas soluciones inaplazables para que resulten justamente atendidas.

En el marco de este diálogo inter-institucional, no podemos olvidar la escasa receptividad del Gobierno de la Nación para adoptar las medidas sobradamente fundadas y tantas veces propuestas para crear nuevos órganos judiciales. Pero, cuando menos, es imprescindible avanzar en todas las motivaciones que se detallan ―y que nacen desde los testimonios y datos de instituciones, colectivos profesionales y ciudadanos afectados por esta situación― para disponer la petición formal para la creación de los Juzgados de lo Social que Huelva necesita.

De ahí que debamos insistir en la oportunidad de que las valoraciones expresadas en el informe de la Viceconsejería sean acogidas por el propio TSJA haciendo suyas, entre sus peticiones, el criterio favorable para impulsar la creación de estos nuevos Juzgados para Huelva. Sencillamente, porque la organización y planta de los Juzgados de lo Social onubenses amenaza con no poder garantizar el derecho constitucional a merecer una tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas, en los términos recogidos en el artículo 24 de la Constitución.

Cuarta.- En suma, los hechos que nos han relatado en sus quejas muchas personas y profesionales sobre el funcionamiento de los Juzgados de lo Social de Huelva han adquirido la categoría de ejemplos veraces y ajustados que acreditan una grave situación de dilaciones e inadecuado funcionamiento de estos órganos. Nuestras investigaciones han ratificado unos señalamientos que se alargan en el tiempo con plazos que sobrepasan los tres años para citar a juicio.

Todas las informaciones que hemos requerido para comprobar el alcance de estas quejas ratifican la gravedad de la situación. Los titulares de varios de estos juzgados ratifican la situación de un número de asuntos que sobrepasa con creces los módulos de carga de trabajo y que dibujan un resultado muy insatisfactorio a pesar del extremo esfuerzo que se vuelca debido a una sobrecarga inasumible de asuntos. La propia Consejería califica la situación de “alta pendencia y elevada carga de trabajo”, que apenas pueden despertar medidas que “de alguna manera coadyuven a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad”. Y el mismo TSJA repite en relación con el orden jurisdiccional social “la necesidad de prestar atención especial al jurisdicción social muy sobrecargada por los efectos de la crisis económica”.

Las medidas paliativas acordadas no han corregido la situación. En cambio, las soluciones están perfectamente definidas y propuestas pero no se han adoptado, ante la negativa a la creación de nuevos órganos judiciales.

Ratificamos el criterio que en asuntos parecido hemos manifestado. Y es que creemos descubrir por parte de la Consejería de Justicia e Interior unas actitudes de compresión y hasta de loable prudencia a la hora de poner de manifiesto estas necesidades y exigir las respuestas obligadas.

En cambio, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no ha logrado percibir ante este problema la pujanza y la contundencia de argumentos que, en otros órdenes de las necesidades sociales, sí logran acaparar las prioridades de las discusiones y asuntos que ocupan un lugar preferente en las agendas institucionales o políticas. No podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz no debe dejar de manifestar su criterio en orden a perseguir las soluciones sobradamente acreditadas, legalmente previstas y socialmente inaplazables.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a esa Consejería de Justicia e Interior las siguientes

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA, para que conforme a los criterios acordados por la Consejería de Justicia e Interior, junto a la aportación del Tribunal Superior de Justicia en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el Consejo General del Poder Judicial, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social en Huelva.

RECOMENDACIÓN, a fin de que se evalúen las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los Juzgados de lo Social de Huelva, mediante la adecuada distribución de los mismos.

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz