Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, ha intervenido esta noche en el programa El Mirador de Andalucía, espacio de Canal Sur Radio conducido por Francisco Ramón, en el que ha comentado la situación por la que están pasando las personas más vulnerables como consecuencia de la expansión del coranavirus. Entre otras cuestiones, Jesús Maeztu ha analizado la situación de las residencias de mayores, la atención sanitaria y los recursos de los profesionales; y las carencias en los asentamientos chabolistas de Almería y Huelva.

• Solicita que se facilite el acceso a suministros básicos para la supervivencia e higiene de la población que vive en condiciones de extrema precariedad

• Pide una intervención coordinada urgente entre las administraciones públicas, asi como la implicación del empresariado y entidades sociales de estas zonas, ante la situación de vulnerabilidad de este colectivo

• Considera fundamental que estos recursos básicos se articulen a través de las entidades sociales que trabajan en estos núcleos, con garantías de seguridad y salud

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pide una intervención coordinada urgente entre las administraciones públicas -local, autonómica y nacional- en los núcleos de asentamientos irregulares, dada la situación de vulnerabilidad de su población y ante las medidas de contención del virus que contempla el cierre de comercios y actividades no esenciales mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación por el COVD-19.

Para el Defensor andaluz dicha intervención, atendiendo a lo más urgente durante esta emergencia sanitaria, debe contemplar un paquete de medidas en relación al acceso a unos suministros básicos, la garantía de seguridad e higiene para los desplazamientos esenciales y un servicio de información permanente en su idioma, para las acciones que se van adoptando para la contención del virus y el cumplimiento de las normas.

Estas medidas de contención han acentuado las condiciones precarias en las que viven estas personas. El Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que resultan imposible de cumplir cuando no se tienen garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos en estos asentamientos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas pero sin disponer de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.

Es por ello que ha pedido la actuación urgente de todas las administraciones, cada una desde el ámbito de sus competencias, así como también del empresariado y de las entidades sociales que vienen trabajando en estos núcleos, para implementar estas medidas.

El titular de la Institución andaluza considera fundamental contar con el apoyo profesional de las entidades sociales que trabajan con estos núcleos de asentamientos para articular estas medidas, dada su cercanía y conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población y de las necesidades más urgentes que precisan para poder garantizar su salud e higiene durante el periodo de confinamiento del país. Ello, garantizando igualmente esta labor con las medidas adecuadas para su protección.

Singularmente, el defensor pide la implicación de los Ayuntamientos donde se ubican estos asentamientos para que estas medidas se adopten con las garantías suficientes. A tal efecto, hace un llamamiento también a la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) para que facilite esta coordinación con los municipios.

En la misma línea, pide al Gobierno de Andalucía su implicación en la coordinación de estos recursos y puesta en marcha de las medidas que sean necesarias.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha contado en todo momento con la colaboración de las Subdelegaciones del Gobierno en Almería y Huelva para conocer la situación concreta de estos asentamientos que concentran a un importante volumen de población en situaciones de riesgo. Y les ha manifestado la urgencia de poner en marcha estas medidas básicas, dada la precariedad de este colectivo y las dificultades con las que se encuentran para poder cumplir con las normas promulgadas. Ambas Subdelegaciones han transmitido al Defensor su voluntad de asumir este compromiso dentro de sus competencias con la mayor celeridad posible.

Finalmente, el Defensor andaluz también trasladará esta preocupación al Defensor del Pueblo de España, dentro del ámbito de sus competencias y de colaboración entre ambas instituciones, para que valore elevar al Ministerio competente la necesidad de intervenir con los recursos necesarios para implementar dichas medidas.

• Pedimos soluciones urgentes a los cortes de luz continuados que sufren algunos barrios andaluces
• Nos hemos dirigido a los Ayuntamientos de Granada y Almería, y a Endesa

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha tenido conocimiento de la difícil situación que se están viviendo en algunas barriadas andaluzas como consecuencia de los cortes de luz que periodicamente se producen. En concreto, a través de las quejas remitidas a esta Institución y por los medios de comunicación, hemos conocido que está sucediendo en los barrios de los Almendros, el Puche o la Fuentecica, en Almería, y La Paz y Cartuja, en Granada.

Ante esta situación, el defensor andaluz ha remitido sendos escritos a los Ayuntamientos de Almería y Granada y a la compañía Endesa para que se adopten medidas urgentes por parte de las compañías suministradoras, en colaboración con los Ayuntamientos, que garanticen el suministro continuado de luz en todos los hogares, al menos mientras duren las presentes circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19.

El Defensor del Pueblo Andaluz ya ha denunciado en anteriores ocasiones el perjuicio que ocasiona estos cortes de luz continuados en la vida diaria de la población que los padece, afectando a derechos tan esenciales como la salud, la vivienda, la calidad de vida, etc. "Ahora, en la actual situación en que las familias se ven obligadas a permanecer confinadas en sus hogares por el estado de alarma, resultan particularmente penosos, especialmente cuando afectan a menores o a personas con enfermedades crónicas o discapacidades", ha dicho.

El Defensor recuerda el compromiso de la Institución de atender todas las denuncias que se reciba de cualquier zona de Andalucía y trasladar las mismas a las Administraciones competentes y a la empresa suministradora pidiendo soluciones rápidas y eficaces.

Autor: Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa

Lugar de Edición: Sevilla

Editorial: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Observatorio de la Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública

Año de edición: 2020

La pobreza es un grave problema social con múltiples consecuencias para las personas afectadas, especialmente si son niñas o niños. El libro que aquí presento es fruto de una investigación realizada por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, que durante años ha profundizado en estas cuestiones. Más allá de las necesarias cifras para cuantificar el alcance y la gravedad de la pobreza infantil y de la revisión de la literatura científica sobre su impacto en el presente y en el futuro, el principal aporte de esta monografía es que visibiliza las percepciones, emociones y vivencias de niñas, niños y adolescentes con dificultades económicas en Andalucía. Personas de diversos orígenes y contextos que expresan en primera persona las consecuencias de la pobreza en sus vidas.

Con este libro tenemos la oportunidad de escuchar con atención lo que nos quieren decir estos niños, niñas y adolescentes. Contar con la infancia es fundamental para poder diseñar e implementar acciones sociales y políticas de lucha contra la pobreza en la infancia efectivas y respetuosas con las personas empobrecidas. Estas acciones son competencia de la Dirección General de Infancia, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, así como de otras instituciones, organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Es un eje central del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía la inclusión de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas, para garantizar los derechos de niños y niñas y evitar situaciones de exclusión social mediante políticas intersectoriales. Y es un firme objetivo de esta Consejería y de este Gobierno la lucha contra la pobreza infantil. 

Documento en pdf

Autor: Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa

Lugar de Edición: Sevilla

Editorial: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Observatorio de la Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública

Año de edición: 2020

La pobreza es un grave problema social con múltiples consecuencias para las personas afectadas, especialmente si son niñas o niños. El libro que aquí presento es fruto de una investigación realizada por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, que durante años ha profundizado en estas cuestiones. Más allá de las necesarias cifras para cuantificar el alcance y la gravedad de la pobreza infantil y de la revisión de la literatura científica sobre su impacto en el presente y en el futuro, el principal aporte de esta monografía es que visibiliza las percepciones, emociones y vivencias de niñas, niños y adolescentes con dificultades económicas en Andalucía. Personas de diversos orígenes y contextos que expresan en primera persona las consecuencias de la pobreza en sus vidas.

Con este libro tenemos la oportunidad de escuchar con atención lo que nos quieren decir estos niños, niñas y adolescentes. Contar con la infancia es fundamental para poder diseñar e implementar acciones sociales y políticas de lucha contra la pobreza en la infancia efectivas y respetuosas con las personas empobrecidas. Estas acciones son competencia de la Dirección General de Infancia, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, así como de otras instituciones, organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Es un eje central del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía la inclusión de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas, para garantizar los derechos de niños y niñas y evitar situaciones de exclusión social mediante políticas intersectoriales. Y es un firme objetivo de esta Consejería y de este Gobierno la lucha contra la pobreza infantil. 

Documento en pdf

• Se trata de una medida destinada a proteger a los niños y niñas más vulnerables y por motivos estrictamente terapéuticos

• Es una medida que cuenta con el respaldo legal correspondiente

• Demandamos respeto y comprensión para estos menores más vulnerables

La declaración del Estado de alarma impuesto por el Gobierno de la Nación, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ha supuesto una limitación al libre derecho de circulación de los ciudadanos. No obstante, desde el pasado 19 de marzo, los niños y niñas con alteraciones conductuales (autismo y conductas disruptivas, entre otras) cuyo confinamiento afecte negativamente a sus patologías, pueden desplazarse por espacios públicos siempre que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus.

El Defensor del Menor, también Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento del rechazo y reproche al que están siendo sometidas muchas familias cuando salen a espacios públicos para pasear con los menores afectados por conductas disruptivas. Debemos recordar que la libre circulación de estos menores es una medida destinada a proteger a los niños y niñas más vulnerables y por motivos estrictamente terapéuticos; cuenta con el respaldo legal correspondiente; y que el control sobre dichos movimientos corresponde, en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otro lado, y ante las iniciativas propuestas en los últimos días por algunos sectores, esta Defensoría desea expresar su rechazo a la utilización por estos niños y niñas de elementos identificativos o distintivos para poder circular por las vías públicas por el carácter estigmatizante que pueden llegar a tener tales prácticas.

En estos momentos tan singulares que todos y todas atravesamos, el Defensor del Menor de Andalucía, como garante y protector de los derechos y libertades de la infancia y adolescencia, quiere hacer un llamamiento de solidaridad a la sociedad andaluza hacia todos los niños y niñas que, por sus problemas conductuales, se ven en la necesidad de desplazarse junto con sus familias por nuestras calles; y demanda, respeto y comprensión para estas personas.

La Carta de Servicios y buena práctica administrativa del Defensor del Pueblo Andaluz establece los principios generales que rigen la actuación de la Institución, los derechos de las personas usuarias y los compromisos de calidad adquiridos por la Institución para procurar la mejora periódica de los servicios que tiene encomendados.

El compromiso del Defensor con los principios y objetivos que inspiran la Carta de Servicios y buena práctica administrativa se mantiene firme a pesar de la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional y se establecen medidas extraordinarias para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se mantienen también los compromisos de calidad en la tramitación de los expedientes de queja. Así se lo ha comunicado el Defensor al personal de la Institución, que sigue desempeñando sus funciones a pleno rendimiento mediante la fórmula del teletrabajo. De hecho entre el 16 y el 27 de marzo, es decir, las dos primeras semanas laborables del periodo de confinamiento, se han atendido 401 quejas nuevas,

Ello no obstante, debe tenerse en cuenta que las circunstancias excepcionales en que nos encontramos pueden dificultar la respuesta de las Administraciones Públicas a las que se dirige el Defensor del Pueblo Andaluz en el marco de la tramitación de un expediente de queja, por lo que se está priorizando el impulso de los expedientes de queja que por sus características requieran una solución urgente. Y es que una gran parte de los recursos humanos y materiales de las Administraciones Públicas están ahora mismo destinados a combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En cuanto a otros compromisos afectados por el estado de alarma cabe destacar la decisión de posponer, hasta que finalice este periodo extraordinario, la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía. Esta presentación, de acuerdo con lo previsto en la Carta de Servicios y buena práctica administrativa, debía llevarse a cabo en el primer trimestre del año.

Igualmente, durante el estado de alarma el Defensor del Pueblo Andaluz no puede ofrecer el servicio de atención presencial a la ciudadanía, dadas las restricciones de movilidad impuestas, aunque se mantiene en su totalidad el servicio de atención telefónica, así como la atención a las consultas a través de la sede electrónica y redes sociales. Cabe destacar en ese sentido la atención de 627 consultas entre el 16 y el 27 de marzo.