La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la comarca de la Janda, en Cádiz, los próximos días 6, 7 y 8 de junio para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, sunimistros de luz y agua, etc.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se instalará cada día en un municipio diferente para favorecer el desplazamiento al mayor número de vecinos y vecinas de las localidades próximas. Así, el miércoles 6 de junio atenderá las quejas y consultas ciudadanas en Medina Sidona, en la sede de la Mancomunidad de municipios de la comarca, en calle San Juan, nº 12. El jueves 7, estará en Barbate, en la Casa de la Juventud, sita en Avenida del Mar, 58. Y el viernes 8, en Conil, en Centro de Interpretación de La Chanca, en la Biblioteca municipal, en calle Almadraba, s/n.

El horario de atención al público será de de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, excepto el viernes 8 (de 9.00 a 14.00 Horas).

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También por twitter (@DefensorAndaluz) o por facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz).

El Defensor del Pueblo Andaluz también tiene previsto reunirse con los alcaldes de la zona, representantes de asociaciones, y entidades con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha invitado hoy a sus homólogos europeos e internacionales a visitar el parque nacional y natural de Doñana, una vez que una delegación de diputados del Parlamento Europeo ha confirmado que se desplazarán del 19 al 21 de septiembre para conocer los problemas de este espacio.

El Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado esta invitación al Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), en el taller que desde ayer esta organización celebra en la ciudad de Vitoria, de título 'La Buena Gobernanza Ambiental: el Papel de las Instituciones ombuds en la Defensa de los Derechos Constitucionales'. El Defensor del Pueblo andaluz ha explicado la intervención de la institución ante la ejecución del proyecto de gaseoducto de Doñana en una sesión de trabajo, junto a Ulle Madise, canciller de justicia de Estonia; y Rosemary Agnew, defensora del pueblo para los servicios públicos de Escocia.

Jesús Maeztu ha vuelto a preguntarse si "no hay otro sitio" para instalar este gaseoducto que en un espacio de alto valor ambiental como es Doñana. Por ello, como conclusión de la actuación, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha propuesto al Parlamento Europeo, en una reciente comparecencia en la Comisión de Peticiones, y al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales que, previos trámites legales oportunos, se proceda a la suspensión definitiva de la ejecución del proyecto de gaseoducto de Doñana que, en su opinión, "ha comenzado a ejecutarse sin las debidas garantías".

Sobre la sostenibilidad ambiental, el Defensor del Pueblo andaluz ha sostenido que ésta ha sido una de las referencias de su mandato, "con la tramitación de 90 quejas de oficio, la realización de un Informe Especial y la organización de diversas jornadas en torno a la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades".

El Defensor del Pueblo andaluz ha demandado medidas a las Administraciones Públicas para divulgar entre la ciudadanía el nuevo bono social eléctrico y ha mostrado su preocupación por el escaso número de solicitudes aceptadas, por el riesgo que supone de cortes de suministro por impago a familias en situación de pobreza.

Según datos publicados, hasta abril únicamente se habrían presentado 440.000 solicitudes para acogerse al nuevo bono social eléctrico, lo que representa apenas un 16% del total de hogares que estaba acogidos al anterior bono social -2,4 millones-. De estas solicitudes, además, sólo se habrían aprobado 170.000. Estas cifras suponen que muchos hogares que contaban con bono social pueden quedar sin ayuda alguna para el pago de las facturas eléctricas, incrementándose así el riesgo de impagados y la posibilidad de corte de suministro. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido prorrogar el plazo de presentación de solicitudes del nuevo bono social hasta el mes de octubre.

Esta Institución considera que esta prórroga no es garantía suficiente de que esta situación vaya a cambiar. Por ello, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de pedir a las Administraciones Públicas que pongan en marcha medidas de información y asesoramiento sobre el nuevo bono social eléctrico, dirigidas a la ciudadanía en general y en particular a las personas que se encuentran en situación de pobreza energética y aún no cuentan con bono ni han formulado solicitud al efecto. 

Estas solicitudes se han dirigido a la Junta de Andalucía -Dirección General de Consumo y Dirección General de Industria, Energía y Minas - a las Diputaciones Provinciales, a los Ayuntamientos andaluces de mas de 20.000 habitantes y a la FAMP. Asimismo, nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo del Estado solicitándole que traslade al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la necesidad de adoptar medidas de difusión del nuevo bono social eléctrico.

Por otra parte, esta Institución muestra su preocupación por el riesgo añadido de cortes de suministro a familias en exclusión al no estar implementadas adecuadamente las medidas previstas por ley para evitarlos. Por ello, hemos acometido de oficio la queja 18/0894 solicitando información a la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre los acuerdos de coordinación con Ayuntamientos y Empresas eléctricas que son necesarios para evitar que los suministros de los consumidores más vulnerables puedan ser cortados.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy en la sede de la institución a Helena Maleno, miembro de la organización de defensa de migrantes Caminando Fronteras que está siendo juzgada en Marruecos por ayudar a inmigrantes que tratan de alcanzar las costas andaluzas.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha interesado por la situación procesal de Maleno y se ha comprometido a intervenir ante los organismos competentes para agilizar una ayuda. Maleno está acusada de tráfico de inmigrantes por alertar de la situación de pateras en el Estrecho.

El Defensor del Pueblo andaluz coordinará una respuesta con el Ararteko, Manuel Lezertua, quien recientemente se puso en contacto con su homólogo marroquí Abdelaziz Benzakour, Mediateur du Royaume, para trasladar el interés y la admiración de los colectivos vascos hacia la labor que realiza Helena Maleno en la frontera sur.

Helena Maleno ha sido la persona de contacto a la cual recurren los inmigrantes cuando tienen cualquier problema en Marruecos, en la frontera o incluso a alta mar a bordo de las pateras. Investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos, ha trabajado también como consultora independiente para Women's Link Worldwide, Save the Children y CEAR. Destaca su trabajo como asesora en el informe 2012 La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles del Defensor del Pueblo.

El número total de actuaciones de la Defensoría en asuntos de menores y adolescentes realizadas a lo largo del año 2017 se ha elevado a 4.444, de las cuales 2.236 se refieren a quejas, y 2.208 a consultas. De las 2.236 quejas tramitadas, 1.467 fueron nuevas. De éstas, el número de quejas a instancia de parte fue de 1.412, mientras que las actuaciones iniciadas de oficio durante el pasado año fueron 55.

Las reclamaciones más numerosas presentadas en 2017 afectan a la educación con un total de 574 expedientes. Se ha continuado con la tendencia ascendente en las quejas sobre educación especial, de un 12% este año, debido a la escasez o ausencia de recursos para este tipo de alumnado. Le siguen otros temas relacionados con Menores (459), entre las que se encuentran asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, principalmente; intervenciones relativas al sistema de Protección, donde se engloban las situaciones de guarda, desamparo, tutela y medidas de protección; o posibles situaciones de riesgo de algún menor. A continuación, Vivienda (148) y Servicios Sociales (74) son las áreas temáticas con mayor número de quejas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que "corresponde poner término al retroceso e incrementar la financiación en las políticas de protección social, que tan negativamente han incidido en los indicadores de pobreza infantil. Es necesario incrementar el gasto social en la infancia, tanto en prestaciones como en servicios, con el objetivo de reducir las tasas de pobreza infantil e incrementar el bienestar de los menores y sus familias".

La reunión de trabajo, además de abordar diversos temas de interés común que se detallan en el orden del día que se adjunta, ha permitido que las instituciones presentes muestren su preocupación por el cuestionamiento generalizado que, a nivel social y mediático, se ha producido en relación al trabajo y la calidad de las Universidades españolas, y en particular de las Universidades Públicas, como consecuencia de los sucesos relacionados con la actividad de una Universidad pública.
Ante esta situación, las Defensorías Universitarias de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz consideran oportuno:
1.- Reivindicar el rigor, la profesionalidad y la calidad del sistema universitario español, poniendo en valor el importante papel que desempeñan las Universidades Públicas como garantes del derecho de acceso a los estudios superiores en condiciones de igualdad para las personas mas desfavorecidas económicamente.
2.- Reconocer que existen deficiencias y malas prácticas en el ámbito de gestión universitaria que cuestionan su calidad y rigor, reclamando la necesidad de aprovechar la actual coyuntura para adoptar iniciativas que permitan realizar las reformas que el sistema necesita para seguir siendo un referente.

Entre los temas objeto de debate de la reunión se incluyeron el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de PDI laboral y funcionario; los protocolos de acoso; las normas de permanencia; las medidas frente al plagio en el ámbito universitario o la conciliación de la vida laboral y los estudios universitarios, entre otros.

El Defensor del Pueblo Andaluz investiga la atención sanitaria en la provincia de Huelva a los pacientes con infarto agudo de miocardio y la necesidad de contar durante las 24 horas con un servicio de hemodinámica que resulte accesible para la práctica de la angioplastia primaria.

El próximo 25 de mayo comenzará a aplicarse en nuestro país el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE .