ENTREGA DEL INFORME ANUAL 2015 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado hoy al Presidente del Parlamento Andaluz el Informe Anual de su gestión realizada en 2015.
El titular de esta Institución Andaluza ha destacado que el mismo recoge la dación de cuentas de un nuevo año en defensa y protección de los derechos sociales donde un importante sector de la población andaluza sigue sufriendo las consecuencias de la crisis, a pesar de los indicadores de finales de 2014 que anunciaban una recuperación. También, un año más, son los colectivos más vulnerables los más afectados, en especial, los menores, los mayores y las mujeres.
En total, 28.777 personas han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz durante 2015 para la defensa de sus derechos sociales, además de 277 colectivos y entidades que han trabajado con la Institución en la denuncia y protección de los mismos.
Una demanda de atención que ha significado la tramitación de un total de 18.923 actuaciones para el reconocimiento de un derecho ante la administración mediante la gestión de 9.082 quejas; atendiendo las 9.343 consultas recibidas o mediante las 498 actuaciones de promoción de derechos sociales puestas en marcha a lo largo del año.
De las 9.082 quejas gestionadas en 2015, 2.912 corresponden a años anteriores y 6.170 quejas se presentaron en el año, de las que 5.941 han sido por parte de personas o colectivos y 229 han sido actuaciones de oficio iniciadas por el Defensor, además de las 458 mediaciones realizadas, sobre todo por cuestiones de justicia, prisiones, servicios de interés general y vivienda.
Sobre los resultados de gestión, de las más de 6.000 quejas admitidas a trámite en 2015, la Institución concluyó la tramitación de 3.676 expedientes, donde detectó irregularidad por parte de la Administración en 2.093 casos, emitiendo una resolución para subsanarla que ha sido aceptada o está en vías de solución en un 94 por ciento de las veces.
Estos datos estadísticos reflejan el agravamiento de las situaciones que afectan al Estado del Bienestar. En total, 11.300 expedientes de esta naturaleza, lo que supone un 60% de todas las reclamaciones ciudadanas. Le siguen las relacionadas con la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorio (14%); las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia, prisiones y asuntos de extranjería (12%); un 9% relativas con administraciones locales y tributarias y, finalmente, un 5% por asuntos de consumo y servicios de interés general.
Por materias, la actividad del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado marcada por la continuidad de las quejas y consultas por la demora en los pagos o reconocimiento de solicitud del salario social (1013). Las 441 reclamaciones por cuestiones de vivienda, ya sean por necesidad de vivienda, reclamando las ayudas o por los casos de desahucios y ocupaciones irregulares. Y la continuidad de los expedientes por las dilaciones en Dependencia (200).
Nuestra actuación ha estado muy centrada en visualizar la situación de pobreza infantil y las situaciones de violencia en todas sus variaciones que afectan a los niños y niñas, donde más de 230 casos han sido por conflictos familiares, menores en situación de riesgo, desamparo, o maltrato, entre otras.
Además, 565 quejas en materia educativa donde la denuncia por los procesos de escolarización, aunque sigue siendo el grueso, está siendo desplazada por otros temas como la demanda del comedor escolar o sobre la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales. Y significativo ha sido el montante de quejas del personal del sector público (1.270) sobre todo por bajas y reposición, precariedad y temporalidad del empleo público, etc, así como las más de 244 reclamaciones ante el colapso y funcionamiento de los juzgados.
También en defensa de los usuarios en salud (300 quejas) por asuntos que afectan a la salud mental, lista de espera, o derechos de los pacientes, entre otras y en especial, la atención sanitaria que recibe la población reclusa andaluza, objeto de un Informe Especial en este año sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria.
En materia medioambiental, del total de quejas (304) destaca el trabajo ante las situaciones por contaminación acústica, la demanda por cumplir con el “vertido 0” de nuestras aguas y la defensa de un diseño de ciudad más inclusiva e inteligente, y en materia urbanística (163) la Institucion ha llamado la atención sobre todo por los delitos contra la ordenación del territorio.
Finalmente, han sido significativas las más de 300 consultas por cuestiones sobre multas de tráfico, impuestos y tasas o por las prestaciones de los servicios financieros, entre otras.
Por ello, el Informe Anual 2015 concluye con una serie de propuestas urgentes para garantizar en la medida de lo posible un estado de bienestar y los derechos sociales inherentes al mismo, basado en un equilibrio entre el necesario progreso económico y un bienestar social sostenible.
Entre las medidas, esta Institución andaluza propone la modificación urgente de la normativa que regula el salario social en tanto no se apruebe una Ley Andaluz de Renta Básica, y que se acuerde la ampliación del crédito presupuestario necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes.
En materia de suministros mínimos vitales de luz y agua para las familias más vulnerables, el reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de la población a no verse privada del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, también tratado en un Informe Especial en 2015 “Servicio de Suministro de Agua. Garantía y Derechos”. Y para el suministro de luz, la Defensoría andaluza propone un protocolo de actuación entre las empresas suministradoras y los ayuntamientos que evite los cortes por situaciones económicas.
En materia de políticas activas de empleo, el paro estructural que registra Andalucía y el deber de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y eficiencia en la utilización de los recursos públicos hacen imprescindible el sometimiento de las políticas activas de empleo a un profundo proceso de evaluación que permita determinar su grado de efectividad y eficiencia, así como adoptar las medidas que sean necesarias para ello.
En vivienda que, de forma inmediata las viviendas que gozan de algún tipo de protección y que se encuentran vacías o desocupadas, se destinen al alquiler social, así como que se adopten medidas para superar las disfunciones detectadas en la gestión de las ayudas a la vivienda y que se agilicen los sistemas de adjudicación de viviendas donde consideramos más justo que se realice una baremación basada en criterios sociales y no por sorteo.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido su intervención con una reflexión sobre el retroceso que, a tenor de estos últimos años de crisis, están sufriendo algunos derechos sociales y ha mostrado el compromiso pleno por parte de la Defensoría andaluza para luchar contra esa tendencia.
