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El interesado mostraba su disconformidad con la Resolución de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, dictada el 26 de noviembre de 2012, por la que se desestimaba su solicitud de reconocimiento de la condición de socio de un Centro de Participación Activa para personas mayores. Fundamentó su petición en razones de edad y salud, de proximidad domiciliaria y de mayor vínculo y arraigo personal y social.

El interesado adjuntaba la Resolución desestimatoria de su petición, que se fundaba en no residir el solicitante en la zona de influencia del Centro de Participación Activa para Personas Mayores y no apreciarse los requisitos excepcionales previstos en el artículo 4.3 del Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores.

Se solicitó el preceptivo informe a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que evacuó dicho trámite mediante escrito en el que ratificaba el fundamento de la decisión administrativa de desestimación de la solicitud, ampliando la misma, que se basaba en dos circunstancias, ambas apoyadas normativamente en el artículo 4.3 del Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores anteriormente referido.

En primer lugar, aludía el informe, como causa principal de la denegación, al hecho de no tener el solicitante su domicilio en la zona de influencia del Centro interesado, especificando que dicha zona de influencia viene determinada por la demarcación realizada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Y, en segundo lugar, no concurrir además en el peticionario, circunstancias que puedan ser valoradas como excepcionales a efectos de reconocerle la condición de persona socia o usuaria, a pesar de no pertenecer a la zona de influencia del centro.

Dado traslado del contenido de dicho informe al promotor de la queja, efectuó éste sus alegaciones, subrayando nuevamente su edad, detallando que, cualquiera que fuesen las delimitaciones administrativas de zonas de influencia, el Centro solicitado se ubicaba en la acera de enfrente de su vivienda, por lo que su domicilio estaría en el límite de la mentada demarcación, reiterando el desarraigo que le supondría no poder compartir este beneficio con sus amigos de siempre y con sus compañeros de trabajo antiguos y añadiendo que su mujer tenía una prótesis en la rodilla que le causaba dolor al caminar.

El afectado, en cualquier caso, lamentaba que la Administración careciera de la sensibilidad necesaria para saber aplicar la norma al caso concreto de forma justa y equitativa, considerando que el dato objetivo de la demarcación que, sobre un mapa y con base en los distritos postales de la ciudad, realizó el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, debía completarse y atemperarse en su rigidez de partición milimétrica, con el no menos razonable de la distancia que mediara desde el Centro hasta el domicilio del solicitante concreto. Tras lo cual, no podían sino calificarse como excepcionales las circunstancias alegadas por su parte y, especialmente, la de distar su casa de acera a acera del Centro y la de su edad y limitaciones de movilidad de él y de su mujer.

Por su parte, la Delegación Territorial de Córdoba, añadió en informe posterior que el recurso de alzada formalizado por el interesado frente a la Resolución desestimatoria de que tratamos, fue igualmente resuelto en forma negativa, confirmando la decisión anterior. Matizaba la Administración, en esta ocasión, que el reclamante podía acceder a cualquier otro Centro de Participación Activa distinto de aquél al que perteneciera como socio, por su condición de tal.

Con toda la información con la que contábamos, de conformidad con el artículo 29.1 de nuestra ley reguladora, se formuló Sugerencia a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba para que procediera a revisar de oficio la Resolución desestimatoria, la revocase y, en su caso, acordase haber lugar a su petición de adquisición de la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa de Personas Mayores solicitado. Al mismo tiempo, se formuló Sugerencia a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para que, para garantizar la equidad e igualdad en el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa de personas mayores, por la vía excepcional del segundo párrafo del artículo 4.3 Decreto 72/2012, de 20 de marzo, homogeneizando el ejercicio de la potestad discrecional de valoración de las circunstancias concurrentes por cada una de las Delegaciones Territoriales, por esa Consejería se procediera a dictar las instrucciones oportunas, estableciendo cuáles hubieran de ser los criterios de base a tomar en consideración.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba nos comunicó el reconocimiento al interesado de su condición de socio del Centro de Participación Activa para Personas Mayores que nos ocupa, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que la resolución formulada fue aceptada.

El compareciente mostraba su disconformidad con el porcentaje de discapacidad que le fue reconocido por Resolución de 14 de mayo de 2015, concretado en el 8%. Y ello, por considerar que dicho porcentaje debería ser al menos del 33%, al tener reconocida una incapacidad permanente total por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo ésta la razón por la que solicitaba nuestra intervención.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, se nos participó que contra la resolución por la que se le reconoció el 8% de discapacidad, el interesado no interpuso Reclamación Previa a la vía jurisdiccional. Sí se constataba que aportó una Sentencia del TSJA de 22/05/14, de la que no constaba firmeza, por la que se desestimaba. Presentó Recurso al INSS y se confirmó una Sentencia del Juzgado Social 4 sobre Incapacidad Permanente Total.

Para que se hubiera tenido en cuenta en sesión de valoración la incapacidad permanente del interesado, se hubiera debido aportar certificación actual del INSS en la que constara dicha circunstancia. Nos informaron que lo llamaron y que quedó en aportar dicho certificado, y una vez el mismo se uniera al expediente, se le expediría de inmediato la certificación de su discapacidad del 33% con arreglo a lo dispuesto al R.D. Legislativo.

En vista de lo anterior, dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto por el que el interesado acudió a la Institución se encontraba solucionado.

En esta Defensoría tuvimos la necesidad de interesar la activación de los recursos públicos de emergencia social, con la finalidad de ofrecer la oportuna respuesta a la petición de una ciudadana, que acudió a nosotros en el seno de una queja ya iniciada, en la que nos había dado traslado de la situación de precariedad y abandono en la que se encontraban dos familiares que vivían juntos y que estaban precisados de atención residencial debido a su incapacidad de autovalimiento y a la carencia de suministros básicos esenciales en su domicilio.

La circunstancia de urgencia sobrevenida se manifestó cuando la interesada nos alertó de la entrada de gran cantidad de agua en la vivienda de sus familiares, a causa de las abundantes lluvias que se estaban produciendo y que la habían anegado por su estado ruinoso, motivó que desde esta Institución nos pusiéramos en contacto con el Servicio de Gestión de Emergencias del teléfono 112, al que facilitamos los datos de identidad y de contacto telefónico de la interesada, a efectos de que se pusieran en marcha los recursos de emergencia social correspondientes.

Aunque desde el Servicio referido se nos informó de que se iba a proceder a enviar un equipo social al domicilio de los afectados, sin embargo, según conocimos posteriormente, dicho equipo no acordó ninguna medida de intervención.

Los hechos expuestos, determinaron que nos preguntásemos cuáles eran, en realidad, los mecanismos de intervención y los recursos existentes para dar una respuesta adecuada a las situaciones de emergencia social, distintas de las sanitarias y de las de incendio y salvamento. Así mismo, consideramos de utilidad conocer los instrumentos de coordinación que para ello se establecían a través del Servicio 112.

A estos efectos, accedimos a la información publicada en la página web del referido teléfono y en la de la Junta de Andalucía, de la que se extraía que se trataba del número telefónico encargado de prestar el servicio público, consistente en asistir con la mayor inmediatez posible, las demandas de los ciudadanos que se encontraban en una situación de riesgo personal o colectivo, siendo el número único de acceso a los servicios de atención de urgencias en todo el territorio nacional.

Su regulación, establecida por el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio (de transposición al Estado Español de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de julio), dispone que los ciudadanos podrán utilizar de forma gratuita el número 112, para pedir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos de asistencia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de Protección Civil, que precisen, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan. Siendo su objetivo proporcionar a todas las personas del ámbito nacional, un servicio gratuito y de fácil acceso, que permita atender de forma personalizada y permanente, todas las llamadas de urgencias y emergencias.

La gestión del servicio se lleva a cabo por cada Comunidad Autónoma, a través de los correspondientes centros de recepción de llamadas de urgencia.

http://www.112.es/areas.html

Particularmente, en nuestra Comunidad Autónoma el sistema Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior nació en el año 2001 (Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de junio de 2001 - http://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/79/1 -), con una doble finalidad:

- Acercar a la población los servicios de emergencia, a través de un único número de teléfono que permite acceder a cualquier tipo de ayuda.

- Favorecer la coordinación entre los organismos y entidades que intervienen en las emergencias.

El Servicio de Emergencias de Andalucía se regula por la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/138/1), que establece un sistema de coordinación integrada de las demandas de urgencia y emergencia realizadas tanto por la población, como por las entidades públicas y privadas, a través del teléfono único europeo 112.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/emerge...

Teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 9, 10.1 y 10.3.14, 23.1, 37.1.7 y 37.2, y art. 61 del vigente estatuto de Autonomía para Andalucía, y puesto que entre las finalidades del Servicio que establece su regulación normativa en nuestra Comunidad, estaba precisamente la de facilitar al usuario que lo precisase “cualquier tipo de ayuda” en situación de emergencia, así como “favorecer la coordinación entre los organismos y entidades” que a este objeto hayan de intervenir, se acordó iniciar actuaciones para ahondar en el funcionamiento de este Servicio de Gestión de Emergencias en Andalucía, profundizando sobre las formas y mecanismos de coordinación y funcionamiento de los recursos públicos disponibles, en las situaciones de personas que se encuentran en posición social de vulnerabilidad.

Más allá de la asistencia urgente que la necesidad del supuesto hace inaplazable (prestación de asistencia sanitaria urgente, extinción de incendio y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil), nuestro interés se concretaba en la respuesta inmediata posterior que los servicios públicos pudieran ofrecer a las personas afectadas por estas emergencias, cuando, previamente o a resultas del suceso, se encontrasen en situación de desvalimiento social.

Para ello, se determinó pedir informe a la Dirección del Servicio de Gestión de Emergencias en Andalucía, quien nos clarificó el ámbito material del sistema integrado de coordinación que se gestiona en nuestra Comunidad Autónoma a través del teléfono 112, puntualizando, además, que este último servicio, es únicamente el medio a través del cual se canaliza la solicitud de asistencia a los servicios públicos competentes para la atención de las oportunas urgencias y emergencias, que, en ningún caso, comprende la prestación material de la asistencia requerida.

Aún cuando haciendo un uso coloquial del lenguaje, o expresiones referidas a ámbitos concretos de la acción pública puede atribuir de “emergencia” a cualesquiera circunstancias que precisan de una respuesta urgente por parte de los poderes públicos (hablamos así de emergencia educacional, laboral, habitacional, social, …), no todos los eventos pueden calificarse como “emergencia de protección civil”. Es el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía el que identifica los riesgos presentes en nuestra Comunidad Autónoma, susceptibles de producir emergencia en protección civil.

No obstante, desde la perspectiva de responsabilidad y compromiso de la incidencia, ante cualquier actuación o asistencia que, sin corresponder al sistema, es demandada a través del teléfono 112, se informa al demandante, y, en la medida de lo posible, atendiendo a las capacidades técnicas, se redirecciona la solicitud a los servicios públicos competentes.

Entendiendo que no existía actuación irregular por parte de la administración, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

 Accede al Master tras solventarse el problema habido en la tramitación de su solicitud.

El interesado manifiesta su protesta por los problemas que han surgido con el sistema de adjudicación del Distrito Único Andaluz.

Expone que cuando cerró expediente en julio en Secretaría de la Facultad de Ciencias preguntó qué documentos había que aportar al solicitar máster en la Universidad de Granada (UGR) y se le comunicó que no hacía falta presentar ni expediente ni resguardo del título, ya que permanecía dentro de la UGR y sus datos estarían en el sistema. Formuló la solicitud de máster a través de la web del Distrito Único Andaluz en el verano (sin ningún problema, estando todos los campos de la solicitud en verde) e incluso el 1 de septiembre le llamaron de la quinta opción en Granada para confirmar algunos datos como, por ejemplo, que fuese la quinta opción y su NIE, y le dijeron que seguramente entraría en las opciones anteriores. El día 11 de septiembre salieron las primeras listas de máster de las cuales se le ha excluido, junto a muchas personas de la comunidad universitaria granadina, por falta de documentación.

El interesado manifiesta haber puesto la oportuna reclamación en la Universidad, donde, al parecer, le informaron que “este problema lo está sufriendo mucha gente en Andalucía, no sólo en Granada, por un fallo del sistema”. La única solución que se les ofreció fue esperar a las segundas listas el día 24 de septiembre.

Tras admitir a trámite la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información a la Comisión de Distrito Único Andaluz, recibiendo al efecto informe en el que se indica que, efectivamente, en la primera lista publicada de fecha 11 de septiembre, no aparece admitido el interesado, por no haberse podido detectar que había abonado los derechos de expedición del título.

Añaden que tras el oportuno estudio, el día 17 de septiembre se puede comprobar que efectivamente el interesado había abonado los derechos del título del Grado en Biología.

Por ello, con fecha 24 de septiembre, en la segunda lista de adjudicación, el interesado aparece admitido en su primera preferencia, pudiendo realizar su matrícula el día siguiente 25 de septiembre.

Al respecto, aclara la Administración que no se trata de un fallo generalizado del sistema, sino que es un procedimiento de acceso a estudios de másteres en el que han participado más de 28.000 personas, y que hubiese sido imposible en 13 días que distan entre la lista de la primera adjudicación y la segunda, atender a “mucha gente de Andalucía, no sólo en Granada, por un fallo del sistema”. El sistema informático intenta localizar el máximo de datos de forma telemática de cada uno de los solicitantes, pero de quienes no se obtienen se hace necesario requerirlo peronalmente.

Habiendo quedado solucionado el asunto por el que el interesado solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

El Ayuntamiento de Sevilla acepta Resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, para la adopción de las medidas pertinentes para dotar al Tribunal Económico-Administrativo municipal de medios suficientes, evitando retrasos estructurales en la tramitación de reclamaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz insta a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla que adopte las medidas pertinentes para dotar al Tribunal Económico-Administrativo municipal de medios suficientes, evitando retrasos estructurales en la tramitación de reclamaciones, mediante la siguiente Resolución:

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites. Así como de los preceptos de la norma sustantiva de Régimen Local y de la Ley General Tributaria, así como en la norma orgánica propia del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, citados en la parte expositiva de esta Resolución, respecto a la organización, funcionamiento y régimen jurídico del referido Tribunal.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de la Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adopten las medidas que procedan para dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía y, en particular, de la formulada por la reclamante en las presentes actuaciones.

Al efecto, se recibe informe del Ayuntamiento por el que nos traslada la aceptación de la Resolución formulada, añadiendo que, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias se va a proceder al inicio del estudio de la Relación de Puestos de Trabajo del Tribunal Económico Administrativo, siempre dentro del marco que les permita las distintas leyes de Presupuestos del Estado, para modificar la misma y dotarla de nuevos puestos de trabajo junto con la posibilidad que les marca el Reglamento Orgánico del Tribunal para incrementar el número de vocales que componen éste, y mejorar con ello un incremento en la resolución de las reclamaciones, con el objetivo de dar respuestas a la ciudadanía en los tiempos marcados por la legislación.

El Defensor del Pueblo Andaluz logra que el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), resuelva expresamente recurso de reposición.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado Resolución dirigida al Ayuntamiento de San Fernando, concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al recurso de reposición formulado por la parte afectada con fecha 12 de septiembre de 2014 contra liquidación por el IBI, ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Recibido informe al efecto, se indica en el mismo que por esa Administración se ha procedido a resolver el recurso de reposición habiéndolo notificado al interesado con fecha 28 de septiembre de 2015, aceptando así la Resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que se procede al cierre del expediente.