El arraigo social es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a personas extranjeras que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares en España o estén integradas socialmente. Los requisitos que deberán reunir los extranjeros para la concesión de esta residencia están establecidos, pero para aquellos extranjeros que no tengan vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles tendrán que, junto al resto de documentación exigida, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Son los Servicios Sociales Comunitarios del domicilio habitual del solicitante los que deberán emitir el citado informe sobre la integración social.

Del contenido de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo andaluz, observamos la falta de una interpretación única de la normativa de aplicación. Nos constan Ayuntamientos que cumplen con el contenido de la Instrucción de referencia y otros que, por el contrario, parten de una exégesis muy restrictiva de la legislación, dificultando a los interesados y dilatando los plazos en la tramitación de los informes que acrediten su integración, cuando no provocando que los expedientes concluyan con una resolución denegatoria. Una praxis de la Administración Local que propicia que para solicitar en esos Ayuntamientos el informe de inserción social los migrantes se empadronen en aquellos municipios en los que la obtención de esta documentación es más sencilla, y así evitar retrasos en la tramitación de sus autorizaciones de residencia y no donde realmente están sus domicilios. Tanto las personas afectadas como colectivos del tercer sector nos han trasladado distintas situaciones referidas a las dificultades para obtener el informe de referencia que perjudica la tramitación de su expediente de arraigo.

Constatada la relevancia de este informe de inserción social en la tramitación de los expedientes de arraigo social y los perjuicios que ocasiona a sus solicitantes en los proceso de regularización administrativa los retrasos en su entrega o la exigencia de requisitos no contemplados en la legislación, esta Institución, en el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, ha acordado la apertura de un expediente de queja de oficio por cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma, en aras a velar por el principio de legalidad e igualdad de las personas que solicitan el informe de inserción social para aportarlos a los expedientes de autorización de residencia temporal.

Para ello se solicita a los Ayuntamientos de cada provincia con una población superior a 20.000 habitantes, la colaboración mediante la remisión de informe referido a:

• Criterios tenidos en cuenta para valorar la integración de los solicitantes, tomando especial interés para esta Defensoría la documentación requerida para acreditar el tiempo de residencia en territorio español.

• Información sobre el número de expedientes iniciados en 2020 y 2021, así como el sentido de la resolución, favorables o no y los que se encuentran en trámite de resolución.

• Tiempos medios de respuesta en la emisión de los informes.

• Dificultades con las que se encuentran a la hora de emitir los mencionados informes.

• Modelo de instancia facilitada a los interesados en la tramitación de los informes de inserción social, para aportar a los expedientes de autorización de residencia temporal, en el que se detalle la documentación requerida para su elaboración.

Asimismo, a cada Diputación Provincial se le solicita, información sobre los items antes expuestos además de:

• Si se ha constatado diferencia de criterios entre las distintos centros de servicios sociales de su provincia en los que tenga competencia.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la emergencia climática y la pobreza infantil como graves amenazas para garantizar los derechos de la infancia, “en unos momentos en los que niños y niñas se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar”.

En la inauguración de la jornada Los derechos de la infancia en Andalucía: retos y propuestas, que la Defensoría de la Infancia celebra conjuntamente en la Fundación Cajasol con Save the Children, Maeztu ha señalado distintos problemas para la infancia como son casos de malos tratos y otros tipos de violencias, brecha digital o la salud mental, si bien la jornada analizará la protección de los niños y las niñas ante los problemas para garantizar la justicia climática y ante el incremento de la pobreza infantil tras la Covid-19.

“Los niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos corren más riesgo de sufrir las consecuencias de estos cambios climáticos extremos porque viven en viviendas no acondicionadas, poco espaciosas y carentes de sistemas de refrigeración o calefacción. La renta, por tanto, es también un factor fundamental para enfrentar la emergencia climática, lo que atenta contra los derechos de la infancia”, ha señalado Jesús Maeztu, quien ha apuntado que “vamos a analizar estas situaciones y a aportar propuestas y soluciones con expertos y los propios niños y niñas”.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado que “Andalucía tiene ahora la oportunidad de ser vanguardia para acabar con la pobreza infantil y apoyar de manera real y efectiva a las familias más vulnerables. La experiencia nos dice que las transferencias de renta son una de las políticas de protección social más efectivas para combatir la inequidad. Por esta razón, creemos que los próximos presupuestos andaluces deberían retomar el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) como complemento al Ingreso Mínimo Vital, (IMV) el cual fue ya avanzado en la anterior legislatura”, ha añadido Conde.

Esta petición se enmarca en las enmiendas de adición presentadas por Save the Children al articulado de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2023, que les ha hecho llegar a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo de lograr un firme consenso frente a la pobreza infantil. Además de recuperar el IPII, la organización propone que, como medida transitoria a dicho ingreso, se realice una modificación presupuestaria para aumentar los recursos destinados a la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el objetivo de complementar la cobertura del IMV, asumiendo su complementariedad. “Somos conscientes del esfuerzo presupuestario que suponen ambas medidas, pero también del compromiso de la Junta de Andalucía y su preocupación por la infancia más vulnerable”.

La Defensoría de la Infancia y Save the Children elaborarán una propuesta entre todos los actores implicados que ayude a luchar contra el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable por su situación socioeconómica. Tras la inauguración, se ha procedido a la conferencia principal, Retos en la defensa de los derechos de niños y niñas: la necesidad de un enfoque de derechos humanos, por parte de Jorge Cardona, catedrático de Derecho Público Internacional Universidad de Valencia y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño.

La primera mesa redonda ha abordado los Derechos de la infancia y justicia climática, y participaron Leticia Balselga, representante de Ecologistas en Acción; Natalia Melero, miembro del Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia; Miguel Delibes, biólogo y presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y Marta Bordons, representante de juventud por el clima (Fridays for future).

En una segunda mesa redonda, Infancia y juventud en desigualdad social, intervienen Francisco José Mora, Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud; Juan Manuel Flores, teniente de alcalde delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla; Helena Fernández, concejal delegada de Asuntos Sociales y Delegación de personas mayores del Ayuntamiento de Cádiz, y Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido hoy a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía. En el acto celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla, el mismo lugar en el que tuvo lugar la sesión constitutiva el 21 de junio de 1982, el Parlamento ha celebrado un pleno institucional tras la reunión de la Mesa de la Cámara.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha pronunciado un discurso institucional ante los ciento nueve diputados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ex diputados y demás autoridades invitadas. En un discurso con un amplio recorrido histórico acerca de los 40 años de la institución, Aguirre ha pedido a los diputados y las diputadas "trabajar sin descanso para aportar soluciones a la ciudadanía. Para posibilitar mejoras económicas a quienes les cuesta llegar a fin de mes o, directamente, no llegan; para que la Sanidad o la Educación sigan dando cada vez más y mejores respuestas a las necesidades que se les plantean; para que las mejoras sociales repercutan en la mayor parte posible de andaluces y andaluzas, para que nadie quede atrás".

La actual es la decimosegunda de las Legislaturas, que han contado en su totalidad con 783 diputadas y diputados. En total, se han aprobado hasta ahora 354 leyes, como ha referido Jesús Aguirre.

La igualdad de género es un derecho. Como afirma la Organización de Naciones Unidas en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria hasta el cambio climático, la escalada de los conflictos y la violencia contra las mujeres.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad debe concienciarse de que la violencia de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, a la par que supone una manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y representa una clara conculcación de los derechos humanos. Atención especial requiere cuando la violencia machista se ejerce contra personas jóvenes y mujeres menores de edad.

En coordinación, cooperación y colaboración con las distintas Administraciones Públicas, instituciones, colegios profesionales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, asociaciones y otras entidades privadas que en Andalucía siguen luchando contra la violencia de género, el Defensor del Pueblo andaluz aspira a lograr la erradicación de esta lacra social para que, entre todas y todos, desde los sectores públicos y privados, logremos de una vez acabar con esta violación de los derechos humanos.

Un dibujo de un alumno de La Línea de la Concepción y un vídeo de alumnado de un instituto de El Puerto de Santa María han sido los distinguidos por el jurado del XV Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. Estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a un alumno de Segundo de Primaria del Colegio La Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz) por un dibujo sobre el derecho a la calidad de vida. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una alumna de Quinto de Primaria del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre el derecho a la igualdad.

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho a la educación y el juego realizado por alumnado de Cuarto de la ESO del IES La Arboleda de El Puerto de Santa María (Cádiz). El jurado ha distinguido con un accésit un vídeo sobre el derecho al auxilio de alumnado del Colegio de educación especial San Rafael de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Mundial de la Infancia. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados. La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y de organizaciones como Save the Children y Unicef, así como el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

En una carta dirigida a los directores y directoras de los centros educativos, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado que esta “es una convocatoria especialmente importante para esta Defensoría, ya que cuenta con la estrecha colaboración de toda la comunidad educativa para que los niños y niñas piensen y conozcan sus derechos y, sobre todo, que nos los cuenten a su manera”.

“Hoy más que nunca, estamos convencidos de la necesidad de escuchar la voz de las personas menores de edad y que nos cuenten cómo están viviendo sus derechos. Este Premio es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y, como no, también sus deberes”, ha concluido Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Huesa (Jaén) con los IV Premios Antonio Chamorro Daza, unos galardones con los que se reconoce la labor de administraciones, colectivos, entidades y personalidades para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El premio, en la categoría regional, lo recibirá la adjunta al Defensor Juana Pérez Oller el 26 de noviembre.

Los otros galardonados en esta edición son la Unidad Militar de Emergencia, a escala nacional; la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, a escala provincial; y Baldomero Segura, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, a nivel local.

La Diputación de Jaén patrocina estos premios que rinden homenaje a Antonio Chamorro Daza, médico e investigador nacido en Huesa en 1903 que se exilió a París donde ejerció en el Instituto del Radium y en el Laboratorio Pasteur. Su intensa labor le llevó a publicar un centenar de trabajos experimentales sobre virología, endocrinología y oncología, bajo el patrocinio del Centre Nationale pour la Recherche Scientifique (CNRS), el Colegio de Francia y el Laboratorio de Fisiología General de La Sorbona.

El Defensor del Pueblo andaluz ha conocido hoy los avances en el protocolo para la erradicación de los asentamientos irregulares de migrantes temporeros en la provincia de Huelva en una reunión con de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge. Este procolo se firmó en julio entre la secretaría dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los primeros municipios acogidos al mismo, Lepe y Moguer.

Jesús Maeztu ha agradecido la visita de la secretaria de Estado, quien le ha presentado la primera concreción de este protocolo, un real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros por el que se regulará la concesión de subvenciones a estos municipios.

El Defensor andaluz ha transmitido su preocupación por la situación en la que se encuentran miles de personas migrantes, un drama humano que necesita de la actuación coordinada de las administraciones. Colectivos sociales y humanitarios reclaman una solución urgente desde hace años.

El Defensor ha realizado un seguimiento permanente de estas situaciones in situ, cuyas conclusiones ha trasladado a los representantes gubernamentales. "Esta solución de los asentamientos solo tiene una solución final que es su total erradicación; y todo lo que se trabaje debe ir en esa línea para hacer desaparecer una lacra que viene de mucho tiempo atrás", ha señalado Maeztu.

Para este comisionado parlamentario, resulta necesario seguir trabajando en medidas como la regularización temporal de la mano de obra deficitaria en campaña y las alternativas habitacionales, con el fin de conseguir la igualdad de condiciones laborales y sociales, lo que en su opinión evitaría discursos de odio y xenofobia sobre los supuestos beneficios a esta población.

En la reunión mantenida esta tarde, la secretaria de Estado ha agradecido la implicación del Defensor del Pueblo andaluz en la defensa de la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por esta situación de vulnerabilidad, y ha puesto en valor las subvenciones por un importe total de 2.628.000 euros que recibirán los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para ofrecer soluciones habitacionales dignas a quienes actualmente residen en asentamientos irregulares.

Esa línea de ayudas permitirá facilitar la integración residencial y sociolaboral de 220 personas en una primera fase del programa, mediante la promoción de soluciones residenciales transitorias, que irá seguida de intervenciones que les permitan acceder a viviendas en los núcleos urbanos y acompañada por itinerarios de integración.

Verstrynge ha señalado que esta actuación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 deberá verse complementada con inversiones y actuaciones tanto de la Junta de Andalucía -competente en materia de vivienda y servicios sociales- como de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones -que participarán en las labores de acompañamiento e integración a través de los servicios sociales municipales-.

En ese sentido, ha expresado su confianza en que la labor del Defensor del Pueblo andaluz contribuirá a reforzar el despliegue coordinado de las actuaciones por parte de todas las administraciones concernidas -la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer-, que ya el pasado julio suscribieron el citado protocolo de colaboración.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha intervenido hoy en Cádiz en la segunda edición del Día Internacional del Niño organizada por la asociación de vecinos Claridad Cerro del Moro. En el acto, Maeztu ha participado en una siembra simbólica de un árbol dedicado a su persona, llamado El Árbol del Amor, frente a la sede de la asociación.

Maeztu ha leído el artículo sexto de la Declaración de los derechos del niño, a la comprensión y al amor por parte de la familia:  "El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole".

El Defensor de la Infancia ha señalado que "a la infancia hay que cuidarla y, como Defensor, queremos que los niños y niñas disfruten de estos derechos".

El acto ha contado con exhibiciones a cargo de los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado y la participación de alumnos y alumnas de los colegios Adolfo de Castro, Amor de Dios, Juan Carlos Aragón, Nuestra Señora de Lourdes y el Instituto Rafael Alberti, que han plantado otro árbol dedicado a los niños y niñas del barrio. También han contribuido a la celebración el Servicio de Emergencias 112, Cádiz Club de Fútbol y la Fundación del Cádiz C.F.

Cuando echamos la vista atrás y comparamos la infancia que hace mucho tiempo vivimos algunos de nosotros, solemos argumentar las ventajas e incluso -por qué no decirlo privilegios- de los que gozan actualmente las personas menores de edad.

Los niños, niñas y adolescentes de hoy han crecido bajo la protección del Estado de Derecho y son personas que han disfrutado del reconocimiento de un estatus jurídico respetuoso con la dignidad humana y la libertad desde su nacimiento. Los cambios sociales y jurídicos producidos en nuestro país en los últimos años, con el reconocimiento de los derechos de los menores, y el establecimiento de unas pautas educativas basadas en la tolerancia, el respeto mutuo y el libre desenvolvimiento de estos derechos, están modelando menores libres que son invitados a ejercerlos y actuar en libertad y responsabilidad.

Debemos alabar, por tanto, las enormes bondades del sistema jurídico democrático y social del que nos hemos dotado y en cuyo seno debe desarrollarse una infancia y juventud sana, democrática y tolerante.

Pero esta realidad tiene otra cara menos amable. Ciertamente, como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, somos testigos de las paradojas que ofrecen las sociedades más modernas y evolucionadas, porque observamos cómo surgen situaciones de maltrato y de desatención hacia los más débiles, hacia los más vulnerables, hacia los niños, niñas y adolescentes. Estas deficiencias y carencias sociales y educativas, así como otras razones, provocan que se den situaciones de quiebra en los ámbitos en los que se desenvuelven las personas menores de edad.

Casos de malos tratos en el seno de la familia, violencia en el ámbito educativo, supuestos de explotación infantil, abusos sexuales, abandono, quiebra de derechos y desprotección que sufren muchos menores migrantes, pobreza infantil, agravamiento de casos de salud mental... son problemas reales y actuales. En estos momentos los niños se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar. Una realidad que si no hacemos algo y de forma urgente puede que muchas de esas proclamas y reconocimiento de derechos hacia la infancia reconocidos en todos los ámbitos se quede en papel mojado.

En una próxima Jornada junto a Save the Children, el próximo 30 de noviembre, analizaremos la situación de los derechos de la infancia en relación al incremento de la pobreza a causa de la pandemia por COVID, y el impacto por otra crisis del presente, la del cambio climático.

Sirvan días como el de hoy para reflexionar sobre ese mundo, y unificar esfuerzos que permitan que niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos de forma plena, en un mundo sin restricciones o discriminación. Para todos y todas.

El Defensor del Pueblo andaluz es consciente de los perjuicios que ocasiona las dificultades para empadronarse, precisamente a quienes más necesitan el apoyo de la Administración Pública: familias con recursos escasos, y con dificultades para enfrentarse a las gestiones que requiere una administración para regularizar sus situaciones. La inscripción en el padrón municipal constituye la llave para poder solucionar muchos de los problemas de su vida diaria.

Ante ello, los ayuntamientos aportan una desigualdad en los criterios para empadronarse. Cada uno adopta modelos, formularios o solicitudes distintos, una situación que, conforme los datos de los que disponemos, es más frecuente en municipios andaluces con una población superior a los 10.000 habitantes.

El Defensor del Pueblo Andaluz, preocupado por la plena efectividad del cumplimiento de la obligación de estar empadronados en el municipio donde se reside y, de la plena efectividad de los derechos y deberes que le corresponden a las personas cuando se adquiere la vecindad administrativa en Andalucía, ha iniciado ocho investigaciones de oficio, una por provincia.

En concreto, solicita a los Ayuntamientos de cada provincia andaluza con una población superior a 20.000 habitantes, la emisión de informe sobre los siguientes extremos:

• Si tienen en cuenta lo previsto en el citado apartado 2.3 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal referida a la "Documentación acreditativa del domicilio de referencia"

• En concreto, nos informe sobre los criterios utilizados para el empadronamiento en su municipio, así como la documentación admitida para acreditar el domicilio de residencia efectiva.

• Nos aporten formulario, solicitudes o modelos que disponen en el Ayuntamiento para instar el alta o la modificación de domicilio en el Padrón de Habitantes y si los mismos se hayan a disposición en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

• Número de solicitudes de empadronamiento rechazadas por no aportar títulos de propiedad, alquiler o autorización de los propietarios de las viviendas en los ejercicios 2020 y 2021, en el caso de disponer de este dato.

Asimismo, a la Diputación Provincial en relación a los municipios de población inferior, se solicita:

• Si tienen constancia de diferencias de tramitación en la aplicación de los criterios para el empadronamiento en los municipios de sus provincias.

• Si se han dirigido a los Ayuntamientos de su provincia a los efectos de dar criterios que unifiquen las actuaciones en la materia de empadronamientos conforme a los criterios del apartado 2.3 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal referida a la "Documentación acreditativa del domicilio de referencia" que se reproduce en esta queja de oficio.

• Si los Ayuntamientos a los que prestan asistencia técnica, se han dirigido a esa Diputación Provincial solicitando asesoramiento al respecto.