El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha desplazado hoy a la ciudad de Córdoba para interesarse por las preocupaciones y demandas de la ciudadanía cordobesa. Desde ayer miércoles, un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor atiende presencialmente a los vecinos que lo demanden, acción que continúa hoy.

El Defensor por una parte se reúne con trabajadores y trabajadoras sociales de la comarca, y en otra reunión con una treintena de asociaciones dedicadas a salud, dependencia, personas migrantes o movilidad. Asociaciones de memoria histórica tuvieron una sesión monográfica en el día de ayer.

Jesús Maeztu ha expuesto que durante este año han sido alrededor de 500 quejas de Córdoba capital recibidas este año, entre las que ha destacado las referidas a vivienda, salud, dependencia y justicia. El Defensor también ha anotado las quejas de oficio abiertas por la Institución en las cuales se ha requerido la respuesta de las administraciones locales en Córdoba, como los trámites para conseguir el arraigo social, la investigación sobre las escuelas rurales o sobre la exclusión financiera, la situación de las ayudas al alquiler, o el estado de los recursos judiciales.

Asimismo, Maeztu ha hecho referencia a las preocupaciones que recibe por parte de la ciudadanía andaluza, y que son comunes en Córdoba, como son, en la salud, las quejas y consultas por atención primaria, salud mental y preocupación por la atención a las personas mayores, en concreto, sobre las residencias; las políticas para prevenir el cambio climático, entre las que ha destacado aquellas relacionadas con la contaminación atmosférica y la transición energética, y por último las demandas de la ciudadanía para recibir una buena administración, ante los problemas causados por la administración electrónica y la brecha digital, que afecta principalmente a las personas mayores.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han mantenido hoy una reunión con el fin de avanzar en los mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información. Jesús Maeztu y Antonio Sanz han acordado celebrar reuniones periódicas con una periodicidad cuatrimestral, con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.

En los despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordarán, asimismo, posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés; o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado al consejo de la Presidencia de las conclusiones del Informe Anual 2021 de la Institución, debatido el pasado 18 de octubre en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz y que presentará ante el pleno el 9 de noviembre. Fueron más de 35.000 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría.

Entre otros asuntos, Jesús Maeztu ha solicitado información sobre la situación de los cortes de luz en distintos barrios de Andalucía. La Defensoría está interviniendo para garantizar el derecho a unos suministros básicos ante este problema social. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha avanzado que celebrará el 18 de noviembre en la ciudad de Málaga una jornada que llevará por título Personas electrodependientes, por una regulación justa.

Asimismo, Jesús Maeztu ha aportado al consejero de la Presidencia un balance del nuevo procedimiento que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Maeztu ha expuesto que desde que se modificó este procedimiento las administraciones han enviado los informes requeridos a tiempo y no ha sido preciso una citación de la autoridad responsable.

Organizadas por el Procurador del Común de Castilla y León, participará el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Meztu, junto a sus homólogos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y  País Vasco

La adecuada prestación del servició público de salud constituye una de las principales preocupaciones de los Defensores del Pueblo, máxime cuando año tras año estos reciben un importante número de quejas ciudadanas relacionadas con esta materia, número que se han visto incrementado, en general, durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19. Estas quejas han tenido una particular incidencia en los municipios rurales, en los que residen de forma predominante personas mayores que, por su edad, frecuentemente se ven afectadas por diversas patologías y que, por ello, requieren de atención sanitaria.

Es por ello que los titulares de las Defensorías, con motivo de las últimas Jornadas de Coordinación, acordaron tratar de forma monográfica la prestación del servicio de salud en el medio rural y su celebración en León, organizadas por el Procurador del Común. De esta forma, León acogerá en la Real Colegiata de San Isidoro, durante los días 20 y 21 de octubre, las jornadas anuales de coordinación, en su 35ª edición, tras dos años sin haberse podido realizar a causa de la pandemia.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 20 de octubre, en el que participarán el Procurador del Común, Tomás Quintana, el Alcalde de León, José Antonio Díez y el Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez. A lo largo de los dos días se expondrán tres ponencias: la primera, bajo el título La prestación del servicio sanitario en tiempos de pandemia, a cargo del Dr. Vicente Álvarez García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura; la segunda sobre los Modelos de prestación del servicio de salud en el medio rural, cuyo ponente será el Dr. Juan José Fernández Domínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, y la tercera, titulada El empleo público sanitario en el medio rural, de la que se ocupará la Dra. Mª Josefa Cantero Martínez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además se celebrarán dos mesas de trabajo, en las que se abordarán, respectivamente, las Quejas frecuentes y recomendaciones en lo referente a la prestación del servicio de salud en el medio rural y los Problemas estructurales de la prestación del servicio sanitario en el medio rural, con la participación de los asesores y expertos en sanidad de las diferentes Defensorías. En la tercera y última mesa de trabajo se tratarán los Problemas y soluciones en relación con los empleados públicos que prestan el servicio sanitario en el medio rural, con la participación del Director del Área de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, la Directora General de Personal y Desarrollo Profesional de Castilla y León, la Directora General de Planificación y Reforma Sanitaria y el Gerente de Atención Primaria de Navarra.

El viernes, día 21, intervendrá el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y, posteriormente, se dará lectura a un documento de conclusiones. La clausura de las Jornadas de Coordinación correrá a cargo del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy el fortalecimiento de la salud pública, especialmente ante el agravamiento de la salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital; y las políticas sobre justicia climática y transición energética como retos inaplazables para las administraciones públicas en los tiempos actuales.

Estas reclamaciones coinciden con las principales materias que han incrementado el número de quejas y consultas por parte de la ciudadanía en el Informe Anual 2021, que el Defensor del Pueblo andaluz ha debatido en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz. Fueron 30.665 personas las que requirieron en 2021 la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 28.720 actuaciones (13.092 quejas gestionadas, 14.924 consultas y 704 acciones de promoción de derechos).

En primer lugar, Jesús Maeztu ha destacado el mayor incremento de reclamaciones de la ciudadanía ha sido en quejas sobre la sanidad, una vez aumentaron las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor ha hecho hincapié en los retrasos en la atención primaria y como consecuencia de ello ha reclamado una mejora en los canales de información; desvincular a los profesionales sanitarios de obligaciones que no sean de atención sanitaria en sentido estricto; y dotar a los centros de un refuerzo de personal con vocación de permanencia con el fin de reducir estos tiempos. Jesús Maeztu ha señalado que estos servicios son todavía más necesarios en las poblaciones rurales.

Precisamente la prestación del servicio público de salud en el medio rural es el tema que este jueves y viernes abordarán el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y el resto de defensores autonómicos en la Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizada este año por el Procurador del Común de Castilla y León. Jesús Maeztu ha completado que la Institución ultima un informe especial sobre el impacto de la Andalucía despoblada en la educación.

Sobre este fortalecimiento de la sanidad pública, el Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en la necesidad de trabajar en la atención a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias para aquellas que no tengan oportunidad de beneficiarse de las políticas de envejecimiento activo. Sobre la salud mental, el Defensor ha reclamado “recursos que estén fuera de la economía familiar para la recuperación de las personas con trastornos mentales, y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades”.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. De estas solicitudes, el Defensor ha advertido sobre la brecha digital en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, lo que está provocando la aparición de “nuevos excluidos” debido a esta transformación digital.

“La relación de la ciudadanía con las administraciones públicas se ha deteriorado, en parte, por esta pérdida de la atención presencial”, ha señalado. Para el Defensor, los principales perjudicados han sido personas necesitadas de ayudas de emergencia para la subsistencia (un ingreso mínimo), para evitar un desahucio, o para determinado tipo de pensiones (no contributivas), ya que “otra vez los más afectados han sido las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”. “En la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente. Los Defensores tenemos que mirar a la cola, porque ahí es donde se mide la desigualdad, y una sociedad desigual produce efectos perniciosos”, ha expuesto Jesús Maeztu.

Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente también han tenido protagonismo. Jesús Maeztu ha destacado la relación entre el cambio climático y el agravamiento de la salud, como las pandemias y los casos de salud mental. Por ello, ha reclamado políticas de justicia climática. También este aspecto el Defensor ha resaltado los costes de la transición energética, con un encarecimiento de la luz y barrios que están sufriendo cortes en el suministro. “Sin luz es imposible vivir”, ha sentenciado Jesús Maeztu.

Por último, el Defensor ha expuesto a los diputados que, para adaptarse a estos retos, la Institución está desarrollando las líneas prioritarias de la Estrategia 2021-2024 que permitirá al Defensor del Pueblo andaluz conectar con estos cambios sociales. Un trabajo que se complementará con la celebración el próximo año del 40 aniversario del Defensor del Pueblo andaluz.

La Defensoría de la Infancia y Unicef advierten de que más de 4 de cada 10 personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía

Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han alertado sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años (tasa AROPE*) en Andalucía. Las cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020, hasta situarse en el 43,7%**, (37,4% en 2020). Un dato que sitúa en esta franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, más de 4 de cada 10.

Las cifras superan en más de 10 puntos la media nacional del 33%. A nivel nacional, el dato también empeora en casi 2 puntos (un 1,9%), lo que mantiene a un tercio de la población española menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de 1 de cada 10. Esta tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%).

Entre los datos, destacamos que el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado; sin embargo, empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020.

Estas privaciones, analizadas dentro de la tasa AROPE, repercuten de manera muy intensa en hogares con niños y niñas. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Una nueva crisis que afronta la infancia

Las cifras siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social y avanzan los efectos de la pandemia en las familias, ya que los datos corresponden a 2020. Ahora, con este aumento hasta el 43,7% se acerca a los peores datos registrados, el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica. Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total.

Desde Andalucía, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclamamos una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.

Proponemos situar la infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia.

Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, (como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión).

Estas medidas deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy un reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía occidental en las Noches de la Psicología, celebradas en Cádiz. Jesús Maeztu ha sido distinguido por su constante labor de señalar e instar a los poderes públicos a eliminar las desigualdades y los déficits que lastran la salud psicológica y el bienestar emocional de la población andaluza, especialmente de la más vulnerable; por su vigorosa defensa de valores de justicia, solidaridad, aceptación, tolerancia y acuerdo, tan centrales en la profesión de la Psicología; y por la disponibilidad y cercanía siempre mostradas hacia este Colegio.

En su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha agradecido la labor de los profesionales de la psicología en la atención a la salud mental, agravada como consecuencia de la pandemia, y ha hablado de la necesidad de invertir en las "enfermedades del alma", donde existen "sentimientos y frustraciones". "Ha habido muchas desaveniencias en las familias. Y yo me pregunto, ¿causas? Hemos sabido leer algunos mensajes de la pandemia, pero otros mensajes no", ha señalado Jesús Maeztu, quien ha mencionado los riesgos de la brecha digital o los problemas por la pérdida de la presencialidad.

El Defensor del Pueblo, también Defensor de la Infancia y Adolescencia, ha dedicado especial atención a la pobreza infantil y otras formas de violencia hacia la infancia, entre ellas el incremento de problemas asociados a la salud mental. "¿Dónde están los recursos?", se ha preguntado el Defensor, quien ha reclamado más psicólogos "para curar el alma, porque la pandemia nos ha hecho daño".

"Hace falta evitar luchar contra la estigmatización de los enfermos de salud mental; profesionales más formados; empatía de la Administración, con una política de cuidados; e incidir en la educación", ha manifestado el Defensor.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, se desplaza a Córdoba el miércoles 26 y el jueves 27 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía ambos días en en la sede de Los Colegios Provinciales (Diputación de Córdoba) en la Avenida del Mediterráneo. s/n. El horario de los dos días será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a seguir trabajando en la protección a las víctimas de violencia en la inauguración del Máster Oficial de Criminalidad e Intervención Social en Menores que organiza la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. El Defensor ha agradecido la invitación a Francisco Javier Garrido Carrillo, profesor Titular de Derecho Procesal.

Una intervención en la que el Defensor ha abogado "siempre y en todos los casos por la reeducación y la reinserción de los menores que han delinquido". Jesús Maeztu ha repasado el tema de la violencia sexual, "una realidad execrable y reprochable", para la que se cuenta con un nuevo instrumento jurídico, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

Maeztu ha analizado los abusos que se producen en la infancia, también por los propios niños y niñas, que, al cometer actos delictivos, se ven incursos en procedimientos de responsabilidad penal, pero sobre todo en el entorno familiar. Otras de las temáticas abordadas han sido la violencia filiparental y, por último, los menores infractores con problemas de salud mental.

"Si no actuamos ahora muchos niños y niñas nos pedirán cuentas de por qué no se les protegió y se les hizo justicia; nos pedirán explicaciones de por qué no cumplimos con nuestras obligaciones legales", ha concluido el Defensor de la Infancia.

El Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Córdoba (Argentina), Ismael Emiliano Rins, se encuentra esta semana en Sevilla invitado por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, con el objetivo de intercambiar experiencias que mejoren la gestión de ambas instituciones defensoras de derechos humanos.

Jesús Maeztu ha agradecido al Defensor de esta región argentina su acogida en la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en la que el Defensor andaluz ostenta una vicepresidencia. Recientemente Rins ha estado conociendo la Defensoría del Pueblo de Francia y otros médiateur regionales. Precisamente, uno de los puntos de interés de este encuentro reside en el servicio de mediación de la Defensoría andaluza, pionera en introducir la mediación administrativa en las Defensorías.

El Defensor de Río Cuarto ha advertido sobre la "violencia administrativa" que se ejerce sobre los defensores por parte de los poderes en países de América Latina. "Esa cola de la desigualdad de la que advierte el Defensor andaluz, que en estas regiones europeas se va acrecentando, en buena parte del continente iberoamericano se ha rebasado", ha señalado Rins, quien ha abogado por el intercambio de experiencias "desde el conocimiento y la espiritualidad necesaria".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una queja de oficio para interesarse por la falta de convocatorias del Bono Joven al Alquiler y otros programas de ayuda a la vivienda para personas vulnerables en Andalucía.

En la actuación, el Defensor expone que a comienzos de este año se publicó el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El citado Plan Estatal contempla diversos programas de ayudas económicas que pretenden facilitar el derecho a la vivienda, en un momento marcado por la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19, a la que unos meses después se ha añadido la inflación causada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Defensor señala que, "iniciado el otoño, aún nos encontramos con que dos programas esenciales de ayudas económicas del referido Real Decreto aún se encuentran sin desarrollar en Andalucía".

En primer lugar, este comisionado parlamentario ha apuntado al Bono Alquiler Joven, medida a gestionar por las comunidades autónomas, siendo primero necesario que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las comunidades autónomas llegasen a un acuerdo al respecto y posteriormente que se regulasen los términos de la convocatoria. A comienzos de junio arrancó en Cataluña y, a lo largo del verano, todas las comunidades autónomas iniciaron la convocatoria, habiéndose concluido ya, además de en Cataluña, en Cantabria e Islas Baleares. "Andalucía es la única comunidad autónoma en la que aún no se han aprobado las bases reguladoras ni publicado la convocatoria del Bono Alquiler Joven", ha señalado el Defensor.

En segundo lugar, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, era necesaria la firma del preceptivo convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Andalucía, que no se ha producido hasta el 16 de agosto, sin haber sido aún publicado en el BOE, con un compromiso financiero por parte del Ministerio de 246,7 millones de euros para los programas a los cuales se haya acogido nuestra comunidad. Estos programas están destinados al alquiler de vivienda; a la ayuda a las víctimas de violencia de género -al ser personas objeto de desahucio de su vivienda habitual-, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida; y a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.

Expone el Defensor que la Consejería andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aprobado la Orden de 10 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de alquiler, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Sin embargo, aún no se ha procedido a la convocatoria de dichas ayudas, dándose la circunstancia de que han transcurrido dos años desde la última convocatoria de ayudas al alquiler a colectivos vulnerables.

"Del resto de programas citados se desconoce por el momento si han sido incluidos en el Convenio bilateral, si por tanto tienen financiación estatal y/o autonómica y si van a ser puestos en marcha a corto o medio plazo mediante la aprobación de las bases reguladoras y la formulación de las correspondientes convocatorias", ha aseverado el Defensor, para quien es responsabilidad de los poderes públicos cumplir con el mandato constitucional y estatutario de promover las condiciones y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, adoptando todas las medidas que contempla nuestro ordenamiento para ello.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz ha iniciado queja de oficio y ha solicitado a la Viceconsejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la remisión de informes sobre las actuaciones que se estén realizando para la convocatoria de estas ayudas, "de las que la ciudadanía andaluza con mayores necesidades se encuentra a la espera", así como sobre la fecha aproximada en la que las mismas puedan estar vigentes.