La Red Europea de Defensores del Pueblo para la Infancia (ENOC) expresa su más profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños y niñas atrapados en el estallido de la devastadora guerra en Ucrania y reitera su apoyo y solidaridad al Comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos en su función de proteger y promover los derechos humanos de los niños y los jóvenes.

En los últimos 8 años, el Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos de Ucrania ha recordado constantemente que el conflicto armado en el este de Ucrania sigue afectando a los derechos de los niños. El actual conflicto armado que afecta a todo el territorio de Ucrania no hará sino agravar la ya frágil situación de los niños. La Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine M. Russell, también se hizo eco de esta afirmación: "Los últimos ocho años de conflicto han infligido un daño profundo y duradero a los niños de ambos lados de la línea de contacto. Los niños de Ucrania necesitan la paz, desesperadamente, ahora".

El Comisionado del Parlamento ucraniano para los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre el hecho de que aproximadamente 200.000 niños han sido desplazados internamente desde 2014 y este número aumentará significativamente en los próximos días y meses. El Comisionado ha dirigido recomendaciones concretas para garantizar que estos niños tengan acceso y disfruten de sus derechos en virtud de la UNCRC. (directrices para proteger las escuelas y universidades del uso militar durante el conflicto armado)

Los conflictos armados violan todos los derechos del niño; el derecho a la vida, el derecho a vivir en una familia unida, el derecho a la salud y a la educación, el derecho a la protección contra todas las formas de violencia y explotación, incluido el abuso sexual, el derecho a recibir asistencia humanitaria.

Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, así como el hecho de que ya hay informes sobre víctimas que afectan a los niños, la ENOC hace un llamamiento:

- Rusia debe detener inmediatamente su invasión para proteger la vida, la seguridad y el bienestar de los niños. Aunque tanto Rusia como Ucrania han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es imposible que el gobierno ucraniano proteja los derechos de sus ciudadanos infantiles en condiciones de guerra.

-Que todas las partes implicadas en el conflicto se abstengan de cualquier acción que ponga en peligro la vida, la seguridad y el bienestar de los niños, y que comprometa sus derechos. Los niños deben seguir teniendo acceso a los servicios esenciales y a una educación e infancia seguras;

- Que todas las partes implicadas garanticen que la ayuda humanitaria llegue de forma segura y rápida a los niños y las familias necesitadas. La ENOC y los miembros individuales de la ENOC cooperarán con las organizaciones internacionales pertinentes para proporcionar apoyo y asistencia humanitaria a los niños y jóvenes más vulnerables de Ucrania;

- Los miembros vecinos de la ENOC ya han expresado su disposición a aceptar a los refugiados de Ucrania y hacemos un llamamiento a los gobiernos de todos los demás miembros de la ENOC para que compartan su responsabilidad y abran sus fronteras a los niños y familias refugiados de Ucrania. Más que nada, los niños necesitan paz y seguridad.

ENOC reitera que el Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos en Ucrania debe poder seguir supervisando la situación e informar e investigar cualquier violación de los derechos fundamentales de los niños durante el conflicto armado, y reunir y difundir información relevante sobre las violaciones contra los niños en situación de conflicto armado.

Ahora es el momento de que todas las instituciones y gobiernos europeos demuestren colectivamente su dedicación y compromiso con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y demuestren activamente su empatía y voluntad de proteger a los niños de esta situación desesperada.

Como Defensores del Pueblo para la Infancia, en cada uno de nuestros países, nos esforzaremos, dentro de nuestras competencias, por garantizar que nuestros gobiernos mantengan estos compromisos.

Como Red, permanecemos atentos para ofrecer nuestra ayuda y experiencia de cualquier manera posible.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Jaén y su Comarca Metropolitana los próximos días 16 y 17 de marzo para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía ambos días, en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Plz. San Juan de Dios, 2, en Jaén. El horario de los dos días será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a las poblaciones de Fuensanta de Martos; Fuerte del Rey; Higuera de Calatrava; Jaén; Jamilena; La Guardia de Jaén; Los Villares; Mancha Real; Martos; Mengíbar; Porcuna; Santiago de Calatrava; Torredelcampo; Torredonjimeno; Villardompardo; Villatorres.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

Laura Iturrate Areste tomó ayer posesión del cargo como nueva secretaria general del Defensor del Pueblo Andaluz.

Nacida en Sevilla, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla -Especialidad Derecho Público- y cuenta con el título de experta en Administración Pública por la referida Univesidad y el Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide. 

Es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía del Cuerpo Técnico Superior de Administradores Generales (Especialidad Gestión Financiera), desde el año 2003 y ha desempeñado diversas responsabilidades dentro de la Junta de Andalucía. Con anterioridad a su incorporación a la Función Pública ha ejercido de abogada por cuenta propia en diversos despachos profesionales.

Dentro de la Administración de la Junta de Andalucía,  ha  sido Jefa de la Oficina de Planificación y Gestión de la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación; Jefa del Servicio de Asistencia Técnica y Seguimiento de la Oficina de Pensiones de Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, Jefa del Gabinete de Planificación y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Servicios Sociales y Jefa del Servicio de Educación y Promoción de Consumidores .

Ha participado de forma activa en proyectos de digitalización, automatización e interoperabilidad de datos con otras Administraciones Públicas para la agilización de los procedimientos administrativos (PNC y RMISA),  en el diseño y puesta en marcha de proyectos financiados con Fondos Europeos (FSE y FEDER) y ha colaborado en diversos planes estrategicos de la Consejería con competencias en materia de servicios sociales.

Actualmente, venía desempeñando la labor de asesora técnica de la Defensoría andaluza desde noviembre de 2019 en el Área de Salud, Servicios Sociales y Dependencia de la Institución.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con la directora general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, Almudena García Rosado. Maeztu, con la responsable del Área de Infancia, Maite Salces, ha trasladado las preocupaciones del movimiento asociativo sobre la situación futura de los centros específicos de Educación Especial. El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la responsable de la Junta de Andalucía en esta materia han compartido su interés por trabajar juntos en la búsqueda de soluciones, siempre con la premisa de anteponer el interés superior del alumnado más vulnerable.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha abordado hoy las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Huelva en una reunión de trabajo con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano. El titular de la Institución ha avanzado unos primeros datos provisionales de su balance de 2021 que, en lo que respecta a Huelva, ha ofrecido unos resultados de más de un millar de actuaciones, en concreto, más de 570 quejas gestionadas y 577 consultas.

En rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con la delegada provincial y, a continuación, con los delegados territoriales de la Administración andaluza en la provincia, Jesús Maeztu ha detallado que los onubenses que se han dirigido a la Defensoría el pasado año expusieron como principales motivos de preocupación los relacionados con las áreas temáticas de servicios sociales, salud, consumo, prisiones y medio ambiente. En concreto, un 47% de los asuntos estuvieron relacionados con políticas sociales; un 16% con justicia; un 15% con administraciones públicas, tributos y ordenación económica; un 14% con políticas territoriales, y un 8% con servicios de interés general y consumo.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que la provincia de Huelva es, proporcionalmente, la que en mayor porcentaje supera su peso poblacional en cuanto a las actuaciones que demanda de la Defensoría. Esto es que, si la provincia de Huelva representa en la comunidad autónoma un 6% del total de la población, en cuanto a la distribución territorial de las acciones que acomete el Defensor del Pueblo andaluz en Andalucía la provincia de Huelva representa un 11%.

Esta reunión se enmarca en una ronda de visitas a los diferentes delegados provinciales del Gobierno andaluz. Jesús Maeztu ha presentado a la delegada del Gobierno andaluz en Huelva la Estrategia 2021-2024 de la Institución, que significa un punto de partida para “adquirir nuevas herramientas y habilidades que nos permitan garantizar los derechos ante las nuevas realidades sociales que afronta la ciudadanía”. Asimismo, el Defensor ha informado a la delegada provincial del cambio de procedimiento por el que citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia, como una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas.

En paralelo, un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución está atendiendo presencialmente a los interesados en la costa occidental de Huelva, ayer en Lepe y hoy en Ayamonte, además de que se mantendrán reuniones con asociaciones y con equipos de trabajadores sociales.

Desde hace 30 años, ACCEM trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Defienden la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social. 

Tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales, la atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.

ACCEM publica este Informe "Radiografía de la trata en Andalucía y Galicia" en el marco del proyecto Novicom (“Fomentar el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de apoyo social a víctimas de trata, personas en riesgo de serlo o personas en situación de vulnerabilidad”), financiado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea. Desde la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, hemos aportado nuestra información y experiencia.

Los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, orientan hacia una normativa basada en los derechos respecto de la cuestión de la trata de personas.

• “Los derechos humanos de las personas objeto de trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y  reparación a las víctimas”.
• “Los Estados tienen la obligación, con arreglo al derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen y ayudar y proteger a las víctimas de ella”
• “Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales”

La trata de personas se ha convertido en las últimas décadas en una forma de esclavitud contemporánea, uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana ya que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se puede intercambiar y explotar. Es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades  criminales más lucrativas a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha firmado hoy un convenio marco de colaboración con el director gerente del Instituto de Instituto Lectura Fácil para la Promoción y Universalización de la Accesibilidad Cognitiva, Diego García Sánchez, con el fin de establecer mecanismos de colaboración y de cooperación orientados a promocionar la accesibilidad cognitiva y, en particular, la lectura fácil y el lenguaje claro en el ámbito de Andalucía, en especial, entre las Administraciones Públicas y las entidades prestadoras de servicios de interés general.

El convenio firmado por el Defensor del Pueblo andaluz y el Instituto de Lectura Fácil subraya que “el acceso y la comprensión de la información es un derecho y que buena parte de la ciudadanía no puede ejercerlo por diferentes motivos, en especial las personas en situación o riesgo de exclusión social: personas mayores, personas menores de edad, personas que no dominan el idioma, personas con discapacidad intelectual o con deterioro cognitivo, personas con baja cualificación, etc., siendo por ello relevante el desarrollo de este tipo de acciones para garantizar que la información llegue y sea comprendida por la ciudadanía en su conjunto".

El convenio se sustenta en la atención al principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, recogidas en normativas y declaraciones como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad; las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU; el Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículos 24, 18, 19 y 31); y la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Entre las acciones, el Defensor del Pueblo andaluz y el Instituto de Lectura Fácil resaltan la realización de labores de concienciación y de formación en el ámbito estricto de la Institución andaluza, con el fin de que su labor se acomode a estos principios y la información que facilite este comisionado parlamentario en su tarea resulte más clara, simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de esta y a las necesidades que presenten las personas destinatarias.

Asimismo, ambas partes elaborarán manuales de estilo y buenas prácticas destinadas al conocimiento y promoción de la lectura fácil y del lenguaje claro entre las Administraciones Públicas de Andalucía y las entidades prestadoras de servicios de interés general en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

También trabajarán en la identificación de los materiales, entornos y contenidos susceptibles de ser adaptados a lectura fácil y lenguaje claro; acciones de sensibilización; promover la accesibilidad cognitiva como recurso para la participación efectiva de los menores en la sociedad; posibilitar la generación de espacios de innovación social con objeto de hacer partícipe directa a la ciudadanía de los proyectos de accesibilidad cognitiva que se desarrollen; promover proyectos de publicación e investigación; el desarrollo de actividades formativas, y la promoción de la acción exterior.

El Instituto Lectura Fácil es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la defensa del derecho que tienen todas las personas a estar informadas y a comprender la información. Para conseguirlo, el Instituto Lectura Fácil persigue la promoción y la universalización de la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en nuestro país.

El Defensor del Pueblo andaluz pone a disposición de la ciudadanía un Mapa de los Servicios de Mediación en Andalucía.

Esta herramienta, inédita hasta el momento, permitirá identificar los recursos públicos de mediación disponibles en las ocho provincias andaluzas. Este trabajo recopilatorio, que comenzó hace más de un año, ha contado con la colaboración de administraciones públicas andaluzas (locales, provinciales y autonómica), entidades de derecho público como los colegios profesionales, y universidades, entre otros.

El Área de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz ha mantenido reuniones en las capitales de provincia para conocer e identificar al centenar de entidades registradas, un listado abierto a ampliación y actualización. El Mapa de los Servicios de Mediación en Andalucía servirá de base para un estudio en profundidad sobre el estado de la Mediación en la comunidad autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido al acto de entrega de la I edición del Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales', certamen organizado por la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Diputación de Sevilla. Los galardonados han sido los periodistas María-Paz López, Sara Selva y Óscar Justo y Bernat Armangué, en las modalidades de Prensa, Radio y Fotografía, respectivamente, mientras que la fotoperiodista Ana Palacios y el periodista radiofónico Daniel Ramírez, han recibido sendas menciones. En la modalidad de televisión, por decisión mayoritaria del jurado, el premio ha quedado desierto.