El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, asiste este sábado, 30 de mayo, al acto de homenaje a las personas fallecidas en la pandemia provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sevilla.

Como Defensor del Menor hemos abierto queja de oficio interesándonos por la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes en los centros de protección de menores financiados con subvenciones públicas, debiendo quedar garantizadas, además de sus necesidades básicas más perentorias, la continuidad de los programas educativos de los que se estuvieran beneficiando.

También hemos mostrado nuestra preocupación por aquellos internos, sobre los que existen dudas de su edad, o que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y que también venían siendo atendidos con cargo a estos programas públicos de subvenciones, cuya continuidad también se ve comprometida como consecuencia de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, y que quedarían en una situación de precariedad si no se les ofrecen otros recursos y ayudas alternativas, lo que conllevaría verse abocados a encontrarse en la calle precisamente en una situación de confinamiento.

Los Defensores europeos han debatido sobre la coordinación necesaria y los problemas comunes que está generando en la ciudadanía la epidemia de COVD19. En esta reunión on line, impulsada por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, participaron más de 35 defensores del pueblo nacionales y regionales de toda Europa, entre ellos, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, con el fin de compartir el trabajo que están realizando para defender los derechos de las personas en esta crisis.

Los temas de discusión han sido la protección de los grupos vulnerables, el impacto sobre los sistemas de salud, la toma de decisiones democráticas, las tecnologías de seguimiento de contacto entre personas y los derechos humanos, el Estado del Bienestar y los programas de ayuda a las personas que han perdido el empleo o han cesado la actividad, la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores y en las prisiones y la situación especial de los solicitantes de asilo.

Desde España participaron en la reunión los defensores del pueblo de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz ha atendido 1.827 consultas de la ciudadanía solo durante el mes de abril. Este registro supone un récord histórico de atención en cualquier mes de la Oficina de Información en los más de 35 años de existencia de esta Institución.

Este número de consultas de la ciudadanía, propiciado en gran parte por la preocupación ante los efectos de la epidemia del COVID-19, eleva a 5.629 el número de peticiones de información atendidas durante todo el año 2020. La mayoria de las consultas se atienden en el mismo día y las que nos llegan por redes o por correo electronico se resuelven en una media de 4 días, desde que se formulan hasta que se notifican.

Sobre el tipo de consultas que estamos recibiendo, destaca la situación de necesidad derivada de la perdida de empleo por laCOVID 19 y el agravamiento de la situación de muchas familias por la declaración del estado de alarma que hace que muchas personas no puedan estar recibiendo ingresos de la economía informal. En definitiva, las personas se quejan de la situación de vulnerabilidad causado por el retraso en la gestión de prestaciones como las ayudas al alquiler, la renta mínima de inserción social o las prestaciones no contributivas. Nos decía una ciudadana: No todos navegamos en el mismo barco. La mar si es igual para todos, pero depende del barco que tengas te ahogaras o podrás salir a flote.

Otra preocupación que se reitera es la falta de servicios de información ágiles para la ciudadanía en cuanto a las solicitudes de prestaciones sociales. Hay que tener en cuenta que una parte de estos solicitantes tiene dificultades en el manejo de internet o directamente no tienen acceso y resulta desesperante la falta de contestación a los teléfonos o la falta de una información particular a los interesados sobre la situación de sus expedientes. Supone una prioridad atender estas demandas y, sobre todo, garantizar el acceso a la manutención a las personas que lo están pasando peor, con mayor complejidad si la familia tiene hijos o hijas.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre los bulos intencionados que pretenden "estropear" la imagen de responsabilidad de la ciudadanía en las salidas a la calle. En una entrevista en Radio Granada, Jesús Maeztu se ha referido de esta manera a las informaciones "por parte de gente mal intencionada" que cuestionan la responsabilidad ayer de los padres y madre ante el primer día de salida de los niños a la calle y ha reclamado pedagogía para corregir cualquier anomalía porque, en general, "es positivo". "Ojo que haya gente malintencionada que tenga como objetivo estropear la salida de los niños", ha subrayado Jesús Maeztu.

Entrevista a Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, en la cadena Ser en a que valora las condiciones en que se está llevando a cabo el desconfinamiento parcial de los niños de 0 a 13 años y los retos que debe afrontar la comunidad para resolver las carencias de los menores.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación de oficio en la que demanda a las haciendas locales información sobre las distintas medidas emprendidas para flexibilizar las obligaciones fiscales tras la suspensión de actividades económicas a consecuencia de la alarma sanitaria producida por el Covid-19.

El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, fundamenta y motiva las medidas de flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias y subraya la necesidad de que los entes municipales apliquen también medidas ante las dificultades por la que ya se están viendo afectadas amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía. Estas medidas permitirían a los contribuyentes más afectados por esta crisis (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc...), afrontar de manera menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la contención de actividades económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos (comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y restauración, etc) aboca a trabajadores y a titulares de licencias de funcionamiento de actividades y establecimientos, al cese temporal de su trabajo, desempeño y ejercicio -mientras dure la alarma sanitaria- con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes personas y familias con pocos recursos en situación de necesidad, prácticamente.

Por estos motivos, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha trasladado a los municipios andaluces y, a las Agencias y Organismos autónomos provinciales que actúan por delegación de aquellos en el ámbito de gestión y recaudación tributaria, que le informe de la manera más detallada posible sobre el grado de implantación de estas medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria.

Los organismos requeridos en esta primera petición de informe son los ayuntamientos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, Servicio de Administración Tributaria de la Diputación Provincial de Almería, Agencia Provincial de Administración Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de Córdoba, Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada, Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Huelva, Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de Málaga y Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 'Opaef' de la Diputación Provincial de Sevilla.

EL DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA PONE EN MARCHA EL PROYECTO #HISTORIETADEMIENCIERRO PARA FOMENTAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES

El Defensor del Menor de Andalucía ha puesto en marcha la iniciativa “Historieta de mi Encierro” (#historietademiencierro) dirigida a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de favorecer su derecho a expresar su opinión y fomentar la participación, que constituye uno de los derechos más relevantes para asegurar el respeto de las opiniones, haciendo posible el ejercicio del derecho de los menores de edad a ocupar un papel activo dentro de la sociedad.

Nos encontramos ante una crisis sanitaria de enorme magnitud, motivada por el coronavirus, que está afectando a personas de todo el mundo. La rápida propagación de este virus ha obligado a los responsables de los distintos países a adoptar medidas para controlar su propagación.

En España, ha supuesto la aplicación de medidas muy severas de restricción de la libertad de movimiento y del desarrollo de las actividades cotidianas de toda la población, siendo los menores uno de los colectivos más afectados.

En este contexto, el Defensor del Menor de Andalucía continúa trabajando con mayor ahínco para proteger a todos los niños y niñas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y, de forma general, garantizar los derechos de las personas menores de edad.

Uno de esos derechos, reconocido a nivel internacional, es la participación. Por ello, el Defensor ha creado este proyecto para que puedan participar y expresar sus experiencias e inquietudes vividas en estos días de confinamiento. Con este propósito, ha habilitado un espacio en la web de defensor donde los menores puedan publicar su dibujo o microrrelato.

El Defensor del Menor ha querido también agradecer el enorme sacrificio que están realizando y el ejercicio de responsabilidad y solidaridad que han mostrado estos niños y niñas desde sus casas.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha puesto su atención en un servicio muy singular, como son los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), y las consecuencias que está teniendo para los niños y niñas y sus familias el cierre de los mismos con motivo de las medidas derivadas para hacer frente a la expansión del coronavirus.

Han sido ya varias las quejas y opiniones que expresan los graves problemas que acarrea el cierre de estos servicios, que se convierten en el espacio de referencia para la comunicación de los progenitores, y sus familias, con los hijos e hijas sometidos a sistemas de custodia compartida y donde, por decisión judicial, se debe producir la puesta a disposición de los menores de un progenitor a otro, que asume su plazo o tiempo de custodia. Incluso son los servicios que hacen posible el encuentro de progenitor no custodio para poder ver y relacionarse con los hijos cuando no está autorizado al ejercicio de esa custodia domiciliaria, así como desplegar una serie de medidas e intervenciones con progenitores y menores en el escenario de conflicto intra-familiar producido.

Hay que reseñar el factor del repentino cierre de los mismos, que ha implicado la permanencia de la custodia en el progenitor que asumía en este momento crítico la tenencia de los menores y que se encuentra, de manera insospechada, con la desaparición del servicio que garantiza la suplencia en estas funciones de custodia. Recíprocamente, encontramos al progenitor que aguarda acudir al Punto de Encuentro Familiar para ejercer su periodo de custodia y dicho servicio ha sido interrumpido de manera sobrevenida. Tampoco se debe olvidar el significativo papel que este servicio desempeña en los casos de violencia de género, donde el contacto entre los progenitores resulta de imposible cumplimento por la existencia de órdenes de alejamiento. Sobre este particular asunto, han sido varios los colectivos que se han dirigido a esta Institución para hacernos partícipes de su malestar por la posible situación de indefensión en la que podrían encontrarse algunos menores que permanecen con el progenitor maltratador tras la declaración del estado de alarma.

Nos situamos, por tanto, ante un delicado escenario en el que se producen los servicios del PEF, cuyos protagonistas principales, en cuanto menores de edad, aspiran a ver garantizadas las condiciones de relación que han sido previamente definidas por la autoridad judicial competente. Por estas razones, hemos considerado oportuno iniciar esta actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, ante la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, solicitando el preceptivo informe.

En concordancia con dicha decisión, estamos interesados en conocer los criterios tomados en consideración para acordar la suspensión de los servicios de los Puntos de Encuentro Familiar, así como las medidas a adoptar en el supuesto de que se acuerden por el Gobierno de la Nación nuevas prórrogas del Estado de alarma. Por otro lado, solicitamos información sobre las medidas, disposiciones o acuerdos que se establezcan para la prestación de los mencionados servicios en los supuestos de existencia de violencia de género, en orden a dar cumplimiento a las medidas fijadas por la autoridad judicial.

Jesús Maeztu insta a estar atentos y vigilantes ante las nuevas necesidades y exigencias que se avecinan respecto a la solidaridad, la equidad y las brechas de la desigualdad

La Institución del Defensor del Pueblo andaluz tiene como encargo la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. Desde hace un mes, mantenemos esa atribución adaptada a la nueva situación generada por la expansión del coronavirus, siempre con el objetivo de seguir prestando el servicio a la ciudadanía que tenemos encomendado. Las quejas y consultas no solo no han disminuido durante este periodo, sino que han aumentado, y el ritmo de atención a dichas quejas y consultas también se ha incrementado.

¿Qué hemos hecho?

En este mes hemos prestado especial atención a muchos colectivos que habitualmente solicitan la ayuda del Defensor del Pueblo Andaluz y que, con el confinamiento y la pandemia, se han visto especialmente necesitados de nuestro amparo. Son las personas solicitantes de la renta mínima de inserción por falta de ingresos, aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua, las personas mayores, dependientes, las solicitantes de ayudas para alquiler de vivienda, los trabajadores migrantes establecidos en los asentamientos de Huelva y Almería, los niños y niñas beneficiarios de programas de garantía alimentaria y los menores con alteraciones conductuales, el personal sanitario y la necesidad de que cuenten con los equipos y garantías de protección y nuestra constante preocupación por la situación especial por los cortes de luz de la zona norte de Granada, entre otros.

Hemos abierto quejas de oficio, hemos informado a los medios de comunicación, hemos elaborado guías de derechos explicando dudas y hemos ampliado nuestra atención telefónica a las consultas respondiendo a la ciudadanía, sin menoscabo de que fuese Jueves o Viernes Santo. En definitiva, hemos estado en primera línea, dando soporte y ayuda a aquellos más necesitados en estos momentos, sin olvidar a todas aquellas otras personas que se han dirigido a la Defensoría por cualquier otra razón no directamente relacionada con el COVID-19.

¿Qué debemos seguir haciendo?

El sentido del trabajo que esta Institución está desempeñando durante la emergencia sanitaria no es otro que continuar poniendo lo mejor de nuestras capacidades acompañando a los grupos más vulnerables y paliando en lo que de nosotros dependa las consecuencias sociales y económicas de la crisis que atravesamos. Debemos seguir siendo una referencia para todas aquellas personas y colectivos que confían en nosotros, con la esperanza de lograr la respuesta que hasta ahora no han conseguido. Pero no solo tenemos que reafirmarnos en lo que se espera de nosotros y cuál debe ser nuestro papel en esta crisis como Defensor del Pueblo. Esta pandemia está siendo dura, cruel, universal y va a modificar nuestra visión de la vida, nuestra manera de relacionarnos y nuestras prioridades. Todos estamos bajo la misma lluvia pero no todos tienen el mismo paraguas protector.

Por todo ello, debemos estar atentos y vigilantes ante las nuevas necesidades y exigencias que se avecinan respecto a la solidaridad, la equidad y las brechas de la desigualdad. Así tendremos más claro cuáles son las nuevas prioridades y por dónde tiene que caminar una salud de calidad para toda la ciudadanía; qué significa una educación inclusiva que trabaja por y para la equidad; una vivienda digna; unas prestaciones sociales adecuadas y la exigencia de nuevas personas cuidadoras para erradicar la pobreza infantil y el logro de un verdadero envejecimiento activo de nuestros mayores.

¿Podemos hacer algo más?

El Defensor del Pueblo es una voz cualificada que debe arrojar luz en los derechos y necesidades de los que no tienen voz. Estamos compelidos a denunciar y exigir de los poderes públicos que remuevan los obstáculos que impiden a la ciudadanía vivir en paz y en igualdad. Es, también papel del Defensor acoger, impulsar y acompañar a los más débiles en su camino de transformación de su condición de “necesitado”. Y, desde luego, el Defensor debe impulsar cambios normativos que aboguen por la justicia y la igualdad de toda la ciudadanía. Para ello, potenciamos la mediación como pilar fundamental en nuestras intervenciones. Precisamente, esta situación de confinamiento, se está evidenciando la necesidad de contar con una comunicación adecuada y la importancia de gestionar emociones en situaciones críticas.

Por tanto lo que más se exige por parte de la ciudadanía es que le pongamos voz, que instemos a los poderes públicos a que cumplan las leyes, remedien las injusticias y den satisfacción a las exigencias dimanantes de sus derechos. Es un limitado pero sin duda importante y básico grano de arena. Junto a los colectivos sociales y las ONG, convencidos de que nos complementamos con muchos colectivos e instituciones, todos somos “granos de arena” que, desde ángulos y objetivos diversos, aspiramos a conseguir este cambio de sociedad en paz, equidad y libertad.