14/10/2014

Esta Defensoría tuvo conocimiento, por publicación en la prensa escrita, de que la falta de presupuesto había obligado a dejar en suspenso el programa de alojamiento de universitarios con personas mayores, promovido en Córdoba por la iniciativa conjunta de la Universidad de dicha capital y de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Córdoba, que desde el año 2001 se desarrollaba ininterrumpidamente.

Explicaba la información difundida que el coste del referido programa era sufragado por dicha Delegación en un 90%, aportando la Universidad el 10% restante, así como detallaba que, a través del mismo, se posibilitaba que los jóvenes universitarios compartieran la vivienda de una persona mayor, disponiendo de alojamiento gratuito en habitación independiente, con derecho de uso de los elementos domésticos y percibo de una ayuda económica para su contribución a los gastos comunes de la convivencia; y, en contrapartida, exigiendo del universitario la colaboración en las tareas del hogar y la asunción del coste de su manutención y de las prorratas de gastos por suministros (electricidad, gas, etc.). Mientras que, por su parte, la persona mayor que acogía al estudiante, percibía una compensación económica variable.

También se destacaba el hecho de que la inversión administrativa en el programa, no sobrepasó el importe de doce mil euros el año 2011.

Sobre la base de la información antedicha, esta Defensoría acordó iniciar la tramitación de queja de oficio, a cuyo fin, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se solicitó del mencionado organismo la emisión del preceptivo informe, con indicación del número de afectados y las previsiones de reposición o reestablecimiento del programa.

De la información recibida, interesa destacar lo siguiente:

“Este último programa relativo al "Alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores” tuvo que ser suspendido el pasado año ante el empeoramiento de la situación económica, en particular, a raíz de la publicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exigía a las Comunidades Autónomas cumplir con unos objetivos de consolidación fiscal. Para tal finalidad, la Junta de Andalucía aprobó, mediante la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, la adopción de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero.

Ante esta coyuntura económica, de reducción de ingresos por parte del Estado y de reducción del déficit público al objeto de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, la Consejería de Salud y Bienestar Social, tuvo que reorganizar los programas sociales que se venían financiando año tras año, dando prioridad a los más esenciales y a los que tenían un mayor número de personas beneficiarias, valorándose asimismo que las medidas que se adoptasen afectasen negativamente al menor número de personas.

Sin perjuicio de valorar la importancia de este programa en la medida en la que facilitaba por una parte a los estudiantes contar con un alojamiento gratuito y, por otra, a las personas mayores incrementar sus relaciones intergeneracionales, se optó en consideración al principio de eficiencia, por suspender provisionalmente el Programa en base a las siguientes consideraciones:

1.- Tras el análisis detallado de todos los programas incluidos en las cuatro áreas del Libro Blanco del Envejecimiento Activo, se dedujo que el relativo al alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores era el que menos perjudicaba a las personas mayores por no afectar directamente a ninguna de estas cuatro áreas y, en la medida en que se garantizaban las relaciones intergeneracionales, continuarían desarrollándose a través del Programa universitario para personas mayores en el que ambas partes, personas mayores y estudiantes, compartían un mismo espacio físico a través de las aulas universitarias.

2.- Por otra parte, se concluyó que este Programa era el que contaba con un menor número de participantes entre las personas mayores y, por tanto, de un menor número de personas afectadas.

En base a los antecedentes expuestos, cabe concluir que, como se deduce de la trayectoria seguida por la Consejería de Salud y Bienestar Social y, en concreto, por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, como órgano competente en materia de promoción de políticas de envejecimiento activo, el objetivo previsto por esta Dirección General no sólo es el de mantener los programas existentes en esta materia, sino poder incrementarlos, incluyendo el proyecto que tuvo que ser suspendido el pasado año, así como otros posibles que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus relaciones intergeneracionales, si bien tales actuaciones han de quedar condicionadas a la posibilidad de disponer de los correspondientes recursos económicos.”.

Analizado el informe emitido por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, entendimos que, si bien, en la actualidad, el programa ha quedado suspendido por razones de índole presupuestaria, siendo además un programa de escaso calado económico, pero que no obstante se tiene intención de mantenerlo e incluso, incrementarlo, si bien ello ha de quedar condicionado a la posibilidad de disponer de los correspondientes recursos económicos, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

04/03/2013

Se solventa la insuficiente disponibilidad de vacunas antigripales en la provincia de Sevilla, consecuencia de la inmovilización por la Agencia Española del Medicamento de una partida por problemas de calidad.

Tenemos constancia por prensa escrita y otros medios de difusión igualmente notorios, de que la mayoría de los centros de salud de la provincia de Sevilla se han quedado sin vacunas contra la gripe, a pesar de que la campaña de vacunación aún no ha terminado, según el sindicato de enfermería Satse

La falta de vacunas viene determinada por la retirada de una partida de medicamentos por parte de la Administración, y la especulación de los laboratorios, que, según indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos, «produce en función de la demanda y siempre bajo mínimos», ya que la vacuna que no se vende es un producto que no se puede rentabilizar. La ausencia de dosis en algunos centros de salud –ha habido escasez en el Esperanza Macarena, El Porvenir , Marqués de Paradas, el Cerro del Águila y, aún, en Las Letanías– ha disparado la demanda en las farmacias, que se encuentran, literalmente, desabastecidas.

Sólo el 10% de las 1,5 millones de dosis adquiridas proceden del laboratorio Novartis, del que se han retirado las dosis por la presencia de sustancias atípicas encontradas en una partida de vacunas en Suiza, lo que provocó que la Agencia Española del Medicamento decidiese inmovilizarlas. El 90% de las vacunas adquiridas por la Junta proceden de los laboratorios Sanofi y Abbot. El principio de solidaridad entre regiones motivó el envío de 90.000 dosis a Canarias o Murcia.

Ello ha supuesto que los puntos de vacunación se hayan visto desabastecidos, quedando a la espera de que se les suministren otras partidas en sustitución de las retiradas.

El análisis del medicamento arroja una contaminación del producto derivada de proteínas que componen la propia vacuna, señalando la Consejera de Salud en Andalucía que el problema es de calidad y no de seguridad, por lo que no estima que exista riesgo para la salud ni necesidad de atención de aquellos a quienes se les haya administrado.

En nuestra CA se inmovilizaron 20.000 unidades, además de otras 40.000 ya recibidas pero no distribuidas, lo que ha desabastecido a centros de la provincia de Sevilla.

La campaña de vacunación debería finalizar el 30 de noviembre, si bien, es previsible que deba prolongarse. Al parecer la situación afecta a todos los países de Europa que han adquirido la vacuna del citado laboratorio.

Desde la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla se traslada informe elaborado por la Dirección-Gerencia del Distrito de Atención Primaria Sevilla (Servicio Andaluz de Salud) en el que se recoge que la previsión de vacunas para la campaña 2012, tras la orden del Ministerio, de 25 de Octubre de 2012, de inmovilización de un producto, se vio mermada en un 22%; que desde esa fecha se realizaron gestiones de abastecimiento de Hospitales, otros Distritos y a través de los SSAA del SAS, de otros fabricantes; que conforme les iban llegando en pequeño número, las vacunas iban siendo distribuidas o prorrateadas a los Centros de Salud de Sevilla (capital); que aunque la previsión original de abastecimiento no llegara a completarse, sí se consiguió normalizar poco a poco, habiendo, desde el 7 de Diciembre de 2012, existencias suficientes, y contando todos los CCSS con disponibilidad de ellas.

Una operación policial ha destapado las actuaciones fraudulentas cometidas por el personal de diversas residencias de mayores de la provincia de Cádiz, sin que existiera conexión ni relación alguna entre las mismas, lo que supone que cada una de ellas actuaba por iniciativa propia.

El fraude, contra la Junta de Andalucía y contra el Banco de Alimentos, consistía en dos tipos de irregularidades, a saber:

Una, la derivada de la utilización de la tarjeta sanitaria de residentes ya fallecidos, con la finalidad de obtener gratuitamente (se entiende que antes del copago introducido por la reforma sanitaria) fármacos y otros productos o prestaciones sanitarias.

La otra, se valía de beneficiarse gratuitamente de los alimentos distribuidos por el Banco de Alimentos, destinados a las personas más necesitadas, empleándolos en el centro para el consumo de los residentes, de pago o concertados. De tal modo que se se ahorraban el coste de la comida de los residentes, lucrándose con sus pensiones y con el pago por la Junta de Andalucía del coste de las plazas concertadas, o bien lucrándose con el pago del precio de la plaza privada.

En realidad, el asunto se encuentra en fase de instrucción judicial, una vez hecha la investigación policial, debiendo destacarse que fue inicialmente detectado por la inspección de salud

CONCLUSIÓN

04/03/2013

Tras iniciar la queja de oficio se pidió informe a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz con la finalidad de conocer las más recientes actuaciones inspectoras que por esa Administración se hubieran realizado en las Residencias de Mayores implicadas en los hechos descritos y su resultado.

La Delegación Territorial informa que, además de las medidas de inspección ordinarias, ha arbitrado las extraordinarias oportunas para el necesario control y supervisión administrativa, así como procederá a incoar procedimiento administrativo sancionador, según lo que resulte del pronunciamiento judicial previo. Lo que nos lleva a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja, al haberse desplegado por la Administración las actuaciones correspondientes.

En reunión mantenida por el Colectivo de Asesores de Empleo de Andalucía con el Defensor del Pueblo Andaluz -con fecha 10 del actual- , se ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar prestando un servicio de calidad desde la Administración a los demandantes de empleo andaluces, en un escenario laboral como el que nos encontramos actualmente.

Dicho colectivo -413 personas técnicas cualificadas- viene prestando sus servicios como reforzamiento de la red de oficinas de empleo en la Comunidad Autónoma, contratados a través del Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, regulado por el Real  Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril.

Tras la publicación de la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ESS/1919/2012, de 10 de septiembre (BOE núm. 220, de 12/09/2012),  dicho colectivo finalizará sus servicios con fecha 31 de diciembre de 2012,  como así ya han sido preavisados.

El actual escenario laboral de nuestra Comunidad es significativamente más desfavorable a día de hoy que en la fecha de publicación del citado Real Decreto Ley. El incremento en progresión geométrica de los demandantes de empleo y el paro, no procede el  desmantelamiento de las Oficias del SAE -como señala dicho colectivo que se producirá a partir de enero de 2013-, dejándolas desprovistas de personal  técnico cualificado para continuar desempeñando una atención personalizada e integral, estableciendo una relación cercana de apoyo, para conocer la situación de las personas que pierden su empleo o que llevan tiempo tratando de acceder a un mercado que ofrece pocas oportunidades y con limitados recursos.

En dicho sentido, la pretensión del colectivo afectado de continuar prestando sus servicios, viene respaldada por un total de 14.139 firmas de ciudadanos andaluces que han sido registradas en esta Institución