El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, mantuvo este miércoles, 13 de noviembre, un encuentro con una representación de personas privadas de libertad que han participado en el certamen literario de relatos penitenciarios “Equipaje para la libertad”; una iniciativa de la asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

Una decena de estos autores, que se encuentran en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, fueron los encargados de exponer una breve reseña de sus relatos, auténticos testimonios de vivencias, duros y desgarradores, pero también de esperanza y de segundas oportunidades, como ellos mismos resumieron.

En su intervención, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo una breve exposición de sus impresiones destacando algunos aspectos de cada una de estas historias. Así, el “grito” de los relatos de Abraham sobre la responsabilidad que cada uno tiene para cambiar, no juzgar y aprovechar las oportunidades; los dos relatos de Moisés que describen con humor y humanidad el día a día de la cárcel y el amplio abanico de personas que en ella habitan; el amor que nos relata Francisco, o la dura historia del que no está ni quiere estar en el sistema, donde su autor deja entrever el mundo hostil del que viene y que lo ha ido forjando.

También relatos de unos y otros escritos sobre el valor de la “libertad”, ya sea como historia o poesía por parte de Antonio; ya sea reivindicativa y de propuestas de mejora por parte de Juan Manuel.

Finalmente, otras obras hablan de la fuerza y necesidad de cambio, como las conmovedoras historias de Santiago y Antonio sobre el potencial que todos tenemos para cambiar-podemos elegir entre el bien o el mal- ¿tú que eliges?, se preguntan. De la posibilidad de cambio personal también habla Antonio en su relato sobre el flamenco, apostando por su potencial para hacernos mejor persona, para reclamar ayuda y medidas de las administraciones, que potencien este Patrimonio Inmaterial como fuente de empleo de las personas, sobre todo, en las cárceles.

El Defensor concluyó recuperando una reflexión de uno de los internos sobre el trabajo profesional de las entidades que trabajan con este colectivo para poner en valor esta iniciativa que ya ha convocado su segunda edición, con la colaboración del Ayuntamiento.

Proyectos como este, dijo el defensor, contribuyen a cumplir con el mandato constitucional para las penas privativas de libertad, recogido en el artículo 25.2 de la Constitución y referido a la reeducación y la reinserción social. “La reducción de la reincidencia es fundamental para construir sociedades inclusivas y sostenibles, tal y como se contempla en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dijo Jesús Maeztu.

La reunión tuvo lugar en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde el defensor estuvo acompañado del director del centro, y parte de su equipo, además de otras personas internas y una representación de las entidades que conforman la plataforma EnRedes con las que posteriormente mantuvo un encuentro.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera con entidades que defienden los derechos de las personas privadas de libertad para abordar retos y líneas de actuación.

Este encuentro se enmarca en la línea de colaboración de la Institución para analizar los recursos públicos que se implementan en las prisiones andaluzas a fin de facilitar la reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad, al igual que la reunión mantenida la pasada semana en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz González.

Esta colaboración ha permitido que durante los últimos años la Defensoría del Pueblo andaluza haya mantenido reuniones en los centros penitenciarios, tanto con los equipos directivos como con los equipos técnicos, así como con el tercer sector que colabora con distintos programas de subvenciones públicas en las prisiones, y que complementan las quejas que recibimos de las personas en prisión.

Esta información permite a la Defensoría priorizar actuaciones de oficio para tener un mayor conocimiento sobre la implementación de las distintas políticas públicas como es las relativas a los efectos que sobre la población penitenciaria tiene la dualidad de dos sistemas sanitarios, la atención a la drogadicción y las adiciones o la gestión de las valoraciones de discapacidad de quienes se encuentran en prisión.

El Defensor ha conocido las aportaciones expuestas por la Red de Entidades del Entorno Penitenciario de Sevilla, EnRedes, para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad privadas de libertad. Entre otros retos, EnRedes ha destacado la necesidad de desarrollar estrategias para la inclusión de personas inmigrantes; abordar la salud mental y la discapacidad; estrategias para prevenir el sinhogarismo en personas ex reclusas; la defensa de la reinstauración del subsidio por excarcelación y, en su caso, agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), asegurar el transporte a los centros penitenciarios, y el fomento de la inclusión laboral.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, se han reunido hoy para trabajar sobre asuntos de interés para la ciudad. Entre otras cuestiones, han abordado la situación de las personas sin hogar, asunto del que la Defensoría se viene ocupando.

El alcalde de Cádiz ha detallado la previsión de plazas disponibles y otras medidas para dar cobertura a imprevistos, al tiempo que el Defensor ha advertido sobre posibles mejoras en el plan de acogida de acuerdo a la experiencia de esta Institución en el tratamiento de estas atenciones.

Otro asunto abordado ha sido la queja abierta por el Defensor a los municipios andaluces en los que se interesa por la configuración de los servicios sociales comunitarios.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza el jueves 28 de noviembre a Torremolinos y el viernes 29 a Fuengirola para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

La atención se ofrecerá en Torremolinos el jueves 28 en el Palacio de congresos, calle México número 3, y en Fuengirola al día siguiente, viernes 29 de noviembre, en la tenencia de Alcaldía de Boquetillo, calle Miguel Bueno sin número.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de carácter social y con los Servicios Sociales Comunitarios de la comarca.

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz en funciones, ha destacado hoy el "rol social" que, dentro de la defensa jurídica de los derechos, tiene marcada esta institución en Andalucía.

En unas jornadas organizadas en la capital jiennense por la Universidad de Jaén y el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa, Jesús Maeztu ha señalado que el perfil de los titulares de esta institución ha venido caracterizado por un profundo carácter social -"trabajador social", ha señalado Maeztu que le definieron en un reciente homenaje a su trayectoria-, por lo que ha confiado en que la renovación que se produzca en el cargo tenga también en cuenta esta condición. "Sin ser una ong, con todo el respeto para las mismas, el Defensor tiene que estar conectado con la sociedad", ha insistido Maeztu.

Precisamente estas jornadas, que se celebran desde ayer jueves en Jaén, abordan los nuevos retos y estrategias para estas instituciones defensoras de los derechos de la ciudadanía, como actores claves para influir en la legislación y en las políticas públicas.

Jesús Maeztu ha intervenido en la mesa dedicada al análisis de la defensa de los derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad y ha expresado cuál es la función asignada a las Defensorías, desde la particular visión y experiencia del Defensor del Pueblo Andaluz, destacando que más allá de una labor se trata de asumir un compromiso, en el que los derechos no son más que el instrumento para la defensa de la preservación de la dignidad humana.

Asimismo, Jesús Maeztu ha destacado que no podemos perder de vista los efectos perniciosos que conlleva la vulneración de los derechos sociales, entre otros, la puesta en peligro de la seguridad jurídica y de la paz social. Respecto de la eficacia de la intervención de las Defensorías en el ejercicio de su competencia, concluye que, por su propia naturaleza, la utilidad de estas Instituciones de garantía de derechos resulta de su propia razón de ser. Sobre las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, el Defensor ha sostenido que es la vulneración de su derecho la que coloca a las mismas en esta posición de desventaja o desigualdad.

Tras aludir al perfil de personas a las que dedica su cometido, Maeztu ha reiterado el mensaje acuñado por la Institución en su 40 aniversario, No asumas como normal lo inaceptable, para significar que implica la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, por cuanto invita a los andaluces y andaluzas a ejercer legítimamente sus derechos, a aprender a reivindicarlos y a los responsables públicos a respetar el orden establecido.

Finalmente, el Defensor ha reflexionado sobre algunos pronunciamientos de la Institución, como las barreras en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Jaén; el tiempo de acceso a la cirugía de reasignación de sexo en Málaga y las actuaciones realizadas para la inclusión en la sociedad de un andaluz en situación de discapacidad y privación de libertad.

Las instituciones que integramos la Red Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales y locales de los países que formamos parte, para que se prioricen y lleven a cabo medidas urgentes que garanticen el derecho a la salud mental de las infancias y adolescencias.

En concreto, la Red Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, en la que se integra la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, demanda generar espacios institucionales y comunitarios que permitan abordar la importancia del derecho a la salud mental, mediante la suma de esfuerzos que contribuyan a romper con mitos y creencias normalizadas que obstaculizan la prevención y la atención adecuada. También asegurar la disponibilidad de recursos e infraestructuras orientadas a la atención oportuna, para que niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo que necesitan, así como ampliar la cobertura de los programas preventivos y educativos sobre salud mental, que respondan a las necesidades del contexto, sean accesibles y de calidad, entre otras cuestiones.

En definitiva, se trata de instar continuamente a los responsables de los diferentes mecanismos de decisión y de protección para que cumplan sus funciones de acuerdo con las normatividades de cada país y se puedan fortalecer y robustecer las acciones de protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Puede conocer la totalidad de las reivindicaciones en el documento adjunto.

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La decisión de dedicar las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo al análisis del derecho a la buena administración nace de la experiencia diaria adquirida por las defensorías como receptoras de las quejas de la ciudadanía. A resultas de ello, las defensorías observamos un sentimiento creciente por parte de la ciudadanía acerca de la existencia de una mala administración sistémica.

Este problema hunde sus raíces en la forma en la que las administraciones se organizan y se coordinan, en la deficiente asignación de recursos humanos y materiales; así como en el modo en el que están diseñados los procedimientos y en la manera de actuar de quienes forman parte de las administraciones.

La buena administración implica un conjunto de obligaciones impuestas a las administraciones públicas para actuar con la diligencia debida en el ejercicio de sus competencias, garantizando no solo el cumplimiento estricto de los procedimientos legales, sino también la plena efectividad, en cada caso concreto, de los derechos y garantías reconocidos a la ciudadanía. Se trata de un cambio de paradigma que introduce la exigencia de una conducta administrativa proactiva, empática y centrada en satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Este derecho es crucial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y para prevenir el deterioro del sistema democrático. Además, es una condición esencial para la efectividad del Estado de Derecho y la plena vigencia del derecho de defensa. Su reconocimiento y aplicación son fundamentales para asegurar una gestión pública de calidad, eficiente y equitativa.

La labor de los servidores públicos debe garantizar el derecho de las mujeres y hombres a ser oídas, a recibir información comprensible y a participar activamente en los procedimientos administrativos, poniendo a la persona en el centro de las actuaciones administrativas. La empatía y la sensibilidad social son esenciales en el trato con la ciudadanía, de manera muy especial en las relaciones con las personas vulnerables.2 Las defensorías gozan de una posición privilegiada para conocer prácticas de mala administración. Por tanto, deben velar por el respeto al derecho a una buena administración, contribuir a su desarrollo, concretar estándares de diligencia y promover su conocimiento público.

Por todo ello, y a la luz de las conclusiones alcanzadas en las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, el Defensor del Pueblo de España, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Síndica de Greuges de Catalunya, la Valedora do Pobo de Galicia, la Diputada del Común de Canarias, la Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León, el Defensor del Pueblo de Navarra / Nafarroako Arartekoa, y el Ararteko del País Vasco, adoptamos el siguiente decálogo.

DECÁLOGO

1. La buena administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas, garantizando un trato justo y equitativo en todas sus interacciones. Las y los servidores públicos, en el ejercicio de potestades y funciones públicas, deben actuar con empatía y sensibilidad social, de manera proactiva, poniéndose en el lugar de las personas intervinientes en cada caso facilitando el ejercicio de sus derechos.

2. La buena administración exige también que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida, evitando disfunciones, y utilizando los recursos de manera óptima para lograr los resultados deseados.

3. La buena administración necesita de la transparencia en las actuaciones administrativas y requiere la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. En particular, las y los jóvenes necesitan que se escuche su voz, facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Igualmente, debe respetarse el derecho de las personas mayores a seguir tomando parte en las decisiones sobre sus proyectos vitales. Además, la ciudadanía tiene derecho a relacionarse con la administración de una manera comprensible, lo cual exige un lenguaje claro, cercano y accesible de los textos normativos, documentos y resoluciones.

4. La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión. Por añadidura, la falta de colaboración de las administraciones públicas con las defensorías del pueblo no solo es contraria a la ley, sino que perpetúa irregularidades que perjudican gravemente al ejercicio de los derechos ciudadanos.

5. La buena administración exige una actitud proactiva para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos constitucional y legalmente.

6. La buena administración implica actuar con equidad y sin discriminación, respetando los derechos y las libertades fundamentales. En particular, requiere prestar una especial atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido es preciso garantizar derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez, sin que esté justificada la imposición de cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la administración.

7. La buena administración es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. La administración debe asumir la responsabilidad en la que pueda incurrir y reconocer sus propios errores, pedir disculpas, en su caso, y reparar el daño causado. El derecho a una buena administración guarda una especial relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, a cuya redefinición debe contribuir, pues nadie debería ser obligado a litigar para obtener aquello a lo que tiene derecho.

8. La buena administración requiere la dotación de recursos humanos adecuados y la provisión de vacantes para la prestación de los servicios públicos, así como la formación continua y la sensibilización del personal sobre los principios y valores de la buena administración. Ello exige también adoptar medidas para garantizar el relevo generacional y una planificación que permita anticiparse a las necesidades actuales y emergentes.

9. La buena administración demanda incorporar la innovación tecnológica, con el fin de mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. La digitalización de la administración, que debe ser responsable en clave social, necesita asegurar la asistencia en el uso de herramientas electrónicas a las personas usuarias, así como la seguridad y la privacidad de los datos. La implantación de procedimientos electrónicos no debe menoscabar las garantías que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, en especial la protección que merece el derecho a la corrección del error digital.

10. La buena administración necesita también aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los servicios públicos. A pesar de su significativo potencial, es también crucial identificar y corregir los riesgos asociados a su uso para proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía. Esto incluye garantizar la intervención humana en las decisiones, la transparencia, y evitar sesgos y discriminaciones.

Como colofón de lo anterior, las defensoras y defensores del pueblo aprobamos las “Conclusiones técnicas del taller preparatorio de las 27 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo”, celebrado en Alicante el 27 y 28 de junio de 2024 y tomamos nota de las conclusiones del “Encuentro de jóvenes asesores de las defensorías del pueblo”, celebrado en Barcelona el 26 y 27 de junio de 2024.

· Las defensoras y defensores del pueblo nos comprometemos a aplicar estas medidas y principios básicos de la buena administración en nuestra labor cotidiana.• Las Defensorías del Pueblo expresamos nuestro convencimiento de que la aplicación escrupulosa de las medidas contenidas en el presente decálogo, unida a un sistema público de integridad, equipado de los mecanismos de control objetivos, independientes y eficaces, contribuirá al respeto de los principios éticos indisociables de la legitimidad del ejercicio democrático del poder público. De este modo, estas medidas aportarán mejoras significativas a la calidad institucional, a la gestión ejemplar de los asuntos públicos y, en último término, a la salvaguarda de los derechos ciudadanos.

Los defensores y defensoras del pueblo, reunidos en Vitoria-Gasteiz en las XXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, han manifestado esta mañana su profundo dolor por los devastadores efectos de la DANA que ha golpeado diversas zonas de España, y han sido especialmente trágicos en la provincia de Valencia.

Los representantes de las Defensorías, consternados, también han expresado toda su solidaridad y apoyo a los miles de ciudadanos afectados, junto con sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desaparecidos.

Asimismo, ante la magnitud de la tragedia, los defensores muestran su apoyo a las autoridades de todos los niveles que están haciendo frente a las consecuencias de esta terrible desgracia y a los servicios de emergencia que continúan trabajando sin descanso.

Los días 29 y 30 de octubre se celebran en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo organizadas por el Ararteko, bajo el título La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena administración. A este encuentro, que se celebra anualmente y que sirve para reforzar las relaciones de cooperación para el conjunto de las defensorías, asistirán el defensor del pueblo de España y los nueve defensores y defensoras autonómicos del Estado junto con miembros de sus equipos, entre los que se incluye el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu.

El tema que se abordará en esta edición la promoción de la buena administración constituye una cuestión transversal en la actuación de las administraciones y de gran transcendencia en la vida de las personas y en las relaciones que mantienen con estas administraciones. La buena administración es crucial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y para prevenir el deterioro del sistema democrático.

Su reconocimiento y aplicación son fundamentales para asegurar una gestión pública de calidad, eficiente y equitativa. Precisamente, las defensorías del pueblo juegan un papel fundamental en la promoción del derecho a la buena administración, actuando como garantes de los derechos de la ciudadanía y proponiendo mejoras para el funcionamiento de las administraciones públicas.

Además, en el marco de estas jornadas, el pasado mes de junio 12 jóvenes de los consejos de adolescentes de las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y del Ararteko se reunieron en Barcelona para reflexionar sobre cómo las personas jóvenes se relacionan con la administración y recoger en un documento sugerencias de mejora concretas para una buena administración desde la perspectiva juvenil. Seis representantes de estos jóvenes presentarán ese documento en las jornadas de Vitoria-Gasteiz.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha puesto en marcha la XVII edición del Premio Así veo mis derechos, en el que invita a participar hasta el 2 de diciembre a los más de 3.500 centros educativos de la comunidad autónoma -de educación infantil, educación secundaria y educación especial, públicos y privados- en un certamen con un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre este sector de población y, en segundo lugar, hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

De este modo, el Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

El concurso presenta dos modalidades. La primera dirigida al alumnado que cursen las Enseñanzas de Educación Primaria, quienes podrán plasmar su visión de uno o varios derechos a través de un dibujo. La segunda modalidad que se propone tiene como destinatario el alumnado que cursa las Enseñanzas de Secundaria Obligatoria, quien, con el mismo propósito, podrá utilizar un vídeo de un minuto de duración. El alumnado de los centros de educación especial podrá optar a cualquiera de las dos modalidades.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros, así como con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro. Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.