La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 22/8532

La presente queja de oficio fue incoada tras haber tenido conocimiento esta Institución, a través del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, de la demora en la identificación de las víctimas de la guerra civil española y la posguerra, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero.

Una situación que fue también recogida por los medios de comunicación a raíz de la denuncia de una Entidad Memorialista por la demora de tres años tras la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la Universidad de Granada, sin que se haya comunicado a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, se solicitó la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a los efectos de conocer las actuaciones de coordinación y supervisión del Convenio subscrito, si era conocedor de las demoras denunciadas, y en caso afirmativo medidas adoptadas para subsanarlas. También las cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio para contribuir a sufragar parte de los costes totales derivados de las actuaciones objeto del presente convenio y el presupuesto destinado a esta finalidad en el año 2022 y ejecución del mismo, así como presupuesto consignado para 2023.

A la Universidad de Granada se le solicitó informe referido, entre otras cuestiones al número de muestras recibidas y no analizadas así como las fechas de su recepción, los tiempos de respuesta media desde la recepción de las muestras, análisis de las mismas y comunicación de los resultados; las dificultades para realizar las identificaciones en el tiempo recogido en el convenio de referencia, 4 meses; si le constan se ha instado la caducidad del convenio suscrito y las gestiones para la renovación del Convenio y estado de tramitación de las mismas; la incidencia de esta supuesta caducidad en los trabajos de exhumación; presupuesto con el que cuenta la Universidad para acometer sus compromisos y fuentes de financiáción, haciendo mención al año 2022 y su grado de ejecución y al previsto en este ejercicio económico 2023 y las propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumidos.

En los informes recibidos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte se hace constar que a lo largo de la vigencia del Convenio, la Consejería ha sido la encargada de tramitar y coordinar la recogida de muestras de ADN de familiares y de víctimas exhumadas para su traslado a la Universidad de Granada, se ha llevado a cabo un seguimiento constante de las actuaciones efectuadas, y siendo conscientes de los retrasos en la entrega de resultados fue abordado este tema con la Universidad en las diferentes Comisiones de seguimiento.

Desde el año 2019 la Consejería y la Universidad han trabajado en las posibles soluciones a esta demora en la obtención de los resultados, firmándose en diciembre de 2019 el Convenio suscrito entre ambas partes para la creación de un Banco de Datos de ADN de restos de víctimas de la guerra civil y la posguerra hallados en fosas de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como la adquisición de un nuevo software, con tecnología más avanzada, para llevar a cabo los procedimientos de introducción y almacenamiento de los perfiles genéticos derivados de los análisis de los restos que se lleven a cabo y la realización de búsquedas de perfiles de ADN mediante algoritmos de identidad y de familiaridad que se planteen en los distintos casos a comparar.

Si bien la declaración del estado de alarma en nuestro país en el mes de marzo de 2020 y sus restricciones retrasaron la recepción e implementación de este nuevo software, actualmente se encuentra ya en funcionamiento y se han reducido considerablemente los plazos de obtención de los resultados.

Las cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio suscrito en el año 2018 para la identificaciones genéticas, han sido las siguientes: 180.000 euros en el año 2018, 363.000 euros en el año 2019, 302.000 euros en el año 2020, 242.000 euros en el año 2021 y 320.000 euros en el año 2022.

Y por lo que respecta al convenio firmado en el año 2019 para la creación y mantenimiento de un Banco de Datos de ADN de víctimas: 100.000 euros para la adquisición del software gestión base de datos genéticas y el equipamiento informático necesario para el uso del mismo en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, cada año la cantidad de 58.000,00 euros para mantenimiento del Banco de Datos.

En el año 2023 se ha iniciado la tramitación de un nuevo convenio con la misma finalidad que el suscrito en el año 2018. La partida presupuestaria con cargo a la que se pagarán los costes derivados de los trabajos objeto del convenio (1800010000G/311/609.05/00) está dotada para el año 2023 con un importe total de 308.000 euros, si bien la parte de dicha cuantía que se destine a los trabajos de identificación genética está aún por determinar, ya que con la misma partida se sufragan también los costes de mantenimiento del Banco de Datos de ADN.

En cuanto a la caducidad del convenio suscrito en el año 2018, éste no ha caducado, si bien al expirar la vigencia del mismo el día 11 de septiembre de 2022, con fecha 9 de septiembre de 2022 se firmó una adenda de prórroga que extendía la vigencia del convenio por un período de un año, es decir, hasta el 11 de septiembre de 2023.

Por último, se comunica que además de las Comisiones de Seguimiento celebradas anualmente, desde el servicio del Comisionado para la Concordia, se han mantenido numerosas comunicaciones con familiares de víctimas, asociaciones de recuperación de la memoria democrática y ayuntamientos que han solicitado información acerca del estado de los trabajos de identificación genética de los restos exhumados de las diferentes fosas existentes en el territorio andaluz.

En particular, en relación con los 23 cuerpos exhumados de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba, desde el año 2019 se han recogido muestras de ADN a todos los familiares de las víctimas que se encuentran en las citadas fosas para compararlo con el ADN extraído de los 23 cuerpos exhumados. De los trabajos de identificación genética llevados a cabo hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado positivo.

No obstante, al no estar aún ni exhumados ni analizados genéticamente todos lo restos que se hallan en la fosa, estos resultados de identificación genética son provisionales y no concluyentes, circunstancia que se ha comunicado a cualquier familiar, asociación o ayuntamiento que se han puesto en contacto con este Servicio del Comisionado para la Concordia para interesarse por estos trabajos.

Por su parte, desde la Universidad de Granada se nos informa de que el número total de muestras recibidas a fecha de 23/02/2023 es de 2.437 restos óseos y de 1.969 muestras de familiares de referencia, de los que se han analizado 1.144 restos óseos (restan 1.293) y 1.800 muestras de familiares de referencia (restan 169).

Siendo el tiempo contemplado en el Convenio para realizar las identificaciones de 4 meses, con un presupuesto medio de unos 300.000 euros/año, equivale a la posibilidad de analizar anualmente 300 muestras óseas y 300 familiares de referencia.

La irrupción de la pandemia paralizó la actividad en el laboratorio durante más de 4 meses, y cuando se reinició la actividad se hizo al 50% de capacidad por la limitación de personas en locales de trabajo, y porque parte del equipo de extracción de ADN fue cedido al Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Como propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumidos, se han ejecutado ya, a lo largo de este período, las siguientes actuaciones:

  1. Solicitud y captación de una subvención por un total de 562.051,64 euros para la adquisición de nuevos equipos o aparatos de análisis de ADN de la máxima capacidad.

  2. Adecuación y ampliación de espacios para un laboratorio más grande y con mayores capacidades, acorde a los nuevos equipamientos.

  3. Contratación de nuevo personal científico y técnico con cargo al proyecto, hasta tener un total de 5 Personas en este momento.

  4. Adquisición M-FISys por un valor de 100.000 euros, que fue adquirido por la Junta de Andalucía.

  5. Software de gestión laboratorio (LIMS) por un valor de 95.000 euros aproximadamente.

Por último, el laboratorio posee en este momento la capacidad para analizar unas 1.200 muestras de restos óseos anualmente, capacidad anual que podría aumentarse a 2.400 muestras de restos óseos anualmente si se dotan con los recursos apropiados, así como la capacidad de analizar además unas 4.000 muestras de referencia de familiares.

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que la pretensión objeto del presente expediente se encuentra en vías de solución, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de un posterior seguimiento de las medidas anunciadas.

El Defensor de la Infancia aboga por la educación para prevenir el acceso de los menores a contenido pornográfico en internet

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por la educación como recurso más efectivo ante el acceso de menores a contenidos pornográficos a través de internet, incluida una educación afectiva sexual que evite que internet sea el principal instrumento de formación de los niños, niñas y adolescentes.

En el Grupo de trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en Internet, el Defensor ha destacado el papel de padres y madres en la misión de acompañar y orientar a sus hijos en un uso adecuado de las nuevas tecnologías, al igual que los centros educativos como medio para modular los conocimientos, las actitudes, los hábitos del uso de Internet y también para prevenir de sus peligros y riesgos.

En este sentido, Jesús Maeztu ha señalado que “la educación afectivo sexual ha sido una de las grandes ausentes del currículo en las escuelas”, lo que ha resuelto, a juicio del Defensor, la aprobación de la ley de protección integral de la infancia y adolescencia contra la violencia (Lopivi), que recoge la inclusión de estos contenidos en materia educativa.

El Defensor, que abordó esta problemática en el estudio específico Acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet: de la prohibición a la educación en 2020, ha advertido sobre el protagonismo que tiene internet en el proceso educativo de los niños y adolescentes y ha señalado que, según varios estudios, la edad de acceso al porno ha bajado a los 8 años, una vez se tiene acceso a dispositivos móviles, con páginas gratuitas sin control.

Por ello, entre las medidas que impidan, o cuando menos dificulten, el acceso de niños y niñas a este tipo de contenidos, el Defensor ha apuntado a la autorregulación y los códigos de conducta por parte de la industria del sector, así como al papel que deben desempeñar los poderes públicos en la aprobación de normativas y estrategias de sensibilización y formación.

El Defensor ha llamado la atención sobre los perjuicios de este acceso para los menores ya que el materia pornográfico transmite la idea de que el sexo y el afecto son realidades independientes, que es posible practicar sexo a pesar de los sentimientos, que los hombres tienen el poder de poseer a las mujeres en cualquier momento, que las mujeres están para satisfacer los deseos de los hombres, y se normaliza la violencia en las relaciones, además de que conlleva el desarrollo de una cultura de la pornografía como parte de la socialización de adolescentes y jóvenes.

“Internet debe ser una herramienta de formación, educación y ocio para niños, niñas y adolescentes. Debemos evitar que el material pornográfico continúe siendo la herramienta para la educación sexual del siglo XXI para la infancia y adolescencia”, ha concluido el Defensor de la Infancia.

 

El Defensor del Pueblo andaluz reclama coordinación para la atención de la salud mental en población penitenciaria, migrantes y otros colectivos vulnerables

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la incidencia de la salud mental en las personas que residen en entornos vulnerables, entre los que ha destacado la población penitenciaria, las personas migrantes o las personas de etnia gitana, y ha reclamado la coordinación de las distintas administraciones para la atención e intervención de la enfermedad mental no solo desde lo sanitario, sino tratando otras circunstancias.

En la inauguración de la jornada sobre Bióetica y Salud mental: desafíos comunes en la población vulnerable, Jesús Maeztu ha mostrado su convencimiento de que "la enfermedad mental es un riesgo para las personas que las padecen y su entorno mas inmediato", y enfrenta a estas personas a "desafíos como el estigma y la discriminación, la vivencia de abusos y violencia, accesos reducidos a servicios de salud, educación o empleo".

El Defensor ha insistido en la incidencia mental en quienes residen en entornos vulnerables porque las enfermedades mentales se deben trabajar, a su juicio, de acuerdo a sus circunstancias personales y a sus contextos culturales. En el caso de la población penitenciaria, Maeztu ha considerado que es preciso una coordinación entre las distintas administraciones, "no solo es cuestión de las competencias de Salud", en línea de lo expresado en la inauguración por Benedicto Crespo-Facorro, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

La primera mesa redonda aborda la salud mental en la población penitenciaria e intervendrán Inmaculada Giráldez, subdirectora de Tratamiento del Hospital Penitenciario de Sevilla; Pedro Masse, psiquiatra del Hospital Penitenciario de Sevilla; Yolanda González, directora del Centro Penitenciario de Córdoba; Pilar Ventosa, psiquiatra consultora en el Centro Penitenciario de Córdoba; Sergio Ruiz, director de Programas del CIS de Granada y Maria Luisa Díaz Quintero, representante de Enredes.

La segunda mesa trata sobre la salud mental en entornos vulnerables y participarán Cristina González, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Laujar de Andarax y presidenta de Feafes Salud Mental en Almería; Eva Fernández, trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios de Almería.; Nabil, Sayed-Ahmad Beiruti, psiquiatra en Roquetas de Mar y María del Carmen Filigrana, directora de Fakali. Por la tarde la ponencia marco corresponderá a Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), tras la cual se procederá a difundir las conclusiones y el cierre a cargo del Defensor.

Esta jornada continúa con la senda que ya inauguró la Defensoría el pasado mes de marzo en Cádiz, en aquella ocasión sobre 'Bioética y Salud mental: raíces comunes en la atención a los mayores, infancia y adolescencia' para abordar el problema de la salud mental desde el enfoque de la bioética y mediante el análisis en detalle de sectores de la población más vulnerable como son la infancia y las personas mayores.

La jornada del Defensor del Pueblo andaluz se dirige a profesionales del sector socio-sanitario, los servicios sociales y del ámbito jurídico implicados en el campo de la salud mental, a las asociaciones dedicadas a la protección de los derechos de las personas con trastornos de este tipo, así como a las propias personas afectadas y a sus familias.

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Declaración de la Mesa de la ENOC sobre las violaciones masivas, sin precedentes y graves de los derechos humanos contra los niños en la Franja de Gaza

La situación de los niños en la Franja de Gaza es crítica y constituye una violación sin precedentes, masiva y grave de todos sus derechos humanos, con su derecho inherente a la vida en primer plano. Según se informa, más de 3500 niños perdieron la vida en las últimas tres semanas debido a ataques implacables. El número de muertos aumenta cada día. No hay ningún niño en la Franja de Gaza que no haya experimentado angustia, trauma, destrucción, desplazamiento o duelo. Sus necesidades básicas (alimentos, agua, atención médica, refugio) ya no están satisfechas, y su supervivencia está gravemente amenazada.

Cualquier ataque selectivo contra civiles, niños o centros de primera respuesta que albergan o proporcionan atención médica o de otro tipo y apoyo inmediatos a niños y familias es una violación del derecho internacional humanitario y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Como defensora independiente de los derechos de los niños, la Oficina de la ENOC hace un llamamiento a la comunidad internacional para que utilice todos sus poderes para detener y prevenir las graves violaciones de los derechos de todos los niños en la Franja de Gaza.

Instamos a todas las partes involucradas en este conflicto a que respeten y garanticen el respeto de las normas del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados, especialmente en lo que respecta a los niños.

    14.30 h. El Defensor de la Infancia y Adolescencia interviene en el Parlamento. En el grupo de trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en internet
      10.30 h. El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía interviene en eI II Encuentro Estatal Familias de víctimas mortales de violencia de género. En Málaga.
        36 Jornada Coordinación Defensores del Pueblo: "Proteger a la infancia protegiendo sus derechos: un reto desde las defensorías". Sindicatura de Greuges de Cataluña
          El Defensor del Pueblo andaluz aboga por una regulación de la administración electrónica que evite la brecha digital

          El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por una regulación en los procedimientos de administración electrónica, como es el caso de la cita previa, así como en aquellos casos en los que intervenga la inteligencia artificial, con el fin de corregir consecuencias perniciosas para la ciudadanía como sería la brecha digital.

          “Los defensores debemos mirar a la cola de la desigualdad, que todos entremos en el juego, o de lo contrario nunca será una transición justa”, ha afirmado Maeztu en declaraciones previas a la inauguración de la jornada sobre Administración Electrónica e Inteligencia Artificial: Los Derechos de la Ciudadanía ante un Nuevo Modelo de Administración organizada por el Defensor en Granada. En la inauguración han intervenido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

          Jesús Maeztu ha enfatizado las ventajas que supone la incorporación a la administración pública de las técnicas de gestión propiciadas por el nuevo entorno digital, pero al tiempo ha subrayado la necesidad de abordar la brecha digital y lograr una administración electrónica inclusiva. Para ello el Defensor ha organizado una jornada para analizar cómo se compaginan medios alternativos “para que no haya personas que lleguen tarde”. “Este debate ha venido para quedarse, debemos reflexionar para que la transición digital sea justa”, ha señalado.

          Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que en algunos procedimientos no se puede eliminar la presencialidad y ha informado de que la Institución ha iniciado una actuación de oficio en relación con la exigencia de disponer de cita previa para poder acceder a las dependencias administrativas sin cita. “Reclamamos que se garantice la atención presencial, sin cita previa, a todas las personas y en todas las dependencias y organismos administrativos durante el horario de apertura al público. Asimismo, hemos pedido que se ofrezcan diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales”, ha señalado el Defensor durante su intervención en la inauguración de la jornada.

          Asimismo, el Defensor ha advertido también sobre la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente con la administración; la utilización de procedimientos automatizados para la concesión de subvenciones o ayudas, y la utilización de algoritmos para la toma de decisiones por parte de la administración, que son objeto de preocupación y debate entre importantes sectores de la ciudadanía que consideran necesaria una regulación y un control mas rigurosos de estas herramientas tecnológicas.

          Queja número 23/0967

          La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con los proyectos y recursos destinados a un Instituto de Educación Secundaria (IES) en la provincia de Sevilla.

          Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla. Finalmente, en el informe se recoge:

          - En los años 2019 y 2020, la entonces Consejería de Educación y Deporte aprobó sendos proyectos de reforma y rehabilitación en el IES, que se iban a ejecutar a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). El primero de ellos, se encuentra actualmente en fase de supervisión del proyecto y se espera que se realice la contratación de la obra en breve. Del segundo, se está contratando la redacción del proyecto.

          - Por otra parte, en los años 2020 y 2021 se aprobaron en el centro en cuestión 5 proyectos menores, con cargo a los Fondos de Inversión de la Unión Europea y Fondos propios de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Dichos proyectos, se destinaron a la reforma de varios espacios educativos, talleres de Formación profesional y aseos del centro. A fecha de hoy, todas las obras correspondientes a estos proyectos están finalizadas.

          En lo que se refiere a la falta de transparencia, indicar que desde diferentes Servicios de la Delegación Territorial se han mantenido reuniones tanto con el Ayuntamiento como con el equipo directivo del centro, cada vez que han sido requeridas por cada una de ellas. En estas reuniones se ha informado a los solicitantes sobre la situación en la que se encontraba cada uno de los proyectos referidos anteriormente”.

          En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas las actuaciones realizadas para mejora y dotación del centro indicado.

          Comprendiendo la lógica premura de las partes integrantes de la comunidad educativa del Instituto por agilizar la ejecución de tales proyectos, parece deducirse que el motivo concreto de la queja ha sido atendido del mismo modo que los cauces de participación y transparencia han quedado relatados en la respuesta recibida.

          A la vista de los proyectos anunciados y de la tramitación de los mismos que exige unos plazos recogidos por la normativa, hemos de considerar la conveniencia de disponer de dichos periodos de tiempo para la conclusión de los trabajos previstos, tal y como se nos informa; sin que resulte oportuno en estos momentos la formulación de un pronunciamiento formal como resolución.

          En todo caso, las necesidades del centro aconsejan un seguimiento de las actuaciones anunciadas por lo que estamos dispuestos a realizar todas las actuaciones de control que resulten necesarias.

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