La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Sierra de Cádiz los próximos 28 y 29 de junio, para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en Villamartín el lunes 28 de junio, y en Arcos de la Frontera el martes 29 de junio.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de esta comarca, en concreto a los habitantes de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

El lunes 28 de junio la Oficina atenderá en Villamartín, en el edificio de los Servicios Sociales Comunitarios, plaza de Boulevar s/n. Al día siguiente, martes 29 de junio, la Oficina del Defensor se desplazará a Arcos de la Frontera para atender directamente a la ciudadanía en el Edificio Emprendedores, avenida Duque de Arcos s/n. El horario en ambas ocasiones será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, tiene previsto reunirse con alcaldes de la zona para conocer sus problemas y reclamaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, interviene este miércoles, 23 de junio, en el Pleno del Parlamento de Andalucía para la presentación del Informe Anual 2020

El Defensor del Pueblo andaluz celebra este martes 22 de junio una segunda sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) en la que analizará las técnicas necesarias en una mesa de negociación y los desequilibrios de poder que pueden producirse, por ejemplo, en una mediación entre la ciudadanía y una Administración.

El Defensor del Pueblo andaluz, institución pionera en introducir la mediación administrativa en las Defensorías, celebra este evento que lleva por título Habilidades negociadoras y desequilibrios de poder en la gestión de conflictos, en el que conversarán Cristina Merino Ortíz, doctora por la Universidad del País Vasco en materia de Análisis y Resolución de Conflictos, y Francisco José Medina Díaz, doctor en psicología por la Universidad de Sevilla.

Este ciclo se retoma tras el estreno el pasado marzo con el diálogo entre el catedrático de Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco, Ramón Alzate Sáez de Heredia, y el propio Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, en el que abordaron las ventajas de la mediación entre la ciudadanía y las administraciones públicas.

Estos diálogos se retransmitirán en streaming a través de esta misma página web o en nuestro canal de youtube a las 19:00 horas. Al final de cada sesión habrá un debate abierto donde los ponentes responderán a las preguntas de los asistentes, que se realicen en esta página web, en la casilla donde se escriben los comentarios.

Recomponer los desequilibrios de la relación entre las partes en conflicto, mejorar el diálogo, favorecer la participación y tener siempre presente el anclaje legal constituyen las claves que subyacen en cada uno de estos Diálogos de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz, siempre con el horizonte de contribuir a construir sociedades más participativas y democráticas.

Los Diálogos de Mediación del dPA nacen con el compromiso de celebrar uno por trimestre y abordar temas como las ventajas y peculiaridades de la mediación; aspectos controvertidos de la mediación administrativa y los retos de la mediación en la era post COVID-19.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con los responsables de la Asociacion Española de Promotores Publicos de Vivienda y Suelo (AVS) en Andalucía, asociación que tiene entre sus fines la promoción de la vivienda pública.

Jesús Maeztu les ha traslado a los dirigentes de la AVS los problemas de la ciudadanía en materia de vivienda, entre los que se encuentran la insuficiencia del parque público residencial, la problemática de los desahucios sin alternativa residencial y la tramitación de las ayudas públicas al alquiler, entre otras cuestiones.

El Defensor, con el asesoramiento del área competente en materias de Vivienda y Urbanismo, ha acordado con la AVS el inicio de una colaboración técnica más continua que permita ofrecer una atención permanente y adecuada a la ciudadanía.

Entendemos necesario trasladar esta problemática a la Junta de Andalucía, a fin de conocer su valoración de la misma y para que nos informe si está previsto adoptar medidas para tratar de compatibilizar la instalación de un número muy significativo de instalaciones de energías renovables en zonas rurales con la preservación de los valores medioambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con representantes de Ecologistas en Acción en Andalucía. Entre las cuestiones tratadas se han analizado las quejas que la organización ecologista tiene planteadas ante la Institución, así como se ha valorado, en general, aspectos relacionados con el estado del medio ambiente en la comunidad autónoma, entre otros, la queja abierta recientemente por el Defensor del Pueblo andaluz por la proliferación de parques solares fotovoltaicos en zonas rurales de Andalucía y las medidas adoptadas para la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas.

El Consejo de Europa está desarrollando su nueva estrategia sobre derechos de infancia para el período 2022- 2027, contando con la participación de niños, niñas y adolescentes. 

Los países que participan en esta actividad son: Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Portugal, República Eslovaca y España. Cada país ha elegido uno de los temas a trabajar, considerando las siguientes áreas estratégicas:

1. Violencia contra la infancia

2. Igualdad de oportunidades e inclusión social para la infancia

3. Acceso y uso seguro de tecnologías para toda la infancia

4. Justicia amigable para la infancia

5. Participación para todos los niños y niñas

6. Derechos de infancia en crisis y situaciones de emergencia

En el caso de España, la estrategia elegida para participar ha sido "Violencia contra la infancia".

A propuesta de Unicef, el Consejo de Participación del Defensor del Menor de Andalucía participará en esta actividad en dos sesiones online que se celebrarán los días 17 y 22 de junio de 17:30 a 19:30. Intervendrán los consejeros de Cádiz y Almería, Paula y Alejandro.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy un encuentro institucional y una sesión de trabajo con Ángela Moreno y José Antonio Castro, de Amnistía Internacional.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Federación Andaluza de Padres y Madres de Alumnos (Fapyma) y de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa-Concapa) que le han expresado la preocupación por el futuro incierto de los centros específicos de educación especial, así como la problemática que afecta al alumnado escolarizado en estos recursos educativos.

La nueva ley nacional de Educación (Lomloe), si bien no contempla de manera expresa la decisión de eliminar los centros específicos de educación especial, sí les otorga un plazo de diez años para que «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

El Defensor ha explicado que, como no puede ser de otro modo, y atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las administraciones educativas deben garantizar para todo el alumnado una educación inclusiva y de calidad que les permita su realización personal y social en igualdad de condiciones que los demás, dotando para ello a los centros educativos de todos los recursos y medios necesarios para hacerla posible y real.

Para el Defensor, es comprensible que esta loable proclama inclusiva no puede hacernos olvidar que hay determinados alumnos que, por la gravedad de sus patologías o sus singulares características, no pueden realizar su proceso educativo en un centro ordinario, precisando de una atención muy especializada que solo puede ser proporcionada en recursos específicos. "Los centros específicos de educación especial, por tanto, son necesarios para algunos alumnos y, en el actual contexto, sería un grave error promover su supresión", ha señalado Jesús Maeztu, que se ha comprometido a revisar las actuaciones aún pendientes en materia de centros de educación especial que está gestionando la Defensoría.