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La persona interesada cuestiona la atención educativa que está recibiendo su hija, alumna con necesidades educativas especiales, escolarizada en un CEIP de la provincia de Granada. Asimismo se muestra disconforme con la propuesta formulada para modificar la modalidad de escolarización de la alumna.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la Administración, tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía la Administración remite un escrito en el que se pone de manifiesto que la decisión final adoptada tras la revisión de la evaluación de las necesidades, se recoge en su informe psicopedagógico y su dictamen de escolarización en el que se refleja la siguiente propuesta de atención específica para su adecuada respuesta educativa:

Medidas especificas de carácter educativo

Medidas especificas de carácter asistencial

Supervisión especializada

Recursos específicos

Modalidad de escolarización

Con esta información se deduce que la Administración viene adoptando medidas conducentes a la solución del problema planteado en el expediente, al haberse realizado una nueva evaluación de las necesidades educativas de la menor, por lo que consideramos procedente dar por concluidas nuestras actuaciones en este asunto.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Los Guajares, ante las denuncias de un vecino por el ruido de un pub, que no habían sido atendidas en su momento, inspecciona dicho establecimiento y le ordena la adopción de una serie de medidas para que su actividad se ajuste a lo autorizado y los niveles de contaminación acústica que se generen no superen los límites establecidos.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba que junto a su domicilio se encontraba un establecimiento hostelero “tipo pub” que dispensaba comidas y bebidas y que además disponía de música a gran volumen. En su momento, había presentadso denuncia en el Ayuntamiento de Los Guajares (Granada) en la que decía que “los ruidos que soportamos desde un tiempo hacia atrás, aproximadamente un año, tanto mi familia como yo, son inadmisibles. Los efectos se agudizan aún más en época estival ya que con el calor, para la realización de la actividad se dispensan bebidas y comidas en la terraza o velador, así como con equipo de sonido con alto nivel de volumen, voces, alboroto, ruidos, con la consiguiente estridencia que sale desde el interior del establecimiento (…) dicha actividad se desarrolla todos los fines de semana, aunque también en días alternos, desde la tarde hasta altas horas de la madrugada, teniendo el local un horario de apertura y cierre que cumplir. Es inadmisible que el local se encuentre abierto toda la noche, con una afluencia continua de clientes, vehículos con un nivel sonoro elevado de música, accionamientos de claxon, etc.”.

Aseguraba además que “la presencia de ruido, alboroto o estridencia está causando una serie de efectos sobre las actividades habituales tanto de mi familia como del que suscribe, alterando el sueño, el descanso, impidiendo la concentración y generando estados que pueden facilitar enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Además de los trastornos psicológicos como conductas de irritabilidad y agresividad, estrés...”.

Así expuesto el asunto, identificamos desde un primer momento una posible irregularidad, de confirmarse los hechos denunciados: si este local era un bar con cocina (pero sin música), no podía disponer de música, ni en interior ni mucho menos en exterior, como parecía que estaba aconteciendo. Debía el Ayuntamiento, por tanto, inspeccionar, sancionar y, llegado el caso, clausurar el foco emisor de ruido no autorizado, impidiendo la disposición de música, pues ésta solo se podía tener en interiores para establecimientos que tuvieran autorización y calificación ambiental para pub, bar con música, discoteca o salón de celebraciones.

Así, si el local en cuestión hubiera estado autorizado como pub, entonces la irregularidad consistía en disponer de terraza de veladores. El Decreto autonómico 78/2002, en aquel momento vigente, no permitía a los pubs y bares con música la disposición de terraza de veladores, ya que concebía tales actividades -pubs y bares con música- exclusivamente de interior en un local debidamente insonorizado. Por ello, si este local era un pub y el Ayuntamiento había autorizado la terraza de veladores, debía revocarla inmediatamente; si no la había autorizado pero sí disponía el local de ella, debía impedir su uso y clausurarla, además de sancionar tal irregularidad.

Se denunciaba adicionalmente el incumplimiento de horarios de cierre, en cuyo caso la norma a tener en cuenta era la Orden de 25 de marzo de 2002, reguladora de horarios en Andalucía, vigente entonces.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste, en un primer momento, nos informó, en síntesis, de lo siguiente:

- Que en octubre de 2017 se había dictado Resolución de Alcaldía ordenando la suspensión de la actividad del café-bar “...”, y se instaba a su titular a la legalización preceptiva.

- Que a finales de ese mismo mes, la Alcaldía había remitido comunicación a la Subdelegación del Gobierno en virtud de la cual se trasladaba la situación en la que se encontraba el establecimiento hostelero.

- Que en diciembre de 2017 se había emitido informe técnico favorable para la legalización de la actividad, y que con dicha fecha obtuvo licencia para la actividad de bar-restaurante.

Dimos traslado de esta información al interesado al objeto de que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas; sin embargo y a pesar de nuestras actuaciones posteriores, no recibimos respuesta de éste por lo que entendimos que consideraba que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte y procedimos al archivo del expediente de queja, desde la consideración de que el problema había desaparecido.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba dicta Resolución por la que ordena la clausura de un núcleo de animales existente en la parcela colindante a unas viviendas, desde el que se generaban ruidos y olores y se atraía insectos y roedores.

En su escrito de queja, el interesado, residente en la localidad de Priego de Córdoba, indicaba que en junio de 2015 había denunciado en el Ayuntamiento de esa localidad que en una parcela colindante a su vivienda había “sueltos numerosos gallos y aves de corral, pavos, conejos e incluso ponis y caballos. La molestia viene de los ruidos que provocan los gallos desde las 2 o las 3 de la madrugada en adelante, ademas de olores y moscas. Dicha granja es ilegal y no tiene licencia, asimismo existe una ordenanza del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba sobre control animal que en el articulo nº 29 dice: Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales, no solo los reputados dañinos o feroces sino también otro tipo de ganado ovino, caprino, vacuno, felinos, etc. que aunque considerados domésticos puedan provocar daños o molestias al ser dejados sueltos y sin control en solares o espacios públicos colindantes con viviendas o núcleos urbanos”. A esta denuncia y a otras posteriores que había presentado en la Policía Local, no obtuvo respuesta alguna.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Priego de Córdoba y a la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con objeto de conocer si en ambos organismos tenían conocimiento de este núcleo de animales y, en su caso, si figuraba inscrito en el oportuno Registro autonómico, así como si cumplía todas las prescripciones y exigencias.

Del informe de la Consejería conocimos que tras personarse en el lugar el inspector veterinario de la OCA correspondiente, había comprobado que en el lugar de la denuncia no existían animales en el momento de la visita, aunque sí restos de plumas y paja en el suelo, manifestando el titular de la parcela que tenía “unas diez gallinas, pero que debido a las quejas las había quitado voluntariamente de Ia finca”.

En cuanto al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en un primer informe nos comunicó que en marzo de 2018 se había emitido informe técnico del Área de Urbanismo, en el que se indicaba, en esencia, que el núcleo animal objeto de estas denuncias no precisaba de licencia municipal de apertura dado que se destinaba, en principio, al autoconsumo, “por lo que se debiera requerir a la policía local para que gire visita de inspección al objeto de verificar los hechos denunciados, haciendo constar en acta, en particular: estado, situación y número de animales existentes, actividad realizada así como identificación del titular de la misma. Una vez evacuado el informe policial, del mismo se dará traslado a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) para que determinen la capacidad zootécnica de la explotación, así como de cualquier otra cuestión de su competencia”.

También se nos decía, por parte del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, que procedería remitir el asunto a la Delegación Municipal de Sanidad para que evacuara informe y realizara cuantas actuaciones estimara pertinentes, por tratarse de materia de su competencia.

Para esta Institución, en aquel momento sólo se nos había informado parcialmente, pero aún no se había decidido nada al respecto sobre la legalidad de este núcleo animal en suelo urbano y su incidencia ambiental.

De ahí que interesáramos un nuevo informe y en la nueva respuesta el Ayuntamiento nos trasladó informe de la policía local y resolución de Alcaldía por la que se acordaba iniciar orden de ejecución para la retirada de los animales, concediéndose al titular de éstos un trámite de audiencia por plazo de diez días para que pudiera presentar alegaciones.

Tras dar traslado de esta información al interesado para que nos remitiera sus comentarios, no obtuvimos respuesta de éste, por lo que entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja, considerando que tras nuestra intervención, y tras las actuaciones municipales emprendidas, se había dado solución al problema.

El Defensor del Pueblo Andaluz acordó incoar la queja de oficio ante noticias relacionadas con la situación que presenta la ermita de San José en la localidad cordobesa de Montilla. Con fecha 8 de octubre de 2018, solicitamos informe de la, entonces, Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Córdoba y al propio Ayuntamiento de Montilla, recabando datos sobre régimen de protección que ostente en la actualidad la ermita de San José en Montilla; estado de conservación del inmueble; relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años; régimen de uso o aprovechamiento y programa de visitas públicas la inmueble; y cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.

Con fecha 30 de octubre de 2018, la Delegación Territorial nos indicó:

“La citada Ermita aunque es un bien inmueble de un indudable interés arquitectónico y etnológico no está sometida al régimen de protección de los inmuebles regulados en el Capítulo lII, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, al no hallarse inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni como Bien de Interés Cultural, ni como Bien de Catalogación General. La única protección que ostenta es desde el ordenamiento urbanístico, de modo que la ficha de catálogo de elementos protegidos del PGOU de Montilla le otorga un Nivel I Protección Integral, según se comprueba en la ficha que se adjunta.

En relación al estado de conservación del inmueble, se reseña que al no estar tutelada conforme a lo citado anteriormente, esa Institución tendría que dirigirse para conocer sobre esta cuestión a su titular, que según los datos obtenidos de la sede electrónica del catastro, es el Obispado de la Diócesis de Córdoba. No obstante, de la ficha que se adjunta se desprende un estado de conservación Alto.

Respecto de las intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado o ejecutado en los últimos años en dicho inmueble, en los archivos de esta Delegación Territorial no consta aperturado expediente alguno de dicha naturaleza por no estar dicho inmueble sometido al régimen de protección de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En relación al uso o aprovechamiento y programa de visitas públicas al inmueble, no le consta a esta Delegación Territorial por los argumentos esgrimidos anteriormente”.

Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de Montilla hasta el 6 de Junio no remitió la información requerida con fechas 8 de octubre y 14 de noviembre de 2018 y 1 de febrero y 3 de mayo de 2019 :

“1°.- El edificio de la Ermita de San José se ubica conformando la esquina de las Calles Altíllos y San José de Montilla (C/ San José, n° 49), con referencia catastral: 5216801UG5651N0001KQ.

2°.- Que el edificio no es de titularidad municipal, siendo su titular catastral es el Obispado de la Diócesis de Córdoba.

3°.- El Planeamiento General vigente de Montilla, recoge la Ermita de San José entre los edificios incluidos en el Catalogo de Bienes Inmuebles protegidos con NIVEL 1: PROTECCIÓN INTEGRAL. Se adjunta ficha del bien correspondiente del referido Catalogo.

4°.- Que este Ayuntamiento no tiene datos sobre el estado de conservación del inmueble, lo cual deberá consultarse al titular del mismo. No obstante, se aportan imágenes actuales del exterior de la ermita, de lo cual se desprende, en opinión de quien suscribe, que al menos en lo que respecta a paramentos, huecos y elementos exteriores no presente un especial deterioro.

5°.- No se tiene constancia del régimen de uso o aprovechamiento y programa de visitas, entendiendo que igualmente sobre este extremo deberá consultarse a su titular.

6°.- Como antecedente de carácter urbanístico que pudiera ser de interés sobre este asunto, indicar que con fecha 26 de julio de 2006, por parte de la Hermandad del Sagrado Descendimiento, se solicitó a este Ayuntamiento la tramitación de una innovación del Planeamiento General vigente en ese momento (Normas Subsidiarias de Planeamiento de Montilla, aprobadas definitivamente en fecha 11 de febrero de 1994), al objeto de modificar el nivel de protección con el que se catalogaba la Ermita de San José (Nivel Integral), y pasarlo a un Nivel Global. El objeto de dicha de Modificación de las Normas Subsidiarias solicitada, era el interés de la referida Hermandad de abrir una nueva puerta al edificio por la calle San José, con la finalidad de poder tener acceso a través de la misma con el paso procesional de Semana Santa.

Finalmente, tras ser acordada finalmente por el Pleno Municipal en fecha 17 de noviembre de 2006, lo aprobación provisional el documento de modificación de las NNSS, se solicita por el mismo interesado en fecha 1 de marzo de 2007, el desistimiento del expediente en tramitación, acordándose su aceptación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en fecha 14 de marzo de 2007.”

A la vista de sendas informaciones, hemos de entender que ambas administraciones, en el marco de sus respectivas iniciativas, vienen interviniendo sobre la citada Ermita de San José en los términos que se recogen en dichos escritos.

Y podemos destacar la coincidente valoración expresada de que el estado de conservación del inmueble no revestiría especiales elementos o circunstancias de preocupación. En todo caso, la titularidad del inmueble que corresponde al Obispado de Córdoba asume las responsabilidades derivadas de la conservación y cuidados de dicho elemento en el marco de la protección Nivel 1 que, a través del PGOU de Montilla, tiene otorgada ese inmueble.

Por ello, hemos de reiterar, tanto al Ayuntamiento como a la Delegación de Cultura, el agradeciendo por la información ofrecida y valorar, en su caso, el estudio de algunas medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas, en sus respectivos ámbitos competenciales, en la normativa urbanística, en los supuestos que fueran necesarias acorde con el carácter de protección general que presenta dicha ermita de San José.

Entendiendo que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Estepona ordena la adopción de una serie de medidas para ajustar a los niveles legales el nivel acústico emitido por unas instalaciones comunitarias de suministro y bombeo de agua que estaban bajo el domicilio de los afectados, dando solución material al problema de ruidos que previamente había sido objeto de sanciones y multas coercitivas.

En su escrito de queja, el interesado, vecino de la localidad malagueña de Estepona, nos decía que desde septiembre de 2012 venía soportando “un ruido infernal en toda la casa, pero sobre todo en nuestro dormitorio y salón; haciendo indagaciones pudimos saber que el referido ruido era porque debajo del dormitorio se encuentran las bombas de presión de agua, que bombean el agua de la comunidad. Y debajo de éstas el aljibe de agua. Es decir del bloque 1 que es el nuestro, estamos dando agua a tres bloques, y también el riego a toda la urbanización, incluidos llenado de piscinas (2) y servicios de la piscina”.

Denunciaron los hechos primero a la comunidad de propietarios de la urbanización en la que residían, que no se quisieron hacer cargo del problema, y después al Ayuntamiento de Estepona, que inspeccionó las instalaciones y, al parecer, derivó el problema a la Junta de Andalucía. Ésta realizó un ensayo acústico cuya conclusión fue desfavorable: se soportaban 10 dBA por encima del legalmente establecido como límite, por lo que se ordenó a la comunidad de propietarios, titular de las instalaciones, la insonorización de las mismas. Sin embargo, después de tres años, la situación seguía igual, no se habían ejecutado esas obras de insonorización y el afectado y su familia continuaban con el problema del ruido proveniente de estas instalaciones.

La queja venía motivada porque durante todo este tiempo y pese a que el problema seguía sin solventarse, la actividad del Ayuntamiento había sido manifiestamente insuficiente para poner fin a los ruidos, pues ni los requerimientos de aplazamiento para poder darle una solución a dicho problema, ni la sanción o sanciones impuestas, habían surtido el efecto deseado, que no era otro que adecuar la bomba de presión del agua para que los ruidos que emitía estuviesen dentro de los límites máximos que determinaba el Decreto 6/2012, y ello pese a que el nivel de superación respecto de inmisiones de ruidos transmitidos al interior de recintos colindantes (el resultado fue 40 dBA, mientras que el máximo es 30 dBA, esto es, 10 dBA), debió dar lugar, por Ley, a que el Ayuntamiento adoptara medidas provisionales, conforme al artículo 56.1 del referido Decreto 6/2012.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Estepona, éste nos envió un primer informe del que resultaba que se había tramitado expediente sancionador finalizado con imposición de una multa a la comunidad de propietarios, y, más recientemente, se había practicado una nueva medición acústica cuyo informe había concluido nuevamente con un resultado desfavorable. En este sentido y a la vista de ese resultado desfavorable, en un informe técnico municipal, de enero de 2018, se destacaba que:

1.- Se debía dar traslado al Departamento de Sanciones del contenido de aquel informe en referencia al expediente sancionador.

2.- Se debía dar traslado del contenido de este informe al Departamento de Asesoría Jurídica con el fin de proceder a dar cumplimiento al Decreto 6/2012, artículo 57, multas coercitivas.

3.- Se debía dar traslado del contenido de este informe al representante de la comunidad de propietarios, así como al vecino perjudicado de la afección acústica.

En consecuencia con lo expuesto, para esta Institución quedaba más que confirmado que los motores rebasaban los límites máximos de ruido que podían generar, según medición entonces reciente; sin embargo y pese a ello, no se nos decía qué medidas iba a tomar el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa, pues más allá de la imposición de multas coercitivas, ello no impedía que estos motores siguieran haciendo un ruido insoportable para el afectado y su familia. Por ello, solicitamos un nuevo informe para conocer qué medidas iba a adoptar el Ayuntamiento ante esta situación.

De la nueva respuesta del Ayuntamiento se desprendía que el problema de ruido de los motores de bombeo de agua había quedado resuelto tras tramitar diversos expedientes sancionadores, que finalmente habían determinado que los motores se cambiaran de ubicación y se adoptaran sobre los mismos una serie de medidas correctoras. En concreto, constaba en el informe, entre otras cosas, que:

“Actualizando la información en su día remitida, mediante el presente ponemos en su conocimiento que, verificado que se rebasaban los límites máximos de ruidos, además de la imposición de varias sanciones por incumplimiento de la normativa en la materia (Exptes ...), se requirió a la Comunidad de Propietarios responsable para la adecuación de las instalaciones, obligación que finalmente se ha cumplimentado mediante el traslado o cambio de ubicación de los equipos de bombeo causante de las molestias.

Así, mediante escrito registrado de entrada el día ../2018, con el nº ..., la Comunidad de Propietarios ... solicitó licencia de obra menor para la reubicación de los equipos de presión (EXPTE. ...). Previos los informes técnicos oportunos y una vez cumplimentados los requerimientos municipales, mediante Decreto 2018-..., se concedió la correspondiente licencia de obras.

Iniciados los trabajos de ejecución de las obras de traslado de los equipos, tras diversas visitas de inspección y emisión de los correspondientes informes, mediante escrito presentado el ../10/2018, la Comunidad de Propietarios puso en conocimiento del Ayuntamiento la ejecución de las mismas. Emitido en fecha ... el correspondiente informe técnico y a los efectos de dar por concluido el expediente iniciado como consecuencia de la queja formulada por D. ..., se concluye que la Comunidad ha de presentar diversa documentación y que se realizará visita de inspección para comprobar la veracidad de la efectiva ejecución de los trabajos de reubicación.

Finalmente, en fecha ../12/2018 la Comunidad de Propietarios ... aportó la documentación requerida sobre los trabajos de reubicación y acreditativa de la contratación del suministro para distintos usos.

Mediante informe técnico ..., de .../2019, emitido tras visita de inspección realizada en fecha ../12/2018, se comprueba que se ha cumplimentado lo solicitado, concluyendo con «... dictamen favorable a las medidas correctoras y ejecución de las mismas y por tanto se da por finalizado el expediente; ya que se ha eliminado el grupo de bombeo causante de la afección acústica y comprobado los hechos mediante visita de inspección, no procede realizar unas mediciones acústicas comprobatorias, por no existir ya la fuente generadora de la problemática»”.

Por todo ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema había quedado solucionado, habiéndose aceptado la pretensión del reclamante con el resultado obtenido tras las actuaciones municipales.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, un establecimiento hostelero que desarrollaba sin licencia la actividad de cocina y utilizaba megafonía exterior para llamar a sus clientes, solicita licencia de reforma para legalizar las actividades no autorizadas que habían sido denunciadas por las personas que ocupaban el piso superior ante la incidencia ambiental -especialmente ruido, humos y olores- que venían padeciendo.

En su escrito de queja, la interesada nos indicaba que su domicilio se encuentra situado justo encima de un establecimiento hostelero en el que se desarrolla “actividad de cocina sin que tenga licencia de cocina, ni instalaciones adecuadas, lo que me causa malos olores, ruidos por las instalaciones colocadas por un anterior arrendatario del local en un patio comunitario al que desde su construcción solo tiene puerta de acceso desde el piso del que soy copropietaria y ruidos también porque el local que es de autoservicio y utiliza un sistema de megafonía para avisar a sus clientes a que recojan en la barra sus pedidos, tanto los que se encuentran en el interior del local como los que están sentados en los veladores y junto a su ventana que utilizan como barra exterior".

Aseguraba que esta situación le provocaba "ansiedad, zozobra y falta de sueño porque con el ruido, tanto de día como durante la noche, no se me permite conciliar el sueño. Ruidos y olores que suponen una intromisión en mi intimidad y una inviolabilidad de mi domicilio, ya que tengo que soportar en mi vivienda unos ruidos y olores que me resultan muy desagradables".

Dado que el local solo contaba con licencia de cervecería sin cocina y sin música, se vio obligada a denunciar a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba la actividad de cocina y la utilización de megafonía, dando lugar a una comprobación de la policía local que pudo apreciar, al parecer, que efectivamente se desarrollaba actividad de cocina. Tras levantarse acta policial, se incoó expediente sancionador, del que la reclamante no había tenido noticias alguna tras su inicio: "solo me ha notificado la resolución de inicio del expediente sancionador, pero la Gerencia ha permitido que la actividad de cocina siga desarrollándose en el local, obligándome día tras día, aproximadamente unos ciento ochenta días desde mi denuncia, a soportar unos ruidos y olores que me provocan falta del descanso necesario, zozobra y molestias sin fin. Pero lo que es más grave, la Gerencia de Urbanismo está poniendo en riesgo mi seguridad y la de mi familia, aún a sabiendas de que conoce que en el local se realiza una actividad de cocina, sin las instalaciones adecuadas". Insistía sobre el hecho de que el local no disponía de extracción de humos y que por ello había solicitado expresamente en la Gerencia el cese de la actividad de cocina.

Tras una larga tramitación de este expediente de queja, en el que nos dirigimos a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, finalmente conocimos que el establecimiento había solicitado licencia de reforma del establecimiento, por lo que entendimos que el problema de fondo podría estar en vías de solución.

La reclamante expone ante esta Institución que desde el 27 de julio de 2017 se encuentra ingresada en la Residencia Hermanos Muñoz Cabrera de Pozoblanco por plaza privada. Expone que tiene reconocido el Grado I de dependencia y que el 13 de octubre de 2017 solicitó la revisión del mismo. El 10 de abril de 2018 fue valorada por la enfermera de enlace y, desde entonces, se encuentra a la espera de la valoradora de la Junta de Andalucía para que pueda revisarse su grado de dependencia y aprobarse su PIA para poder acceder al recurso asistencial.

Interesados ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, se recibe informe indicando que en enero de 2019 se ha cargado el informe de salud elaborado el 11 de abril de 2018, en la agenda de la valoradora de zona de trabajo social correspondiente al lugar de residencia de la solicitante para que proceda a la valoración de dependencia.

Posteriormente, en marzo de 2019, la reclamante hace constar que en febrero había sido valorada por la Trabajadora Social de la Junta de Andalucía pero que aún no le había sido notificada la Resolución de reconocimiento de su grado de dependencia.

Así, en mayo de 2019 se recepciona el informe de la Delegación Territorial, en el que consta que con fecha 22 de abril de 2019 se ha emitido resolución reconociendo a la parte promotora de la queja Grado II, de Dependencia Severa.

Dado que el asunto que planteaba la parte promotora de la queja ha quedado resuelto, procedemos al cierre del expediente.

Tras nuestra intervención, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acepta los recursos administrativos planteados por una asociación ecologista sobre su derecho de acceso a la información medioambiental en diversos expedientes de Autorización Ambiental Unificada en los que estaban personados.

En su escrito de queja, el representante de una asociación ecologista de ámbito provincial almeriense denunciaba la posible lesión de sus derechos en la tramitación de los expedientes de Autorización Ambiental Unificada en los que se personaban pues, aunque no se discutía la legitimidad de la asociación para personarse en los mismos, se les negaba, sistemáticamente, copia de los documentos o se les ignoraba en los trámites de audiencia a los interesados o notificaciones de resoluciones. La asociación ecologista citaba la legislación aplicable en aquel momento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. En concreto denunciaban lo siguiente:

“En todas las resoluciones denegatorias se sigue la misma sistemática: considerar la solicitud de copia como solicitud de información ambiental, cambiando la condición de parte interesada por “público” según la Ley 27/2006, de 18 de julio, y a continuación invocar las excepciones del art. 13 de la citada Ley. Todo ello de plano y para toda la documentación incumpliendo, incluso, las propias disposiciones de las que pretenden valerse. Para los asuntos con más relación con cambios de uso forestal la actitud es la del silencio. Estos asuntos son los que más interesan a esta asociación por el carácter especulativo que está teniendo en nuestra provincia donde la excepción de la normativa forestal a dichos cambios se está convirtiendo en norma con graves daños para espacios naturales cuando la provincia cuenta con una adecuada dotación de suelo agrícola.

Considerando la complejidad de los documentos básicos de estos procedimientos sin copia no es posible a esta Asociación intervenir en los mismos con un mínimo de garantía y eficacia lo que supone un hecho de graves consecuencias para la defensa de los derechos e intereses legítimos que tiene legal y estatutariamente acreditados y que pueden resultar afectados en la resolución del procedimiento sin posibilidad real de defensa y protección. En otros casos los procedimientos se vienen llevando a cabo sin cumplir obligaciones esenciales como el trámite de audiencia o la notificación de la resolución. Todo ello equivale en la práctica a dejar sin efecto la condición de interesada de esta Asociación en los mencionados expedientes”.

Expuesta así su queja, a continuación citaban una relación de expedientes y documentos que ilustraban su reclamación:

- Expediente AAU... Cambio de uso de forestal a agrícola, en los que, en un caso se producía silencio administrativo, y en otro se decía que se iba a pedir el consentimiento del titular de la documentación para facilitarla.

- Expediente AAU... Ampliación de cantera, en el que se denegaba mediante resolución la copia de la documentación pedida.

- Expediente AL... Prevalencia de interés minero sobre forestal, en el que nuevamente se denegaba la copia de la documentación solicitada.

- Expediente AAU... Prórroga de concesión minera, en el que también había una resolución denegatoria expresa de la documentación pretendida.

- Expediente AAU... Cambio de uso forestal a agrícola, en el que, aunque en primer momento se facilitaba la documentación pedida, había después una situación de silencio ante una petición de documentación adicional que se incorporaba posteriormente al expediente.

- Expediente AAU... Permiso de investigación minera, expediente en el que presentaban alegaciones que no habían sido tratadas en la resolución final del procedimiento, pese a actuar como parte interesada en el mismo y no como mero público. Tampoco se les comunicaba el trámite de audiencia.

- Expediente AAU... Prórroga concesión minera, en el que se les comunicaba un trámite de alegaciones de forma extemporánea.

A título de ejemplo, analizábamos la respuesta denegatoria que se había dado a la asociación reclamante en un expediente en la que se justificaba la negativa a facilitar la documentación (proyecto técnico y estudio de impacto ambiental) en la falta de autorización del titular de la misma por afectar a sus derechos de propiedad industrial, con base en el artículo 13, letras d) y e) de la Ley 27/2006.

El escrito de queja finalizaba de la siguiente forma: “Para esta asociación es incomprensible que de documentos que han estado a exposición pública se niegue copia a una parte interesada invocando el art. 13 de la Ley 27/2006 que constituye una excepción en el acceso del público a cierta información protegida por las leyes o normas de derecho comunitario. Ya el Decreto 356/2010 contempla esta garantía en su art. 11 para la documentación sometida a AAU y el art. 31.bis del RDL 1/1996 Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual excluye de consentimiento a la copia de documentos para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos o judiciales”.

Tuvimos en cuenta, a título simplemente ilustrativo, que la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece que no afecta a la propiedad intelectual ni industrial el suministro de información relativa a un proyecto técnico que forma parte de un expediente ya divulgado mediante la preceptiva fase de información pública.

Por otra parte, tuvimos presente que el artículo 11.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que regula el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, exige una resolución previa del órgano ambiental competente que determine cuáles de los documentos y/o datos incluidos en el expediente tienen la consideración de confidencial, de acuerdo con la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial.

Tras admitir a trámite la queja, nos dirigimos a la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que nos dio, en un amplio informe, sus explicaciones y en cuyo apartado 9 se decía lo siguiente:

“Visto todo lo anterior, queda en evidencia que la pretensión de la Delegación Territorial no ha sido en ningún caso la obstaculización de la labor de defensa de los intereses colectivos que ostenta ..., sino dar cumplimiento a la normativa vigente. No obstante, con el fin de asegurarse de que la interpretación por nosotros sostenida es la correcta, ha sido remitida desde la DT una consulta a la Unidad de Transparencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la que se establecerán criterios compartidos por todos los órganos periféricos sobre estas cuestiones.

A ello ha de añadirse que también se está pendiente de que se dicte resolución en los recursos de alzada que la asociación ecologista ha interpuesto contra todas las resoluciones denegatorias, en los que, incluso, se ha propuesto su estimación parcial, en lo referente a la copia del Estudio de Impacto Ambiental, con base a una interpretación amplia del artículo 31 bis) del Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al entender que el correcto desarrollo del procedimiento puede pasar por facilitar a la asociación ecologista el examen del documento cuyo objeto es conocer las previsibles afecciones de la actuación sobre el medio ambiente”.

En un nuevo informe, la Consejería nos manifestó que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, tras una serie de denuncias de la asociación ecologista, de similar temática, había dictado resolución en la que se declaraba que la Delegación Territorial había incumplido la obligación de publicidad activa establecida en el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, resolución que había sido recurrida por la Consejería. En todo caso, la Consejería consideraba que la información solicitada era información ambiental y, por tanto, tenía acogida en el ámbito de la Ley 27/2006, de acceso a la información ambiental, que en su articulado dispone una serie de excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental entre las que se encuentra el derecho a la propiedad intelectual. Por ello, se solicitó dictamen al Servicio de Legislación e Informes de la Consejería sobre esta cuestión, que fue emitido en marzo y remitido a todos los órganos directivos de la Consejería para su toma en consideración.

En cuanto al caso concreto, dado que la asociación ecologista había recurrido en alzada las decisiones de la Delegación Territorial, las resoluciones iban a tener en cuenta el informe emitido por el citado Servicio de Legislación e Informes, lo que iba a permitir desbloquear la situación, así como otras quejas de similar temática.

Tras ello, interesamos un nuevo informe a la Consejería, que en su respuesta nos informó, respecto de los recursos de alzada pendientes de resolver, que dos de los tres recursos de alzada interpuestos en su momento por la asociación ecologista habían sido estimados mediante resoluciones de octubre de 2017 y febrero de 2018, mientras que, en un tercer caso, se había declarado la desaparición sobrevenida del objeto del recurso mediante resolución de febrero de 2018.

Terminaba el escrito de la Consejería informándonos que: “En los citados recursos de alzada la referida asociación ponía de manifiesto sus alegaciones básicamente en los mismos términos que en el escrito que presenta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y que ahora informamos. En este sentido, cabe decir que de la lectura de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho aplicados en las resoluciones de los recursos de alzada interpuestos, quedan satisfechas las pretensiones de D. ... en nombre de ... y promotor de la queja”.

A la vista todas las gestiones realizadas, entendimos que habían quedado satisfechas las pretensiones que habían motivado la presentación y tramitación de esta queja, por lo que dimos por terminadas nuestras actuaciones en la misma y procedimos a su archivo.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada en nombre de (…) de Espera Cádiz, por Bonificación en IBI de finca rustica, la Diputación Provincial de Cádiz, nos responde en los siguientes términos:

“Primero.- Por parte del SPRyGT se ha procedido a comprobar el estado de los expedientes tramitados en este Servicio a nombre de es entidad, resultando los siguientes:

-Expte. 189/2015, resuelto en sentido desestimativo mediante Decreto RECAU 060952017 con fecha 22 de noviembre de 2017 y notificado al interesado el 16/ 02/2018. En su solicitud el recurrente impugna la liquidación de IBI rústico del ejercicio 2014 del inmueble ref. 53017A01800060000XT por entenderla bonificada la cuota al tratarse de una cooperativa agraria (artículo 73.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, en adelante TRLRHL).

Dicho recurso fue desestimado por no haber presentado la solicitud de bonificación de IBI en el plazo establecido para ello, es decir, con anterioridad al 1 de enero del ejercicio para el cual se pretende(artículos 75.1 TRLRHL y 137 Real Decreto Legislativo 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de la normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos).

-Expte. 494/2006, resuelto en sentido desestimativo mediante Decreto RECAU 57292018 con fecha 22 de noviembre de 2018 y notificado al interesado el 07/02/2019. En su solicitud el recurrente cuestiona la liquidación de IBI rústico del ejercicio 2016 del inmueble de ref. 53017A01800060000XT por considerar que no se le ha aplicado la bonificación por cooperativa agraria recogida en el artículo 73.4 TRLRHL. Como en el caso anterior, la resolución es desestimativa al no haber presentado el interesado la solicitud en plazo establecido para ello8antes del 01/01/2016).

-Expte. S357/2017, resuelto en sentido estimativo mediante Decreto RECAU 04534-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018 y notificado por edicto en BOP nº 22 de 25/01/2019. En la solicitud se pide el reconocimiento de la bonificación en el IBI por tener condición de cooperativa especialmente protegida por los bienes inmuebles sitos en DS (...) con referencia catastrales 11029A026000850000XZ y 11029A026000850001MX, del municipio de Puerto Serrano. Mediante el mencionado Decreto se reconoce la bonificación del 95% en la cuota íntegra del IBI rústico para los bienes inmuebles con las referencias catastrales reseñadas.

-Expre. S428/2018. Solicitud con fecha de entrada en el Registro Electrónico común de la Diputación de Cádiz el 11 de julio de 2018, con número de registro 2018047609. Se ha resuelto mediante Decreto RECAU -02186-2019- en el cual se estima solicitud del interesado reconociendo la bonificación del 95% del IBI rústico de la finca de referencia catastral 53017A01800060000XT respecto del ejercicio 2019, se desestima la solicitud en lo que se refiere a los ejercicios referidos en la misma por no haberse presentado la preceptiva solicitud antes del 1 de enero los ejercicios para los que se pretende su aplicación (artículo 75,1 TRLRHL y 137 Real Decreto Legislativo 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos).

El Decreto RECAU -02186-2019 se encuentra en trámite de notificación al interesado.

-Expte. 502/2018. Esta solicitud presentada el 11 de julio de 2018 con número de registro 2018047581, es una reiteración de la de referencia S428/2018 antes descrita.”

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a sus escritos, y teniendo la Administración previsto notificarle la Resolución que ha adoptado al respecto, consideramos que dicha cuestión ha quedado solventada, por el expediente de queja.