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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Conocemos la intervención y su afección al denominado Molino de la Aceña y Azud en Lora del Río.

12/04/2022 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico. Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz. Así, en el caso de la ciudad de Lora del Río hemos tenido conocimiento de unos restos que estarían afectados por varios proyectos de construcción de infraestructuras públicas. Distintas informaciones han destacado la presencia del elemento singular del Molino de la Aceña.

Según los datos aportados, la ejecución del proyecto de infraestructura implicaba directamente a los restos de dicho molino, dando cuenta a las autoridades culturales sobre la afección de este singular elemento.

No obstante, y más allá de estas informaciones, interesa conocer las medidas que se han adoptado por la autoridad cultural en orden a la delimitación y protección de estos restos, así como los elementos de protección ante la actividades propias de la ejecución de la obra pública en las inmediaciones de los restos susceptibles de tutela y defensa.

Por ello, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este lugar; no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio, sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica. Resulta, por tanto, de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asimismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridades culturales para compatibilizar los valores asignados al Molino de la Aceña en Lora del Río con la entidad del proyecto ejecutado.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, a fin de conocer: las medidas de protección de los restos del Molino de la Aceña; las labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado o calendario de intervenciones arqueológicas previstas sobre tales restos; los proyectos de obra sobre la delimitación del molino y régimen de autorizaciones, en su caso concedidas; las acciones de control y seguimiento de la ejecución de las mismas; así como las iniciativas para dotar al yacimiento de un régimen de protección acorde con sus valores arqueológicos.

11/10/2022 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 19 de septiembre de 2022 la Delegación remitió un completo informe en el que manifestaba lo siguiente:

“En relación con la queja Nº Q22/2540, planteada por esa Institución en relación con las medidas adoptadas por esta Consejería de Cultura con respecto al Molino de la Aceña de Lora del Rio, se redacta el presente informe, una vez comprobados los datos obrantes en este Servicio de Bienes Culturales.

Con fecha 10/03/21 se recibe en esta Delegación de Cultura el Documento PROYECTO DE ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS EMERGENTES, ASOCIADOS AL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE ANTIGUO MOLINO DEL GUADALQUIVIR ACEÑA Y AZUD DE LORA DEL RÍO (SEVILLA).

Constan en dicho documento los siguientes antecedentes:

Con motivo de las obras de construcción de un muro de defensa contra las avenidas del río Guadalquivir en el núcleo urbano de Lora del Río se presenta el 16 de febrero de 2005 ante la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla el documento Proyecto de Muro de Defensa de avenidas del río Guadalquivir y consolidación del cauce del desvío del arroyo Churre, paraje suroeste del núcleo urbano. T.M. Lora del Río (Sevilla), realizado por la empresa de ingeniería S.L., por encargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, promotora de las obras. Tenía como objetivo paliar los daños ocasionados por las inundaciones estacionales del río sobre el municipio.

El 10 de marzo de 2005 la citada Delegación Provincial de Cultura emitió informe técnico en el que se exponía que, dada la ausencia de prospecciones sistemáticas en el término municipal, no se contaba con información fidedigna respecto a la posible incidencia del proyecto en cuestión, posponiendo cualquier dictamen hasta que no se lleve a cabo una prospección arqueológica superficial de la zona previa autorización de proyecto correspondiente.

A resultas de esta indicación, el ayuntamiento de Lora contrata los servicios del arqueólogo don, quien en junio de 2005 elabora el documento: Informe Técnico de Afección Arqueológica de la Construcción del Muro de Defensa. Lora del Río. Sevilla.

En él se realiza un diagnóstico de la afección del proyecto de obras sobre los únicos restos arqueológicos detectados de un molino soterrado y su azuda. Al mismo tiempo se estima improcedente la prospección de la zona por la existencia de depósitos de sedimentos aluviales.

En este documento técnico se hace una descripción formal de los vestigios visibles de la aceña y el azud y se presentan referencias históricas del mismo aportando una aproximación cronológica y funcional.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Lora del Río, aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005 y publicado en BOJA el 9 de febrero de 2006, incluye al molino y su azud en el catálogo con Nivel de protección C, ficha 29/2. En el catálogo previo de 1984 no estaba incluido.

El documento presentado se aporta a los efectos de la obtención de la autorización de la actividad arqueológica prevista en el artículo 3c y d del Reglamento de Actividades Arqueológicas.

El 17 de junio de 2021, la solicitud es informada favorablemente por el Servicio de Bienes Culturales, recogiéndose en el informe lo siguiente:

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: El presente proyecto de intervención arqueológica se presenta con motivo del proyecto de puesta en valor del antiguo molino de agua harinero de Lora del Río, edificio con protección urbanística C, dándolo a conocer desde el punto de vista material y de su funcionamiento y la relación con la población. Para ello se propone recuperar el espacio alrededor del edificio a la cota que previsiblemente estaba el terreno cuando estaba en uso el edificio, en torno a -3,00 m, que posibilitará el acceso al interior. Para la recuperación del edificio se prevé la limpieza y vaciado interior de tierras, aplicando finalmente un consolidante (silicato de etilo). Se propone identificar la longitud completa de

los contrafuertes y la dimensión del molino, dejándolo exento. Se pretende también limpiar la aceña de los sedimentos procedentes de las crecidas.

El terreno donde se sitúa el molino, está clasificado como suelo urbano consolidado en base al Plan General de Ordenación Urbanística de Lora del Río, aprobado definitivamente al 19 de octubre de2005 y publicado en BOJA el 9 de febrero de 2006. Se trata de una parcela de Sistema General SSGG 1.18 de espacio libre.

CONCLUSIÓN: Desde el punto de vista técnico, los objetivos y planteamientos metodológicos propuestos son adecuados y conformes a los fines que justifican la intervención y por ello se concluye informar favorablemente la solicitud de autorización y el proyecto arriba referenciado, bajo la dirección de doña.

La concesión de las autorizaciones objeto de la presente solicitud se encuentra regulada en el Art..52 y ss, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Art. 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento el Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Reglamento de Actividades Arqueológicas aprobado por Decreto 168/2003, de 17 de junio, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En base a lo anterior con fecha 21/06/21 se autoriza mediante Resolución de la Delegada Territorial la Actividad arqueológica de Control de movimientos de tierra y análisis arqueológico de estructuras emergentes.

El 1 de febrero de 2022, tiene entrada en esta Delegación Territorial la Memoria Preliminar y final con arreglo a lo dispuesto en los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

La Memoria Preliminar y final es informada favorablemente por el Servicio de Bienes Culturales con fecha 14 de marzo de 2022, proponiendo las siguientes cautelas arqueológicas en el ámbito de referencia:

1.- Se deberán incorporar los resultados y valoraciones de la memoria preliminar y final presentada al Proyecto de rehabilitación y puesta en valor previsto por el Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.

2.- Realizar un control arqueológico sobre las actuaciones previstas en el entorno del edificio documentado y en el interior del mismo y un análisis de estructuras emergentes durante los trabajos de vaciado y rehabilitación del molino, conforme a los artículos 3c y 3d del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas en Andalucía, para lo que se deberá presentar la oportuna solicitud de autorización, así como las declaraciones responsables a la que hace referencia el Decreto-ley 26/2021 de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía y determina el artículo 52.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En base a ello con fecha 29/03/22 se resuelve por la Delegada Territorial:

PRIMERO. Estimar la procedencia de la Memoria Preliminar y final de la actividad arqueológica preventiva Control arqueológico de movimientos de tierra y análisis arqueológico de estructuras emergentes para proyecto de puesta en valor de antiguo molino del Guadalquivir "Aceña y Azud" de Lora del Río (Sevilla) en lo que afecta a la provincia de Sevilla, a los efectos de lo previsto en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, así como los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades.

SEGUNDO.- Establecer las siguientes cautelas arqueológicas:

1.- Se deberán incorporar los resultados y valoraciones de la memoria preliminar y final presentada al Proyecto de rehabilitación y puesta en valor previsto por el Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.

2.- Se deberá realizar un control arqueológico sobre las actuaciones previstas en el entorno del edificio documentado y en el interior del mismo y un análisis de estructuras emergentes durante los trabajos de vaciado y rehabilitación del molino, conforme a los artículos 3c y 3d del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas en Andalucía, para lo que se deberá presentar la oportuna solicitud de autorización, así como las declaraciones responsables a la que hace referencia el Decreto-ley 26/2021 de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía y determina el artículo 52.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por todo lo anterior, dicha resolución recoge las medidas adoptadas desde esta administración cultural para para la protección del Molino de la Aceña de Lora del Rio”.

A la vista del informe citado, destacamos la intervención prevista por la autoridad cultural con motivo de las obras de infraestructura que se realizaban en zonas inundables y su afección al denominado Molino de la Aceña y Azud. El procedimiento previsto aborda los estudios preliminares y el proyecto final para la conservación y puesta en valor del molino acordes con la normativa reguladora del patrimonio cultural.

Recordamos que, en su día, a motivación que llevó a esta Institución a incoar la presente queja de oficio era “conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este lugar; no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio, sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica. Resulta, por tanto, de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asimismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridades culturales para compatibilizar los valores asignados al Molino de la Aceña en Lora del Río con la entidad del proyecto ejecutado”.

Tras el análisis del caso, comprobamos la actuación preventiva y de control realizada desde los servicios técnicos de la Consejería de Cultura. Procedemos, pues, a concluir el presente expediente de queja, agradeciendo la atención y colaboración ofrecidas.

Seguimiento de queja de oficio (Ver Resolución)

30/10/2023 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En el curso de esta actuación de oficio (ver apertura) remitimos a Unicaja una petición para que valorasen de forma razonada la aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales sobre la concurrencia de negligencia grave por parte del usuario a los casos afectados por el fraude masivo a su clientela.

En nuestra petición poníamos de manifiesto que existen diversos pronunciamientos judiciales dictados en casos de fraude que señalan que la negligencia grave del usuario exigiría una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, que no concurre cuando se produce como consecuencia del engaño al que ha sido inducido por un delincuente profesional. Concluyen estos pronunciamientos judiciales que no se puede atribuir falta de diligencia grave a una víctima de estafa, cuando la misma facilita sus claves personales a un tercero como consecuencia de manipulaciones.

En base a estas resoluciones judiciales pedíamos a la entidad financiera una revisión de los casos de estafa que estaba sufriendo su clientela, en orden a valorar si procedía atender las peticiones de devolución del importe defraudado cursadas por las personas afectadas.

En respuesta a nuestra petición Unicaja nos trasladó que comparten nuestra preocupación por el escenario actual del ciberfraude.

A este respecto manifestaban que, pese al alto volumen de recursos que dedican a su prevención, la creciente sofisticación de los procedimientos de fraude hace imposible que las entidades financieras adopten medidas que garanticen en todo caso que no se produzcan.

En todo caso insistían en que la interacción entre víctima y delincuente no tiene lugar dentro de los entornos digitales de la entidad y que en ningún caso se produce una brecha en sus sistemas de seguridad que propicie o facilite el fraude.

Entendían que para determinar cuál sea la diligencia exigible a un consumidor responsable deben valorarse las circunstancias del caso concreto y el entorno informativo del que dispone, señalando a este respecto la información disponible acerca de la prevención del ciberfraude.

Justificaban que los pronunciamientos judiciales no determinan invariablemente que la entidad resulte responsable por estar exento el consumidor de toda cautela y que estos criterios sobre la diligencia exigible al consumidor medio son tenidos en cuenta por Unicaja en la gestión de reclamaciones de los clientes afectados por el ciberfraude.

En cuanto al ofrecimiento de acuerdos extrajudiciales que citábamos en nuestra petición, aclaraban que no suponen un reconocimiento de la responsabilidad de la entidad ni se imponen a la persona reclamante sino que se enmarcan en la actividad negociadora que el banco despliega en la gestión de su clientela con el fin de facilitar el consenso como forma más deseable de resolución de situaciones de conflicto.

Concluían que, más allá de gestionar las reclamaciones concretas de usuarios afectados, siguen avanzando en la implementación de medidas de prevención del ciberfraude a su alcance y en el desarrollo de actividades de difusión de educación financiera que promuevan el conocimiento generalizado de las mejores prácticas de prevención en este ámbito.

A la vista de esta respuesta hemos acordado el archivo de nuestras actuaciones, sin perjuicio de exponer a Unicaja nuestro posicionamiento.

Así, hemos señalado que entendemos perfectamente la complejidad de la cuestión planteada y asumimos la necesidad de una consolidación de la jurisprudencia existente que nos permita disponer de un criterio claro que podamos trasladar, en su caso, a quienes tienen la responsabilidad de regular normativamente esta cuestión.

No obstante, mientras esta consolidación jurisprudencial se produce, seguimos considerando necesario que se valore la oportunidad de no trasladar la responsabilidad a los usuarios en aquellos casos en que no resulta acreditada su negligencia grave al venir su conducta inducida por el engaño y la manipulación de delincuentes profesionales que utilizan técnicas difíciles de detectar y evitar por parte de usuarios con conocimientos medios.

Compartimos con la entidad la oportunidad y necesidad de las campañas que despliega para informar a su clientela acerca de los riesgos del fraude asociado a la digitalización de los servicios financieros y para facilitarles formación sobre criterios de actuación adecuados que eviten caer en las estafas.

Sin embargo seguimos sosteniendo que, si no contamos con un sólido sistema que garantice la seguridad en la realización de operaciones bancarias telemáticas por parte de la población en general, y los colectivos más vulnerables en particular, podría llegar a ponerse en cuestión la pervivencia del sistema.

Por ello nos ha parecido oportuno reiterarles las consideraciones exouestas en nuestra petición anterior relativas a la oportunidad de mejorar la seguridad del sistema de banca electrónica y la respuesta ante situaciones de fraude. Así decíamos:

“Es cierto que los procedimientos dirigidos a estafar son cada vez más sofisticados y que los sistemas de seguridad de las entidades financieras no pueden adoptar medidas que excedan de su ámbito de competencias, como puedan ser las referidas a los soportes electrónicos a través de los que se materializa el fraude.

Sin embargo, no es menos cierto que es la entidad financiera la que en última instancia asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y fiabilidad de los servicios que ofrece al usuario, entre ellos el servicio de banca electrónica. Por lo que cabe plantearse si esa responsabilidad no debería extenderse al deber de ofrecer sistemas que sean realmente seguros y fiables para los usuarios. Sistemas que eviten el éxito de unas prácticas fraudulentas que aprovechan las brechas de seguridad que presenta el sistema atacando por el flanco mas débil que suele ser el propio usuario.

Una persona usuaria a la que no se puede exigir un grado de diligencia, prudencia y cautela que supera con creces la que sería exigible a un “consumidor responsable”.

Entendemos que resulta exigible de las entidades financieras que adopten medidas suficientes para garantizar la fiabilidad de los servicios que ofrecen a sus clientes, utilizando las mejores tecnologías posibles para reforzar la seguridad en las operaciones de banca electrónica.

Asimismo, entendemos que las entidades financieras deberían asumir la responsabilidad por los perjuicios que sufran los usuarios como consecuencia de actuaciones fraudulentas de terceros, salvo que quede acreditado que los clientes han actuado sin la prudencia y diligencia que resultarían exigibles a un consumidor responsable, entendiendo que tal concepto se refiere a una persona con los conocimientos y habilidades digitales que actualmente tiene el ciudadano medio.

Esperamos que estas consideraciones sean de nuevo valoradas y puedan ser tenidas en cuenta por Unicaja en su política de implementación de servicios electrónicos, con el objetivo de garantizar un sistema realmente seguro y confiable para la clientela.

07/10/2022 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Por noticias de prensa y diversas quejas recibidas en esta Institución, hemos podido conocer el problema que afecta a numerosa clientela de Unicaja a quienes se les ha sustraído importantes cantidades de su cuenta corriente a través de una elaborada estafa.

El relato coincide en que se advierte al cliente de un posible uso fraudulento de su cuenta a través de SMS o llamada de teléfono, solicitando claves para su anulación. En la pantalla del teléfono aparecía el número del departamento de atención al cliente de Unicaja, lo cual generaba confianza en la persona afectada acerca de la veracidad de los hechos.

Una de las quejas recibidas se realiza en nombre de una plataforma constituida para agrupar a las personas afectadas en toda España, más de 300, la mayoría al parecer clientes procedentes de la fusión entre Unicaja y Liberbank. La pérdida media de los miembros del grupo sería aproximadamente 3000 euros por cliente, siendo las cantidades mínimas de alrededor de 1000 euros.

Alegan que según el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago, los bancos están obligados a reembolsar a los clientes las transferencias no autorizadas realizadas en sus cuentas -en un plazo de 24 horas-, salvo que puedan demostrar que los clientes han actuado con "negligencia grave".

Con respecto al concepto de negligencia grave se remiten a pronunciamientos judiciales recientes que indican que “consiste en no proceder ni con la más elemental diligencia” o en “la más grave falta de diligencia, no hacer lo que todos hacen, no prever lo que todos prevén”. Al respecto señalan que han sido víctimas de un fraude con capacidad para engañar a una ingente cantidad de personas, por lo que no pueden ser acusados de negligencia grave.

Añaden que, según el Tribunal Supremo, el phishing es una estafa, que conceptualmente es un “engaño bastante”. Si el usuario ha sido objeto de un “engaño bastante” y por ese motivo ha facilitado las claves a un tercero, que está suplantando la identidad del banco, no puede haber “negligencia grave” del usuario, porque el “engaño bastante” excluye la “negligencia grave”.

Desde la plataforma indican que, a pesar de estos claros indicios de la situación jurídica de las víctimas del “phishing”, Unicaja está obviando las orientaciones judiciales, tanto en materia de definiciones de pagos “autorizados” frente a “no autorizados”, como en la definición de “ negligencia grave” y, a pesar de admitir que los clientes han sido víctimas de “phishing”, el banco se niega a reembolsar las cantidades.

Además destacan que, según sus propias Medidas de Seguridad publicadas, Unicaja está obligada a analizar el comportamiento habitual del cliente en la banca online, avisar inmediatamente a los clientes de operaciones sospechosas, y bloquear tanto el servicio como las operaciones por motivos de seguridad. En prevención "Antiphishing", Unicaja Banco recoge entre sus medidas de seguridad, el compromiso contractual adquirido con sus clientes, de poseer la tecnología suficiente y eficaz para detectar y anticiparse a cualquier tipo de phishing o suplantación de su identidad para proteger a sus usuarios.

Sin embargo, consideran que Unicaja ha estado incumpliendo todas sus obligaciones y en repetidas ocasiones, incluso en muchos casos, negándose a bloquear las cuentas de los clientes por teléfono, insistiendo en que esto solo podría hacerse en persona en las sucursales bancarias y durante el horario de apertura del banco, por lo que consideran que su “deficiente” Departamento de Atención al Cliente ha contribuido a esta situación.

Finalmente señalan que lo peor de todo es que las transferencias no autorizadas de las cuentas de los clientes continúan realizándose todos los días y no cesan.

Ante las circunstancias expuestas y con objeto de conocer el alcance efectivo del problema expuesto, así como las soluciones que puedan ofrecerse, hemos considerado oportuno promover una actuación de oficio.

En el curso de esta actuación hemos solicitado la colaboración de Unicaja a fin de que nos faciliten información sobre los procedimientos específicos que hayan iniciado ante las reclamaciones recibidas y, en su caso, medidas que podrían articular para dar una respuesta adecuada a las mismas.

En particular, nos interesa recabar su pronunciamiento con respecto al análisis que hayan realizado de la estafa que ha afectado a su numerosa clientela y a las posibilidades de reintegro de las cantidades estafadas.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Ver Resolucion del dPA

En esta Institución se ha recibido una queja referida a la adjudicación de destinos y la adaptación de los puestos para personas con discapacidad intelectual, en los procesos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, concretamente referida al Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la convocatoria de fecha 30 de octubre de 2019.

Pues bien, a través de dicha queja la persona promotora pone de manifiesto que, en el momento de la selección de las plazas ofertadas, la Administración no ha tenido en consideración las necesidades de adaptación de aquellas al colectivo para el que iban dirigidas. De tal manera que, en algunos casos, se han ofertado plazas de código unitario que han dificultado notoriamente el desempeño de las funciones y, en consecuencia, la integración laboral de estas personas; así como, a su vez, una merma en la calidad del servicio público prestado.

En este sentido, se ha podido comprobar por esta Institución que la resolución, de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan para su provisión por acceso libre para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, para personas con discapacidad intelectual (C2. 1000), establece en su base octava, que en la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone en su artículo 59 “Personas con discapacidad”, apartado segundo, lo siguiente: “Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad”.

Por otra parte, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 10, lo siguiente: "En la adjudicación de destino se garantizará que las condiciones de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto."

En materia específica de discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 64 que “con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva”. En cuanto al contenido de estas medidas, el artículo 66, apartado primero, de la mencionada norma dispone lo siguiente:

“1. Las medidas contra la discriminación podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.

A estos efectos, se entiende por exigencias de accesibilidad los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas.

2. A efectos de determinar si un ajuste es razonable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.(…)”.

Igualmente, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, identifica, entre otros, como objetivos concretos: regular los ajustes razonables que permitan el acceso y la permanencia en el empleo de las personas con discapacidad y facilitar los medios y apoyos para que estos sean posibles.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula en su artículo 8 “Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación” que para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, “las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad”. Asimismo, en el artículo 24 del referido texto “Protección del derecho al trabajo” se dispone que “Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso de las personas con discapacidad al empleo, la formación, cualificación y promoción profesionales, en las condiciones de trabajo, y en las condiciones de seguridad y salud laborales. A tales efectos, y conforme a la normativa estatal vigente en esta materia, llevarán a cabo políticas de formación profesional y empleo, y adoptarán medidas de acción positiva destinadas a facilitar su acceso y permanencia en el mercado laboral (...)”. Y en su artículo 28.2, “Empleo público”, establece lo siguiente: “La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios y de accesibilidad en el proceso selectivo y establecerán el tipo de sistema selectivo más adecuado en atención a la naturaleza de los diferentes tipos de discapacidad, garantizando de esta forma el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Y, una vez superado dicho proceso, adoptarán las medidas precisas para realizar las adaptaciones en el puesto de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean de carácter estructural, en cuanto afecten a las instalaciones, dependencias o equipamientos, como de carácter organizativo, en cuanto afecten a las pautas de trabajo o asignación de funciones. Entre las medidas necesarias se tendrá especial incidencia en la accesibilidad cognitiva y se podrán incluir, entre otras, textos de lectura fácil y la exención de algunas de las pruebas o el establecimiento del sistema de acceso a personal laboral mediante concurso, a fin de posibilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual”.

En el ámbito europeo, es pertinente citar las medidas contra la discriminación para garantizan la igualdad efectiva de oportunidades recogidas en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativas al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Así, su artículo 5 “Ajustes razonables para las personas con discapacidad” indica que se tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades que accedan al empleo, tomen parte del mismo y progresen profesionalmente.

A mayor abundamiento, el artículo 2 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad -ampliación de las Convenciones de la ONU y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos- (Instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008) compromete, en materia de empleo, a los Estados partes a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos a las personas con discapacidad sin discriminación alguna en razón de esa condición. Y, más adelante, en su artículo 27, letra i, dispone que los Estados Partes velarán para que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

Por cuanto antecede, y teniendo en cuenta la pluralidad de personas que pudieran encontrarse perjudicadas en su relación con la Administración andaluza, con motivo de la participación en cualquier proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual, de la que se espera que sirva con objetividad los intereses generales y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, entre otros, -y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho- se ha iniciado actuación de oficio en aplicación de lo establecido en el artículo 1.1, en relación con el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y nos hemos dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y al Instituto Andaluz de Administración Pública a fin de que nos informen sobre los siguientes extremos:

1.- A través de cuál procedimiento la Administración andaluza evalúa las necesidades existentes de incorporación de nuevo personal e identifica, de entre dichas necesidades, las plazas que son susceptibles de ser convocadas para su ocupación por personas con discapacidad intelectual.

2.- Cómo se planifican, a priori, las adaptaciones requeridas para que el puesto de trabajo pueda ser desempeñado por las personas con discapacidad intelectual que concurren a la convocatoria, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 28,2 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía;

3.- Cómo se constata que la adjudicación del puesto concreto, y su toma de posesión, resulta adecuada inicialmente a las circunstancias específicas de la persona con discapacidad intelectual, de manera que se posibilite la efectiva ocupación del puesto para cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

4.- Cuál instrumento se utiliza, por parte de la Administración, para realizar un seguimiento y acompañamiento del nuevo empleado, que permita garantizar que la integración en el puesto de trabajo ha culminado de manera efectiva; que posibilita su progreso profesional; y que el servicio público en el que se ha incorporado se atiende adecuadamente.

5.- En el supuesto en el que, con posterioridad a la adjudicación realizada, se detectara la existencia de dificultad en el desempeño del puesto originada por la discapacidad intelectual existente, ¿está previsto por la Administración la movilidad de la persona interesada a otro puesto que reúna mejores condiciones para la adaptación al caso concreto?