La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 18/1171

La parte promotora de la queja exponía que había dirigido a la alcaldía un escrito planteando principalmente el problema que sufren los vecinos de Colonia de la Paz, con motivo del cambio repentino del tráfico, al mismo tiempo que mencionaba el estado y las deficiencias en que se encuentra el barrio.

Manifestaba estar sorprendida cuando recibió documentación de una señora que al parecer es la presidenta de una asociación de la zona, ratificando, defendiendo y justificando el cambio de tráfico, alabando la gestión seguida al respecto y criticando a terceras personas como ella.

Con independencia de su disconformidad y la de otros vecinos sobre la solución adoptada en la reordenación del tráfico en el barrio, centraba su queja en conocer quién y por qué se han facilitado sus datos personales (su dirección de correo electrónico) a terceras personas sin contar con su consentimiento, violando su derecho a la protección de datos, sin respeto a su privacidad.

Interesados ante la Administración municipal, se nos indica que, en cuanto a la reordenación del tráfico, ya se ha revocado la misma, atendiendo las peticiones planteadas por los vecinos.

En cuanto a su deseo de saber quién ha facilitado sus datos personales, le dan respuesta indicando que posiblemente, al trasladar la queja de la reclamante al Consejo del Distrito, se haya pasado involuntariamente su correo electrónico, lamentando la Administración lo ocurrido.

Dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración municipal, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5392 dirigida a Hospital Puerto Real (Cádiz)

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital de Puerto Real por la que recomienda que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de párpado-vía lagrimal de la unidad de oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

ANTECEDENTES

La interesada refiere que el 11.12.2014 fue atendida en consulta de oftalmología del centro de especialidades del Puerto de Santa María, tras derivación realizada por su médica de atención primaria, y debido al lagrimeo constante que padecía en su ojo derecho.

Desde dicha consulta fue remitida a su vez a ese centro hospitalario, comprobada la obstrucción del conducto lagrimal, pero al pasar un año sin noticias, y reclamar información al respecto en ese hospital, le indicaron que existía mucha demora, que su cita estaba incluida en el sistema informático Diraya, y que en el momento en el que se le asignara se le notificaría desde el servicio de cita previa.

Al cabo de 22 meses desde su indicación sin más noticias, trató de indagar al respecto en ese hospital, sin obtener respuesta después de realizar diversas llamadas telefónicas.

Pues bien, admitida la queja a trámite y solicitada a esa Dirección Gerencia la emisión del informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, hemos recibido un documento del mismo por el que se limitan a indicarnos que la cita se asignó para el día 27.10.2016, y que se avisó telefónicamente a la interesada, al tiempo que se cursó la notificación postal de al misma.

CONSIDERACIONES

La interesada reclama la citación con la unidad de párpado-vía lacrimal de ese hospital a la que fue derivada desde consulta de oftalmología el 11.12.2014, con el objeto de que se valorara su dolencia.

La consulta demandada fue señalada para el pasado 27.10.2016, es decir, veintidós meses después desde la petición, sin que se alegue causa que justifique de alguna manera este retraso, y ni tan siquiera se recurra al consabido argumento de que la misma no está sujeta a la garantía de plazo de respuesta para consultas de especialidades.

Todo lo más, en el segundo informe emitido por ese centro a nuestro requerimiento, se apunta que el plazo no es el deseado por el mismo, pero que la realidad es que hay un alto número de citas de revisión y recogida de resultados, siendo en algunos momentos imposible dar respuesta en menor plazo, teniendo en cuenta que los profesionales deben atender quirófanos, actividad en planta de hospitalización y consultas.

Por lo que hace a la información requerida sobre la frecuencia de esta consulta específica (cuántos profesionales se emplean en la misma y cuánto tiempo le dedican), y el número de pacientes que están pendientes de cita, con expresión del tiempo medio de respuesta, se señala exclusivamente que la frecuencia de la consulta párpado-vía lagrimal es semanal.

Pues bien, para solventar la problemática relacionada con la espera de citas de especialistas, que durante mucho tiempo fue objeto de numerosas quejas ante esta Institución, apareció el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, de garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El contenido del mismo responde al desarrollo de la letra m) del artículo 6.1 de la Ley 2/98 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, por la que se garantiza en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen, que luego ha sido consagrado en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (art. 22.2 g).

El mecanismo que se refleja en aquélla permite a los usuarios acudir a un especialista en un centro sanitario privado si no es posible darles cita dentro del plazo de respuesta establecido (60 días).

Ahora bien, aunque la consulta que consideramos no esté afectada por el límite temporal prefijado, ello no quiere decir que pueda demorarse sine die, sino que debe producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión, pues se inserta en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de la interesada, y debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar dicho proceso y determinar la alternativa terapéutica aplicable. De otra manera los límites temporales establecidos para las primeras consultas y para la realización de las pruebas diagnósticas de nada servirían, si no se evita la demora en las etapas posteriores.

Durante mucho tiempo en el que ante esta Institución se reproducían las quejas sobre lo dilatado de las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para múltiples intervenciones (cataratas, escoliosis, prótesis de cadera,...) y aun sin tener estándares de referencia sobre lo que podíamos considerar plazos apropiados para las mismas, vinimos a posicionarnos considerando comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en el marco de un sistema presidido por los principios de universalidad y gratuidad, aunque estimando también que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera desasistencia.

Ahora que contamos con los plazos de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades, procedimientos diagnósticos, y determinados procesos asistenciales, como elementos de referencia de lo que puede entenderse como una demora razonable, pensamos que la espera por un tiempo como el que se ha hecho necesario para la consulta de la interesada en la unidad de retina de ese hospital, más que una suspensión del derecho a la asistencia sanitaria reconocido en el art. 43 de nuestra Constitución, que toda lista de espera entraña, constituye una auténtica transgresión del derecho que hemos mencionado, pues la demora en estos casos lo que pone de relieve es la falta de soporte estructural apropiado para llevarlas a cabo.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales por considerar incumplido los siguientes preceptos:

.-De la Constitución Española: art. 43.1

.- Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 31.

.- De la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d)

RECOMENDACIÓN: Que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de párpado-vía lagrimal de la unidad de oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 17/5762

La Administración informa que se han activado los mecanismos previstos en el protocolo de control del absentismo escolar, a pesar de lo cual no se ha obtenido el resultado esperado, persistiendo por tanto la situación de riesgo de la menor.

A continuación solicitamos la colaboración de la Fiscalía Provincial de Málaga, que nos informa que dado que en la actualidad la menor sigue viviendo junto a su padre, y que éste no ha matriculado a su hija en centro alguno, siendo así que persiste el cuadro de absentismo escolar, el fiscal interviniente ha acordado remitir un oficio al juzgado de instrucción para que se proceda a la inmediata escolarización de la menor, ya que todavía se encuentra en edad de escolarización obligatoria.

La persona interesada expone que su hija es una adolescente que ha dejado de asistir a clase tras abandonar su domicilio para irse a vivir con su padre, incumpliendo la resolución judicial que le asigna su guarda y custodia. Refiere que la Fiscalía elevó, un informe al Juzgado de Primera Instancia en el que señalaba que en tanto mantuviera la madre la guarda y custodia de la menor ésta debía acudir al instituto en el que estaba matriculada.

La interesada dice que las faltas de asistencia de su hija al instituto desde que comenzó el curso escolar 2017-2018 son continuas y que ni la Administración Educativa ni los servicios sociales del ayuntamiento hacen nada para solventar la situación.

Queja número 18/0201

Una asociación de consumidores exponía que había formulado recurso de alzada contra la resolución adoptada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, sin que hasta la fecha de la presentación de la queja hubiera recibido una respuesta.

Interesados ante la Administración afectada recibimos oficio aportando copia de la resolución dictada tras el recurso formulado, desestimando el mismo, que se habría remitido a la parte promotora de la queja.

Dado que la queja se admitió a trámite a los efectos de romper el silencio mantenido al recurso de alzada formulado, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Queja número 17/2853

En el expediente de queja referenciado, el representante sindical de CGT Andalucía y varios miembros del comité de empresa y de la sección sindical de CGT del servicio de Salud Responde, planteaban la situación de los trabajadores del centro de Salud Responde como consecuencia de las condiciones laborales en que deben desarrollar sus funciones, que repercute en un mal servicio a la ciudadanía y de lo que hacen responsable a la Consejería de Salud.

 

En la tramitación del expediente, este Comisionado concluyo formulando, con fecha 15 de enero de 2018, las Resoluciones reseñadas y que se pueden consultar en

 queja 17/28 53

Por parte de la Dirección Gerencia de EPES se da respuesta fundamentanda a la Resolución formulada por esta Defensoría, de la que merece la siguiente reseña:

 

Respecto a la RECOMENDACIÓN 1:

La Agencia Pública continuará realizando el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral por parte de las empresas adjudicatarias, sobre la base de la función inspectora y sancionadora por parte la autoridad laboral a la que corresponde la competencia en materia de infracciones y sanciones en el orden social.

Si se acreditaran incumplimientos, esta Agencia Pública deberá actuar conforme a los principios de ponderación y proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la penalización impuesta conforme a las cláusulas que rigen el contrato.

Este principio de proporcionalidad, y el rigor en la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral por las empresas adjudicatarias forma parte de la actuación habitual de esta Agencia Pública.

No obstante, se realizará un seguimiento especial en el contrato del Defensor del Pueblo nos señala.

La consideración de las SUGERENCIAS que señala el Defensor del Pueblo debe ser vistas en el marco siguiente:

El Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la de la Ley de Contratos del Sector Público se señala, en su artículo 150.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Acuerdo de 18 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Documento de la Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la Contratación de la Junta de Andalucía señala diferentes ejemplos de las cláusulas a incluir, entre las que se pueden señalar las siguientes:

a) Cumplimiento del convenio colectivo aplicable

b) Cumplimiento de pago de salarios del personal adscrito al contrato

Así mismo, el informe anual de inclusión de cláusulas sociales y ambientales de 2017, que hace público la Dirección General de Patrimonio en la página Web más abajo señalada incluye en su página 7 las distintas cláusulas catalogadas como obligatorias y como recomendadas.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_incorporacion_clausulas_V6_DGPat.pdf

En suma, y como conclusión, la Dirección-Gerencia de EPES indica:

1.- La Agencia Pública, en la inclusión de las cláusulas sociales deberá ajustarse alas establecidas, con carácter general y específico, por el marco normativo señalado para la Junta de Andalucía.

2.- La inclusión de cláusulas sociales se deberá realizar sin perjuicio del derecho de los representantes sociales a determinar sus condiciones de trabajo en el ámbito de la negociación colectiva. Corresponde a la Agencia Pública, en el ámbito de contratación pública la vigilancia del estricto cumplimiento de la normativa laboral y los convenios colectivos que sean de aplicación.

3.- En cualquier caso, la Agencia Pública, en la determinación de los pliegos y durante todo el proceso de licitación y de ejecución del contrato deberá estar a los principios de eficiencia, suficiencia presupuestaria, libre concurrencia e igualdad de trato de todos los licitadores.

Así, respecto a la SUGERENCIA 1 debemos señalar que el Convenio Colectivo de aplicación establece los compromisos de las partes en la estabilización de la plantilla, la determinación de la jornada y otras materias propias de la relación laboral.

La inclusión de las citadas condiciones se realizaría en todo caso, como se indica en la conclusión segunda, sin perjuicio de la capacidad ordenadora de las condiciones de trabajo que corresponde a la negociación colectiva.

Como ya se ha dicho en la determinación de los pliegos y durante todo el proceso de licitación y de ejecución del contrato, esta agencia deberá estar a los principios de eficiencia y suficiencia presupuestaria.

En cuanto a la SUGERENCIA 2:

La Agencia Pública realiza la estimación del presupuesto de licitación teniendo en cuenta los costes salariales, conforme al convenio de referencia. La inclusión de cláusulas sociales que atiendan a las retribuciones salariales se debe realizar, en todo caso, conforme a lo señalado en la conclusión segunda, sin perjuicio del marco de negociación que a los representantes de los trabajadores y empresarios corresponde para la negociación y determinación de las condiciones de trabajo y se aplicará sin menoscabo de los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público.

Y, finalmente, respecto a la SUGERENCIA 3:

La Agencia Pública dimensiona las horas de trabajo a realizar. A la vista de la jornada laboral establecida por el Convenio Colectivo de aplicación se establece, de hecho, una plantilla necesaria para el cumplimiento de la prestación.

La Agencia acepta la sugerencia y de cara a futuras licitaciones estudiará las posibles vías para considerar en criterios de adjudicación aspectos de mejora bien en jornada bien en la ratio de horas de ocupación sobre horas trabajadas, con incidencia en las condiciones laborales de los trabajadores.

La cualificación profesional de las personas que han de prestar sus servicios deberá estar marcada por la normativa de aplicación, y corresponde a la Agencia Pública su comprobación y seguimiento.

En consecuencia, y con agradecimiento a EPES por la colaboración prestada, comunicamos que del examen de la respuesta recibida a la Resolución formulada por esta Institución, sobre el asunto objeto de la presente queja, se puede considerar que por parte de la Agencia Pública se acepta su contenido con la matizaciones que hemos reseñado, procediendo dar por concluidas nuestras actuaciones e informando de ello a la organización sindical promovente y a EPES.

Queja número 18/1428

La Administración informa que ya se ha enviado a la persona interesada el título de familia numerosa.

La persona interesada expone que hace mas de tres meses solicitó la renovación del título de familia numerosa junto con las tarjetas.

Ha pedido que le faciliten el número que se le ha asignado como familia numerosa, necesario para el trabajo, para matricular a su hijo en el instituto, para solicitar la compensación económica, y le dicen que debe solicitarlo por escrito, considera la persona interesada que eso lo debían decir cuando se presenta toda la documentación.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/2785 dirigida a Consejería de Turismo y Deporte, Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba, Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba)

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos informan del estado de las obras para la conservación del Castillo de Belalcázar.

23-05-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Córdoba.

Es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura.

Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección del castillo de la localidad de Belalcázar que ya fue motivo de una intervención anterior a través de la queja 17/1386. Dicha queja fue concluida en base a las información ofrecida desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba del que pasamos a transcribir a continuación:

Con fecha 23 de marzo de 2017, ha tenido entrada en esta Delegación Territorial, escrito en el que se informa de la comunicación recibida en esa Institución, registrada con el nº de queja al margen referenciada. En la misma, se expone “el grave deterioro del Castillo de Belalcázar, aun a pesar de su condición de bien de Interés Cultural y de los variados anuncios de intervenir en su conservación y protección”. El Castillo de Sotomayor y Zuñiga, Castillo de Belalcázar que data del siglo XV, está declarado Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, por Decreto 62/2009, de 10 de marzo, e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. El inmueble comprende el Castillo y el Recinto amurallado de la Villa de Belalcázar, anteriormente conocido como Castillo de Gahete y, posteriormente, de los Sotomayor.

El Castillo fue adquirido por la Junta de Andalucía en el año 2008 por un importe de 1.894.000€, siendo la inversión realizada, hasta la fecha, en dicho bien, de un total de 2.100.000€, de las cuales, las inversiones realizadas en conservación se detallan en el Anexo I.

En relación con la conservación y protección del citado Castillo, informo lo siguiente:

-Que, concretamente el día 24 de marzo del corriente año, el Director General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura presentó en el Ayuntamiento de dicha localidad, junto al Titular de esta Delegación Territorial, el Proyecto que la Consejería de Cultura va a acometer en dicho Bien de Interés Cultural, para su recuperación y puesta en valor, que va a suponer una inversión de un total de 1.357.840 €, en el marco de los Fondos Feder y del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía.

-Las citadas obras se van a licitar el próximo trimestre, del corriente año, y la actuación contempla la intervención sobre la totalidad del conjunto, el recinto amurallado, el Castillo y sus elementos interiores.

-Una de las intervenciones que se van a lleva a efecto, es la creación de un pequeño Centro de Recepción de Visitantes, que va a contribuir al conocimiento y puesta en valor del citado Castillo.

-Igualmente, se ha proyectado la recuperación del camino de acceso al Castillo y la creación de un itinerario accesible hasta la Torre del Homenaje, que permitirá la visita pública al elemento más monumental del recinto.”

Asímismo, recibimos informe del Ayuntamiento de Belalcázar, en el que nos comunican lo siguiente:

Por medio del presente, en relación a su escrito de fecha de Registro de Salida 20 de marzo de 2017, dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Belalcázar y como complemento al escrito que ha remitido a esa Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, que usted preside, el Delegado Territorial en Córdoba de la Consejería de Cultura, con fecha 27/03/2017; Asunto: 17/1386; Expte.: Def P/01/2017, tengo a bien comunicar a usted que con fecha 5 de abril de 2017, se ha dictado un Decreto de Alcaldía de concesión de la licencia de obras referente al Proyecto de Ejecución de Intervención del Recinto Amurallado y Castillo de Belalcázar, lo que le hago saber para su conocimiento”.

Recientes informaciones hacen mención a la situación de riesgo que sufre este elemento y que persisten ya, que a la fecha, Mayo de 2018, las actuaciones anunciadas aún no se habrían iniciado.

Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del BIC y sus elementos así como de las medidas de conservación y proyectos calendarizados que se pretenden acometer en favor de este elemento histórico.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Córdoba y el Ayuntamiento de Belalcázar, a fin de conocer:

  • estado de conservación del inmueble declarado BIC “castillo de Belalcázar”.

  • relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos.

  • régimen de uso o aprovechamiento previsto.

09-07-2018 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La queja de oficio se inició por impulo del Defensor del Pueblo Andaluz para interesarnos por las medidas de conservación del castillo de Belalcázar, que ha provocado una preocupación por parte de la ciudadanía de la localidad, entidades culturales y el propio Ayuntamiento.

La Delegación de Cultura nos ha respondido indicando que:

Efectivamente, el Castillo de Sotomayor y Zuñiga, Castillo de Belalcázar que data del siglo XV, está declarado Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, por Decreto 62/2009, de 10 de marzo, e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble comprende el Castillo y el Recinto amurallado de la Villa de Belalcázar, anteriormente conocido como Castillo de Gahete y, posteriormente, de los Sotomayor.

Como se recoge en escrito de esta Institución, el Castillo es de titularidad autonómica, adquirido por la Junta de Andalucía en el año 2008 por un importe de 1.894.000 €, siendo la inversión realizada, hasta el día de la fecha, en dicho bien, por un importe de 253.363,000 euros, como se observa en el Anexo que se acompaña.

En cuanto a las actuaciones futuras de conservación y puesta en valor en dicho Bien de Interés Cultural le informo que se van a iniciar las obras contenidas en el Proyecto correspondiente con los objetivos de restauración de la Torre del Homenaje, adecuación de visita pública y consolidaciones en el castillo y Recinto Amurallado, siendo el plazo de ejecución de estas actuaciones, -que se realizan en el marco de los Fondos Feder y del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía,- de quince meses.

Las citadas obras, ya han sido licitadas y adjudicadas y comenzarán en el corriente mes de junio. La obra ha sido adjudicada a la empresa Lorquimur SL, por un importe de 1.357.840,26 €, correspondiendo la dirección técnica y facultativa al arquitecto (...), por un importe total de 60.595,94 euros. Los trabajos arqueológicos se han adjudicado a la empresa Salsum.

El próximo día 14 esta previsto llevar a efecto el Acta de inicio y replanteo de las mismas.”

A la vista de estas informaciones, debemos entender que los compromisos anunciados disponen de un calendario de actuación para ofrecer a este monumento las actuaciones que necesitaba para su conservación y puesta en valor.

Queja número 18/2785

La queja de oficio se inició por impulso del Defensor del Pueblo Andaluz para interesarnos por las medidas de conservación del castillo de Belalcázar (Córdoba), que ha provocado una preocupación por parte de la ciudadanía de la localidad, entidades culturales y el propio Ayuntamiento.

La Delegación de Cultura nos ha respondido indicando que:

Efectivamente, el Castillo de Sotomayor y Zuñiga, Castillo de Belalcázar que data del siglo XV, está declarado Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, por Decreto 62/2009, de 10 de marzo, e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble comprende el Castillo y el Recinto amurallado de la Villa de Belalcázar, anteriormente conocido como Castillo de Gahete y, posteriormente, de los Sotomayor.

Como se recoge en escrito de esta Institución, el Castillo es de titularidad autonómica, adquirido por la Junta de Andalucía en el año 2008 por un importe de 1.894.000 €, siendo la inversión realizada, hasta el día de la fecha, en dicho bien, por un importe de 253.363,000 euros, como se observa en el Anexo que se acompaña.

En cuanto a las actuaciones futuras de conservación y puesta en valor en dicho Bien de Interés Cultural le informo que se van a iniciar las obras contenidas en el Proyecto correspondiente con los objetivos de restauración de la Torre del Homenaje, adecuación de visita pública y consolidaciones en el castillo y Recinto Amurallado, siendo el plazo de ejecución de estas actuaciones, -que se realizan en el marco de los Fondos Feder y del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía,- de quince meses.

Las citadas obras, ya han sido licitadas y adjudicadas y comenzarán en el corriente mes de junio. La obra ha sido adjudicada a la empresa Lorquimur SL, por un importe de 1.357.840,26 €, correspondiendo la dirección técnica y facultativa al arquitecto (...), por un importe total de 60.595,94 euros. Los trabajos arqueológicos se han adjudicado a la empresa Salsum.

El próximo día 14 esta previsto llevar a efecto el Acta de inicio y replanteo de las mismas.”

A la vista de estas informaciones, debemos entender que los compromisos anunciados disponen de un calendario de actuación para ofrecer a este monumento las actuaciones que necesitaba para su conservación y puesta en valor.

Queja número 18/2329

En relación con escrito de queja presentado por una adiestradora de perros solicitando una clarificación normativa de su actividad profesional, la Viceconsejería de Justicia e Interior nos traslada la siguiente información:

En tanto se proceda a dictar la reglamentación, se considera suficiente para el ejercicio de las actividades de adiestramiento el cumplimiento, por analogía, de los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, que se indican a continuación:

-Antecedentes y experiencia acreditada.

-Disponibilidad de instalaciones y alojamientos adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario, de protección animal y de seguridad ciudadana.

-Ser mayor de edad y no estar incapacitado.

-Falta de antecedentes penales por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad, o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

-Certificado de aptitud psicológica.

-Compromiso de cumplimiento de normas de manejo y comunicación de datos.

-Utilización de métodos basados en el conocimiento de la psicología animal que no entrañen malos tratos físicos ni daños psíquicos.

Por otra parte debe señalarse que, conforme a lo establecido en el art. 4 del citado Decreto 42/2008, de 12 de febrero, la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos habilita a su titular para la tenencia no sólo del animal de su propiedad, sino de cualquier otro perro potencialmente peligroso, si bien en tal caso deberá ser cubierto por el correspondiente seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos.

Igualmente debe señalarse que ,de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.3 del Decreto 42/2008, de 1 2de febrero, en las vías públicas y lugares y espacios de uso público general “ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligrosos simultáneamente”. En definitiva, una persona no necesita expresamente “una acreditación particularizada por cada perro y en cada momento” para llevar y conducir en un espacio público otro perro potencialmente peligroso simultáneamente en un lugar o espacio público. En el caso planteado ante el Defensor del Pueblo Andaluz, la persona en cuestión podría conducir más de un perro siempre y cuando fuera en un recinto privado”.

"Es necesario articular un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y un reparto solidario entre comunidades para la atención de los menores inmigrantes"

El Defensor del Menor de Andalucía se ha desplazado este lunes a la provincia de Cádiz para tener una toma de contacto directo con la situación de los menores inmigrantes que están llegando en numerosas pateras en las últimas semanas y mantener un encuentro con los diferentes agentes: el Sistema de Protección de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos receptores, las ONGs, las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, etc.

Tras la jornada a diferentes enclaves en Tarifa, Jerez y Algeciras, Jesús Maeztu ha recordado que estamos hablando de "la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos" y ha reiterado la necesidad de que "todos nos responsabilicemos y articulemos un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades".

Para el Defensor del Menor el número incesante de inmigrantes, entre los que cada vez hay "más menores y de más corta edad" es un fenómeno que va a continuar creciendo. "Estamos en otra dimensión de la inmigración. Esto va a seguir y ello, teniendo en cuenta la cifra de llegada de estas personas que se ha duplicado y triplicado en los últimos dos años".

Por ello ha insistido en que hace falta una dotación de recursos materiales, humanos y económicos suficientes de las instancias estatales y comunitarias. "Es una política de Estado y de la UE. No puede recaer solo en las comunidades que actuamos como receptoras por ser puerta de entrada o de destino prioritario".

En concreto, Jesús Maeztu ha visitado los pabellones deportivos de Jerez y Tarifa además del Centro de protección de Menores de Jerez "Manuel de Falla". Y ha mantenido reuniones de trabajo con los diferentes dispositivos y sus responsables, entre ellos, la Fiscalía de Menores y Extranjería de Algeciras, Cruz Roja, Policía Nacional y con el alcalde de Tarifa.

Con ello, ha podido conocer mejor cómo está siendo esta primera acogida, así como el itinerario que recorren los menores migrantes no acompañados tras su llegada a la costa andaluza -atención in situ, activación del protocolo de atención a los Menas, determinación de la edad-, etc.

Tras esta visita, la Oficina del Defensor del Menor está elaborando un informe que enviará en los próximos días al Defensor del Estado y a todas las Defensorías Autonómicas para que respecto del Ministerio competente y los gobiernos regionales correspondientes "podamos sentarnos a celebrar la deseada articulación de este flujo migratorio y la consiguiente solidaridad entre las comunidades autónomas".

 

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