El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, se ha reunido este jueves con una representación de la plataforma de vecinos de la séptima fase de Cerro del Moro de Cádiz en la sede de la Institución, atendiendo a su petición de darle a conocer su situación ante la construcción de las 67 viviendas proyectadas en esta fase de intervención en la barriada.

El Defensor ha manifestado ante los vecinos que entiende el desconcierto de las familias que no han visto cubiertas sus expectativas de ser propietarios en un futuro cercano, si bien considera que se ha cumplido con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a los residentes de la promoción, adaptadas a sus condiciones socioeconómicas.

Tras escuchar a una decena de estos vecinos, encabezados por su portavoz, Enrique Estévez, el Defensor ha apreciado que ha faltado información por parte de la Junta de Andalucía hacia los afectados en todo lo concerniente a las condiciones de acceso a una nueva vivienda en un proceso que venía a poner fin a la rehabilitación integral de la barriada, que se inició en la década de los 90 y que se encontraba paralizado. Jesús Maeztu ha considerado que “hubiera sido deseable que la Administración hubiera informado a las familias con anterioridad a concretar la fuente de financiación de los términos de la misma”, una cuestión que el Defensor trasladará a la Junta con la petición de que se mejore para posteriores actuaciones.

Jesús Maeztu ha reiterado a estos vecinos que “comprende el malestar de quienes se sienten diferenciados con respecto a los adjudicatarios de las anteriores fases, sobre todo, por los años que han de esperar para ser propietarios de las viviendas, pero que por su experiencia en procesos de rehabilitación de barriadas desarrolladas en fases que se demoran mucho, es prácticamente inevitable que se puedan mantener en el tiempo las mismas condiciones, como pueden ser la financiación de las actuaciones necesarias que se ven afectadas por los programas de los sucesivos planes de vivienda y suelo estatales y autonómicos, o el cambio de diez a cincuenta años en la posibilidad de acceder a la propiedad”, en este caso.

En este sentido, el Defensor ha explicado a los vecinos que -por otras reclamaciones que tramita la Defensoría- son unos términos de financiación en similares condiciones a las que se ofrecen actualmente a otros adjudicatarios de otras promociones de Andalucía que se acogen al mismo programa, siempre en aplicación de las normativas en vigor. El Defensor ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la declaración universal de los derechos humanos y un servicio de interés general que debe ser accesible y asequible a las personas.

Tras concluir la reunión, el Defensor se ha comprometido con los vecinos a estudiar toda la documentación que ha solicitado a la Administración o le han remitido los vecinos, y a pedirle a la Junta de Andalucía que escuche las peticiones de los afectados en otros aspectos que aún quedan pendientes del proceso de tramitación de esta fase para aclarar sus dudas y valorar las mejores condiciones posibles en la oferta final. En la misma línea, con respecto a la situación en el caso de renunciar a la adjudicación y permanecer en sus viviendas actuales, el Defensor ha insistido en la máxima transparencia e información.

El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que esta Defensoría se ha interesado en numerosas ocasiones en los últimos años por la remodelación del barrio, que ha visitado acompañado de los vecinos, así como ha mantenido diversas reuniones con las autoridades responsables de la programación y ejecución de las obras. En todas las ocasiones su labor ha sido la de impulsar y agilizar los pasos, sin entrar en los detalles técnicos de la actuación, y exigir la colaboración institucional en beneficio de las necesidades de la ciudadanía para desbloquear un proceso que se estaba demorando.

Una intervención que, como ha recordado Jesús Maeztu, “fue un compromiso personal para que se hiciera justicia con este barrio, aunque tardía, y donde mi trabajo ha sido, como siempre, impulsar y mediar entre las administraciones, en este caso local y regional, para desbloquear una actuación que estaba paralizada, sin participar en la negociación de las condiciones, que no es el cometido de esta Defensoría, pero exigiendo en todas las reuniones el derecho de estas familias de acceder a una vivienda atendiendo a su situación económica y social”.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y su equipo de gobierno, en la que ha conocido las preocupaciones del municipio sobre asuntos sociales y sanitarios.

El Defensor se ha mostrado interesado en conocer las preocupaciones sociales de Moguer e incorporar esas inquietudes a la institución. Entre ellas, Maeztu ha destacado asuntos generales como la dependencia, de la que ha advertido del riesgo de colapso con 60 ó 70 quejas diarias en Andalucía, así como la situación de la sanidad pública. En el caso de Moguer, ha compartido la necesidad de dar pasos adelante para facilitar recursos sanitarios a la ciudadanía y mejorar la atención en el centro de salud, la comunicación con el hospital de referencia o la asignación de profesionales. "El objetivo es pelear a muerte para que recuperemos el tesoro de la sanidad pública tras la coz que nos ha dado la Covid", ha señalado Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha puesto a Moguer como ejemplo en la erradicación de los asentamientos, junto a Lepe, y la respuesta ofrecida ante la inmigración. Maeztu ha apelado a la solidaridad y acogida a los inmigrantes, con especial atención a los menores de edad.

"Vengo a estudiar los problemas sobre el terreno, en un clima de diálogo, para hacer de puente con la Administración", ha finalizado el Defensor.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha instado a las administraciones a reflexionar sobre el grave problema social que afecta a miles de personas que residen en los barrios perjudicados por los cortes de luz y sobre la necesidad de garantizarles el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad.

El Defensor ha considerado oportuno recurrir a la adopción de cuantas medidas alcancen a la competencia de cada una de las partes implicadas, así como revisar de modo honesto y coherente con el fin pretendido los avances producidos y los obstáculos que aún deben removerse.

Pese a los esfuerzos realizados por cada una de las partes implicadas, seguimos observando que las actuaciones desarrolladas no parecen seguir una guía de intervención ni un enfoque coordinado de desarrollo y seguimiento. En este sentido, Maeztu se ha lamenta de que "poco se ha avanzado en una solución" y que cada una de las administraciones sigue echando mano de las competencias ajenas para justificar que el problema se perpetúe, o al menos es lo que podemos deducir a la vista de las respuestas que se han ofrecido a esta Institución y de los escasos resultados prácticos alcanzados.

· El jurado ha galardonado en la modalidad de dibujo a una alumna del CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva) y en la modalidad de vídeo a alumnado del IES Retamar de Almería · Debido a la alta participación y con motivo del 40 aniversario de la Institución, la Defensoría concede dos accésit en cada modalidad

Un dibujo de una alumna del CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva) y un vídeo de alumnado del IES Retamar de Almería han sido los distinguidos por el jurado del XVII Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. Estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

Con motivo de la alta participación (149 dibujos y 41 vídeos) y en coincidencia con la conmemoración del 40 aniversario de la Institución, la Defensoría de la Infancia ha concedido dos accésit. En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a una alumna de sexto curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya por un dibujo sobre el derecho a la intimidad. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una compañera de este mismo centro por un dibujo sobre el derecho a opinar y a un dibujo de quinto de Primaria del colegio Azahares de Sevilla por un trabajo sobre el derecho a una vivienda digna.

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho a la educación y el juego realizado por alumnado de cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Retamar de Almería. El jurado ha distinguido con un accésit a un vídeo sobre el derecho a la integración de alumnado de tercero de la ESO del IES Arboleda de El Puerto de Santa María (Cádiz) y otro trabajo sobre el derecho a la calidad de vida del IES Generalife de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro. Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, ha elaborado un manifiesto donde destaca la urgente necesidad de impulsar una convención internacional de Naciones Unidas de los derechos de las personas mayores.

Este compromiso es esencial para garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad, autonomía e igualdad, enfrentando los desafíos que plantea la longevidad en el siglo XXI. La edad no disminuye el valor de la vida, pero las personas mayores continúan sufriendo discriminación, vulnerabilidad e invisibilidad en las políticas públicas.

Como Defensor del Pueblo Andaluz hemos defendido en nuestros sucesivos informes anuales ante el Parlamento de Andalucia que las personas mayores precisan que se respete la autonomía de su voluntad, instrumentos específicos vinculantes y eficaces de protección normativa, así como ser destinatarias de políticas públicas singulares, que permitan adoptar en su beneficio medidas de discriminación positiva, imprescindibles para garantizar sus condiciones de igualdad.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por la reeducación y la reinserción en la justicia juvenil frente a otro tipo de medidas de represión, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor que ha delinquido.

Maeztu ha inaugurado hoy la jornada 25 años de avance de la Justicia Juvenil en Andalucía junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. A la jornada celebrada en Caixaforum han asistido profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Universidad, la Administración Pública y expertos pertenecientes a entidades colaboradoras responsables de la ejecución de las medidas judiciales en Andalucía, y que han analizado la trayectoria durante 25 años de la aplicación de la Ley 5/2000 en Andalucía.

Para el también Defensor del Pueblo en funciones, la delincuencia juvenil hay que afrontarla desde dos vertientes simultáneas; por un lado, abordando la educación de los menores de edad desde el aprendizaje paralelo de la libertad y la responsabilidad y, por otro, reprimiendo las conductas delictivas con las medidas adecuadas, pero siempre sin perder su referente educativo y de reinserción social.

Maeztu ha señalado que son muchas las razones por las que unas personas que se encuentran en pleno proceso de formación pueden llegar a cometer actos delictivos, unas consustanciales al propio individuo como la enfermedad mental o traumas psicológicos, y otros, externas, entre los que cabe incluir la influencia familiar, el fracaso escolar, o la marginación social. Asimismo, el Defensor se ha detenido en la responsabilidad de toda la sociedad, una vez que “la violencia social lo impregna todo y afecta a toda la ciudadanía”.

El Defensor ha destacado que en los 25 años de justicia juvenil en Andalucía se ha producido un cambio de perfil en el menor que delinque, con un incremento de jóvenes de clases sociales altas que cometen delitos, y condenados a penas de internamiento. “Son casos en los que la marginación no viene dada por su pertenencia a un entorno social desfavorecido sino por su desvinculación de un medio social adecuado, y su vinculación paralelamente a grupos cuyos estilos de vida promueve el consumo de drogas o el incumplimiento de normas”, ha añadido, para llamar la atención sobre la violencia filioparental, de manera singular hacia las madres.

Ante los nuevos desafíos de este tipo de sociedad -entre los que ha mencionado los avances en materia tecnológica, el aumento de la diversidad cultural, y otros diferentes modos de violencia- ha vuelto a incidir en la la reeducación y la reinserción de los chicos y chicas que han delinquido, así como en la protección de todas aquellas personas menores de edad que, en el polo opuesto, son víctimas día a día de violencia, injusticia e incomprensión.

De hecho, el Defensor ha considerado sobre una posible modificación de la vigente Ley de Responsabilidad Penal del Menor que no se trata de un problema jurídico o normativo, sino un problema social, fruto y consecuencia de varios factores, y que sólo puede afrontarse y comprenderse conociendo y actuando sobre los diversos factores que inciden en el mismo. “La legislación de menores infractores nunca puede ser la solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil, y ver en ella una relación directa con el problema no es la vía más idónea para combatirlo”, ha concluido.

Por último, sobre el desafío de la edad mínima para exigir a una persona menor de edad responsabilidad penal -estimada en 14 años-, Maeztu ha insistido en la necesidad de incrementar las medidas de prevención con aquellos menores que comienzan a mostrar signos de delincuencia leve, para evitar que lleguen a ser especialmente graves y el chico o la chica acabe cumpliendo una medida de internamiento en un centro.

"Necesitamos la prevención como instrumento de lucha contra la violencia juvenil, en la que el sistema educativo, los servicios sociales de atención primaria y los servicios de salud mental deben adquirir un especial protagonismo, actuando de forma eficaz y diligente ante los problemas de fracaso escolar o de salud mental que presenten los menores", ha finalizado.

Como cada 25 de noviembre, el Defensor del Pueblo andaluz se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para seguir concienciando sobre la necesidad de prevenir y frenar todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto si se produce en la vida pública como en la esfera privada.

La violencia contra las mujeres demanda una respuesta firme y continua, sin ningún tipo de matices, para condenar estas prácticas en cualesquiera de los ámbitos de la vida de las mujeres.

Compartimos que ante esta lacra social #NoHayExcusa, en coincidencia con el lema que Naciones Unidas ha elegido este año con el objetivo de hacer ver a la sociedad y a las mujeres en particular que es posible recuperar la confianza, y demostrar que las sobrevivientes de violencia pueden acudir a sus redes de apoyo para recibir ayuda, detener sus agresiones, y recuperar su libertad y su futuro. Según los datos que ha compartido este organismo, menos del 40% de las mujeres en el mundo que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, y muy pocas recurren a instituciones formales, como la policía o los servicios de salud.

Una de las herramientas seguras con las que pueden contar estas mujeres es la Defensoría del Pueblo de Andalucía. El Defensor en funciones, Jesús Maeztu, alienta a las mujeres que sufren violencia sexual o física a denunciar estos abusos, al tiempo que reclama a los poderes públicos que implanten todas las medidas de prevención, detección y atención para que las mujeres puedan denunciar estas situaciones.

Especial atención merece la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo que como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Maeztu pide que estas medidas estén especialmente activas, ya que el 16% de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó violencia física o sexual en el último año. Asimismo, los cambios tecnológicos han digitalizado todo tipo de violencia, y la juventud parece especialmente vulnerable al ciberacoso, que afecta a una de cada diez mujeres desde los 15 años.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz insiste en la necesidad de “contar estas historias, para conocer los motivos que esconden vuestros silencios y que pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza. En definitiva, que los malos tratos y abusos dejen de ser invisibles, porque las consecuencias pueden ser irreversibles si no se detectan a tiempo”.

En 2024 la violencia machista se ha cobrado la vida de 41 mujeres en España, diez de ellas en Andalucía, que dejaron a siete hijos e hijas menores de edad huérfanos.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un pacto social “cohesionado” que garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que, en su opinión, la defensa de este colectivo constituye uno de los mayores retos presentes y futuros de la sociedad.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Defensor ha presentado en la Fundación Cajasol la publicación Caminando hacia un nuevo contrato social. Del debate a la acción junto al coordinador del Foro Profesional por la Infancia, Ignacio Gómez de Terreros, promotor de unas jornadas celebradas en el mes de mayo cuyas conclusiones recopila esta publicación.

El Defensor de la Infancia ha pedido “políticas públicas útiles y estrategias adecuadas” en un momento que considera “crucial”por la realidad demográfica del país, al tiempo que ha destacado que este compromiso lo están poniendo de manifiesto los agentes que pertenecen a este Foro, más de un centenar de representantes de universidades, colegios profesionales, sindicatos, y entidades sociales, entre otros.

Entre los retos, Maeztu ha destacado la pobreza infantil; los entornos digitales seguros; la salud mental y la prevención del suicidio, así como ha llamado la atención sobre los menores migrantes no acompañados; la trata de personas; los huérfanos víctimas de violencia de género; los menores con trastornos de conducta; el acoso escolar y todas aquellas situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia.

El Defensor de la Infancia ha confiado en emprender un “camino nuevo” para “que se produzca ese cambio a mejor” en las políticas públicas que impactan sobre la infancia y la adolescencia.