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que está ocasionando en muchos casos recurrir a la reducción de plantilla como medida de
subsistencia y en los casos mas graves al cierre del centro de trabajo.
A todo ello hay que añadir que la situación se ha agravado en 2012 al haberse
recortado el presupuesto destinado al Empleo en general en un 56,92%. Con un panorama
como el que se detalla, a muchos de estos Centros les resulta dificilísimo mantenerse como
empresas facilitadoras de trabajo para el colectivo de personas con discapacidad, quienes,
asimismo se ven avocadas a perder sus empleos.
En el expediente de
queja 12/5164
, por el gerente de un CEE (Centro Especial
Empleo), se nos exponía que la Junta no les había hecho efectivas subvenciones desde el
segundo cuatrimestre de 2011 y unas ampliaciones del 2010, esto les ocasionaba retrasos
en los pagos de las nóminas de
su personal pese a que intentaban que no fuera así. Las
subvenciones suponían aproximadamente el 30% del sueldo, por lo que si fuera por la Junta
debería –el citado centro- a su plantilla 5 ó 6 nóminas, lo que les ocasionaba cuantiosos
gastos bancarios adicionales.
Más recientemente, estamos tramitando otro nuevo expediente de
queja
12/6221
, en el que por el interesado como presidente y en representación de la Asociación
Granadina de Empresas de Formación (AGAP) se nos expone que se encuentran en una
situación dramática provocada por los impagos de la Junta de Andalucía de las
subvenciones para realización de cursos de formación destinados a personas
desempleadas, correspondientes a los ejercicios económicos 2010 y 2011, que no han sido
abonadas a la fecha de su queja.
Según nos comunica la deuda asciende a un total de 15 millones de euros,
comprendiendo las liquidaciones del 25% de la programación de cursos del ejercicio de
2010 y a los anticipos del 75% de la programación de cursos de 2011. Añaden que
contribuye a agravar la situación el hecho de que para el ejercicio de 2012, no se ha
efectuado la Convocatoria anual de estos cursos.
Concluyen indicando que necesitan urgentemente la orden de pago y liquidación
de las cantidades pendientes.
En otro orden de cosas, la incidencia en los expedientes de ayudas
sociolaborales derivados de la situación de quiebra de compañías aseguradoras de
empresas de sectores en crisis y la suspensión temporal de los pagos de las cuotas a tales
compañías aseguradoras se han revelado como un grave problema pese a que la situación
parece haber entrado en vías de solución tras la aprobación por el Gobierno Autonómico del
Decreto Ley 4/2012 ratificado y convalidado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 15
de Noviembre (
queja 12/2765
) y con la asunción de los compromisos incluidos en el mismo.
En algunos de los expedientes se evidencia a veces indicios de incumplimientos
e irregularidades en la aplicación y gestión presupuestaria y contable de los fondos, ayudas
y subvenciones que provenientes de la Unión Europea y para la cooperación en materia de
políticas de empleo del Estado, que deben aplicar y gestionar las distintas administraciones
territoriales del mismo; principalmente en la gestión y aplicación finalista por la
Administración Autonómica y sus entes y organismos autónomos e instrumentales y por las
Diputaciones y Ayuntamientos.