· Jesús Maeztu ofrece un Decálogo para afrontar la crisis habitacional y medidas para que las ayudas y la atención pública lleguen a tiempo

· Llamamiento a reforzar la buena administración y la cultura democrática: planificar, simplificar y cumplir para que los derechos sean efectivo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado el Informe Anual correspondiente a 2025 poniendo el foco en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en su relación cotidiana con las administraciones públicas: el acceso a una vivienda digna; las demoras en sanidad o dependencia; las dificultades para obtener información clara y una respuesta en plazo, y la sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder.

El informe presentado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático.

Jesús Maeztu ha puesto en valor las más de 37.000 personas que han confiado en la Institución para defender sus derechos en su relación con las administraciones públicas y que ha supuesto un incremento inédito de un 30% en la presentación de quejas nuevas, con un total de más de 13.000 iniciadas. Las materias con mayor incidencia fueron Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.

La vivienda se consolida como el principal termómetro social. El Defensor ha advertido de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para miles de familias. Para revertir esta situación, el Informe incorpora un Decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables y cooperación con el Tercer Sector.

Junto a la vivienda, el Informe subraya la persistencia de las demoras en servicios esenciales, especialmente en sanidad y dependencia, y ha enfatizado que los retrasos no son solo burocracia, “son desprotección”. La ciudadanía traslada dificultades de acceso, esperas prolongadas, discontinuidad y falta de orientación, con un impacto especialmente duro en personas mayores, familias cuidadoras y quienes tienen menos recursos por su vulnerabilidad o sufren brecha digital. Estas situaciones se trasladan además a otros recursos públicos como rentas de subsistencia, valoración de la discapacidad, ayuda al alquiler, alumnado con necesidades especiales, y otro tipo de subvenciones. El Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en que la modernización de la Administración debe medirse por su eficacia real: atención accesible, información comprensible, coordinación entre niveles y respuestas motivadas.

El Informe incorpora además un mensaje de fondo sobre valores democráticos y garantías institucionales: frente al avance de discursos de odio y la polarización, es imprescindible sostener la igualdad y la no discriminación; reforzar los derechos sociales y laborales; garantizar la convivencia democrática y la sostenibilidad ambiental como condición de seguridad; y proteger instituciones de garantías como el Defensor del Pueblo Andaluz.

La conclusión se resume en una llamada a la acción: planificar con recursos y objetivos verificables, simplificar trámites y canales para que nadie quede fuera, y cumplir plazos y compromisos, “porque los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”, ha señalado Jesús Maeztu.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha entregado en Ubrique (Cádiz) uno de los reconocimientos correspondientes a la XVIII edición del Premio “Así veo mis derechos”, un certamen con el que la institución promueve entre niños, niñas y adolescentes el conocimiento, la reflexión y la defensa activa de sus derechos.

El acto de entrega ha contado con la participación de la adjunta primera al Defensor del Pueblo Andaluz, Juana María Pérez Oller, y de la asesora de Infancia y Adolescencia, María Teresa Salces, quienes han hecho entrega del premio a una alumna del CDP Sagrado Corazón de Jesús de Ubrique, distinguida en la modalidad de dibujo por un trabajo centrado en el derecho a la libertad de expresión.

Este reconocimiento forma parte del fallo del jurado de la XVIII edición, en la que también han sido premiados otro dibujo, sobre el derecho a la integración, realizado por un alumno del International School Estepona (Málaga), y un vídeo del IES Aurantia de Benahadux (Almería) sobre el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

La Defensoría ha destacado que este premio persigue un doble objetivo: dar a conocer los derechos de la infancia y la adolescencia y escuchar la mirada de los propios menores sobre aquellos asuntos que les afectan, fomentando además su participación, la colaboración entre iguales y el compromiso de la comunidad educativa en su defensa y protección. La convocatoria, que se celebra anualmente con motivo del Día Universal del Niño, contempla las modalidades de dibujo y vídeo, y cuenta con la colaboración del profesorado, de los centros educativos y de entidades como Save the Children, Unicef y el Consejo de Menores de la propia Defensoría.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Defensor del Pueblo Andaluz se suma al llamamiento internacional de ONU Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y las niñas”. Es un mensaje esencial porque recuerda que la igualdad no se mide solo por principios proclamados, sino por los derechos que se ejercen y por las vidas que mejoran. Y porque nos obliga a mirar, con rigor, las brechas que persisten: en el acceso a oportunidades, en la corresponsabilidad de los cuidados, en la autonomía económica, en la vivienda y en la participación plena en la vida social, cultural y política.

Hablar de derechos y justicia es hablar de garantías: de leyes que protegen, de instituciones que responden y de administraciones que facilitan, no que complican. La experiencia de esta Defensoría confirma que la desigualdad se agrava cuando la ciudadanía tropieza con barreras administrativas, como plazos que se incumplen, requisitos desproporcionados, atención inaccesible o excesivamente automatizada. Por eso, el enfoque “Derechos. Justicia. Acción” es también una exigencia de buena administración: una igualdad real necesita procedimientos comprensibles, atención humana y resoluciones en plazo, especialmente cuando hay menores, pobreza o situaciones de especial vulnerabilidad.

Esta desigualdad estructural nos obliga a reforzar políticas que pongan en el centro la vida cotidiana: el tiempo de cuidados, el empleo digno, la formación, la vivienda asequible y la protección social efectiva. En este marco, la violencia contra las mujeres no puede ocupar un lugar secundario en la acción pública. Porque la violencia machista es, ante todo, una negación radical de derechos y una quiebra de la justicia. En 2025, 14 mujeres fallecieron por violencia de género en Andalucía, y este 2026 ya han sido asesinadas tres a manos de sus parejas o ex parejas, unas cifras intolerables que exigen perseverancia en prevención, protección y reparación, garantizando atención integral y evitando la revictimización.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz reafirma su compromiso con una agenda concreta, orientada a resultados:

• Derechos: remover obstáculos que limitan la igualdad en el empleo, en la vivienda, en los cuidados y en el acceso a prestaciones, con especial atención a niñas y adolescentes y a mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Justicia: reforzar servicios públicos accesibles y coordinados, con procedimientos claros y plazos razonables, para que la igualdad no dependa de la capacidad de “navegar” por la administración.

• Acción: impulsar medidas efectivas y evaluables —también en prevención de violencias— y asegurar que lleguen a tiempo, donde más se necesitan, con cooperación entre administraciones y con el tejido social.

Este 8 de marzo de 2026 es, por tanto, una llamada a sostener los avances y a acelerar los cambios pendientes: una Andalucía con derechos efectivos, justicia igualitaria y acción pública constante para todas las mujeres y niñas, sin excepciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha reivindicado hoy los cuidados en el centro de las políticas públicas y ha subrayado que cuidar —en salud, dependencia, discapacidad, personas mayores y vulnerabilidad— “no es un añadido”, sino una condición básica para que la dignidad y los derechos sean reales y efectivos.

Maeztu ha realizado estas declaraciones durante su Conferencia Magistral en el Acto Académico Solemne con motivo de la festividad de San Juan de Dios, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada y presidido por el rector Pedro Mercado.

En su intervención, titulada La salvaguarda de los valores éticos y sociales por el Defensor del Pueblo Andaluz, Maeztu ha recordado que la defensa de los derechos sociales exige una Administración que actúe con diligencia, honestidad y respeto, evitando que los procedimientos se conviertan en barreras que expulsan a las personas del sistema de protección. En este sentido, ha reclamado una “escucha comprensiva” y una “respuesta empática” como rasgos irrenunciables de la buena administración, especialmente cuando está en juego el acceso a recursos de cuidados.

El Defensor ha vinculado el legado de San Juan de Dios con una idea esencial: el cuidado como trato digno, cercano y humano. Maeztu se ha dirigido a estudiantes y profesionales de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, para destacar que en los cuidados “importa tanto el qué como el cómo”, y ha apuntado que la excelencia técnica debe ir acompañada de un compromiso ético que ponga a la persona en el centro.

Maeztu ha advertido de que muchas de las quejas que recibe la Institución reflejan un mismo telón de fondo: la falta de recursos humanos y la saturación de los sistemas de atención, con consecuencias directas en el derecho a la salud, la atención a la dependencia y la protección de las personas mayores.

El Defensor andaluz ha señalado que el coste de la inacción o la demora no se mide en trámites, sino en deterioro, sufrimiento e incertidumbre para quienes esperan una valoración, una prestación o una atención que llega tarde. Para “poner rostro” a esa realidad, el Defensor ha compartido testimonios y casos representativos atendidos por la Defensoría, con especial énfasis en la necesidad de reforzar la coordinación sociosanitaria y de sostener políticas públicas que eviten que la fragilidad se convierta en exclusión.

La celebración de San Juan de Dios en la Facultad de Ciencias de la Salud se enmarca en un programa de actividades desarrollado del 2 al 5 de marzo, culminado hoy con el acto institucional.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Campiña de Carmona el próximo martes 3 de marzo para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

En este desplazamiento a la comarca sevillana, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de El Viso del Alcor, La Campana, Carmona y Mairena del Alcor para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones. Asimismo, la Oficina mantendrá una reunión con las asociaciones de la zona.

La atención presencial se ofrece el martes 3 de marzo en Carmona en el Centro de Centro de Servicios Sociales, ubicado en la calle Anfiteatro, número 4. El horario será de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o X.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha defendido hoy en Chiclana que las administraciones “deben insistir en los cuidados” y ha subrayado que la sanidad pública constituye “la joya de la corona” del Estado social.

Maeztu ha realizado estas declaraciones durante una visita institucional en la que ha sido recibido por el alcalde, José María Román, y en la que ha señalado la importancia de reivindicar el servicio público de la política y de reforzar una relación más humana y cercana entre la ciudadanía y la Administración.

En el transcurso de su intervención en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha mantenido un encuentro con miembros de la Corporación Municipal y del tejido social de la ciudad, Maeztu ha mostrado su cariño a Chiclana y ha expresado su deseo de que esta ciudad sea su última visita institucional, al tiempo que ha pedido a las autoridades que “busquen una renovación” al frente del cargo.

En el marco de esta visita, Maeztu ha informado de que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz presta asesoramiento presencial a los vecinos y vecinas de Chiclana durante toda la jornada en el Centro de Servicios Sociales, con el objetivo de facilitar el acceso a la institución y canalizar consultas y quejas. Esta tarde, Maeztu se reunirá con una treintena de asociaciones de esta localidad y de San Fernando.

El Defensor en funciones ha saludado a la Corporación municipal y a representantes del movimiento asociativo, destacando el valor de la colaboración con el tejido social para identificar necesidades reales y orientar soluciones. En este sentido, ha enfatizado que “hay que sentarse” y trabajar desde el diálogo para fortalecer los servicios públicos y sostener las políticas que garantizan derechos.

Maeztu ha defendido una manera de supervisar la Administración basada en la empatía y en el trato humano, especialmente con quienes esperan “en la cola”, como imagen de las dificultades cotidianas para acceder a prestaciones y servicios. En una síntesis de su papel institucional, ha señalado que el Defensor “tiene que estar delante para defender, en medio para mediar y al final de la cola para ver quién se está quedando atrás”.

En esa línea, ha puesto el acento en la brecha digital como uno de los factores que más condiciona hoy el ejercicio efectivo de derechos, particularmente entre personas mayores y colectivos vulnerables. Asimismo, ha resaltado la necesidad de mejorar la sanidad pública en el municipio, tras conocer la falta de infraestructuras sanitarias en comparación con otras ciudades de similar población.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha advertido sobre el riesgo de desmantelamiento del Estado del Bienestar y ha subrayado la relevancia de los programas municipales en materia de vivienda y servicios sociales. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz como garantía para que la ciudadanía pueda encauzar sus demandas “en el marco de la dignidad humana”, especialmente cuando se enfrenta a barreras o demoras en su relación con las administraciones.

“Agradecer a D. Jesús Maetzu la visita institucional que nos ha regalado hoy, que es muy importante para nuestra ciudad, ya que ha podido conocer cómo está la ciudad y la evolución de la misma”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “es fundamental seguir trabajando en materia de Dependencia, Vivienda, Sanidad y Educación. Estamos camino de los 94.000 habitantes y tenemos un déficit como ciudad no atendida por parte de la Junta de Andalucía en cuanto a centros sanitarios y educativos. Los hemos reclamado por activa y por pasiva y solo hemos obtenido la callada por respuesta”.

La visita se enmarca en la política de proximidad institucional del Defensor del Pueblo Andaluz, que Maeztu ha recordado al señalar que la institución ha recorrido ya 77 comarcas, con el objetivo de acercar la atención y reforzar la accesibilidad para la ciudadanía.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha aprovechado su visita a San Fernando para entregar el segundo accésit del XVIII Premio “Así veo mis derechos” en la modalidad de vídeo al alumnado del IES Sancti Petri. En la cita ha estado acompañado por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, José Ángel Aparicio.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia, Jesús Maeztu, ha agradecido la participación del alumnado de este instituto entre los más de 500 trabajos presentados y ha puesto a disposición de los alumnos y alumnas esta herramienta del Defensor para proteger sus derechos. “Podéis ser lo que queráis soñar”, ha enfatizado Maeztu. Sobre el vídeo premiado, Maeztu ha destacado la defensa de la integración y ha subrayado que “la piel no puede hacernos diferentes”. “No se puede expresar más con menos palabras”, ha agradecido ante el alumnado.

El alumnado participante ha explicado que en su vídeo un alumno comienza el instituto pero sufre acoso escolar y pone el foco en los cómplices que se callan y no hacen nada hasta que aparece una persona valiente y ahí llega el cambio, que defiende el compañerismo. Han reflexionado sobre la integración en la educación, que no es solo el derecho de ir a clase, sino hacerlo de forma segura y afectiva. El corto nos enseña que todos meremos respeto, amor y solidaridad.

El Defensor ha destacado en su discurso que el premio nació con el propósito de que todos los niños, niñas y adolescentes de Andalucía conozcáis los derechos que os reconoce la Convención de Naciones Unidas, porque "solo cuando conocéis vuestros derechos podéis defenderlos".

La cita forma parte de la visita del Defensor del Pueblo Andaluz a San Fernando con el objetivo de reunirse con colectivos sociales y con la corporación municipal del ayuntamiento.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, han mantenido hoy una jornada de trabajo centrada en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la necesidad de mejorar la respuesta de las administraciones ante problemas que afectan de manera directa a la vida cotidiana, especialmente en ámbitos como sanidad, dependencia, vivienda, educación y convivencia urbana.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Maeztu ha subrayado el papel de la Defensoría como institución garante, imparcial e independiente, “sin colores; con causas”, y ha reafirmado su compromiso con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, ha insistido en la importancia de escuchar, acompañar y proteger a las personas que “se quedan atrás”, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a quienes afrontan dificultades para acceder a derechos básicos. Asimismo, ha recordado que, durante la jornada de hoy, la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz atiende presencialmente en San Fernando, en horario de mañana y tarde, en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León.

Maeztu ha puesto de relieve poner el foco en la infancia y la adolescencia, destacando la sensibilidad social y la capacidad de integración de la juventud isleña. En el marco de esta visita, el Defensor ha hecho entrega en San Fernando de uno de los accésit de los XVIII Premios de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía “Así veo mis derechos” al Instituto Santi Petri. Para el Defensor, la adolescencia “no es solo futuro: es presente”, y requiere una respuesta decidida ante retos como el acoso escolar, el ciberacoso y el suicidio.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha calificado de “inaceptable” que la ciudadanía tenga que esperar años para acceder a ayudas al alquiler o para obtener una valoración de dependencia, al tiempo que ha alertado del “limbo jurídico” que pueden sufrir las personas con discapacidad mientras esperan el reconocimiento oficial de su grado, lo que limita su acceso a prestaciones y derechos.

En su intervención, Maeztu ha defendido el valor de la mediación como herramienta práctica: la labor de la institución —ha señalado— no se reduce a identificar disfunciones, sino que trabaja para proponer soluciones concretas y colaborar con los ayuntamientos en el desbloqueo de problemas vinculados a salud, vivienda y servicios sociales. También se ha referido a cuestiones de convivencia urbana, como la recuperación del espacio público y el derecho al descanso frente al ruido y la proliferación de veladores.

Por su parte la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha agradecido la visita institucional del Defensor del Pueblo Andaluz y el encuentro mantenido para trabajar en favor de la ciudadanía, destacando la importancia de abordar de manera conjunta los problemas que afectan a San Fernando.

La regidora ha trasladado su preocupación por el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente en sanidad y dependencia, denunciando los retrasos en intervenciones y en la resolución de expedientes que repercuten directamente en las familias. En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ha remunicipalizado el servicio de ayuda a domicilio para dignificar las condiciones laborales y reforzar la gestión pública.

Asimismo, Cavada ha señalado la necesidad de una mayor inversión en la educación pública, advirtiendo de la obsolescencia de muchos centros educativos en ciudades como San Fernando, y ha reclamado una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, destacando la promoción municipal de 81 viviendas en alquiler como ejemplo del compromiso del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha subrayado que estos problemas, aunque generales, tienen un impacto directo en los vecinos y vecinas, reiterando su voluntad de seguir trabajando con el Defensor del Pueblo Andaluz y otras administraciones para ofrecer soluciones eficaces.