La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 20/5824 dirigida a Ayuntamiento de Marbella (Málaga)

Con base en los informes recibidos, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución al Ayuntamiento de Marbella en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que prevalezca la solución más favorable a la mayor dotación de equipamiento comunitario, se tramite un Estudio de Detalle con el objetivo de delimitar tanto la zona de vial como como los suelos dotacionales públicos y se emita resolución expresa sobre la cuestión planteada por la persona reclamante. Ello supone que la Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 9 de septiembre de 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. ..., a través de la cual nos exponía lo siguiente:

El 17/05/2017 solicité licencia de obra para construcción vivienda unifamiliar, según la nota simple y escritura de la primera segregación la finca linda con camino de la urbanización, la porción de terreno entre la finca y el vial según el parcelario es superficie destinada para aparcamiento y así lo reconoció el ayuntamiento como bien demanial el 16/01/2016. Esta superficie ha sido recientemente ocupada por el antiguo propietario y promotor de la finca alegando que se trata de un resto finca matriz impidiendo acceso al viario desde la finca. Atendiendo a su consideración de bien demanial solicitamos interdicto al ayuntamiento, quien ahora rectifica lo indicado en 2016 alegando que si bien es fehaciente que desde 1977 siempre ha sido una zona abierta al publico y delimitada como aparcamiento, se trata de un conflicto civil. En cualquier caso me contestan como notificación informativa sin proceder a una resolución jurídica a mi petición. Entiendo que se trata de un flagrante hecho donde la administración no quiere intervenir.”

2.- Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que, adjuntando copia a esta Institución, se dictara resolución expresa acerca de la petición del reclamante para que ese Ayuntamiento proceda a la recuperación del espacio que, en su día, según lo comunicado al mismo, fue estimado de dominio público aclarando, en su caso, las razones por las que no estimara procedente la intervención municipal a efectos de dicha recuperación.

3.- De la respuesta recibida dimos trasladado al interesado para que formulara las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas, aportando las siguientes:

D. ..., mayor de edad, con D.N.I. Nº ... y domicilio en C/ ..., ante el Excmo. Ayuntamiento de Marbella comparezco y, como mejor proceda en Derecho, respetuosamente DIGO:

PRIMERO.- Que con fecha 29 de junio de 2020 presenté en el Registro General escrito,acompañado de diversa documentación, donde tras exponer los hechos justificativos de lo pretendido, se solicitaba al Ayuntamiento INICIAR EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN respecto de la finca propiedad del Ayuntamiento destinada a aparcamientos públicos, -linde oeste de la finca catastral ...-, con una superficie aproximada de 248,17 m2.

SEGUNDO.- Que con fecha 17 de julio de 2020 se emitió Informe Técnico al respecto con el siguiente contenido:

«Al respecto de lo anterior, debe indicarse que se ha puesto de manifiesto un conflicto sobre la titularidad de dicha porción, al haberse opuesto el Sr. ..., quien afirma se titular inicial de la finca (como promotor del desarrollo de la urbanización) en el procedimiento de alteración catastral instado por el propio Sr. … .

Ante dicha eventualidad, no puede afirmarse que haya pasado a dominio público el terreno en cuestión de manera pacífica, debiendo rectificarse lo informado con anterioridad y no pudiendo iniciarse recuperación hasta en tanto se resuelva el conflicto en el ámbito civil.

Por tanto, se informa que no es posible acceder a lo solicitado.

En todo caso, y respecto a la existencia de una zona de aparcamiento abierta al público,se acompañan fotografías aéreas de la zona obtenidas del visor de la Diputación de Málaga,1/3 correspondientes a los años 1977, 2008, 2010 y del Sistema de Información Territorial del Ayuntamiento de Marbella (SITMA) del año 2012. En todas ellas se aprecia que la zona de aparcamiento estaba delimitada.

Lo que se informa, desde el punto de vista técnico, a los efectos oportunos».

TERCERO.- Mediante Resolución ..., de fecha 9 de septiembre de 2020,recaída en el Expediente Nº ... se me ha concedido Licencia de Obras para la construcción de una vivienda unifamiliar exenta y piscina en la parcela de mi propiedad sita en Urbanización “...”, Calle ..., de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), Referencia Catastral … .

Que existe una imposibilidad física de iniciar las obras amparadas en la precitada Licencia,debido a que, la ocupación por un particular del terreno destinado a aparcamiento público imposibilita el acceso a la parcela de mi propiedad.

Asimismo, la Licencia de Obras contenía la obligación de ejecutar las obras de urbanización perimetrales de las parcelas, que comprenden la zona de aparcamiento público,lo que resulta igualmente imposible de llevar a cabo, debido a la ocupación de esta superficie.

Por ello, sin la colaboración del Ayuntamiento, mediante la tramitación del oportuno expediente para la recuperación de la posesión del terreno destinado a aparcamiento púbico, resulta imposible llevar a cabo las obras amparadas en la Licencia previamente concedida y,es más, supone que la parcela de mi propiedad no tiene acceso a vía púbica.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, letra a) de la Ley de Bases de Régimen Local, -“las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de la prerrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales"-, y artículo 44, apartado primero, letra c) y artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales.

El apartado 1 del art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone: “La Administración está2/3 obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Por todo ello,

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA: Que, teniendo este escrito por presentado, RESUELVA EXPRESAMENTE SOBRE LA SOLICITUD DEINICIAR EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN instada a través del escrito de fecha 29 de junio de 2020, la misma nos ha indicado que actualmente no dispone de ningún ingreso económico, ni siquiera las pensiones de alimentos de sus hijos, encontrándose a la espera de resolución de su solicitud de IMV y que, en todo caso, sin contrato de trabajo, nómina ni aval, no consigue acceder a una vivienda de alquiler.”

En atención a lo expuesto y en aras a poder adoptar una resolución definitiva con las debidas garantías, el 8 de enero de 2021 solicitamos un nuevo informe a ese organismo conteniendo un pronunciamiento sobre las actuaciones que se podrían realizar en relación a las cuestiones planteadas por el reclamante, teniendo en cuenta que a ese Ayuntamiento le interesa clarificar la titularidad del aparcamiento reiteradamente mencionado y su incorporación al Inventario Municipal de Bienes, puesto que según se desprendía de su informe, tenía dicha calificación en el Proyecto de Legalización de la unidad de ejecución que nos ocupaba y ahora se encontraba vallado, así como también en el mismo sentido, lo relativo a la cesión del viario público.

4.- En la comunicación recibida se indicaba que se había solicitado informe al Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión, de la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda. Dado el tiempo transcurrido sin tener noticias suyas, con fecha 10 de mayo de 2021 interesamos que nos trasladara la respuesta a su requerimiento de informe.

5.- Remitido un amplio informe urbanístico, también dimos traslado al interesado para alegaciones, formulando las siguientes:

PRIMERO.- Que, con fecha 29 de junio de 2021 me han remitido copia del Informe Urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Marbella en fecha 10 de junio de 2021 que concluye, entre otras consideraciones, con lo siguiente:

Cabe añadir a lo informado en aras a dilucidar las acciones pertinentes sobre la titularidad de la parcela identificada en este informe como Zona Perimetral, que al menos en los últimos 40 años ha estado abierta al público integrada en los viales de la urbanización como zona de aparcamiento tal y como aparecían en el Expediente de Adaptación y en su Proyecto de Parcelación. Que según se recoge en el Escrito del Defensor del Pueblo de fecha 20/09/2020; … “Esta superficie ha sido recientemente ocupada por el antiguo propietario y promotor de la finca alegando que se trata de un resto de finca matriz impidiendo el acceso al viario desde la finca” (nº ... se entiende)”.

SEGUNDO.- Que esta parte, mediante escrito presentado en fecha 29 de junio de 2020, puso en conocimiento del Ayuntamiento de Marbella que se había producido una ocupación de un espacio público destinado a aparcamiento, que impedía el acceso a su propiedad desde la vía púbica, instando a esta administración el incido de un Expediente de Recuperación de la Posesión.

TERCERO.- Que mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2020 se solicitó al Ayuntamiento de Marbella emitiese resolución expresa sobre la pretensión de incido del precitado expediente.

CUARTO.- Que, a fecha actual, el Ayuntamiento sigue se emitir resolución expresa, generando a esta parte una situación de absoluta indefensión. Si bien, ahora, una vez emitido el Informe Urbanístico de fecha 10 de junio de 2021, tiene los elementos necesarios para poder emitir la resolución procedente sobre la solicitud de incido del Expediente de Recuperación de la Posesión.

Por todo ello,

SOLICITO AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ: Que, teniendo este escrito por presentado, se sirva admitirlo, para que, en merito a lo expuesto, inste al Ayuntamiento de Marbella a dictar una resolución expresa sobre la pretensión de esta parte.”

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Segunda.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración,que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN 1. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que prevalezca la solución más favorable a la mayor dotación de equipamiento comunitario.

RECOMENDACIÓN 2. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que se tramite un Estudio de Detalle con el objetivo de delimitar tanto la zona de vial como como los suelos dotacionales públicos.

RECOMENDACIÓN 3. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que se emita resolución expresa sobre la cuestión planteada por el interesado.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 21/7363

Se recibía en esta Institución escrito de la Administradora-Secretaria de una Comunidad de Propietarios de Málaga en el que exponía su disconformidad con la negativa expresa del Ayuntamiento de Málaga, a una petición de retirar unos contenedores en la fachada del bloque. El motivo de la petición eran el ruido, malos olores y actos incívicos realizados en torno a los contenedores, todo lo cual generaga además un espacio bastante sucio.

Nos dirigimos en petición de informe al Ayuntamiento de Málaga, que nos respondió con informe de LIMPIEZA DE MÁLAGA, con en el que se nos daba cuenta de las actuaciones entonces pendientes de realizar para dar solución a este asunto, las cuales estaban condicionadas a la clausura definitiva de los tres contenedores soterrados que coincidían con la Comunidad de Propietarios afectada por este asunto.

Asimismo, constaba en el informe que "en el momento que se clausuren los contenedores soterrados, se procederá a la instalación de contenedores en superficie (...). Estas obras están previstas el próximo 29 de noviembre, para asegurar la coordinación de las actividades empresariales".

Dimos traslado de este informe a la promotora de la queja para que formulara alegaciones, las cuales recibimos y de las que cabía destacar las siguientes:

  • Que efectivamente los ruidos habían disminuido mucho pero que a su juicio seguía sin respetarse el horario de recogida, a partir de las 8 de la mañana, dado que parece que se estaban llevando a cabo los trabajos a las 7 y 7.15 de la mañana, por lo que debido al material en concreto del que se trataba (cristal), se generaba bastante ruido.

  • Que el depósito de cristal por empleados de bares y restaurantes tampoco estaba suficientemente controlado, porque se hacía a partir de las 12 de la noche, "lo que entendemos que es algo a regular por las empresas de restauración y que no se hace".

  • Que los contenedores de orgánica en superficie seguían teniendo la misma problemática que tenían los anteriores, esto es, eran los que recibían mayor número de residuos procedentes de establecimientos hosteleros y de restauración, por lo que se seguían dando malos olores y se seguían depositando todo tipo de residuos, incluso cajas de pescado que atraían a insectos y roedores, generando malos olores.

  • Que en la calle Cuarteles existían varios puntos donde podría estudiarse la ubicación de contenedores en superficie que estaban actualmente frente a la Comunidad, en donde se acumulaban cajas de cartón fuera del contenedor impidiendo el tránsito peatonal por el acerado, como se demostraba en fotografía incluida en el escrito de alegaciones.

En vista de estas alegaciones, volvimos a pedir informe al Ayuntamiento de Máalga, que nos envió nuevo informe de LIMPIEZA DE MÁLAGA, con objeto de que se valorasen las mismas y se nos informase si era posible acceder a lo solicitado o propuesto por la Comunidad de Propietarios afectada, o adoptar alguna medida para reducir la problemática que, a juicio del interesado, se seguía dando pese a la decisión ya adoptada.

En este nuevo informe se no informó desde LIMPIEZA DE MÁLAGA que se había dado traslado a ECOVIDRIO, empresa encargada de la recogida de vidrios en Málaga, a fin de que prestase el servicio a partir de las 8 horas. Asimismo, indicaba este nuevo informe, que en cuanto a la recogida de papel, envases y residuos sólidos urbanos, "en el propio escrito están reconociendo que ha mejorado".

Por otra parte, se contenía también en este segundo informe, respecto a los contenedores que hay instalados en superficie, que "son los mismos que hay instalados en una gran parte de Málaga, tienen frecuencia de recogida de 365 días al año y una frecuencia de limpieza de 10-12 veces al año". No obstante, se reconocía que si no se hacía un buen uso de ellos, era muy complicado mantenerlos en estado óptimo de limpieza.

Finalmente, se informaba que desde que se hicieron los trabajos del metro y hasta ahora, en calle Cuarteles no hay ubicado ningún contenedor, y que "para la instalación de contenedores en la zona habría que hacer una reestructuración de la contenerización de la misma, que a corto plazo no está prevista".

A la vista de este segundo informe, y teniendo en cuenta lo ya informado en el primero que nos enviaron, concluíamos que, en lo esencial, cabía considerar atendida la pretensión principal objeto de queja, lográndose una mejoría en la problemática por la que se había planteado la queja en esta Institución. De acuerdo con ello, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

XXXV Jornadas de Coordinación: La prestación del servicio público de salud en el medio rural

Organizadas por el Procurador del Común de Castilla y León, participará el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Meztu, junto a sus homólogos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y  País Vasco

La adecuada prestación del servició público de salud constituye una de las principales preocupaciones de los Defensores del Pueblo, máxime cuando año tras año estos reciben un importante número de quejas ciudadanas relacionadas con esta materia, número que se han visto incrementado, en general, durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19. Estas quejas han tenido una particular incidencia en los municipios rurales, en los que residen de forma predominante personas mayores que, por su edad, frecuentemente se ven afectadas por diversas patologías y que, por ello, requieren de atención sanitaria.

Es por ello que los titulares de las Defensorías, con motivo de las últimas Jornadas de Coordinación, acordaron tratar de forma monográfica la prestación del servicio de salud en el medio rural y su celebración en León, organizadas por el Procurador del Común. De esta forma, León acogerá en la Real Colegiata de San Isidoro, durante los días 20 y 21 de octubre, las jornadas anuales de coordinación, en su 35ª edición, tras dos años sin haberse podido realizar a causa de la pandemia.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 20 de octubre, en el que participarán el Procurador del Común, Tomás Quintana, el Alcalde de León, José Antonio Díez y el Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez. A lo largo de los dos días se expondrán tres ponencias: la primera, bajo el título La prestación del servicio sanitario en tiempos de pandemia, a cargo del Dr. Vicente Álvarez García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura; la segunda sobre los Modelos de prestación del servicio de salud en el medio rural, cuyo ponente será el Dr. Juan José Fernández Domínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, y la tercera, titulada El empleo público sanitario en el medio rural, de la que se ocupará la Dra. Mª Josefa Cantero Martínez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además se celebrarán dos mesas de trabajo, en las que se abordarán, respectivamente, las Quejas frecuentes y recomendaciones en lo referente a la prestación del servicio de salud en el medio rural y los Problemas estructurales de la prestación del servicio sanitario en el medio rural, con la participación de los asesores y expertos en sanidad de las diferentes Defensorías. En la tercera y última mesa de trabajo se tratarán los Problemas y soluciones en relación con los empleados públicos que prestan el servicio sanitario en el medio rural, con la participación del Director del Área de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, la Directora General de Personal y Desarrollo Profesional de Castilla y León, la Directora General de Planificación y Reforma Sanitaria y el Gerente de Atención Primaria de Navarra.

El viernes, día 21, intervendrá el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y, posteriormente, se dará lectura a un documento de conclusiones. La clausura de las Jornadas de Coordinación correrá a cargo del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo andaluz destaca el refuerzo de la salud pública; la lucha contra la brecha digital y la justicia climática como retos inaplazables

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy el fortalecimiento de la salud pública, especialmente ante el agravamiento de la salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital; y las políticas sobre justicia climática y transición energética como retos inaplazables para las administraciones públicas en los tiempos actuales.

Estas reclamaciones coinciden con las principales materias que han incrementado el número de quejas y consultas por parte de la ciudadanía en el Informe Anual 2021, que el Defensor del Pueblo andaluz ha debatido en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz. Fueron 30.665 personas las que requirieron en 2021 la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 28.720 actuaciones (13.092 quejas gestionadas, 14.924 consultas y 704 acciones de promoción de derechos).

En primer lugar, Jesús Maeztu ha destacado el mayor incremento de reclamaciones de la ciudadanía ha sido en quejas sobre la sanidad, una vez aumentaron las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor ha hecho hincapié en los retrasos en la atención primaria y como consecuencia de ello ha reclamado una mejora en los canales de información; desvincular a los profesionales sanitarios de obligaciones que no sean de atención sanitaria en sentido estricto; y dotar a los centros de un refuerzo de personal con vocación de permanencia con el fin de reducir estos tiempos. Jesús Maeztu ha señalado que estos servicios son todavía más necesarios en las poblaciones rurales.

Precisamente la prestación del servicio público de salud en el medio rural es el tema que este jueves y viernes abordarán el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y el resto de defensores autonómicos en la Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizada este año por el Procurador del Común de Castilla y León. Jesús Maeztu ha completado que la Institución ultima un informe especial sobre el impacto de la Andalucía despoblada en la educación.

Sobre este fortalecimiento de la sanidad pública, el Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en la necesidad de trabajar en la atención a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias para aquellas que no tengan oportunidad de beneficiarse de las políticas de envejecimiento activo. Sobre la salud mental, el Defensor ha reclamado “recursos que estén fuera de la economía familiar para la recuperación de las personas con trastornos mentales, y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades”.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. De estas solicitudes, el Defensor ha advertido sobre la brecha digital en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, lo que está provocando la aparición de “nuevos excluidos” debido a esta transformación digital.

“La relación de la ciudadanía con las administraciones públicas se ha deteriorado, en parte, por esta pérdida de la atención presencial”, ha señalado. Para el Defensor, los principales perjudicados han sido personas necesitadas de ayudas de emergencia para la subsistencia (un ingreso mínimo), para evitar un desahucio, o para determinado tipo de pensiones (no contributivas), ya que “otra vez los más afectados han sido las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”. “En la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente. Los Defensores tenemos que mirar a la cola, porque ahí es donde se mide la desigualdad, y una sociedad desigual produce efectos perniciosos”, ha expuesto Jesús Maeztu.

Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente también han tenido protagonismo. Jesús Maeztu ha destacado la relación entre el cambio climático y el agravamiento de la salud, como las pandemias y los casos de salud mental. Por ello, ha reclamado políticas de justicia climática. También este aspecto el Defensor ha resaltado los costes de la transición energética, con un encarecimiento de la luz y barrios que están sufriendo cortes en el suministro. “Sin luz es imposible vivir”, ha sentenciado Jesús Maeztu.

Por último, el Defensor ha expuesto a los diputados que, para adaptarse a estos retos, la Institución está desarrollando las líneas prioritarias de la Estrategia 2021-2024 que permitirá al Defensor del Pueblo andaluz conectar con estos cambios sociales. Un trabajo que se complementará con la celebración el próximo año del 40 aniversario del Defensor del Pueblo andaluz.

17-O. Alertamos de la subida de los índices de pobreza y exclusión social de la infancia

La Defensoría de la Infancia y Unicef advierten de que más de 4 de cada 10 personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía

 

Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han alertado sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años (tasa AROPE*) en Andalucía. Las cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020, hasta situarse en el 43,7%**, (37,4% en 2020). Un dato que sitúa en esta franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, más de 4 de cada 10.

 

Las cifras superan en más de 10 puntos la media nacional del 33%. A nivel nacional, el dato también empeora en casi 2 puntos (un 1,9%), lo que mantiene a un tercio de la población española menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de 1 de cada 10. Esta tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%).

Entre los datos, destacamos que el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado; sin embargo, empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020.

 

 

Estas privaciones, analizadas dentro de la tasa AROPE, repercuten de manera muy intensa en hogares con niños y niñas. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Una nueva crisis que afronta la infancia

Las cifras siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social y avanzan los efectos de la pandemia en las familias, ya que los datos corresponden a 2020. Ahora, con este aumento hasta el 43,7% se acerca a los peores datos registrados, el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica. Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total.

Desde Andalucía, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclamamos una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.

Proponemos situar la infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia.

Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, (como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión).

Estas medidas deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.

El Defensor del Pueblo andaluz agradece la labor de los psicólogos para paliar los problemas de salud mental

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy un reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía occidental en las Noches de la Psicología, celebradas en Cádiz. Jesús Maeztu ha sido distinguido por su constante labor de señalar e instar a los poderes públicos a eliminar las desigualdades y los déficits que lastran la salud psicológica y el bienestar emocional de la población andaluza, especialmente de la más vulnerable; por su vigorosa defensa de valores de justicia, solidaridad, aceptación, tolerancia y acuerdo, tan centrales en la profesión de la Psicología; y por la disponibilidad y cercanía siempre mostradas hacia este Colegio.

En su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha agradecido la labor de los profesionales de la psicología en la atención a la salud mental, agravada como consecuencia de la pandemia, y ha hablado de la necesidad de invertir en las "enfermedades del alma", donde existen "sentimientos y frustraciones". "Ha habido muchas desaveniencias en las familias. Y yo me pregunto, ¿causas? Hemos sabido leer algunos mensajes de la pandemia, pero otros mensajes no", ha señalado Jesús Maeztu, quien ha mencionado los riesgos de la brecha digital o los problemas por la pérdida de la presencialidad.

El Defensor del Pueblo, también Defensor de la Infancia y Adolescencia, ha dedicado especial atención a la pobreza infantil y otras formas de violencia hacia la infancia, entre ellas el incremento de problemas asociados a la salud mental. "¿Dónde están los recursos?", se ha preguntado el Defensor, quien ha reclamado más psicólogos "para curar el alma, porque la pandemia nos ha hecho daño".

"Hace falta evitar luchar contra la estigmatización de los enfermos de salud mental; profesionales más formados; empatía de la Administración, con una política de cuidados; e incidir en la educación", ha manifestado el Defensor.

Queja número 22/2448

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones expresadas para agilizar la atención especializada de Audición y Lenguaje (AL) en un Centro de educación infantil y primaria (CEIP) de la provincia de Sevilla.

En su día esta Defensoría se hizo eco del caso y con fecha 20 de abril de 2022 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada. La Delegación ha enviado un informe en el que se manifestaba lo siguiente:

El alumno J., valorado con una discapacidad auditiva desde los 3 años, Dictamen de 24/04/2014. En sucesivos dictámenes de 2017 y 2019 (Infantil 5 años y 2º Ed. Primaria) se prescribe para la atención del alumno los recursos de PT, AL-LS, recursos con los que cuenta el Ceip, desde el curso 2017-2018, cursando el alumno 1º de Ed. Primaria.

Por necesidades en la misma zona escolar el recurso del Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (AL- LS) del CEIP se ha compartido con otro centro, ambos de la misma localidad. La causa es la necesidad del recurso por una alumna de este otro centro (creación del dictamen de escolarización en fecha 22/09/2021 y firma de los representantes legales en fecha 29/09/2021). Y que además, ambos centros disponen de otro especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo.

Añadiendo que es continua y permanente la evaluación y ordenación los recursos especializados específicos (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Profesional Técnico de Integración Social) para la mejor adecuación a las necesidades especificas de apoyo educativo del alumnado del Ceip que nos ocupa, de la zona escolar donde se inscribe y de todas las zonas de la provincia de Sevilla; por parte de las áreas de nuestro Servicio.

Finalmente por esta razón, hemos de informar que desde el Servicio de Ordenación Educativa, con fecha de 15/07/22, se procede a la propuesta y tramitación al Servicio de Planificación y Escolarización de esta delegación territorial de la asignación al otro Ceip del recurso de AL-LS y por tanto se procederá a la Anulación de la referida compartición para el próximo curso 2022-23”.

Así pues, podemos observar una respuesta actualizada ante las gestiones realizadas en relación a las evaluaciones demandas por la familia para el alumno con necesidades educativas especiales. Y así, creemos deducir que desde la Delegación Territorial de Educación y Deporte y los servicios de orientación educativa se han mostrado receptivos para agilizar los trabajos aludidos de refuerzo del servicio especializado de AL.

Desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía hemos tratado situaciones análogas a las descritas en este caso en las que se producen conflictos para procurar la máxima receptividad a la hora de reforzar estos servicios especializados.

A la vista del caso, nos congratulamos en que se pongan en marcha los mecanismos para reforzar la atención de los recursos de AL en el centro afectado, lo que repercutirá en los otros centros que compartían estos servicios con el mismo profesional.

Nos congratulamos por la decisión adoptada y procedemos a concluir el presente expediente de queja reiterando la disposición para desplegar las acciones de seguimiento que resulten, en su caso, necesarias.

Queja número 21/7439

La persona reclamante afirmaba que residía en la misma vivienda en régimen de alquiler desde hacía 15 años, junto a su cónyuge enferma de 64 años, sus dos hijas gemelas de 30 años y su hijo.

Manifestaba que siempre había abonado la cuota mensual de alquiler de 300 euros, pero refería que la propiedad de la vivienda dejó de hacerse cargo de la hipoteca, ordenándose el desahucio. Estaban a la espera de valoración judicial de un nuevo escrito presentado por su letrado para suspender de nuevo el lanzamiento.

Los ingresos de la unidad familiar se limitaban a la pensión no contributiva de jubilación de la persona reclamante. Había acudido a los servicios sociales municipales y al Ayuntamiento, desde donde le habían informado que no disponían de viviendas sociales.

Admitimos la queja a trámite y nos dirigimos al Ayuntamiento de Olivares.

Según la respuesta municipal emitida, los recursos de la unidad familiar que convivía en el domicilio estaban compuestos por una pensión no contributiva por jubilación (421,40€/mes) y los salarios de dos hijos que convivían con ellos. Asimismo, la pareja de la persona reclamante había solicitado pensión no contributiva por jubilación al cumplir recientemente los 65 años de edad.

Por parte de los servicios sociales municipales se les había atendido con diversas ayudas económicas: ayudas de emergencia social municipal en el pago de suministro de agua, pago de suministro eléctrico, ayuda del banco de alimentos de la Cruz Roja de Sevilla, inclusión en los programas de empleo de acción social municipal, ayudas al alquiler, etc.

En cuanto a la necesidad de vivienda, se dejaba constancia que la persona compareciente se encontraba en búsqueda activa de una nueva vivienda de alquiler, con el inconveniente de que no encontraba una que reuniera las condiciones que demandaba, lo que reducía bastante las posibilidades de encontrar vivienda. A tal fin estaban contemplando la posibilidad de compra de una vivienda o de alquiler con opción a compra.

En contacto con la familia, se les había ofrecido ayuda económica para el pago de la fianza y un mes de alquiler, una vez que tuvieran la vivienda apalabrada.

El informe del Ayuntamiento concluía que aunando los ingresos económicos familiares junto a los recursos sociales municipales y con el apoyo de sus hijos, podrían afrontar una posible solución a su problema habitacional.

A la vista del contenido del citado informe, se observaba que por parte del Ayuntamiento de Olivares se le estaba prestando una atención adecuada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, aconsejamos a la persona reclamante que siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.

En todo caso, desde esta Defensoría dimos trasladado a los servicios sociales nuestra preocupación por su situación, y la necesidad de que, si llegara a producirse el lanzamiento sin que dispusiesen de alternativa habitacional, se les pudiera ofrecer la ayuda necesaria.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, se desplaza a Córdoba el miércoles 26 y el jueves 27 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía ambos días en en la sede de Los Colegios Provinciales (Diputación de Córdoba) en la Avenida del Mediterráneo. s/n. El horario de los dos días será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

    El Defensor de la Infancia alienta a seguir trabajando en la protección de las víctimas de violencia

    El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a seguir trabajando en la protección a las víctimas de violencia en la inauguración del Máster Oficial de Criminalidad e Intervención Social en Menores que organiza la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. El Defensor ha agradecido la invitación a Francisco Javier Garrido Carrillo, profesor Titular de Derecho Procesal.

    Una intervención en la que el Defensor ha abogado "siempre y en todos los casos por la reeducación y la reinserción de los menores que han delinquido". Jesús Maeztu ha repasado el tema de la violencia sexual, "una realidad execrable y reprochable", para la que se cuenta con un nuevo instrumento jurídico, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

    Maeztu ha analizado los abusos que se producen en la infancia, también por los propios niños y niñas, que, al cometer actos delictivos, se ven incursos en procedimientos de responsabilidad penal, pero sobre todo en el entorno familiar. Otras de las temáticas abordadas han sido la violencia filiparental y, por último, los menores infractores con problemas de salud mental.

    "Si no actuamos ahora muchos niños y niñas nos pedirán cuentas de por qué no se les protegió y se les hizo justicia; nos pedirán explicaciones de por qué no cumplimos con nuestras obligaciones legales", ha concluido el Defensor de la Infancia.

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