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ANTECEDENTES

I.- La presente queja se tramita en relación con el estado de conservación y protección del inmueble de la Plaza de España, en Sevilla, en particular en cuanto al estado de diversas zonas de sus fachadas debido a la instalación de elementos accesorios de climatización y otra maquinaria que afectan a la contemplación del monumento.

El Defensor del Pueblo Andaluz se hizo eco del caso y con fecha 14 de febrero de 2022 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada.

II.- Los servicios de esta Delegación han enviado su informe con fecha 3 de febrero de 2023 del que extraemos lo siguiente:

“INFORME DEL SERVICIO DE BIENES CULTURALES SOBRE LA QUEJA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, RELATIVA A LA COLOCACIÓN DE MAQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EN LA FACHADA DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE SEVILLA.

En relación con la queja planteada por esa Institución en relación a la colocación de maquinas de climatización en la fachada de la Plaza de España de Sevilla, se informa lo siguiente:

Régimen de Protección

Mediante resolución de 3 de noviembre de 1981 se acuerda incoar la declaración de Monumento histórico artístico a favor de la Plaza de España de Sevilla. Asimismo, se encuentra dentro de la delimitación del Parque de María Luisa, declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Jardín Histórico, por Real Decreto 1926/1983, de 1 de junio, e incluido en el sector 26, Recinto de la Exposición Iberoamericana del Conjunto Histórico de Sevilla, sin Plan Especial de Protección.

Informe

En referencia a la cuestión planteadas y a la vista de los antecedentes obrantes en este Servicio de Bienes Culturales se hacen las siguientes consideraciones:

La Plaza de España es titularidad del Ayuntamiento de Sevilla, que se encarga de la gestión del uso y mantenimiento de la misma. En este sentido la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía indica en su artículo 14 que las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores.

Por su parte la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece en su artículo 33.3 que Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los Particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción’

Con respecto a la instalación de maquinas de climatización en las fachadas de la Plaza de España de Sevilla no se han encontrado antecedentes en este Servicio de Bienes Culturales de solicitudes de autorización de dichos elementos”.

II.- Por su parte, la Delegación del Gobierno expresó con fecha 4 de abril de 2022 lo siguiente:

“En primer lugar, es preciso aclarar la titularidad del edificio y la plaza que componen este conjunto monumental. Como bien se indica, el terreno sobre el que se edifica y la plaza integrada por el espacio abierto en que se ubican la fuente, el canal-estanque y los cuatro puentes, es de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, la titularidad del alzado (fachada) e interiores corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de su Dirección General del Patrimonio del Estado.

Además, son diversas las entidades que, sin ser partícipes de la titularidad, poseen derechos a título de usuarias de las instalaciones y dependencias del edificio. Entre otras, se pueden citar:

- Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra (Capitanía General)

- Delegación del Gobierno en Andalucía (Torre Sur)

- Sub-delegación del Gobierno en Sevilla (Torre Norte)

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

- Dirección General de Carreteras

- Inspección de Trabajo

- Gerencia de Justicia

- Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, cabe apuntar que, a día de hoy, la Plaza de España no tiene la consideración de Bien de Interés Cultural. Si bien el procedimiento para su declaración se inició en 1981, se ha visto interrumpido sin que se haya dictado resolución definitiva. No obstante, el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural se encuentra actualmente en trámite, habiéndose producido la apertura de un periodo de información pública por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, con fecha de 12 de enero de 2023.

En el marco de todo lo expuesto, la Delegación del Gobierno en Andalucía ya mostró su postura en un trámite de audiencia anterior al indicado, iniciado en el mes de noviembre de 2022, donde formuló alegaciones al expediente y manifestó la necesidad de incorporar la Plaza de España al conjunto de Bienes de Interés Cultural, remarcando la conveniencia y el interés en la aceleración del procedimiento para su terminación con sentido favorable.

Teniendo en cuenta lo señalado, su escrito de queja ha sido trasladado al Delegado Especial de Economía y Hacienda en Andalucía, por tratarse de un asunto de su competencia, en tanto que constituye el cauce ordinario de relación con los servicios centrales del Ministerio de Hacienda y Función Pública (titular del bien), en las cuestiones referidas a la Plaza de España”.

III.- Para clarificar la situación y proseguir con las indagaciones, con fecha 4 de abril de 2023 esta Institución solicitó la colaboración del Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación Especial de Economía y Hacienda. Su respuesta recibida el 23 de mayo de 2023 mediante informe del 19 de mayo exponía:

“1) El edificio de la Plaza de España de Sevilla es un bien demanial de la Administración General del Estado en la que tienen su sede distintos organismos y servicios del Estado y que contaba con un régimen especial de administración establecido por una Orden de 30 de diciembre de 1968, por la que se aprobaba la Instrucción para la administración de los edificios propiedad del Estado sitos en la Plaza de España de Sevilla. Esta normativa fue derogada tras la aprobación del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2) De acuerdo con la nueva regulación, con fecha 19 de diciembre de 2013, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas acordó la afectación y adscripción concurrente a favor de diversos departamentos y organismos vinculados a la Administración General del Estado de parte del inmueble situado en Plaza de España de Sevilla.

Con posterioridad el 12 de marzo de 2015 se firma el Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Defensa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Fomento, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio del Interior, por el que se regula la distribución de Gastos comunes en el Edificio denominado Plaza de España.

3) Es este último documento donde se describe que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la administración de este edificio relativo a la gestión de los gastos de zonas comunes, encargando a esta Delegación Especial de Economía y Hacienda en Sevilla, la tramitación de los contratos administrativos relativos a gastos derivados del mantenimiento de las zonas comunes, tales como puertas de entrada al edificio, de Aragón y de Navarra, galería porticada de acceso por parte de los ciudadanos a los distintos servicios públicos que en este inmueble tienen su sede, electricidad, limpieza, seguridad, vigilancia etc. de estas zonas comunes.

En este mismo acuerdo se definen como gastos privativos de los distintos organismos que ocupan el edificio, los derivados del propio funcionamiento de los servicios, incluidas las obras que se consideran necesarias para la adaptación al buen funcionamiento, siempre que no se alteren los elementos comunes.

4) Por parte de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas de la Dirección General de Patrimonio se está analizando el desarrollo de diversas intervenciones en el inmueble, con el objeto de alcanzar mejoras en cuanto a imagen, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

En este sentido, el pasado año se encargó el proyecto básico y de ejecución relativo a obras de subsanación de deficiencia recogidas en el informe de Inspección Técnica de Edificios, ITE que contempla trabajos de reparación en distintos puntos como cubiertas, cornisas, balaustradas, elementos cerámicos o carpinterías.

En la actualidad, se encuentra en proceso de licitación el contrato de obras (expediente MES-2023-03) para el desarrollo de dicho proyecto, estando como pendiente de tramitación la fecha de inicio de los trabajos.

Asimismo, se encuentra en fase de estudio la intervención sobre el artesonado de las puertas de Aragón y Navarra, ambas originales desde 1929.

La incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura y Deportes, al ser un inmueble de carácter estatal, y a lo dispuesto por la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, supone que todas las actuaciones que modifiquen una afección sobre el inmueble requerirán autorización por el organismo competente, Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Esta circunstancia, se ha puesto en conocimiento a los responsables de todas las unidades administrativas usuarias del inmueble, por parte de esta Delegación Especial de Economía y Hacienda.

5) Por último, y por lo que respecta al objeto concreto de la denuncia presentada por la entidad cultural, sobre la instalación de maquinaria de aire acondicionado en ventanas sobre la fachada trasera del edificio, obedece a épocas anteriores y responsabilidad de las distintas unidades administrativas usuarias del inmueble, no habiéndose autorizado por esta Delegación Especial de Economía y Hacienda desde el año 2015 ninguna instalación en los exteriores del edificio.

No obstante, se pondrá en conocimiento de los organismos que tengan aparatos de climatización en fachada para que tomen las medidas necesarias para su subsanación”.

Analizado el contenido de la nueva queja, y en base a la información recibida y de los trámites seguidos, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La edificación, o alzado, de la Plaza de España, en la ciudad de Sevilla está ubicada en el perímetro del Parque de María Luisa, espacio catalogado como Bien de Interés Cultural. El registro de Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) lo describe como:

“Se trata de un gran espacio formado por dos cuartos de círculo enlazados por un edificio central que deforma la planta para parecer un semióvalo. Sendos edificios con estructura de pabellón adaptan su geometría a la curvatura circular encontrando en sus extremos las torres, norte y sur, que en su momento alteraron el perfil de la ciudad de Sevilla, sólo coronado por el alminar de la Giralda. En el centro se encuentran con el edificio de mayor dimensión, único que destaca su volumetría en la fachada trasera y que, en la frontal, construye el único cuerpo de tres plantas destacando sus arquerías superpuestas. Paralelo a los edificios surca el estanque la plaza, cerrando el lado abierto con un brazo rectilíneo, siendo cruzado en total por ocho puentes. Al exterior un paseo de 35 metros de ancho que se separa de los pabellones por un muro revestido de azulejos, rematado por una balaustrada. A este muro se adosan pequeñas estancias, con bancos y anaqueles cerámicos, dedicadas a cada una de las provincias de España, mostrando en azulejos el plano de la provincia así como alguna escena propia de su historia local. El pabellón configura su fachada interior mediante una logia elevada formada por una arquería de medio punto y dobles columnillas de apoyo. Esta logia, además de dar acceso a los edificios, permite un recorrido perimetral que complemente el central de la explanada central y que repite el paseo por las estancias abiertas de las provincias al exterior. Por lo demás, se trata en conjunto de un ejercicio de interpretación del clasicismo español, ejecutado fundamentalmente en ladrillo y que se cubre a dos aguas con teja árabe o con cubierta de pabellón en el cuerpo representativo. La atención al detalle se demuestra en los artesonados, azulejería, balaustres y cuantos detalles constituyen sus arcos, capiteles y cornisas. Su escala y destacada presencia en el atractivo entorno del Parque, ha convertido a la Plaza de España en referencia principal e indiscutible del regionalismo sevillano”.

El titular del inmueble es el la Administración General del Estado, según consta en la información ofrecida y está destinado al uso y servicios de diversos organismos y entidades oficiales.

Y, a los efectos de entender la significación de este elemento debemos recordar ante todo que se trata de un elemento sujeto a incoación de expediente desde 1981 (BOE nº 287, de 1 de diciembre de 1981, pág. 28148), por lo que se le aplica el régimen de protección que la legislación otorga en su mayor grado y relevancia. A su vez, el artículo 8 d) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) relativo a los efectos del inscripción del inmueble en el CGPHA implica: «d) La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará la aplicación provisional del régimen de protección que le corresponda en función de la clase de inscripción promovida y, en su caso, las medidas cautelares que se establezcan». Dicho régimen de tutela viene claramente detallado en el artículo 14 LPHA, que dice así:

«Articulo 14. Obligaciones de las personas titulares

1. Las personas propietarias, titulares de derechas a simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogadas, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estas efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.

2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la misma, así como facilitar la información que pidan las Administraciones Públicas competentes sobre el estado de los bienes y su utilización.

3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constancia esta información de manera accesible y pública a las ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total a parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá, igualmente, acordar como obligación subsidiaria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máxima de cinco meses cada dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes deban ser cumplidas».

Hemos de añadir que el artículo 36 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico del Estado (LPHE) ya señalaba dicho criterio de titularidad para la asunción de las responsabilidades de conservación y mantenimiento de los elementos sujetos al régimen de protección cultural ya sea como BIC declarados o, igualmente aplicable, si se encuentran en trámites de su categorización por las autoridades culturales estatales.

Finalmente, por acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, el conjunto edificatorio monumental de la Plaza de España en Sevilla adquirió formalmente la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Consecuentemente, toda intervención sobre el elemento está sometida al conocimiento y aprobación previa de las autoridades culturales, ya que la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece en su artículo 33.3 que «Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los Particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción». Análoga garantía establece la legislación estatal (arts. 23 y 36).

Por tanto, habiendo definido la naturaleza del bien, su régimen jurídico aplicable y la identificación de su propiedad, podemos asegurar el ámbito de responsabilidades que presenta el caso a fin de clarificar las medidas que merece el edificio de la Plaza de España en Sevilla.

Segunda.- La tramitación de la presente queja ha permitido ratificar la presencia de abundantes ejemplos de maquinaria e instalaciones fijadas a las fachadas del singular edificio que constituyen un repertorio de actuaciones continuadas en el tiempo (hasta 2015) y repartidas por todos los frentes de la construcción. Este corolario de aparatos afecta a la fachada principal orientada a la plaza, así como al resto del perímetro, donde proliferan estos elementos como un perfecto catálogo de la maquinaria de climatización de las últimas décadas. El resultado final genera un impacto en la propia construcción así como en la contemplación del conjunto edificatorio.

Más allá del escaso respeto por la significación y valores del edificio monumental, esta situación contraviene la normativa específica que tutela la contemplación y exposición visual de este elemento señero. En concreto citamos las garantías del artículo 19.3 LPHE, al igual que reseñamos por lo explícito el artículo 19 de la LPHA:

«Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva.

1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación.

2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos:

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.

d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.

e) La colocación de mobiliario urbano.

f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso».

Tercera.- El análisis de la situación implica la constatación de un supuesto que, además que contravenir las medidas de protección que el edificio merece, también adolece de las omisiones que tanto la propiedad como las autoridades tutoras de sus valores han desplegado a lo largo del tiempo. Respecto de la propiedad, en la medida en que el proceso prolongado en el tiempo de la instalación de estos aparatos repartidos por las fachadas unido a que su más que probable obsolescencia ya habría aconsejado su retirada. Y, correlativamente, se acredita la desatención de las funciones de vigilancia e inspección a cargo de las autoridades culturales, de ámbito estatal, autonómica y municipal, que no han dispuesto ―al menos no se han informado― reacción alguna ante este proceso continuado de sucesivos impactos repartidos por paramentos, niveles, vidrieras, ventanales y estancias de la fachada del edificio.

La única referencia que hemos obtenido de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla ha sido la manifestación de que “Con respecto a la instalación de maquinas de climatización en las fachadas de la Plaza de España de Sevilla no se han encontrado antecedentes en este Servicio de Bienes Culturales de solicitudes de autorización de dichos elementos”. Tan distante posición no se compagina con las funciones que atribuye la normativa a la autoridad cultural frente a una incumplimiento flagrante de las medidas de protección y tutela que acredita el edificio en relación con la contaminación visión y contemplativa del edificio. Tampoco se puede decir que estas actuaciones contrarias a la protección del edificio permanezcan ocultas o desconocidas; antes al contrario, se exhiben como un perfecto de ejemplo que recorre desde la impunidad al mal gusto.

Cuarta.- Afortunadamente, podemos también acoger de la detallada información ―aportada desde la Delegación del Gobierno y desde la Delegación Especial de Andalucía del Ministerio de Hacienda y Administración Pública― que dichos organismos han venido trabajando en definir las necesidades de intervención que exige el edificio de la Plaza de España. Quedan descritos diversos proyectos de mejora y adecuación del edificio con unas dimensiones, ciertamente, monumentales y que exige un complejo y costoso esfuerzo de conservación.

Y así están adecuadamente definidas, cuando se informa de que “Por último, y por lo que respecta al objeto concreto de la denuncia presentada por la entidad cultural, sobre la instalación de maquinaria de aire acondicionado en ventanas sobre la fachada trasera del edificio, obedece a épocas anteriores y responsabilidad de las distintas unidades administrativas usuarias del inmueble, no habiéndose autorizado por esta Delegación Especial de Economía y Hacienda desde el año 2015 ninguna instalación en los exteriores del edificio. No obstante, se pondrá en conocimiento de los organismos que tengan aparatos de climatización en fachada para que tomen las medidas necesarias para su subsanación”.

Dicha información relata un proceso que evidencia significativos esfuerzos de mantenimiento y conservación del edificio que, de manera incongruente, se perjudica con una serie de instalaciones de climatización que contradicen las labores de cuidado que tan costosamente se vuelcan en el adecentamiento de inmueble.

En suma, sin dejar de comprender las dificultades de diversa índole que implica la conservación y mantenimiento del vasto patrimonio y cultural de toda Andalucía, debemos expresar la imprescindible actuación de las autoridades culturales en su función de velar y promover el cumplimiento de las obligaciones y los contenidos de protección que se otorga a los elementos singularmente merecedores de esta tutela y protección cuyo rango ostenta, por méritos propios, el edificio de la Plaza de España en Sevilla.

Todo parece indicar que una intervención de puesta en valor y exposición sobre este singular elemento, y concretamente sobre los elementos extraños de su fachada, son acciones muy necesarias para favorecer el orgullo de su contemplación y lograr el conocimiento y admiración de la ciudadanía de este enclave que son, a la postre, herramientas esenciales para la defensa y promoción de nuestro patrimonio histórico artístico. Muy en particular cuando la titularidad del mismo, y sus deberes inherentes, corresponden a la Administración Pública.

Tan sólo resta la efectiva adopción de las medidas recogidas por la normativa patrimonial para compeler a la propiedad a la adecuada conservación y mantenimiento del edificio sin mayor demora y la definición del proyecto de intervención y su ejecución a fin de ofrecer al recinto la protección y puesta en valor que merece el patrimonio histórico de Sevilla y en el rico entorno del jardín histórico del Parque de María Luisa.

Quinta.- Como cuestión conexa, debemos reseñar la peculiar tramitación del expediente incoado para la declaración del edificio de la Plaza de España de Sevilla, como Bien de Interés Cultural, que aparece registrada oficialmente en el BOE nº 287, de 1 de diciembre de 1981, pág. 28148.

Según se ha informado no constaban nuevos trámites o impulsos para la conclusión de dicho expediente, salvo la noticia aportada de su nueva formulación: ”La incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura y Deportes, al ser un inmueble de carácter estatal, y conforme a lo dispuesto por la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español”.

Afortunadamente, y como hemos indicado, en el curso de la tramitación del presente expediente de queja, con fecha 4 de julio de 2023 el Consejo de Ministros procedió a la declaración formal como BIC del conjunto edificatorio de la Plaza de España acorde con sus valores y coherente con su entorno del Parque de María Luisa en Sevilla, igualmente declarado BIC con la categoría de jardín histórico.

A la vista de las anteriores Consideraciones, el Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, dando cuenta a su vez, en el ámbito de sus competencias, a la Delegación Especial en Andalucía del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN. - a fin de que se adopten las medidas previstas en la legislación cultural y patrimonial para instar la protección y conservación del edificio de la Plaza de España través de los procedimientos previstos y dirigidos ante la propiedad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada por la que recomienda que sin más dilación se impulse la solicitud de revisión de grado instada por la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución sobre su situación de dependencia y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente, evitándose así que se cumpla el temor trasladado por el promotor de que la persona dependiente fallezca antes de poder disfrutar del recurso correspondiente.

Asimismo, recomienda que se adopten las medidas organizativas que estimen convenientes, con el fin de que las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia o revisión del grado de dependencia, se tramiten y resuelvan en el plazo legalmente establecido de tres meses, sin que la zona en la que reside la persona dependiente sea una condicionante para los tiempos de tramitación.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de enero de 2023 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente nos exponía que su madre (...), diagnosticada de Alzheimer, en la actualidad tiene reconocida situación de dependencia por la que disfruta del servicio de ayuda a domicilio, sin embargo, él trabaja en el campo y es su padre quien está todo el día con la dependiente, pero insiste en que su padre tiene 88 años de edad, necesita ayuda para caminar y ha padecido cáncer de colon, por lo que su estado de salud es delicado.

Destaca que presentó escrito de reclamación, y en fecha 21 de noviembre de 2022 recibió respuesta por parte de esa Delegación Territorial, informándole de la necesidad de observancia del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, así como que en fecha 2 de marzo de 2022 la valoración de Dña. (...) había sido agendada.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, en síntesis, nos participó que el día 8 de noviembre de 2021 tuvo entrada la solicitud de revisión de grado de dependencia, comprobándose que continúa la tramitación ordinaria. A fecha de elaboración del informe, el procedimiento se encontraba pendiente del trámite de citación para visita de valoración por el personal valorador. Nos informan que en esa fecha se está procediendo a valorar las solicitudes de revisión presentada en los meses de febrero/marzo de 2021.

Asimismo, nos indica que «no todo retraso en los plazos previstos para la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos supone un incumplimiento de la obligación de resolver en un plazo establecido, sino que es preciso que, a la vista de las circunstancias fácticas, de complejidad del procedimiento y de la actuación de las propias personas interesadas, se pueda conceptuar tal retraso como injustificado y excesivo. Además, habrá de tenerse en cuenta el criterio de la duración de procedimientos similares, para valorar si nos encontramos ante una dilación indebida o una tramitación ordinaria.»

3. Puesto dicho informe en conocimiento del promotor de la queja, además de reiterar su pretensión, nos traslada su temor de que su madre fallezca antes de ser valorada, puesto que padece alzheimer, estado de salud delicado y se trata de una persona nonagenaria. Indica que hay días en los que están solos (sus progenitores) ya que no tienen una familia extensa y están saturados, a parte de la situación de cada uno de ellos, que son mayores.

Insiste en que no quiere que se tramite su expediente de queja antes que otros, sino que se cumpla el plazo que establece la normativa o con una demora razonable. Lleva más de año y medio con la solicitud presentada y ni siquiera ha sido valorada.

CONSIDERACIONES

Como Institución que vela por los derechos y libertades públicas de la ciudadanía andaluza, debemos expresar nuestra rotunda objeción a la normalización de la vulneración de un derecho subjetivo, como el de la dependencia, que, en suma, es lo que supone la acusada superación del plazo legalmente establecido para llevar a cabo su reconocimiento.

En consonancia con ello, no podemos compartir el razonamiento contenido en el informe recibido, reflejado en el apartado anterior, en el que se justifica la demora en un parámetro comparativo anormal (el criterio de la duración de los procedimientos similares), convirtiendo así la disfunción en la norma y, a su vez, la obligación legal de resolver en plazo (el de tres meses), en una excepción.

En este caso, queremos insistir en que nos encontramos ante una solicitud de revisión de la situación de dependencia presentada en el mes de agosto de 2022 –a fecha de hoy, ha transcurrido prácticamente un año–, sin que ni siquiera ambos dependientes con delicado estado de salud, hayan sido valorados.

A nuestro juicio, de considerar la interpretación realizada en su informe, la consideración de cuándo el retraso en los plazos previstos para la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos supone un incumplimiento de la obligación legal, quedaría supeditada a un elemento subjetivo no previsto en la ley, el del tiempo que la Administración emplea en el proceso de tramitación de los procedimientos similares, que sólo depende de su voluntad y/o de su capacidad.

Por el contrario la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (Disposición final 1ª, apartado 3), garantiza a las personas peticionarias el reconocimiento del derecho y el acceso a las prestaciones del Sistema de la Dependencia, dentro de un plazo máximo de seis meses, trascurrido el cual la vulneración del derecho supone la causación de un perjuicio.

A diario constatamos en esta Defensoría dicha lesión del derecho, en ocasiones de forma irreversible, al fallecer las personas solicitantes sin haber podido hacer efectivo el derecho subjetivo, en su propio perjuicio y el de toda su familia.

Resulta interesante traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, núm. 524/2016, de 26 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª. Fundamentos de Derechos Quinto: La STS de Pleno de 26-11-2009, rec. 585/2008, dice que: "La indeterminación del concepto jurídico "plazo razonable" ha sido concretada por constante jurisprudencia del TEDH (sentencias de 27 de junio de 1968, caso Neumeister , 16 de julio de 1971, caso Ringeisen y 28 de junio de 1978 caso Köning , entre las primeras y sentencias de 25 de noviembre de 2003, caso Soto Sánchez , entre las mas recientes) en el sentido de que el carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse "según las circunstancias del caso y teniendo en cuenta fundamentalmente la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades competentes".

Estos mismos elementos son los que tiene en cuenta el Tribunal Constitucional desde su sentencia de 14 de julio de 1981. La de 21 de julio de 2008 se refiere a la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades, añadiendo que "la circunstancia de que las demoras en el proceso hayan sido consecuencia de las deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales, o del abrumador trabajo que pesa sobre alguno de ellos, si bien pudiera eximir de responsabilidad a las personas que los integran, de ningún modo alteran la conclusión del carácter injustificado del retraso".

Doctrina que, como dice la sentencia de Audiencia Nacional, de 20 de julio de 2012 (JT 2012, 1018), Recurso nº 800/2010: "es asimismo aplicable al procedimiento administrativo, en la medida en que la naturaleza de éste y, en definitiva, de los eventuales retrasos injustificados en la tramitación de tal proceso, permiten dicha aplicación, según el propio Tribunal Constitucional ha declarado con reiteración".

Así pues, hemos de recordar que conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la citada anteriormente que se encuentra contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para la revisión del grado de dependencia de las personas afectadas y el posterior reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia de la misma.

Sin embargo, la respuesta ofrecida por la Delegación Territorial competente se limita a reconocer la pendencia del procedimiento administrativo y a referir la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia asimismo a este respecto la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

De este modo, discrepamos de su consideración y afirmamos que la demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

En tanto que es procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, quedan infringidos los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1: para que sin más dilación se impulse la solicitud de revisión de grado instada por la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución sobre su situación de dependencia y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente, evitándose así que se cumpla el temor trasladado por el promotor de que la persona dependiente fallezca antes de poder disfrutar del recurso correspondiente.

RECOMENDACIÓN 2: para que se adopten las medidas organizativas que estimen convenientes, con el fin de que las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia o revisión del grado de dependencia, se tramiten y resuelvan en el plazo legalmente establecido de tres meses, sin que la zona en la que reside la persona dependiente sea una condicionante para los tiempos de tramitación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla que sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia instada por la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución sobre su situación de dependencia y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de febrero de 2023, se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente nos exponía que en fecha 7 de octubre de 2022 presentó solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia a través del Ayuntamiento de Guillena, sin que hubiese recibido información al respecto. Explicaba que había transcurrido el plazo de tres meses marcado en la normativa para la resolución de la primera fase del expediente de dependencia y mostraba su preocupación de que fuera demasiado tarde cuando se resolviera definitivamente el expediente con los procedimientos de valoración de grado y asignación de recurso para la efectividad del derecho.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. que, en extracto y por lo que en este momento resulta relevante, señaló que en fecha 2 de mayo de 2023 se comunicó al interesado el inicio del procedimiento de valoración de la situación, encontrándose a la espera de recibir el informe de condiciones de salud solicitado al SAS. Asimismo, nos indica que una vez se recepcione el mismo, se asignaría a una persona valoradora para proceder a la valoración de la interesada, la cual contactaría telefónicamente para concertar cita, y tras ello, se procedería a la resolución de la solicitud conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Puesto dicho informe en conocimiento del promotor de la queja, además de reiterar su pretensión nos comunica que en fecha 10 de mayo 2023, acudió el enfermero de enlace. Por tanto, se desprende que el informe de condiciones de salud fue elaborado y remitido por el Servicio Andaluz de Salud.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento de la situación de dependencia del afectado y el posterior reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia de la misma.

Queremos destacar que desde que el interesado presentó la solicitud, en fecha 7 de octubre de 2022 hasta la emisión de la comunicación de inicio del procedimiento en fecha 2 de mayo de 2023, habían ya transcurrido siete meses. Con lo que el simple trámite administrativo de comunicación de inicio del procedimiento, superó el plazo para la resolución del procedimiento de valoración de grado e incluso el plazo total legalmente establecido para la conclusión del expediente completo.

Sin embargo, la respuesta ofrecida por la Delegación Territorial competente se limita a reconocer la pendencia del procedimiento administrativo y a referir la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia asimismo a este respecto la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

En tanto que es un procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, queda infringidos los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante o presentación a través de la Ventanilla Electrónica de Dependencia, tras la aprobación del Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle Resolución concretada en lo siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia instada por la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución sobre su situación de dependencia y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz