Informe de Unicef España que recoge las condiciones de recepción y acogida de los niños y niñas migrantes en las Islas Canarias, conteniendo también una actualización de la situación en Andalucía y Ceuta, y una serie de recomendaciones para impulsar una verdadera política de Estado para la protección de los derechos de las niñas y los niños en contextos migratorios.

España es frontera geográfica sur de Europa, a través sobre todo de Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla. España es y seguirá siendo, por tanto, puerta de entrada de miles de niños y niñas migrantes. Por ello, no puede seguir improvisando respuestas en sus fronteras terrestres y marítimas, porque esta improvisación pone en riesgo a los niños y niñas, y pone en grave tensión a muchas instituciones, entidades y profesionales que están implicados en la atención y protección de la infancia migrante.

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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante algunas informaciones que apuntan que el precio de la electricidad va a mantenerse en niveles muy elevados durante cierto tiempo y pese a algunas medidas que se están barajando, ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias mas modestas y las personas en situación de pobreza energética. Por ello, el Defensor ha considerado necesario y urgente aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

En este sentido, y asumiendo la dificultad que conlleva incidir sobre alguna de las causas que han provocado este incremento de precios al depender de factores como el funcionamiento del mercado de la energía o las políticas de lucha contra el cambio climático, esta Institución ha indicado que pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad.

Así, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que debe ampliarse el ámbito de cobertura del bono social eléctrico considerando incluidas en el concepto de "consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión" a aquellas familias que van a situarse en riesgo de pobreza energética al tener que destinar un porcentaje elevado de sus ingresos mensuales al pago del recibo de la luz. Asimismo, Jesús Maeztu ha añadido que deberían aprobarse nuevos tramos bonificados, a fin de incluir reducciones en la factura para ayudar a aquellas familias que, aun superando los umbrales de renta actualmente determinados, van a verse seriamente afectados en su economía mientras dure esta situación de elevados precios en este suministro básico.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado imprescindible como medida de ahorro energético que se aprueben con urgencia disposiciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares andaluces, especialmente de aquellas familias mas amenazadas por situaciones de probreza energética, incluyendo ayudas para mejorar el aislamiento térmico de los hogares, renovar las instalaciones eléctricas y facilitar la adquisición de electrodomésticos mas eficientes.

Esta Institución es consciente de la necesidad de adoptar medidas para propiciar una transición energética rápida que nos permita luchar con efectividad contra el cambio climático, favoreciendo la implantación de las energías renovables. No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que tiene igualmente la convicción de que ese proceso de transición tiene que incluir medidas que palien o limiten sus consecuencias desfavorables que inevitablemente van a derivarse del mismo para determinadas personas y colectivos. Asimismo, Jesús Maeztu ha señalado que mantiene las esperanzas y, así lo demanda, de que los gobernantes y responsables políticos puedan encontrar lo más pronto posible una solución justa y estable acerca del precio de este bien tan necesario y fundamental para una convivencia pacífica e igualitaria. “La transición energética debe ser una transición justa”, ha concluido.

· Jesús Maeztu aborda la situación de la infancia y la adolescencia; el Brexit y su relación con La Línea; los problemas de los alcaldes de la Sierra gaditana y la atención de la vivienda y otras políticas sociales, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy las preocupaciones de la provincia de Cádiz recogidas en sus informes anuales a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, así como se ha interesado por la situación general de esta provincia en cuanto a la atención que se presta a la ciudadanía. En 2020, el Defensor recibió más de 1.100 quejas y más de 1.800 consultas de la provincia de Cádiz, superando por tanto las 3.000 actuaciones.

El Defensor del Pueblo andaluz, en su condición de Defensor del Menor de Andalucía, ha entregado a la delegada provincial el Informe del Menor 2020, presentado el pasado mes de junio en el Parlamento andaluz, y en el que se recogen las principales actuaciones de este comisionado en materia de Infancia y Adolescencia. Precisamente, Jesús Maeztu ha expuesto a la representante autonómica las principales líneas en defensa y protección de la infancia que recoge la ley aprobada la pasada semana por la Cámara autonómica, y que ha recogido las aportaciones de la Defensoría. Este comisionado pasará a denominarse en aplicación de esta ley como Defensoría de la Infancia y la Adolescencia.

Asimismo, tras mantener un breve encuentro con los delegados territoriales, el Defensor del Pueblo se ha interesado por la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas de la provincia, así como las previsiones en cuanto a la acogida de estos menores en el próximo verano en función de los movimientos migratorios que se produzcan.

Entre otras cuestiones, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado las preocupaciones de la Sierra gaditana tras la reunión que mantuvo el pasado junio con 19 alcaldes de esta comarca en la localidad de Villamartín. Los regidores informaron del déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación de estas entidades locales, o la situación del medio ambiente, así como la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores; recursos en educación y sanidad, sobre todo, para la infancia, y el problema de la exclusión financiera con el cierre de entidades bancarias.

El Defensor del Pueblo andaluz ha abordado con la delegada provincial el impacto del Brexit en el Campo de Gibraltar, y la situación particular de La Línea de la Concepción en cuanto a los miles de trabajadores de esta localidad que a diario cruzan la frontera española para trabajar en Gibraltar. Jesús Maeztu es conocedor de la situación de la comarca tras una visita en la que, acompañado de su homólogo nacional, Francisco Fernández Marugán, se reunió con las autoridades municipales, representantes de asociaciones locales de vecinos, trabajadores y empresarios para conocer su visión sobre este asunto y sus necesidades. De estas reuniones informaron a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y al ex ministro de Asuntos Exteriores de cara a la remisión de un informe al  negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier.

El Defensor del Pueblo andaluz ha demandado una especial atención para esta provincia y para su capital en asuntos de vivienda, así como ha requerido información sobre la tramitación de prestaciones como las relacionadas con la dependencia, las valoraciones de discapacidad y sobre las rentas de inserción y el ingreso mínimo vital.

Por último, Jesús Maeztu ha informado a Ana Mestre del cambio de procedimiento por el que el Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia, como una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se reúne mañana martes 27 de Julio con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, para trasladarle las principales quejas y consultas de la ciudadanía de la provincia de Cádiz.

Rueda de prensa: 11:30 horas. En el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz. C/ Fernando El Católico, 3.

• Valoramos positivamente la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia que garantiza la protección integral de los menores

El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado muy positivamente la nueva ley de la infancia y adolescencia aprobada por el Parlamento de Andalucía que garantiza una protección integral a los niño y niñas y adolescentes; atendiendo sus necesidades; regulando sus derechos pero asimismo sus obligaciones; definiendo el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en la materia; y reconociendo un destacado protagonismo a las familias como eje primordial y principal para el desarrollo del menor.

Para su titular, Jesús Maeztu, se trata de una ley necesaria que actualiza y modifica la regulación hasta ahora vigente en relación con las nuevas demandas y circunstancias sociales que están incidiendo en este sector especialmente vulnerable de nuestra sociedad. Para Jesús Maeztu, “la evolución que la figura del niño y de la niña ha tenido en los últimos años demandaba articular una legislación acorde con esta nueva dimensión social”.

A juicio del Defensor, esta nueva normativa constituye además uno de los hitos más importantes en la tarea que ha venido realizando este Parlamento de Andalucía en el ámbito de la atención y protección de los niños y niñas andaluces.

Como ya tuvo ocasión de exponer el Defensor andaluz para la Infancia y la Adolescencia durante su intervención en comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley, esta nueva norma nace con una clara vocación de otorgar mayor protagonismo al principio del interés superior del menor en su triple dimensión como derecho sustantivo, principio general y norma de procedimiento e incorpora innovaciones significativas para su protección integral como el valor social de la infancia, la promoción del bienestar, el buen trato a la infancia, los valores de respeto, convivencia y no violencia, el impulso de la alfabetización digital, o la novedosa regulación de las situaciones de riesgo.

La nueva Ley recoge en su artículo 22 la figura de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía para desarrollar con eficacia las funciones que tiene asignadas como comisionado del Parlamento de Andalucía para la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad.

Como Defensor del Menor de Andalucía hemos participado en este proyecto que tiene como objetivo general mejorar la inclusión y gestión en las ciudades de Andalucía y del norte de Marruecos de las personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y jóvenes ex tutelados/as, a través de la educación para el desarrollo, la formación, el intercambio de experiencias, la mejora de capacidades y las alianzas internacionales.

El proyecto #tútambién busca luchar contra los discursos de odio y los discursos racistas que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad y ex tutelados/as “en movimiento” a través de la participación sociocomunitaria implementada mediante alianzas entre los gobiernos locales y el tejido asociativo. La participación comunitaria es una puerta abierta para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan conocer los municipios en los que viven; puedan ser parte activa de la vida de la comunidad y puedan ser sujetos de su proceso de autonomía.

Este proyecto pretende ser una oportunidad para establecer pasarelas de comunicación y entendimiento entre gobiernos locales y regionales para mejorar la atención a la infancia, adolescencia y juventud migrante.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha lamentado hoy el fallecimiento de Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, letrado del Parlamento de Andalucía, "impulsor y guía en el tratamiento jurídico de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho".

Jesús Maeztu, quien ha mantenido una larga relación personal y profesional con Fernández-Viagas, ha destacado que el letrado era "seguidor de la estela del presidente de la Preautonomía andaluza, su padre" y ha admirado su trabajo desde que compartieron promoción en la Asociación Derecho y Democracia, de la que fueron socios fundadores. Jesús Maeztu recibió asimismo el premio Plácido Fernández -Viagas dedicado a la memoria de su padre por parte de la Asociación Derecho y Democracia.

Al mismo tiempo, este comisionado parlamentario mantuvo relación con Fernández-Viagas en su condición de letrado del Parlamento de Andalucia, del que Jesús Maeztu ha resaltado su permanente colaboración y su esfuerzo en favor de una Andalucía más igualitaria y justa.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado sus condolencias a Rosa, su mujer, y a su familia. "Descanse en Paz un luchador por el bienestar y disfrute de los derechos humanos y libertades públicas para la ciudadanía, especialmente la andaluza. Siempre te recordaremos", ha concluido Jesús Maeztu.

Las Instituciones del Defensor del Menor de Andalucía-, Sindic de Greuges de Cataluña y Ararteko del País Vasco, conscientes de las dificultades y retos pendientes para la puesta en práctica con rigor de los procesos de evaluación de impacto sobre los derechos de la infancia y adolescencia, han realizado una declaración de posicionamiento sobre la “Evaluación del impacto sobre los derechos de la infancia” (CRIA, por sus siglas en inglés Child Rights Impact Assessment), instando a los Estados, las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales y a todas aquellas autoridades competentes a aplicar los procesos de evaluación de los derechos de la infancia y el análisis de impacto sobre dichos derechos. Son medidas de control de la aplicación de la Convención, de manera que se promueva aún más la integración visible de los derechos de los niños y niñas en los procesos de toma de decisiones.

Para facilitar el cumplimiento de los procesos de evaluación del impacto sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, la Red Europea de los Defensorías de la Infancia (ENOC) a la que pertenecen estas Instituciones, ha elaborado una Guía que contiene pautas para realizar una adecuada evaluación que permita examinar los impactos potenciales sobre niñas, niños y jóvenes de las leyes, decisiones presupuestarias, políticas, y cualquier otra medida que se adopte. Este documento explica el concepto de CRIA y quién es responsable de realizar una evaluación.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía -con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad a causa de la pandemia.

Esta demanda se recoge en el Informe del Menor 2020 que el Defensor ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento de Andalucía, en el que analiza y propone medidas con enfoque de futuro ante el impacto de la pandemia.

Durante el pasado año fueron 6.663 actuaciones en menores por parte de este comisionado parlamentario, único en el territorio nacional, de las cuales 2.941 se refieren a quejas y 3.722 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 2.228 expedientes de queja (+22,6%), de los cuales 2.195 fueron instados por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 713 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su parte, crecieron un 19%.

El Defensor del Menor ha señalado que la lucha contra la pobreza infantil supone uno de los principales retos de nuestra sociedad y ha recordado que se han aprobado diversas iniciativas que no acaban de proporcionar los efectos deseados. A juicio de Jesús Maeztu, “es necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias para evitar solapamientos pero, sobre todo, para no dejar a nadie fuera del sistema”. “Nunca antes las familias se habían empobrecido tanto, ni de manera tan rápida”, ha señalado.

El Defensor del Menor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la COVID-19 no afecten al ámbito de la infancia.

Asimismo, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado en otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia como es el caso de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Problemas de ansiedad o depresión, preocupaciones familiares por el futuro económico, el desempleo, el cierre de los colegios durante el confinamiento, la incertidumbre generalizada sobre el futuro, la interrupción de terapias específicas, la violencia en el ámbito familiar, o las enfermedades mentales de los progenitores son factores que pueden influir negativamente en patologías mentales previas.

Jesús Maeztu ha señalado que el sistema tiene una infradotación de recursos en el sector de la infancia y adolescencia, y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes, presente pero invisible, se está dando con mayor intensidad a causa de la pandemia. “La salud mental no debe quedar olvidada o relegada a un segundo plano, porque hay estudios como el de la OMS que aseguran que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030”, ha advertido.

El Defensor del Menor de Andalucía también ha destacado otras formas de violencia dirigidas hacia los niños, niños, niñas y jóvenes, además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista, que acumula más de 1.100 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus ex parejas desde 2003, 270 de ellas en Andalucía, y más de 700 niños y niñas huérfanos.

El comisionado parlamentario ha añadido que la Institución sigue investigando situaciones de malos tratos en el entorno familiar, y ha subrayado que el confinamiento disparó los problemas de convivencia (intrafamiliar, vecinal…) y, como consecuencia, un aumento de la violencia hacia los menores. Por ello, Jesús Maeztu se ha congratulado de la aprobación de la ley que pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral, y ha señalado que la Institución ha contribuido con sus aportaciones a la elaboración de la próxima ley andaluza de Infancia.

Jesús Maeztu también ha subrayado el impacto de la pandemia en la educación, visibilizada sobre todo en la brecha digital, “que afecta al alumnado más empobrecido, colocándolo en una situación de desventaja respecto de sus compañeros”. El Defensor del Menor también se ha referido a otros hitos como la aprobación de una nueva ley de Educación, la Lomloe; el desarrollo en Andalucía de una nueva normativa de escolarización, y los problemas que se siguen produciendo en la educación especial, tanto en los centros específicos como en los recursos a disposición de los centros ordinarios.