La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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El Defensor de la Infancia señala la pobreza infantil, la brecha digital en la educación, la salud mental y los casos de violencia como asuntos destacados en su Informe Anual 2020

· Jesús Maeztu reclama una reordenación de los sistemas públicos y un Plan Integral de lucha contra la pobreza infantil

· Anuncia la celebración de una jornada, junto a Save the Children, sobre la protección a víctimas de violencia sexual el 10 de noviembre en Córdoba

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la pobreza infantil, la necesidad de garantizar el derecho a la educación ante fenómenos como la brecha digital, el agravamiento de casos de salud mental de los niños y jóvenes, y las distintas formas de violencia que se ejercen contra los mismos como los asuntos destacados del Informe Anual 2020 de la Institución que dirige.

Fueron un total de 6.663 actuaciones las acometidas por este comisionado parlamentario durante el año de referencia, de las cuales 2.941 se refirieron a quejas (2.228 iniciadas ese mismo año, 33 de las mismas de oficio, y el resto tramitadas de años anteriores) y 3.722 consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de Educación, seguido de asuntos relativos a cuestiones de Familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, protección o centros de internamiento, Servicios Sociales y Vivienda.

Durante su comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía celebrada en el Parlamento andaluz, el Defensor de la Infancia se ha felicitado en primer lugar por la aprobación este pasado mes de julio de una ley de Infancia, “que actualiza y modifica la regulación que estaba vigente y pone a este colectivo en sintonía con las nuevas demandas y circunstancias sociales”, al tiempo que ha modificado no solo la denominación del Defensor del Menor, sino que ha otorgado una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia, “ya que, por ejemplo, amplía el ámbito de supervisión no solo a las entidades públicas, sino que incorpora a las entidades privadas que presten servicios a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma”.

El Defensor de la Infancia ha dedicado la cuestión relevante del Informe a la lucha contra la pobreza infantil como uno de los principales retos de nuestra sociedad. Jesús Maeztu ha considerado necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias y ha demandado la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía -con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad debido a la pandemia, en línea con el artículo 77 de la nueva ley de Infancia que recoge la obligación de la Administración de elaborar acciones y estrategias para reducir la pobreza infantil.

El Defensor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la COVID-19 no afecten al ámbito de la infancia.

En cuanto a la brecha digital, este comisionado ha recordado que el confinamiento provocó un incremento de la desigualdad en el alumnado, con mayor impacto en aquellas familias con menor nivel educativo y competencias digitales, por lo que ha recordado que la prioridad debe seguir siendo la educación presencial siempre que las medidas sanitarias lo posibilitasen.

Asimismo, el Defensor de la Infancia ha destacado otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia como es el caso de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Jesús Maeztu ha señalado que el sistema tiene una infradotación de recursos en el sector de la infancia y adolescencia, y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes está presente, pero invisible.

Por último, entre los asuntos destacados, Jesús Maeztu ha resaltado otras formas de violencia dirigida hacia los niños, niños, niñas y jóvenes, además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista, o la violencia vicaria. El Defensor de la Infancia ha anunciado que, junto a Save the Children, ha organizado una Jornada sobre la protección integral que se debe otorgar a niños y niñas víctimas de violencia sexual, que se celebrará el próximo día 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Jesús Maeztu ha señalado que dicho encuentro pretende ayudar a sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato.

 El Defensor del Pueblo Andaluz inicia un proceso de modernización que le permita hacer frente a las nuevas realidades sociales

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en Sevilla la Estrategia 2021-2024 de la Institución como un punto de partida para que este comisionado parlamentario adquiera nuevas herramientas y habilidades que le permitan garantizar los derechos ante las nuevas realidades sociales que afronta la ciudadanía.

“Esta Estrategia nos permitirá analizar si contamos con los instrumentos necesarios para adaptarnos a los cambios sociales, en permanente transformación, y acometer con valentía esos retos para que nuestro trabajo contribuya a lograr una sociedad más igualitaria y real”, ha destacado Jesús Maeztu a preguntas de los medios de comunicación en la presentación de la Estrategia 2021-2024 ante autoridades, representantes de la judicatura, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Entre estas transformaciones, el Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto como ejemplo el derecho a una buena administración, cada vez más orientada hacia los procesos telemáticos y que comienza a introducir elementos de la inteligencia artificial; el impacto de los procesos migratorios, la despoblación y la crisis demográfica; el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por una transición energética justa (Agenda 2030), y la preocupación por las enfermedades relacionadas con la salud mental, un fenómeno en aumento, también entre la población infantil y juvenil.

Para Jesús Maeztu, “estas realidades no se pueden tratar de la misma manera, se requieren procesos diferentes y un modelo nuevo de mirar y enfocar estos problemas. Compaginar los derechos existentes, los derechos que están por llegar y los nuevos escenarios sociales nos exige herramientas distintas”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una “mirada interna” a la Institución, “una revisión honesta y valiente cargada de compromiso y responsabilidad con la sociedad en la que nos integramos”, con el fin de “dar un salto cualitativo y excepcional que nos permita llevar a cabo nuestra labor: velar y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía”.

“Queremos abordar asuntos complejos desde una nueva mirada, con enfoque de género y multidisciplinar”, ha añadido Jesús Maeztu, quien ha destacado que esta planificación se construirá desde la transversalidad y la flexibilidad, contando con la participación de todos y aprovechando el potencial que trae consigo la innovación y la transformación tecnológica para ser más eficientes y eficaces en esta labor de defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.

Esta Estrategia 2021-2024, pionera en este tipo de instituciones en el conjunto del país, supone un nuevo instrumento para avanzar en el camino de modernización de la Institución, a punto de cumplir sus 40 años de historia, y que en los últimos años ha incorporado una oficina de información y atención a la ciudadanía que tiene entre sus cometidos una mayor cercanía con la población, para lo cual realiza puntualmente visitas a comarcas rurales; la introducción de la mediación como un servicio específico y especializado como vía alternativa a la supervisión, y un aumento de su presencia en plataformas digitales y redes sociales.

“Queremos mostrarnos y seguir actuando como una Institución independiente, accesible, útil, conciliadora e innovadora, que escucha de manera cercana y da voz a la ciudadanía ante las administraciones públicas”, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz en la presentación de la Estrategia 2021-2024.

En la primera de las ponencias programadas en la presentación de la Estrategia 2021-2024, Concepción Campos Acuña, doctora en derecho y codirectora de Red Localis, ha señalado que esta Estrategia supone un "paso importante y valiente por mejorar" y que la figura del Defensor "es un aliado natural por avanzar hacia la buena administración". "Las personas somos el alfa y el omega de todo proceso público.  El siglo XXI debe ser el momento de la buena administración", ha considerado Campos, para quien la piedra angular del éxito del proceso se fundamenta sobre tres ejes: la institución, los procesos y las personas. En este sentido, para la profesora es esencial "acompañar a los equipos en este cambio".

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La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a las comarcas de Guadix y Baza los días 20 y 21 de octubre para la atención presencial a la ciudadanía

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a las comarcas de Guadix y Baza los próximos 20 y 21 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en Guadix el miércoles 20 de octubre y, en Baza, el jueves 21 de octubre.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de Albuñán, Aldeire, Alquife, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Jérez del Marquesado, La Calahorra, La Peza, Lanteira, Lugros, Marchal, Polícar, Purullena y Valle del Zalabí; todos ellos de la comarca de Guadix; así como Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar, de la comarca de Baza.

El miércoles 20 de octubre los técnicos de la Oficina atenderán en Guadix, en el patio del Ayuntamiento. Al día siguiente, jueves 21 de octubre, la Oficina del Defensor se desplazará a Baza, donse se instalarán en el Centro Municipal de Bienestar Social, en la calle Cava Alta s/n. El horario en ambas jornadas será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

    El Defensor del Pueblo andaluz aboga por un proceso ordenado y planificado de las energías renovables

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por un proceso de implantación de instalaciones de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Andalucía "ordenado y planificado, teniendo en cuenta las afecciones que pueda tener sobre la biodiversidad y el territorio". 

    El Defensor del Pueblo andaluz tiene abierta una investigación sobre esta incidencia de la proliferación de parques solares fotovoltaicos en zonas rurales de Andalucía y las medidas adoptadas para la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas. A lo largo del presente año 2021, esta Institución ha recibido quejas de distintos puntos de Andalucía mostrando el rechazo a distintas iniciativas de instalación de parques fotovoltaicos, principalmente por su afección paisajística, pero también aduciendo otros valores que se verían afectados, como valores patrimoniales o arqueológicos; protección de la avifauna; protección de los recursos hídricos; protección ambiental por singularidad de los suelos o espacios; etc.

    En este sentido, ha compartido hoy con la diputada de Unidas Podemos Ana Naranjo y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, la importancia de que "exista una estrategia de implantación de estas energías que incluya la elaboración de un mapa con una zonificacion del territorio y la fijación de unos criterios para ordenar este proceso en base a un modelo realmente sostenible y que permita preservar la biodiversidad  y los valores del territorio".

    El Defensor del Pueblo andaluz advierte sobre el incremento de casos de salud mental, sobre todo entre los jóvenes

    El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su apoyo y compromiso a la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) con una mejora de la atención en salud mental, y su preocupación porque es un fenómeno “que sigue creciendo y todavía es muy oculto”, sobre todo, en cuanto a la infancia y la adolescencia.

    El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que la reforma psiquiátrica de la década de los 80 “se ha quedado a medias, y sus consecuencias se están viendo ahora”, cuando ante la eclosión de la pandemia “son necesarios más recursos, sobre todo, más psicólogos”, y programas para la prevención del suicidio, porque cada vez hay más casos de jóvenes, ha compartido con los dirigentes de Feafes. De esta manera el Defensor del Pueblo andaluz ha “unido fuerzas” para la conmemoración del Día Mundial, mañana 10 de octubre, bajo el lema “Salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”.

    Eso implica, según el presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, Manuel Movilla, “aumentar la inversión pública para fomentar la atención comunitaria y el abordaje y seguimiento integral de los problemas de salud mental más complejos”, ya que según Movilla “los recursos destinados a salud mental eran ya insuficientes antes de la pandemia, pero tras la llegada del COVID-19, se hace más necesario que nunca dotar a todos los ámbitos implicados de los recursos necesarios”.

    La propuesta llevada por el movimiento asociativo es que Andalucía tiene que prepararse e impulsar medidas y dar respuesta a las nuevas necesidades de la población surgidas a raíz de la pandemia, ya que la última ola va a ser la falta de salud mental.

    A la reunión han asistido, además del Defensor y el presidente de la federación, Manuel Movilla, los vicepresidentes de la Federación, Carmen Sibaja y Blas García, y el portavoz del Comité Por Salud Mental de Andalucía, Javier Moreno.

    Diálogos de Mediación. Septiembre 2021

    La Institución del Defensor del Pueblo andaluz, pionera en introducir la mediación administrativa en las Defensorías, celebra el próximo martes, 22 de Septiembre, su tercera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de reflexionar sobre “La comunicación y la gestión de emociones en la mediación”.

    Los protagonistas de este diálogo serán la Profesora Doctora Itziar Fernández-Villanueva, Doctora en análisis y resolución de conflictos y estrategias de cooperación, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, el Doctor en Psicología, terapeuta y mediador familiar, profesor del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, José Ignacio Bolaños Cartujo y, finalmente, María José Ruiz García, Doctora en Derecho, Mediadora y Abogada. Asesora Técnica en mediación en el Defensor del Pueblo Andaluz y  profesora de Derecho Civil de la Universidad de Huelva .

    Este diálogo se retransmitirá en streaming a través de esta misma página web o en nuestro canal de youtube el día 22 de septiembre a las 19:00 horas. Al final de la sesión habrá un debate abierto donde los ponentes responderán a las preguntas que se realicen en los comentarios de esta página web, en nuestro canal de youtube o en nuestros perfiles de Facebook o Twitter. La grabación de este Diálogo de Mediación se mantendrá en esta página web y en nuestro canal de youtube de forma que podrá verse en diferido.

    Aunque para ver en directo o en diferido el Diálogo no es necesario inscribirse, cualquier persona que esté interesada en recibir un documento acreditativo de su participación en estos diálogos debe registrarse previamente en este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y remitir una breve reseña de no más de 300 palabras con su opinión al finalizar el encuentro o dentro de los 15 días siguientes, en este ENLACE con el asunto "3º Diálogos de Mediación". El plazo de inscripción es del 1 de septiembre al 21 de septiembre, ambos inclusive.

    La Institución acoge este tercer encuentro online, tras la buena acogida y participacion que ha logrado los dos primeros Diálogo (Marzo 2021 y Junio 2021). Resaltamos la inauguración de este ciclo en donde tuvimos la oportunidad de abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad a la hora de resolver los conflictos entre la ciudadanía y las administraciones, de la mano del catedrático de Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco, Ramón Alzate Sáez de Heredia, y el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

    Los Diálogos de Mediación del dPA nacen este año con el compromiso de celebrar uno por trimestre y tocará temas como las ventajas y peculiaridades de la mediación; aspectos controvertidos de la mediación administrativa y los retos de la mediación en la era post-COVID-19.

    Recomponer los desequilibrios de la relación entre las partes en conflicto, mejorar el diálogo, favorecer la participación y tener siempre presente el anclaje legal constituyen las claves que subyacen en cada uno de estos Diálogos de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz, siempre con el horizonte de contribuir a construir sociedades más participativas y democráticas.

    ORGANIZA: COLABORA:

     

    Enlaces relacionados: 

    - Primera sesión Diálogos de Mediación, Marzo 2021 "Ventajas de la mediación entre la ciudadanía y las administraciones públicas".

    - Segunda sesión Diálogos de Mediación, Junio 2021 "Habilidades negociadoras y desequilibrios de poder en la gestión de conflictos".

    Las familias en riesgo de pobreza energética, la planificación de los sistemas de energía, la atención sanitaria y los servicios sociales, entre los temas trasladados por el Defensor del Pueblo andaluz en su reunión con la Junta en Granada

    Jesús Maeztu aborda las preocupaciones de la ciudadanía de la provincia con el delegado del Gobierno de la Junta en Granada

    El comisionado parlamentario anuncia una próxima visita de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía a Baza y Guadix

    El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha trasladado hoy las principales preocupaciones trasladadas a su Oficina por la ciudadanía de la provincia de Granada al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, entre las que ha destacado la situación de las familias en riesgo de pobreza energética; la planificación de los sistemas de energía; y la atención sanitaria y de servicios sociales que se dispensa en la provincia granadina.

    En una reunión de trabajo, el Defensor del Pueblo andaluz se ha vuelto a interesar por la situación de los cortes de luz en la Zona norte de Granada capital y otros municipios de la provincia, “y ha pedido un paso más”. Desde 2015 y en diversas ocasiones el Defensor se ha interesado por la situación de las personas afectadas; ha visitado domicilios y espacios públicos como centros sanitarios y educativos para comprobar in situ estas deficiencias en el suministro; ha tramitado las quejas de los particulares, y ha impulsado reuniones de la Mesa destinada a resolver este problema. Ahora el Defensor ha solicitado “coordinación” y la posibilidad de que un equipo técnico coordine las medidas que se acuerden.

    En este sentido, el Defensor ha propuesto en una reciente actuación de oficio una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía.

    Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha llamado la atención sobre el estado de la situación energética, que está teniendo consecuencias como el constante incremento del coste de la luz. Jesús Maeztu ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética. Desde hace unas semanas, este comisionado parlamentario ha estado reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

    En este ámbito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. Maeztu ha informado al delegado provincial de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa. En este sentido se ha referido a la situación de la línea de alta tensión entre Baza y Caparacena, proyecto que ha despertado protestas por parte de algunos sectores.

    Jesús Maeztu ha avanzado que en el próximo mes de octubre un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará a las comarcas de Baza y Guadix, donde se atenderá personalmente a los vecinos y vecinas de estas localidades que así lo soliciten y se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

    Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha incluido entre los temas de trabajo la atención sanitaria que se dispensa en la provincia, siendo Granada una de las provincias andaluzas que mayor preocupación muestra sobre los temas relacionados con la salud. Como en otras provincias, el Defensor ha señalado que se mantiene por parte de la ciudadanía la misma percepción de desatención en la atención primaria, con quejas desde Granada capital, Santa Fe, Cúllar Vega, Alhaurín el Grande, Motril o Armilla, entre otros, y la falta de pediatras en municipios de la zona norte, que han trasladado queja. En cuanto a los servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que la principal razón de las peticiones de la población de la provincia, en lo que se refiere a la renta mínima de inserción social, se fundan en las dilaciones en la gestión y resolución de procedimientos, en torno a los diez meses, ha apuntado . Por su parte las dilaciones en la valoración de la discapacidad del Centro de Valoración y Orientación de la provincia supera los 18 meses para la valoración de la discapacidad cuando el plazo legal máximo es el de seis meses.

    La salud, el medio ambiente y los servicios de interés general (consumo) han sido -tras los problemas planteadas por el personal del sector público- los asuntos que más actuaciones están motivando la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en la provincia de Granada, más de 800 quejas gestionadas y 750 consultas atendidas en lo que va de año, en total, más de 1.500 actuaciones.

    En paralelo, el Defensor del Pueblo andaluz celebra en la ciudad a partir de las 19:00 horas su tercera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de reflexionar sobre “La comunicación y la gestión de emociones en la mediación”, que se puede seguir vía streaming. Este jueves el equipo técnico mantiene una reunión con asociaciones de mediación.

    El Defensor asiste a la apertura del Año Judicial

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido este viernes en Granada al acto oficial de apertura del Año Judicial, que se ha retomado tras la suspensión del pasado ejercicio aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias. En la fotografía, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrego.

    Con motivo del elevado precio de la elecrtricidad insistimos en nuestra petición recogida en nuestro comunicado de 1 de agosto pasado donde indicábamos que "se pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad". En el mismo, el Defensor del Pueblo mostraba "su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias mas modestas y las personas en situación de pobreza energética. Por ello, el Defensor ha considerado necesario y urgente aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables". enlace al comunicado del dPA del 1 de agosto

    Entendemos necesario que una norma de rango legal establezca el derecho de las personas usuarias de los servicios energéticos a un mínimo vital que garantice la cobertura de las necesidades básicas de cualquier hogar aunque se encuentre en situación de precariedad económica. Este derecho a un mínimo vital energético que propugnamos debe integrar la actual regulación del denominado bono social eléctrico, superando las notorias carencias e insuficiencias de la misma y debe hacerse extensivo al resto de servicio energéticos.»

    Artículo del Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía: Los derechos de los sin voz

    Artículo de opinión del Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, publicado hoy en Grupo Joly

    Los derechos de los sin voz

     

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