El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la necesidad de mejorar la detección de diferentes situaciones de riesgo para la infancia.

Jesús Maeztu ha intervenido en el taller que se celebra hoy y mañana en Sevilla sobre 'Las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia: análisis de instituciones garantistas desde un enfoque de Derechos del Niño', preparatorio de las XXXVI Jornadas de Coordinación que organizará en noviembre la Síndic de Greuges de Cataluña.

En el taller han intervenido responsables en materia de infancia del Defensor del Pueblo de España, el Ararteko vasco, el Síndic de Greugues de la Comunidad Valenciana, el Justicia de Aragón, el Procurador del Común de Castilla y León, el Síndic de Greuges de Cataluña, la Valedora do Pobo de Galicia, la Diputación del Común y el Defensor del Pueblo de Navarra.

El Defensor de la infancia ha instado a averiguar este tipo de situaciones con el fin de eliminar la vulnerabilidad de niños y niñas, y ha destacado situaciones como la trata de seres humanos, los problemas de suicidios y salud mental, o los abusos sexuales a la infancia. "¿Quién enciende las alarmas?", ha subrayado Maeztu.

El Defensor ha añadido deficiencias para detectar estas situaciones ante la carencia de datos sobre estos problemas en casos como enfermedad mental, acoso escolar o abuso infantil, "y hay que hablar sobre esto y conocer estas situaciones". El Defensor también ha analizado las declaraciones de desamparo y ha demandado herramientas y recursos humanos para evitar la desprotección de los menores.

La primera sesión de trabajo de este taller ha abordado un análisis comparativo de la normativa sobre situación de riesgo en las distintas comunidades autónomas, así como una puesta en común de datos cuantitativos sobre situaciones de riesgo y declaración de desamparo en los distintos territorios. La segunda sesión ha analizado las situaciones de riesgos y los programas preventivos del riesgo.

En la tarde del lunes se analizarán los problemas en materia de riesgo detectados por las Defensorías y actuaciones más significativas en la materia, así como una descripción de buenas prácticas. El taller concluirá este martes con la aprobación de valoraciones y recomendaciones que recogerá el documento resultado de este taller.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para los niños y niñas huérfanos por la violencia de género y sus familias; un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.

“La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero sí deben ayudar a estos niños y niñas a superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno”, ha enfatizado Jesús Maeztu en la entrega al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2022, que incluye como capítulo relevante un estudio sobre la infancia huérfana por la violencia de género.

Jesús Maeztu ha considerado que “estos niños y niñas necesitan una atención propia, especializada y adaptada a sus características y necesidades específicas” porque, además, “les ha tocado vivir uno de los mayores dramas a los que se puede enfrentar el ser humano: en muchas ocasiones, ser el hijo o hija del asesino de su madre”.

Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de este informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 12 menores (6 de ellos en agosto) se han quedado huérfanos desde febrero en Andalucía, por lo que se trataría de 87 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma en estas dos décadas.

El Defensor ha identificado varios retos a mejorar por las administraciones públicas para garantizar recursos y protección a estas víctimas, como serían entre otros una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial.

En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor ha destacado la nueva regulación de la pensión de orfandad, con una incidencia baja de este tipo de beneficiarios hasta ahora, y ha señalado diversas ayudas autonómicas para huérfanos por violencia de género menores de edad en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, de la que sin embargo carece Andalucía. Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.

En cuanto al estado de la infancia andaluza, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, “una asignatura pendiente que no permite más demora”. En coincidencia con el inicio del curso escolar, Maeztu se ha centrado en la persistencia de carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y su preocupación por las conductas violentas en las aulas.

Por último el Defensor de la Infancia ha resaltado otros problemas como el acceso a la vivienda; los cortes de luz; la protección del medio ambiente; los estereotipos sobre los menores migrantes; y el incremento de las notificaciones sobre malos tratos a menores de edad. Maeztu ha avanzado que las situaciones de riesgo en la infancia serán objeto de la próxima jornada de coordinación de las Defensorías del estado y autonómicas, organizadas en noviembre por la Sindic de Greuges, y cuyos talleres preparatorios se celebrarán a partir de la próxima semana en Sevilla.

En esta Institución tramitamos la petición dirigida por una andaluza, que interesaba conocer la existencia de ayudas sociales y sanitarias para personas con tratamientos de salud domiciliarios, en particular, el de oxigenoterapia de su madre.

Tras informarle sobre las cuantías para compensación de gastos de agua y electricidad reguladas en la Orden de 13 de febrero de 2014 y realizadas las actuaciones de investigación oportunas frente a la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud, procedimos a emitir la correspondiente Resolución, cuyo contenido es el siguiente:

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-compensacion-de-gastos-de-electricidad-por-oxigenoterapia-domiciliaria

La Administración sanitaria ha tomado medidas para la actualización de las compensaciones económicas por los gastos de consumo de electricidad o agua para pacientes con determinados tratamientos domiciliarios relacionados con la hemodiálisis, diálisis y oxigenoterapia; así como la difusión de la información para ejercer la petición y para franquear el acceso a la compensación en condiciones de igualdad efectiva y equidad.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/farmacia-y-prestaciones/compensacion-economica-por-determinados-tratamientos-domiciliarios

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca del Valle del Guadiato el próximo lunes 18 de septiembre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en el centro de Servicios Sociales Comunitarios de Peñarroya-Pueblonuevo en un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

En este desplazamiento el equipo atenderá a los vecinos y vecinas de las localidades de Bélmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. El Centro de Servicios Sociales está ubicado en la avenida José Simón de Lillo número 68 de Peñarroya-Pueblonuevo.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución por la que recomendaba a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía que se adopten las medidas organizativas que estimen convenientes, con el fin de que las solicitudes de traslado entre localidades de una misma provincia o entre provincias andaluzas, se tramiten y resuelvan en el plazo legalmente establecido de tres meses.

Asimismo, el Defensor recomendaba que se impulse el establecimiento de un procedimiento especial o se den instrucciones para la elaboración de un protocolo interno que permita que estos traslados de domicilio dentro de la comunidad autónoma de Andalucía se resuelva en un plazo no más del estrictamente necesario, aprovechando la interoperabilidad entre las administraciones públicas y evitando la demora en trámites como el traslado de expedientes de dependencia desde la administración autonómica a los Servicios Sociales Comunitarios.

Igualmente, recomendaba que se analice lo ocurrido en el presente expediente de dependencia y se estudie la posibilidad iniciar de oficio reclamación por responsabilidad patrimonial, de conformidad con los artículos 32 a 35 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, atendiendo a la demora habida en el procedimiento y las necesidades que han quedado sin cubrir de una mujer de 98 años de edad y condición de gran dependiente.

Al efecto, hemos recibido respuesta de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en el que se nos indica que se está trabajando en una instrucción y protocolo de gestión que permita establecer criterios homogéneos en supuestos de traslado de domicilio. Nos informan que esa instrucción tiene como objeto establecer criterios de gestión en el proceso de traslado de domicilio, con origen o destino en Andalucía de personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y, por tanto, tienen un expediente abierto en Andalucía o en otra comunidad autónoma.

En definitiva, al Defensor del Pueblo andaluz le ha informado la Agencia que se están poniendo en marcha medidas que están permitiendo agilizar la tramitación de traslados entre expedientes y reducir considerablemente el tiempo medio de respuesta.

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) colaborará en la formación del personal al servicio de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tras haber acordado esta Institución extender el convenio de colaboración en esta materia con este organismo público hasta 2027.

En septiembre de 2019 ambas partes suscribieron un acuerdo marco en materia de actividades docentes y de investigación para la organización conjunta de cursos, conferencias, seminarios, congresos y publicaciones, así como la realización de proyectos de investigación y desarrollo. El convenio tenía una vigencia de cuatro años pudiendo ser prorrogado otros cuatro.

Dado el grado de satisfacción con la ejecución y el desarrollo del mismo, el director del IAAP, José Loaiza, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, han suscrito una adenda para extender su aplicación hasta septiembre de 2027.

El IAAP, adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuenta entre sus funciones específicas la de colaborar y cooperar con otros órganos y entidades, públicos y privados con funciones de formación del personal” así como realizar, con sus propios medios o mediante contratos o convenios, estudios y trabajos sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas y, en especial, de la Junta. También se encarga de promover la investigación en aquellas materias relacionadas con la organización y actividad de las Administraciones y entidades públicas andaluzas. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido volver a contar con la colaboración del IAAP para el diseño y el desarrollo de los planes de formación del personal a su servicio.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado queja de oficio ante diversas quejas recibidas que denuncian la falta de cobertura de puestos de administración y servicios (administrativos, ordenanzas y personal de limpieza) en los Centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.

Las personas promotoras de las mismas han sido tanto asociaciones de padres y madres como personal directivo y/o docente de dichos centros, que consideran que la falta de personal repercute negativamente en la prestación del derecho a la educación del que son titulares los alumnos y las alumnas. En concreto, el personal directivo y/o docente manifiesta que su trabajo -la labor educativa- se ve interrumpido y perjudicado cuando han de compaginarlo con funciones administrativas y organizativas que no le son propias, por encontrarse estos puestos vacantes.

Esta situación, que se prolonga a lo largo de todo el curso, suele alcanzar su estadío crítico durante los meses de julio, septiembre y octubre coincidentes con la terminación y el inicio del curso escolar, unos problemas de los que se han hecho eco distintos medios de comunicación. En la misma línea distintas organizaciones sindicales denunciaron, a su vez, el déficit de personal en los referidos centros y demandaron a las Administraciones implicadas soluciones.

Teniendo en cuenta la pluralidad de personas empleadas públicas que pudieran encontrarse perjudicadas en el desempeño diario de sus funciones -equipos directivos, docentes y personal de administración y servicios- con motivo de la falta de personal de administración y servicios en los Centros de Educación Secundaria de Andalucía, así como la repercusión que ello tiene en la implementación del derecho a la educación, el Defensor ha abierto queja de oficio ante la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, a fin de que nos informen sobre los siguientes extremos:

1.- A través de cuál procedimiento esa Administración evalúa las necesidades existentes de incorporación de personal de administración y servicios en los Centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad.

2.- Qué porcentaje de puestos vacantes de administración y servicios existen en la actualidad, con indicación de si se encuentran dotados o desdotados, en cada provincia.

3.- Respecto al inicio del próximo curso escolar, qué medidas se están adoptando para atender las necesidades de personal de administración y servicios demandadas por los centros educativos de enseñanza secundaria.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha interesado por la evolución del programa Moves III, destinado a impulsar la descarbonización y eficiencia del sector del transporte mediante incentivos. Según la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, la convocatoria establece ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Defensor ha conocido que el interés de la ciudadanía por acceder a estos incentivos ha supuesto la presentación masiva de solicitudes concentrada en un mismo y muy corto periodo de tiempo, superando la evolución normal de petición de ayudas que venía gestionando la Agencia Andaluza de la Energía, tal como nos confirman en uno de los informes remitidos a esta Institución con ocasión de la tramitación de una queja individual por falta de pago de la ayuda.

Lógicamente, esta presentación masiva de solicitudes ha tenido como consecuencia el retraso en la resolución de concesión de incentivos a las personas que los han solicitado, así como en el pago de los mismos desde la presentación de la necesaria cuenta justificativa. En este sentido venimos recibiendo quejas ciudadanas relacionadas con ambas situaciones, bien la falta de una resolución administrativa de concesión o bien la falta de pago del incentivo concedido.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha estimado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo. En el curso de esta actuación nos hemos dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Industria, Energía y Minas), como organismo encargado de la tramitación de este tipo de ayudas.

Nos interesa conocer el número de solicitudes presentadas en el programa Moves III, plazo medio para su resolución y número de ellas que se encontrarían pendientes de resolución, con identificación de la fecha de presentación de solicitud. Asimismo nos interesa conocer el número de solicitudes de ayuda concedidas dentro del Plan Moves III con cuenta justificativa presentada y completada pendiente de análisis, en su caso, para proceder al pago. Igualmente queremos conocer las medidas que, según informan, están adoptando para agilizar la tramitación de expedientes y proceder al pago de los incentivos con la mayor rapidez posible.

El Defensor considera que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas. Asimismo, de forma indirecta, a través de la finalidad perseguida con el programa, el derecho a un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable previsto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente se encuentra implicado el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha estado hoy en la entrevista de Despierta Andalucía, de Canal Sur TV, para responder a las preguntas sobre el Informe Anual 2022 de la Defensoría que presentó el día anterior, miércoles 26, en el Pleno del Parlamento.

A preguntas de los periodistas, el Defensor ha mostrado su preocupación por el retroceso en derechos y ha alertado sobre la salud mental, los retrasos en la dependencia o los cortes de luz que vienen sufriendo muchos barrios vulnerables de Andalucía, entre otros asuntos. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

Escucha la Entrevista del Defensor en Despierta Andalucía