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La persona interesada denunciaba la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Mijas en relación con una obra ilegal en zona verde con orden de demolición, y rotura de precinto municipal por parte de la presidencia de la comunidad y otras personas.

Admitimos la queja a trámite y nos dirigimos al Ayuntamiento de Mijas interesando que nos informara de las actuaciones municipales tendentes al cumplimiento de las medidas de disciplina ordenadas. Así como que nos remitiera información de las actuaciones municipales en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de disciplina urbanística.

En la respuesta municipal remitida se nos indicaba que "Con fecha 30 de abril de 2019 se incoó el procedimiento de ejecución subsidiaria de la orden de reposición, al no haberse dado cumplimiento a restablecimiento de las obras de construcción de piscina, notificándose a la entidad responsable con fecha 7 de mayo de 2019."

Por ello, nos volvimos a dirigir al Ayuntamiento interesando que nos informara del estado de tramitación de dicha ejecución subsidiaria y, en su caso, las medidas cautelares adoptadas o pendientes de adopción necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, previstas en el artículo 152 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Según nos comunicó el Ayuntamiento, había estado llevando a cabo el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, además de que una vez se ultimara el procedimiento iniciado de cesión de terrenos en ejecución de planeamiento urbanístico la parcela en cuestión pasaría a ser de titularidad municipal, con lo que quedaría definitivamente resuelto el problema planteado. En consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona afectada exponía que, con fecha 21 de junio de 2021, formuló reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Mijas por declaración ilegal de zona verde, sin haber recibido contestación.

La queja fue admitida a trámite,únicamente, a los efectos de que por la Administración se diera una respuesta expresa al escrito presentado por la persona reclamante, es decir, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el mismo, y que se nos informara al respecto.

Puesto que en la respuesta municipal se nos indicaba que la solicitud no constaba aún admitida o no a trámite, nos dirigimos de nuevo al Ayuntamiento solicitando que nos mantuvieran informados sobre dicha admisión así como de la resolución que recayera en el expediente, quien nos envió Decreto, que fue notificado a las personas interesadas, elevando a definitivo un Informe-Propuesta que proponía:

- Declarar la admisión a trámite de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial presentada e iniciar expediente.

- Nombrar instructor/a del procedimiento.

- Requerir a la entidad reclamante para que subsanara los defectos de su reclamación, debiendo aportar:

• Determinada documentación justificativa de la cuantía económica objeto de la solicitud.

• Declaración manifestando que no ha obtenido indemnización alguna por compañía o Mutualidad de Seguros, Consorcio de Compensación de Seguros, ni por otra entidad pública o privada, por los presuntos daños sufridos, o en su caso, indicación de las cantidades percibidas y documentación acreditativa.

• Ello sin perjuicio de que otros departamentos puedan requerir aportar documentación de la que adolezca el expediente.

En vista de lo anterior, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja exponía lo siguiente:

“Que por medio del presente escrito formulo queja contra la imposición por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla del pago de una suma de dinero que desconozco a que concepto impositivo, tasa, contribución especial o cualquier otro corresponde, si bien parece que pudiera ser debida a participación proporcional en el reintegro de un gasto llevado a cabo por la misma en sustitución de un copropietario del edificio del número ... de la C/ ... en el que mi hermano ... y yo, tenemos un piso en propiedad heredado de nuestro padres. Detallo a continuación los datos relevantes en los que se basa mi queja.

PRIMERO: El día 14/09/2018 formulé denuncia ante la Gerencia de Urbanismo como consecuencia del alarmante incremento de los daños por aguas que, procedentes del piso superior, se estaban produciendo a la vivienda de nuestra propiedad ubicada en la C/ … de esta ciudad de Sevilla. (...). A raíz de dicha denuncia, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla aperturó el expediente n° ..., en el que, tras varias visitas de sus técnicos al edificio, se concluyó en que los daños y la posible afectación a la estructura del edificio que la continuidad de la filtración podría producir provenían del piso superior, ordenó a los propietarios del mismo que corrigiesen dichas filtraciones. No obstante, ante la oposición del propietario de la vivienda … , se incluyó también en la orden de ejecución de las obras necesarias para el cese de las filtraciones, a los propietarios del piso … .

SEGUNDO: La radical negativa de los propietarios de los pisos ... y ... a realizar obra alguna, exigió que fuera la propia Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente quien acometiera las mismas en ejecución subsidiaria, para lo cual solicitó y obtuvo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla la necesaria orden de entrada.

El día 07/07/2020 el personal técnico y operarios designados por la Gerencia de Urbanismo se personó en el edificio, llevo a cabo los trabajos de detección de las filtraciones concluyendo que procedían del piso ... y procedió a la reparación de las mismas, emitiéndose el correspondiente informe final de las obras que acompaño (...).

Desde ese momento el agua dejó de fluir, buena prueba, pues del origen de la filtración y de su reparación por dicha Gerencia de Urbanismo en sustitución de la negativa de los obligados, propietarios, como digo del piso … .

TERCERO; Sin embargo, los días 18/01/2021 y 01/02/2021 hemos recibido mi hermano y yo sendas cartas de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (…) en las que, al parecer, se nos liquida “alguna cosa" que desconocemos ya que en la resolución recibida no figura concepto alguno, por importe de 142,80 euros a cada uno y que, parece asemejarse a una cuota parte de los gastos que dicha entidad se ha visto obligada a asumir por la ejecución de las obras en sustitución del obligado a ello.

Parece, en definitiva, que el coste de la ejecución subsidiaria impuesta al causante de las filtraciones y que se ha visto obligada a pagar la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, lo vamos a pagar mi hermano y yo y el resto de los propietarios del edificio quienes nos han comunicado que también han recibido la misma resolución conminándoles al pago de la suma de 285,60 euros.

CUARTO.- A nuestro juicio, no nos corresponde pagar suma alguna, ya que no hemos dado lugar a ningún gasto que se haya visto obligada a hacer la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla que nos sea achacable. El gasto que ha realizado dicha entidad se ha debido a la necesidad de ejecutar subsidiariamente aquellas obras que los obligados en primer lugar se negaron a realizar, sustituyendo su voluntad obstativa. Que pretenda cobrarnos a nosotros ese gasto en lugar de a la persona que ha dado lugar a él, nos parece injusto a la vez que ilegal.”

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Según la respuesta municipal recibida el Servicio de Renovación Urbana y Conservación emitió informe con fecha 8 de abril de 2022, posteriormente complementado con fecha 10 de mayo, favorable a la estimación de los recursos interpuestos, dado el error producido en la valoración del informe técnico final de las obras ejecutadas, con anulación de todas las liquidaciones practicadas como resultado del acuerdo de 15 de diciembre de 2020.

Según nos indicaron, de este informe se efectuó trámite de audiencia a la propiedad de la vivienda con carácter previo a la remisión del expediente al Servicio de Asesoría Jurídica para la tramitación de la resolución de los recursos.

Considerando con ello que la pretensión de la persona reclamante había sido atendida, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja, administradora de una comunidad de propietarios, manifestaba que desde agosto del año 2019 llevaban esperando una solución por parte de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla a unas humedades en el edificio provocadas por el edificio colindante. Ni la comunidad colindante ni la Gerencia de Urbanismo hacían nada para solucionarlo y el problema de salubridad (pues eran aguas fecales) y peligro para su edificio cada vez era mayor, pues las humedades iban a más.

Habían presentado cinco instancias a la Gerencia y múltiples llamadas, pero no daban solución de arreglar el desperfecto.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe al Ayuntamiento de Sevilla que, en su respuesta, indicaba lo siguiente:

“Existe en tramitación el Expediente arriba referenciado, habiéndose ordenado en la citada finca por Resolución del Sr. Gerente de Urbanismo, de fecha 2 de Agosto de 2019, la ejecución de medidas urgentes de seguridad, consistentes en revisión de los vuelos de fachada del edificio que nos ocupa, revisión y, en su caso, reparación de los anclajes de las barandillas del voladizo de fachada así como del de cubierta por si fuera necesario, y revisión de las instalaciones de suministro y de agua y desagüe de la zona del edificio colindante con el nº ..., localizando y reparando los elementos dañados o que presenten mal funcionamiento o fugas, teniendo un plazo de inicio de 30 días y otro de 30 días para su finalización.

Tras sucesivos informes de incumplimiento de la orden, y dado el carácter urgente de las obras ordenadas, se ha tramitado la pieza de solicitud de autorización judicial ante el Juzgado correspondiente, habiéndose obtenido con fecha 26 de Marzo del presente año, con una vigencia de 30 días.

Por Resolución del Sr. Gerente de Urbanismo, de 7 de abril de 2021, se ha acordado la ejecución subsidiaria de las obras arriba indicadas para el próximo 4 de Mayo del presente año, lo cual se ha notificado a la propiedad de la finca así como a la empresa adjudicataria de la ejecución subsidiaria y a la Policía Local.

Una vez efectuada la misma se notificará al Juzgado correspondiente para su conocimiento, y se tramitará la correspondiente exigencia de pago a la propiedad del inmueble que nos ocupa por el coste de la ejecución de las obras de seguridad efectuadas en el mismo.”

De esta información dimos traslado a la persona interesada para que presentaran las consideraciones y alegaciones que estimara convenientes, con objeto de poder valorarlas y, en su caso, continuar nuestras actuaciones. Asimismo, pedíamos que nos informara si habían sido ejecutadas las obras de seguridad que se mencionaban en el informe remitido.

Puesto que se nos comunicó que el asunto se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante exponía que residía en una vivienda baja propiedad de su madre, donde existían unos trasteros tapados con amianto, muy deteriorado, y estaba afectando a una cubierta que había delante ya que las canalizaciones, al ser muy antiguas, estaban deterioradas con el paso de tiempo.

Solicitó al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera una licencia de obras para sustituir la cubierta de amianto por una de hormigón, siendo denegada porque, según el Ayuntamiento, estaban ocupando suelos municipales, los cuales habían sido ofertados a la parte interesada por parte del Área de Patrimonio de dicho Ayuntamiento.

Estando interesados en adquirir dichos suelos presentaron, hasta en 4 ocasiones, la documentación requerida, sin obtener respuesta alguna. Hasta se le había propuesto al Ayuntamiento adquirir dichos suelos de forma individual, y aún no se había recibido respuesta.

Manifestaba la persona interesada que este retraso estaba provocando daños estructurales en la cubierta, provocando filtraciones de agua en época de lluvia con el consecuente peligro con la instalación eléctrica y de derrumbe.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que nos indicó lo siguiente:

“1. En relación a los trasteros tapados con amianto que se encuentran en la actualidad muy deteriorados y que afectan a la cubierta, se comunica que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2021 se concedió la licencia urbanística de DEMOLICIÓN DE CUBIERTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE ... Dicha licencia de demolición contempla la zona de referencia afectada relativa al forjado con materia de amianto. En consecuencia, el daño o perjuicio que se pudiera ocasionar a D. …, actualmente ha quedado subsanado.

2.- En relación a la propuesta de obra nueva, actualmente no se le ha podido conceder licencia puesto que el peticionario aún no es titular de la parcela en la que se ubica la edificación. Se informa que desde el Servicio de Patrimonio se está trabajando en la documentación administrativa necesaria para la regularización de la barriada de ..., lugar donde se ubica la referida parcela, identificada en el Proyecto Municipal de Parcelación de la Barriada … como … La junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2020, como asunto urgente 20, adoptó el siguiente Acuerdo: “REGULARIZACIÓN DE LA BARRIADA DE ... ENAJENACIÓN DE PARCELAS DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN DE FINCA REGISTRA MATRIZ Nº ...”.”

De esta información dimos traslado a la persona interesada para que formulara las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas. Transcurrido un tiempo, mediante contacto telefónico nos indicó que el asunto planteado se encontraba solucionado, por el que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada exponía lo siguiente:

“Vivo en una Urbanización urbanizable donde el Ayuntamiento sólo se hace cargo de la recogida de la basura y pago de las facturas de la luz. La misma carece de acerado, cemento o cualquier otro elemento consolidado, las reparaciones de las obstrucciones de los darros y cambio en las conducciones de los mismos se realizan con las cuotas de los vecinos, se han tenido que cambiar las luminarias de las farolas de la urbanización y también lo hemos sufragado con las cuotas de los vecinos. Llevamos años pagando todos los arreglos necesarios. Abonamos uno de los ibis más caros de Granada y no tenemos ningún servicio de reparación o mantenimiento de los viales, aguas residuales... etc.

Llevamos años con este problema, pagando religiosamente nuestros impuestos municipales y sin recibir ninguna de las inversiones que se realizan por parte de ayuntamiento en la ciudad.

El 3 de septiembre mediante firma digital presenté en dicho ayuntamiento 3 escritos donde solicitaba la reparación de las deficiencias en la urbanización y a día de hoy no he recibido respuesta. Ruego tomen interés por éste asunto, y recaben toda la información necesaria de cual es el motivo por el que dicho Ayuntamiento no soluciona los graves problemas que padecemos en dicha urbanización mientras si llevamos pagando religiosamente un cuantioso ibi.”

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe a la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Atarfe, que nos adjuntó informe del arquitecto municipal en el que se concluía por el personal técnico informante que “Por ello, el Ayuntamiento debería fomentar el diálogo con los propietarios, encaminado a suscribir un convenio urbanístico que, entre otros aspectos, delimite el tiempo de la obligación de conservar la urbanización a cargo de los propietarios”.

En vista de lo anterior, interesamos la emisión de nueva información, mediante la que se actualizara la situación referente a lo que se hubiera avanzado por el Ayuntamiento en cuanto al fomento del diálogo con las personas propietarias del Sector ..., de Atarfe, encaminado a la suscripción de un convenio con las mismas para las labores de conservación de la urbanización y el impulso necesario para la ejecución definitiva del planeamiento en el mencionado sector.

En el nuevo informe recibido se indicaba que estaba en tramitación el expediente de contratación de los servicios profesionales para la redacción del proyecto del estado de ejecución, conservación, carencia de dotaciones e infraestructuras necesarias de la urbanización del Sector … .

Entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones indicando a la persona reclamante que si transcurrido un tiempo no se finalizaran los trabajos de redacción del proyecto y su posterior aprobación, no dudara en ponerse en contacto con nosotros para que valorásemos nuestra intervención.

La persona interesada manifestaba lo siguiente:

“El 21 de mayo de 2019 se presenta mediante Solicitud General informe mediante el que se denuncia la realización de obras ilegales en la vivienda unifamiliar situada en calle ... nº ... de Benalmádena, solicitándose la visita de Inspección y la incoación del oportuno expediente de restablecimiento y sancionador. -El día 22 de julio de 2019 se presenta solicitud en la que se solicita acceso y copia del expediente administrativo.-El día 23 de julio se acude al Ayuntamiento y en atención al ciudadano nos indican que el técnico no ha podido pasarse, que no hay nada en el expediente, que el "mes de Agosto es muy malo" y que probablemente no habrá ninguna novedad en el expediente hasta septiembre. -El día 18 de noviembre de 2019 se vuelve a solicitar copia y acceso de expediente. Se reitera en dicho escrito que desde mayo de 2019 no se ha tenido constancia de actividad alguna por parte de la Administración y que existe el riesgo de que el expediente llegue a caducar.

Del mismo modo, se solicita el impulso del expediente y en caso de no ser posible que se depuren responsabilidades, además de que se indique el Organigrama, Superior y jerárquico de cara a interponer futura queja administrativa. Como era de esperar, no se obtiene respuesta alguna por parte de la Administración. -El día 18 de diciembre se acude presencialmente al Ayuntamiento para preguntar por el expediente, a lo que indican desde atención al ciudadano que todavía no tenemos acceso online al mismo, que únicamente consta la orden al técnico para que se pase, que el técnico tiene mucho trabajo y que no se puede hacer nada, que tenemos que esperar de forma indefinida a que se actúe.

Pues bien, la normativa urbanística de Andalucía establece del plazo de 1 año 45.2 RDUA, 66.2 RDUA, 182.5 LOUA y 196.2 LOUA, como el máximo en el que tiene que notificarse la resolución expresa del procedimiento so pena de caducidad del mismo. Que esta parte desconoce si se ha llegado incoar expediente alguno, ya que no se ha dado acceso al mismo, y por la lentitud e inexistencia de actividad administrativa, se va a dar la caducidad del expediente, ya que no existe tiempo material para que se realicen todos los trámites hasta la resolución del mismo de la prórroga existente en su caso por el COVID-19 a la fecha prevista de vencimiento de 20 de mayo de 2020. Que la vulneración de derechos por parte de la Administración no recae únicamente en la inactividad, ya que ni se ha dado acceso al expediente en la fecha actual, ni se ha dado traslado del Organigrama a efectos de formular una queja, ni se está tramitando el expediente con la debida celeridad exigible. Que la situación indicada, según se observa en el informe aportado, está produciendo grandes perjuicios a mi representado, además que no debe permitirse el disfrute ilícito de prerrogativas urbanísticas en perjuicio de tercero bajo la excusa de que hay una alta carga de trabajo, pues ello supone un funcionamiento anormal de la Administración Pública sin amparo legal.

No se critica únicamente la falta de actuación (por falta de medios alegada) sino que existe una total dejadez y pasividad ante los derechos reconocidos en la LPAC, CE, LOPD y en especial la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no se están cumpliendo por la Administración. Que de igual forma, la inactividad de la Administración además de los costes que le está generando a mi representado, ha conllevado que se tenga que acudir a la vía civil para reclamar unos perjuicios más que evidentes y derivados de la actividad ilícita en la finca objeto del expediente administrativo. Que a la fecha actual no se ha recibido ni siquiera informe del Ayuntamiento que confirme la visita del técnico a la finca, por lo que es probable que vuelva a ser necesario presentar nueva denuncia para que en el caso de que caduque el expediente se vuelva a incoar uno en su lugar antes de que prescriba la ilicitud de las obras.”

Admitimos la queja a trámite y solicitamos del Ayuntamiento del Benalmádena que nos mantuviera informados del estado de tramitación de la denuncia urbanística formulada señalando si, con motivo de la misma, se había incoado expediente de protección de la legalidad urbanística y, de ser así, del contenido de la resolución que se dictara en el mismo.

Igualmente deseábamos conocer las causas de la demora que, según la persona reclamante, se estaba produciendo en este asunto a causa de la pasividad del Ayuntamiento en su impulso, señalando las medidas que se tuvieran previsto adoptar para solucionarlo.

En la respuesta municipal recibida se nos informó que se había resuelto requerir a la persona presuntamente infractora para que se pusiera en contacto con los servicios técnicos municipales para realizar y/o facilitar la comprobación de las obras ejecutadas, así como para que en el plazo de 10 días hábiles, si las obras se hallaran completamente terminadas, cumplimentara los condicionantes finales establecidos en la licencia.

Transcurrido un tiempo desde la recepción de esta información, nos volvimos a dirigir al Ayuntamiento solicitando que nos indicara el resultado de tales requerimientos.

En la nueva información se nos decía que el 19 de abril de 2021 se emitió informe desfavorable a solicitud de licencia de ocupación del inmueble objeto de la denuncia de la persona interesada formulada el 21 de mayo de 2019. Por ello, transcurrido un tiempo solicitamos al Ayuntamiento que nos remitiera información actualizada de las actuaciones que en ejercicio de la potestad sancionadora en materia de disciplina urbanística, hubiera realizado.

La respuesta recibida fue la siguiente:

“En atención al expediente Q20/6704, se ha remitido a Sanciones la queja para informar de procedimientos sancionadores en el ayuntamiento.

Comunicarle también que el Defensor del Pueblo Estatal se ha expresado respecto a la denuncia en la anterior dirección en el sentido que obra en las actuaciones:

«Se ha recibido escrito de ese ayuntamiento, referido a la queja arriba indicada y, una vez analizado su contenido, conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se informa al interesado de la comunicación recibida de esa Administración y del resultado de las presentes actuaciones, que se dan por finalizadas».

Para que se tenga en cuenta a los efectos oportunos. Actualmente la obra en la dirección anteriormente mencionada, se encuentra con licencia urbanística y con licencia de ocupación concedida con fecha 06/07/2022.”

Puesto que de la anterior información se deducía que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Pulianas a nuestra petición de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que los terrenos denunciados cumplieran con las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos y dejaran de causar los perjuicios reiteradamente denunciados a la ciudadanía residente en la zona, atendiendo a las lógicas expectativas de los ciudadanos afectados que llevaban demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento iba a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística a este respecto.

Junto a la respuesta recibida, el Ayuntamiento de Pulianas adjuntaba nota de régimen interno de Intervención, dirigida a la Alcaldía, en los siguientes términos:

“Que habiéndose ejecutado subsidiariamente el vallado y cerramiento del solar con referencia catastral ... situado en la calle ... de Pulianas -GRANADA- a cargo y costa de la titular de dicho solar y que según consta en el catastro es Dña. ... con DNI nº ... y domicilio en C/... de Granada. Se le traslada expediente administrativo ..., al objeto de que realice las gestiones necesarias para el cobro a la titular de la parcela conforme al gasto realizado y que consta en la factura nº ... emitida por ... y que tuvo entrada en este Ayuntamiento con registro de entrada nº … .”

En consecuencia, considerando que la resolución que en su día formulamos al citado Ayuntamiento había sido aceptada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El motivo de la queja presentada por la persona afectada era mostrar su protesta ante los organismos oficiales (Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento, etc., de Sevilla), por los siguientes motivos:

- Desde hacía varios años, los vecinos de la calle Gaviota Nº ..., venían soportando innumerables atascos de aguas residuales que salían por el zaguán del bloque.

- Los propios vecinos habían tenido que comprar una bomba de agua, para poder achicar los continuos desbordamientos de la poza de las aguas residuales, que se encontraba en la entrada del bloque.

Según declaraba, la Gerencia de Urbanismo les manifestó que se realizarían obras de mejoras en el bloque, pero al parecer últimamente le habían manifestado que se suspendían las obras por falta de presupuesto.

Continuaba señalando lo insoportable que resultaba el olor pestilente que emanaba de las aguas residuales, con el consiguiente peligro de infecciones que podía originar esta situación en el vecindario, y así llevaban soportando años.

Admitida la queja tramite solicitamos del Ayuntamiento de Sevilla que nos informara de la posibilidad de realizar las obras de forma subsidiaria expresando, en su caso, la fecha de inicio de las mismas.

Según el informe remitido, al haberse agotado el presupuesto del contrato de ejecución subsidiaria vigente en ese momento, y al no haberse formalizado nuevo contrato hasta el mes de abril, en el mes de julio de 2021 se solicitó formalmente al Servicio de Contratación la instrucción de expediente para la adjudicación de un contrato específico para la ejecución subsidiaria de las obras con un presupuesto de 91.046,51€.

Dado que desde abril ya se encontraba operativo el nuevo contrato de ejecución de obras subsidiarias de obras de seguridad, salubridad y ornato, es a éste al que imputar la realización de las obras, para lo cual se elaboró un Proyecto, pendiente de supervisión. Para las obras previstas en una vivienda en la que no era posible localizar a la propiedad de nacionalidad ucraniana y paradero desconocido, tendría que tramitarse autorización judicial, pero se podía independizar del resto de obras.

Una vez supervisado el proyecto, se determinaría la empresa y dirección facultativa de las obras a ejecutar, así como la fecha, con fecha prevista 21 de junio, tras lo cual se adoptaría acuerdo de exigencia de pago a todas y cada una de las propiedades al objeto de reintegrar el coste producido por la ejecución subsidiaria.

En vista de esta información, consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Ronda a nuestra petición de informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que las denuncias de posibles deficiencias en materia de accesibilidad y ordenación del tráfico formuladas por la Plataforma reclamante, fueran objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un colectivo que llevaba demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento iba a ejercer sus competencias en materia de ordenación del tráfico y accesibilidad.

En la respuesta municipal se nos indicaba que puesto que se trataba de una carretera cuya competencia no era municipal sino de la Junta de Andalucía, tendría que ser dicha administración la que adoptara las medidas oportunas al respecto.

No obstante, desde el Ayuntamiento iban a trasladar y comunicar a la Consejería Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la inquietud que ponía de manifiesto la plataforma promotora de la queja para solución del problema.

En vista de esta información, al encontrarse el asunto planteado en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones ante el compromiso del Ayuntamiento.