El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido esta mañana con la Asociación Covid Persistente y el SAS (subdirección de Gestión sanitaria) para analizar esta problemática, intercambiar información y favorecer líneas de colaboración.

Este encuentro es fruto del compromiso del Defensor del Pueblo andaluz tras la reunión celebrada con la asociación el pasado mes de diciembre cuando acudieron a la Institución para contar la dura realidad que están padeciendo las personas con covid persistente.

La Asociación LogCovid Andalucía -Covid Persistente- ha sido la entidad que el Defensor del Pueblo andaluz ha querido destacar este año en su Informe Anual 2021 por su trabajo por dar a conocer con mayor profundidad sus nnecesidades como pacientes y la realidad que viven en su día a día, así como por su labor para visibilizar esta problemática.

Decreto de la Fiscalía en PDF

Nos hacemos eco del Decreto de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provicial de Sevilla sobre el procedimiento a seguir para la protección de menores ucranianos que, huyendo de la guerra, llegan a Sevilla sin compañía de persona adulta.

La finalidad de esta iniciativa es evitar posibles situaciones de trata de estos niños y niñas.

Un asunto que preocupa mucho a esta Defensoría y que motivó recientemente una actuación de oficio (queja 22/1811)  solicitando la colaboración de la Dirección General de Infancia con la intención de que se establezca un protocolo específico que dé respuesta ágil a los ofrecimientos de acogimiento familiar que se vienen produciendo, todo ello en coordinación con otras instituciones públicas competentes (servicios sociales municipales, Administración del Estado, Fiscalía) y otras entidades y organizaciones sociales que vienen colaborando con el Ente Público de Protección de Menores.  

La ONG Entreculturas  ha entregado esta mañana al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, el "Plan de Acción de Agentes de Cambio"  elaborado por las juventudes de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+ como hoja de ruta para guiar sus acciones de transformación social en sus entornos.

La presentación de este plan se enmarca, además, en la campaña mundial por la educación, que este año ha querido hacer hincapié en la emergencia educativa global generada por la pandemia, que agravó las crisis preexistentes que limitaban el acceso a la educación en todo el mundo, poniendo en riesgo el aprendizaje y la protección de toda una generación de niños y niñas.  El objetivo es visibilizar el papel fundamental del profesorado, educadoras y educadores y todo el personal de apoyo como garantes del derecho a la educación y reclamar una financiación acorde a las necesidades educativas actuales, para "garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas, contando con profesorado suficiente y formado". 

Durante el encuentro, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha informado a este colectivo de las actuaciones que realiza en materia de educación, además de contar el trabajo que realiza su Consejo de participación integrado por una persona menor de edad de cada provincia, muy en la línea de visibilizar los problemas de la infancia y la adolescencia, entre ellos, el derecho a una educación inclusiva. Acorde a ello, ambas entidades se han comprometido a colaborar y trabajar algunas de las acciones recogidas en el plan.

Compartimos una interesante Guia sobre "Violencia de género en menores de edad" donde nos ayuda a prevenir los casos de violencia de género en personas menores de edad y nos indica la forma de gestionarlo. Esta Guía ha sido elaborada por la ANAR, fundación sin ánimo de lucro que ayuda a niños/as y adolescentes en riesgo.

La Violencia de Género no es un problema social nuevo. Sin embargo, sí es en los últimos tiempos cuando ha empezado a tener más relevancia porque han salido a la luz los casos que antes no se conocían o se escondían. Además, llega a ser tan dramática que en muchas ocasiones el final termina en la página de sucesos de los medios de comunicación.

Por otro lado, es una “lacra social” que se extiende también en las mujeres jóvenes, es decir, entre nuestras adolescentes.

Los profesionales que trabajan para ayudar a las mujeres adolescentes que sufren Violencia de Género* saben de primera mano que es muy importante generar confianza en las chicas que se atreven a contar lo que están sufriendo o han sufrido en su relación de pareja. La mayoría lo cuentan cuando llevan tiempo sufriendo en silencio.

Es por todo esto que queremos destacar una serie de cuestiones para todas aquellas personas, sean o no profesionales del sector, que puedan tener algún tipo de contacto o vínculo con chicas adolescentes y poder detectar un caso de Violencia de Género.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Motril, en la Costa Tropical de Granada, los días 20 y 21 de abril para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía ambos días en el Centro Civico la Matraquilla, en la Plaza de la Coronación de Motril. El horario de los dos días será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

En estos dos días, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de las poblaciones de Albondón; Albuñol; Almuñécar; Los Guájares; Gualchos; Ítrabo; Jete; Lentegí; Lújar; Molvízar; Motril; Carchuna-Calahonda; Otívar; Polopos; Rubite; Salobreña; Sorvilán; Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy las cuestiones relacionadas con la salud derivadas de la pandemia por COVID-19, especialmente los casos de salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital en la relación con las administraciones públicas; los asuntos de medio ambiente, movilidad y urbanismo; la necesidad de atención e información a la ciudadanía, y cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, destacando los energéticos, como las reclamaciones y peticiones de asesoramiento de los andaluces que más aumentaron en 2021.

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Informe Anual 2021, en el que aporta un análisis sobre los dos años de pandemia y la evolución de los retos que plantea la Institución para salir de esta crisis sanitaria en igualdad.

En cuanto al balance del segundo año de pandemia, el Defensor ha destacado el incremento en las quejas y consultas relacionadas con la atención sanitaria. Fueron más de mil quejas y otras mil consultas, un 35 por ciento más que en 2020, lo que hace encabezar las estadísticas del Defensor en números globales, solo superada por servicios sociales (mil quejas y 2.300 consultas) y continuada por vivienda, educación, consumo, e infancia y adolescencia, actuaciones que este comisionado parlamentario acomete como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

El incremento en materia de salud responde a que se han duplicado las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor también ha anotado que la mención especial de su Informe este año la ha dedicado a los colectivos que tratan de mejorar la vida de los pacientes con COVID persistente.

Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente (transición justa) y la movilidad de la ciudadanía también crecieron en 2021. En tercer lugar, el mayor incremento de quejas nuevas estuvo relacionado con asuntos de ordenación económica y administraciones tributarias, causadas en parte por la brecha digital que afecta a las personas mayores y al mundo rural, lo que el Defensor ha calificado como “apartheid digital”.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. También se mantiene la tendencia en los asuntos relacionados con los servicios de interés general, este año especialmente destacable en cuanto a la energía. En este sentido, tras las reuniones mantenidas el pasado lunes con la Consejería de Presidencia y el martes con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha emitido un pronunciamiento en el que ha reclamado medidas urgentes para que se restablezca el suministro en los barrios desfavorecidos de Andalucía.

En total, la Institución que dirige Jesús Maeztu atendió en 2021 a más de 30.000 personas, lo que motivó más de 28.000 actuaciones por parte de la Institución. De estas, 8.873 fueron escritos de queja nuevos y 61 quejas de oficio, lo que supuso 8.934 quejas iniciadas el pasado año, a las que se sumaron las pendientes de años anteriores hasta alcanzar las 13.092 quejas tramitadas. Un total de 354 fueron gestionadas por la vía de la mediación, un volumen que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. La ciudadanía presentó, además, 14.924 consultas, a las que el Defensor ha prestado escucha y asesoramiento.

En los dos años de convivencia con el virus, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que han sido más de 8.600 actuaciones directamente relacionadas con la COVID, que han venido a sumarse a las preocupaciones y problemas que ya existían con anterioridad a la irrupción de esta crisis sanitaria, especialmente dramáticas cuando se trata de familias vulnerables que demandan una mayor protección. Jesús Maeztu ha apuntado la preocupación de la Institución para que la ciudadanía salga en igualdad de esta crisis, lo que la Institución concretó en 13 retos o lecciones que avanzó al término del primer periodo de la COVID, ya concluido el confinamiento, en el Informe extraordinario 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia'. En este Informe Anual 2021, el Defensor del Pueblo andaluz aporta un seguimiento y evolución de estos 13 retos. Por último, el Defensor ha recordado que para prestar un mejor servicio a la ciudadanía la Institución aprobó este año la Estrategia 2021-2024 del Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy que “en el más corto plazo posible, se restablezca el suministro de luz en los barrios que están sufriendo interrupciones y cortes prolongados, porque es imposible vivir sin luz” y por ello ha emplazado a las administraciones y empresas con competencias a la colaboración y coordinación para poner fin a estas situaciones que se están produciendo en distintos barrios vulnerables de Andalucía, con amenaza de seguir extendiéndose a otros territorios desfavorecidos.

Jesús Maeztu ha llamado la atención sobre las consecuencias que los cortes de luz están provocando en personas mayores, electrodependientes y en la infancia y adolescencia, cuyos derechos deben ser protegidos de manera especial como recogen leyes y convenios internacionales. Debido a ello, el Defensor ha solicitado a las partes competentes que constituyan -en las zonas donde no se haya convocado- o vuelvan a reunirse donde sí existan, las mesas técnicas de trabajo que analizan estas situaciones.

El Defensor del Pueblo andaluz ha sugerido la elaboracion de un programa operativo para poder hacer el seguimiento y evaluación de los casos mientras que se vuelven a reunir estas mesas. Entre estas medidas concretas se puede recoger un mapa de riesgos que defina la identificación de los ocupantes de pisos con títulos, así como de los enganches ilegales que se producen por situaciones de pobreza (que se pueden acoger a bonos sociales) a diferencia de aquellos otros destinados a plantaciones de droga.

"Los daños de los cortes de luz son de toda índole. En la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos y de los mayores, en la falta de medicamentos, en la higiene y la atención que necesitan los menores de edad, en el funcionamiento de los ascensores para personas con problemas de movilidad... Como Defensor del Pueblo andaluz debo alzar la voz para que las entidades competentes asuman sus responsabilidades, especialmente graves en el caso de la infancia, ante esta grave situación", ha expuesto Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz enmarca este pronunciamiento en la ronda de reuniones de trabajo que durante la semana está manteniendo con responsables autonómicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y con el fiscal jefe y los titulares de la Fiscalía de Menores y Fiscalía Antidroga en la mañana de hoy martes.

Esta Institución viene desde hace años mostrando su preocupación por el grave problema que padecen numerosas zonas y localidades de Andalucía como consecuencia de los frecuentes y prolongados cortes en el suministro eléctrico que se producen en las mismas y que afectan a un elevado número de personas. Es una situación que viene mostrando su gravedad desde 2015, que provocó nuestra intervención, cuando los cortes se generalizaron en la Zona Norte de Granada, que se fue extendiendo cada vez a mas zonas de Andalucía -Almería, Sevilla, Cádiz- y cuyos efectos se manifiestan con creciente gravedad e intensidad, como lo demuestran los recientes incidentes ocurridos en Sevilla, en la barriada del Polígono Sur, o en Granada, en la barriada Las Flores de Pinos Puente, donde un elevado número de familias permanecen desde hace días sin suministro eléctrico y sin poder hacer uso de las instalaciones de agua.

En marzo de 2021, tras comprobar que el problema se agravaba y extendía por nuevas localidades y barriadas desfavorecidas de Andalucía, esta Institución formuló una Resolución, que incluía un análisis pormenorizado del problema, sus orígenes, causas y posibles soluciones, y que concluía con una petición a cada uno de los organismos implicados relativo a los diversos aspectos que estimamos necesario reforzar. Las peticiones se realizaron a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a Endesa como principal suministradora; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda; a la Fiscalía; a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a los Ayuntamientos afectados, tratándose de una investigación que continúa abierta.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a "fomentar la igualdad, la convivencia y la paz" en la entrega de los premios 'Así veo mis derechos' que convoca la Defensoría en las modalidades de vídeo y dibujo, y en la que han estado invitados a participar todos los centros educativos de Andalucía.

En la entrega del premio en la modalidad de vídeo al alumnado de Tercero de ESO del IES José Alcántara de Belmez (Córdoba), el Defensor de la Infancia ha dedicado un primer recuerdo "en solidaridad con los niños y niñas de Ucrania, que están sufriendo los devastadores efectos de una guerra", al tiempo que ha destacado la solidaridad que está demostrando el pueblo andaluz en esta crisis humanitaria.

Jesús Maeztu ha reclamado a los niños del centro educativo que hagan un esfuerzo por conocer sus derechos, actividad de formación que han ejercido en la elaboración de estos trabajos, y les ha indicado que el Estatuto de Andalucía otorga al Defensor el papel de garante de estos derechos, en especial de la infancia y de la adolescencia. Por ello, el Defensor se ha mostrado muy satisfecho de que el trabajo premiado en la modalidad de vídeo llevase el título de “Todos somos iguales”. El accésit ha recaído en un vídeo sobre el derecho a la integración de alumnos y alumnas de Primaria de Educación Especial del Colegio Purísima Concepción de Granada.

El Defensor ha enviado un mensaje de optimismo, "porque los niños y las niñas saben vivir con alegría en medio de la adversidad", y les ha animado a vivir "con menos lágrimas, y más sueños". En el acto de entrega del premio han participado José Porras Fernández, alcalde de Belmez, e Inmaculada Troncoso García, delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Por su parte, en representación del Defensor, la adjunta Juana Pérez Oller se ha desplazado a Villaricos (Almería) para hacer entrega del premio en la modalidad de dibujo a a una alumna de Sexto de Primaria del Colegio Sierra Almagrera por un dibujo sobre el derecho al amor. Al acto han asistido Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas de Almanzora, y Juan Velasco, alcalde pedáneo de Villaricos, entre otras autoridades. El jurado ha reconocido con un accésit a un grupo de una alumna de Tercero de Primaria del Colegio La Reina de Málaga por un dibujo sobre calidad de vida.

El premio en la modalidad de vídeo consiste en un diploma y material escolar por valor de 1.000 euros para el Colegio Sierra Almagrera; y el premio en la modalidad de dibujo en un diploma y un IPAD para la autora. A la 14 edición de estos premios se han presentado más de 50 trabajos entre ambas modalidades.

El Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.