El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy el XVI Premio Así veo mis derechos en la modalidad de vídeo a alumnado del centro de educación especial San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra.

Estos premios se convocan anualmente en los centros escolares de Andalucía para promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

El primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho al juego y el ocio. "La infancia piensa y actúa mediante el juego. Es muy importante que hayáis elegido este derecho. El juego es el vehículo y la herramienta para alcanzar los objetivos", ha señalado el Defensor de la Infancia y Adolescencia, Jesús Maeztu, junto a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y el delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, entre otras autoridades.

El superior de la Orden de San Juan de Dios en Sevilla, el hermano Guillermo García, ha expresado su gratitud por este reconocimiento, "que sirve de gran motivación para todos los que trabajamos en el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, y nos estimulan a seguir trabajando en favor de la autonomía del alumnado de este centro".

El jurado ha distinguido con un accésit a un vídeo sobre el derecho a la asociación de alumnado de Cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Jabalcuz de Jaén. En la modalidad de dibujo, el jurado galardonó a una alumna de sexto curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Rafael Alberti de Málaga por un dibujo sobre el derecho a una vida digna. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una alumna de sexto del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre las habilidades de las personas con discapacidad.

El Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

Los niños y las niñas que crecen en hogares en riesgo de pobreza o exclusión tienen hasta 4 veces más probabilidades de padecer un trastorno mental que aquellos que viven en hogares de rentas altas. Por otro lado, la infancia más vulnerable se enfrenta a mayores obstáculos para acceder a una atención especializada de calidad, dados los problemas de acceso al sistema público y la imposibilidad de sufragar los costes del sistema privado. Ambas dimensiones se retroalimentan y refuerzan mutuamente, en una nueva expresión del círculo vicioso de la pobreza y desigualdad.

Estas son algunas de las conclusiones que se han debatido hoy en la jornada `La salud mental de la infancia y la adolescencia en Andalucía´, bajo el lema #ConscienteMente, que han organizado el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Save the Children, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. Además de visibilizar la relación entre salud mental y factores socioeconómicos, como el nivel de renta, esta jornada pretende crear un espacio de reflexión multidisciplinar, que incluya la visión de la adolescencia andaluza, sobre cuáles son las necesidades en materia de salud mental en Andalucía y qué recursos (humanos, económicos, legislativos o de cambios en políticas públicas) se necesitan para responder a esas necesidades.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha llamado la atención sobre cómo la salud mental, "la asignatura pendiente del sistema sanitario", se han convertido en un elemento de desigualdad en el desarrollo pleno del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. “Necesitamos visualizar este problema, la prevención y la detección, con más razón después de la Covid, que ha destapado muchos de estos problemas. No tenemos datos fiables para adecuar los recursos, que son deficientes, y sobre todo me preocupa la red, una buena coordinación de la Administración, la escuela, la atención social y sanitaria, las familias…”.

El también Defensor del Pueblo andaluz ha afirmado que en su quehacer diario comprueba la saturación que sufren las Unidades de Salud Mental infanto juvenil, con un predominio de los tratamientos farmacológicos frente a los terapéuticos; problemas por la ausencia de formación específica en materia de salud mental infantil de los profesionales en ámbito sanitario y educativo, o la deficiente coordinación entre los distintos niveles asistenciales, así como respecto de los dispositivos educativos y de servicios sociales que atienden a la infancia. Estas deficiencias las ha detectado en jornadas anteriores en la que la Defensoría ha analizado la salud mental en personas mayores, en entornos vulnerables y en el sistema penitenciario.

Por su parte, el director general de Save the Children, Andrés Conde, ha recordado que, en Andalucía, un 15% de los niños y niñas vive en situación de pobreza severa. “Esto implica que hay muchas familias haciendo malabares a fin de mes porque no tienen, no llegan y no pueden cubrir sus necesidades más básicas, como son los problemas de salud mental”. Además, justo después de una pandemia que, según una encuesta realizada por la organización en 2021, ha provocado el aumento del número de niños y niñas andaluces que padecen trastornos mentales, pasando del 1,7% al 3,7%, y del 3,2% al 6,3% en el caso de los de conducta.

Por ello, desde Save the Children insisten en la importancia de reforzar los programas de garantías de ingresos y de ayudas sociales como programas que no sólo ayudan a combatir la pobreza, sino que son herramientas necesarias para mejorar la salud mental de la población andaluza, especialmente de la infancia en situaciones vulnerables. E insisten en que los trastornos mentales deben tratarse desde la prevención, la detección, la actuación, el seguimiento y la evaluación. “Sin duda alguna, la prevención es el mejor aliado para combatir los problemas de salud mental entre los y las más jóvenes para que sean conocedores y aprendan en primera persona cómo afrontar y discutir sin tabúes ni prejuicios los problemas de salud mental. Esto ya es algo que se está poniendo en marcha en otros países o comunidades autónomas”, añade Conde, que también propone la creación de centros especializados en la atención integral a personas con problemas de salud mental y adiciones en cada provincia de Andalucía con el objetivo de facilitar un mayor acceso al sistema de salud para el tratamiento de los problemas de salud mental.

Tanto el Defensor de la Infancia y la Adolescencia como Save the Children han valorado positivamente que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobara este año el Programa de Prevención de la Conducta Suicida, donde una de las áreas del programa está dedicada a la atención a la población infantil y adolescente. Para ambos, esto supone un reflejo de la integralidad con la que se debe abordar la salud mental en la infancia y la adolescencia.

En el acto de apertura ha participado -junto al Defensor y el director general de Save the Children- Javier Vázquez, secretario general de Humanización, Planificación, Atención Sanitaria y Consumo de la Consejería de Salud y Consumo. A continuación, la ponencia central ha corrido a cargo de José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. La jornada ha contado con una primera mesa redonda sobre `La salud mental en la infancia más vulnerable´, en la que han participado Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children España; Salud Mármol, responsable de Políticas de la infancia de UNICEF; Rafaela Caballero, psiquiatra infantil; Marta Bordons, titulada superior de apoyo a la investigación en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía en la Universidad Pablo de Olavide; y Mayte Salces, asesora responsable del área de Infancia y Educación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia.

La segunda mesa redonda, bajo el título de `La salud mental en la infancia, una responsabilidad colectiva´, contará con Nieves Salinas, periodista especializada en temas sociales y sanitarios de El Periódico de España; Juan Carlos Maestro, psicólogo clínico y asesor técnico del Programa de Salud Mental de Andalucía; Cossette Franco, directora en Andalucía de la Asociación Albores; Lucía Balado, psiquiatra infanto juvenil de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Virgen Macarena; y Rocío Bejínez, representante de la Confederación Andaluza de Asociaciones de madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública CODAPA.

Por último, la jornada ha concluido con una tercera mesa sobre `Adolescencia, salud mental y redes sociales´, en la que han participado Merigoscopio, psicóloga y creadora de contenidos; Danielfez, creador digital y Jaime Roldán, representante del Consejo Participación por la provincia de Sevilla de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. La moderación de todo el evento ha estado a cargo de Soco López, periodista y presentadora de Canal Sur.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha inaugurado hoy en Cádiz junto al alcalde de la ciudad, Bruno García, y el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, las I Jornadas de Buenas prácticas ‘Construyendo para la inclusión’ organizadas por la asociación Cardjin, en colaboración con la Fundación Tierra de Todos.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que las personas menores migrantes son uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, y ha subrayado que la legislación que se pretende aplicar a estos niños migrantes sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de la infancia y adolescencia.

“Las autoridades se enfrentan a un importante desafío ya que, por un lado, postulan una política de restricciones y limitaciones a la inmigración pero, por otro lado, no pueden obviar las responsabilidades asumidas para garantizar los derechos de las personas menores de edad en sus normas internas y en los acuerdos internacionales debidamente suscritos y ratificados”, ha expuesto. Sobre Cádiz, el Defensor ha señalado que "aquí no hace falta aprender buenas prácticas, porque ya se hacen" en la acogida de los niños y niñas.

Maeztu ha considerado que estos jóvenes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en su triple condición de menores, migrantes, y no acompañados, aunque, sin embargo, “un niño nunca es un migrante”, sino una persona que por su delicada situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. Para el Defensor, la Entidad Pública de protección de menores ha de atender a los menores migrantes de manera integral y especializada acordes con sus necesidades y características.

El Defensor ha llamado la atención sobre las actuaciones de la Institución con este colectivo y ha destacado la Declaración de Tarifa, un documento suscrito por las defensorías de las diferentes comunidades autónomas del país y el Defensor del Pueblo de España.

Asimismo, Maeztu ha subrayado que hace unos días en las 36 jornadas de coordinación de Defensores de España, y teniendo en cuenta la delicada situación de los menores migrantes en Canarias, los defensores suscribieron un comunicado conjunto reclamando, entre otras cuestiones, la aplicación del modelo de gestión de contingencias migratorias que, basándose en corresponsabilidad y solidaridad, permita la acogida de estos menores en todo el país, haciendo posible la derivación e integración adecuada en distintas comunidades autónomas.

Por último, el Defensor se ha preguntado por los jóvenes migrantes extutelados, ya que su situación de desigualdad con el resto de la población de la misma edad se proyecta también en el ámbito laboral. “Esta situación afecta a su estado de ánimo y salud mental; se ha de trabajar conjuntamente y desde la cooperación para evitar que, a la postre, este colectivo pueda caer en las garras de la pobreza, la marginación o la delincuencia”, ha concluido.

Esta iniciativa, que cuenta con la financiación de Save the Children, es parte de un proyecto más amplio llevado a cabo por la Asociación Cardijn junto con la Fundación Centro Tierra de Todos cuyo objetivo es sensibilizar sobre la situación migratoria en los centros educativos de la provincia. Se busca potenciar la interculturalidad como vía hacia una sociedad más inclusiva, aprovechando la educación como herramienta para promover el respeto, la tolerancia y el entendimiento mutuo.

En el programa se incluye la presentación de un informe que refleja los resultados obtenidos en los centros educativos ante la realidad migratoria. Expertos en derechos humanos ofrecerán su visión, y se escucharán testimonios de jóvenes migrantes, enriqueciendo el evento con experiencias prácticas que han demostrado ser efectivas en la inclusión social.

Jesús Maeztu reclama ante los poderes públicos cuidar la Institución lejos de las controversias políticas

El Defensor del Pueblo andaluz ha cumplido hoy 1 de diciembre 40 años como “voz de los sin voz” y su titular, Jesús Maeztu, ha llamado a la ciudadanía a “no asumir como normal lo inaceptable” como respuesta ante la pérdida o retroceso en el disfrute de los derechos sociales.

En su intervención en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Institución, Jesús Maeztu ha advertido “que esos derechos sociales conquistados, hoy están como dormidos y desdibujados” y ha enfatizado ante los poderes públicos el papel de las defensorías del pueblo como herramienta para garantizar y proteger los derechos.

En el acto organizado por el Defensor andaluz han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, a quienes Jesús Maeztu ha reclamado “cuidar” la Institución “lejos de las controversias y opciones políticas legítimas, para que en el siguiente mandato, ya cercano, esta Institución pueda seguir trabajando en mejorar la vida de las personas, con especial prioridad en la ciudadanía que se está quedando en la cola ante los nuevos retos”.

Han sido más de 430.000 actuaciones en cuatro décadas y 15.000 resoluciones enviadas a la Administración autonómica y local. Jesús Maeztu ha puesto el foco en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. “No cejaré en mi compromiso de reivindicar una Renta básica, un techo digno y un suministro de luz y agua garantizados como paquete básico de ciudadanía”, ha señalado.

Entre las prioridades, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado la labor para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; la atención a las personas mayores; la protección y promoción los derechos de los niños, niñas y jóvenes como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desde hace 25 años; la vigilancia de los derechos de las personas migrantes ante el odio o la discriminación, y la consecución de la igualdad de la mujer. Ha añadido la protección de un entorno sostenible; la defensa de una educación inclusiva y de calidad; el fortalecimiento de la sanidad pública; la respuesta ágil de una justicia sin demoras; la cultura de paz, la participación y la mediación, y la lucha contra la despoblación, con más de 50 visitas realizadas a comarcas rurales.

Jesús Maeztu se ha mostrado convencido de que para afrontar este tipo de retos es fundamental “tener clara la prevalencia del interés general, el equilibrio y la independencia de los intereses partidistas y la capacidad de construir consensos a través de la cercanía y el acompañamiento”.

“No podemos permitir que existan colectivos y problemas invisibilizados, para poder tomar medidas y que puedan salir de esa situación. Estamos poniendo cara a los que sufren. Por eso nuestra labor y sentido es arrojar luz sobre lo que alguna parte de la sociedad prefiere no ver”, ha concluido Jesús Maeztu.

Artículo de opinión publicado hoy, 1 de diciembre, en las cabeceras del Grupo Joly en Andalucía por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

En 1983, constituido nuestro Parlamento, los andaluces y andaluzas comenzábamos a comprobar en qué consistía la tan reivindicada autonomía con la aprobación de leyes que suponían avances casi inauditos para la ciudadanía. Ese diciembre, el día 1, el pueblo andaluz se dotó de una herramienta destinada a garantizar los derechos y las libertades, con la aprobación de la ley del Defensor del Pueblo andaluz, en cumplimiento de la Constitución Española y del Estatuto de Andalucía. Nuestra ley, la primera de todas las autonomías, calcó en la práctica el texto original del homólogo nacional, que continúa vigente en la función de «garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en relación al funcionamiento de la Administración Pública, siempre al servicio de los intereses generales que representa como consecuencia de su legitimación democrática».

Esta institución decana en España cumple hoy 40 años con un balance de más de 430.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos. Hemos emitido más de 15.000 resoluciones en las que hemos exigido a la Administración autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; hemos recomendado cambios normativos; y hemos sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores o las personas con otras capacidades.

Sé bien de lo que hablo. He dedicado una etapa muy importante de mi vida y de mi trayectoria profesional -más de 50 años de servicio público- a esta Institución. En la década de los 90 como adjunto primero y entre 1994 y 1996 como Defensor en sustitución del entonces titular. Hice de puente entre Manuel Conde Pumpido y José Chamizo, que consolidó esta figura hasta 2013 y a quien relevé en el cargo.

Conozco bien nuestra identidad y la misión encomendada. Somos nuestros valores, y esos son la independencia, la imparcialidad y la confidencialidad, que conlleva como órgano autónomo del Parlamento no depender de poder alguno; la autonomía de obrar por nuestro propio criterio, y la imparcialidad en la toma de decisiones, si bien, siempre he tenido en cuenta la máxima de Gandhi: “Cuando dudes, toma partido por el más débil y no te equivocarás”.

Pero esta institución debe aportar más valores: velar por la justicia y la equidad; garantizar la igualdad real y los derechos de los más desiguales; y evidenciar su compromiso con un perfil cercano, accesible y con procedimientos ágiles y flexibles como eje de sus actuaciones porque, como no me cansaré de repetir, “trabajamos con personas, no con tornillos”. Supervisamos la labor de las administraciones públicas, sí, pero también respecto a compañías privadas que garantizan intereses generales porque su carestía dificulta la vida de las personas, como son la privación de luz o agua en los hogares, entre otras.

Nos hemos desarrollado en este tiempo, asumiendo una protección específica de los derechos de los niños y las niñas como Defensor de la Infancia y Adolescencia, nueva denominación por ley para el Defensor del Menor de Andalucía, creado hace 25 años, en 1998, en la misma persona. Esta evolución ha incorporado en los últimos años y de manera pionera en España la mediación administrativa como fórmula de resolución de conflictos, lo que supone otro avance en nuestra apuesta por la defensa de la cultura de paz.

La innovación sigue siendo uno de nuestros valores principales y nos hemos proporcionado como herramienta de trabajo una Estrategia 2021-2024 para adaptar nuestro trabajo a los desafíos futuros de la ciudadanía y de las democracias, como es el reto de la inteligencia artificial. También hemos adaptado nuestro trabajo cotidiano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, alineando la defensa de los derechos en base a tres ejes básicos: Personas, Planeta y Prosperidad, y Alianzas y Cultura de Paz.

Mucho hemos cambiado desde 1983. Tanto que, si las palabras conforman nuestra identidad, las reseñadas (independencia, imparcialidad, cultura de paz, igualdad, cercanía, mediación, innovación…) vienen a completar el texto de nuestra ley fundacional. Desde los albores de la democracia, esta institución ha avanzado a la par de la ciudadanía a la que defiende. Y hemos pasado de ser considerados un buzón de quejas, como algunos nos llamaron, a la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, desde Andalucía. Los años, así, bien cumplidos están.

Los defensores españoles han clausurado las XXXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, organizadas por el Síndic de Greuges de Cataluña. Las instituciones de defensa de derechos trabajarán para que esta declaración sea tenida en cuenta por todas las administraciones implicadas. El documento recoge conclusiones basadas en la experiencia de las defensorías, y los resultados de la labor de un grupo de jóvener provenientes de diversas defensorías durante un taller que tuvo lugar el pasado mes de junio. Igualmente se han querido introducir en dicha declaración los contenidos más relevantes aportados por los diferentes expertos que han participado en las jornadas celebradas en estos días.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución hace casi 25 años, entendió por violencia contra la mujer «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

La violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad estructural de nuestra sociedad. Por ello, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se suma hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la necesaria sensibilización y concienciación para condenar estas prácticas que permean diferentes esferas y ámbitos de la vida de las mujeres.

Es incuestionable que estas violencias tienen como origen una cultura machista. Como ejemplo, hemos actuado este año ante la violencia sexual, reclamando protocolos para prevenir y reaccionar ante los abusos en locales de ocio.

Igualmente es inadmisible la violencia de género, que ha acabado este año con la vida de 17 mujeres en Andalucía a manos de sus parejas o ex parejas. La última víctima fue una mujer muerta por un disparo y cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja en la localidad malagueña de Benalmádena este pasado octubre. Si bien es cierto que Andalucía es la región más poblada de España, la tasa de feminicidios registrados sólo en 2023 prácticamente duplica el porcentaje que representa su población en el conjunto nacional, con 56 mujeres asesinadas.

Como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, hemos advertido en nuestro último informe anual sobre la situación en la que queda la infancia huérfana de la violencia de género. “Destruye el presente de los niños y niñas huérfanos, pero no podemos permitir que condicione también su futuro", ha reclamado el Defensor de la Infancia para pedir un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para esta infancia huérfana y sus familias; un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres -14 este año y 88 en la última década en esta comunidad autónoma- y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.

Ni una asesinada más es asumible. Ni un acto más de venganza contra sus hijos e hijas. Tampoco la situación en la que quedan los menores que pierden a sus madres por un hombre asesino.

El Defensor del Pueblo andaluz, este 25 de noviembre, recomienda a los poderes públicos la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección de las mujeres para atajar, de una vez, este grave problema social.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, participa en las XXXVI Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la institución del Síndic de Gregues de Cataluña bajo el lema “Proteger a la infancia protegiendo sus derechos: un reto desde las defensorías”.

Como ha expresado la Síndica de Greugues, Esther Giménez-Salinas, en esta ocasión los defensores quieren destacar la importancia de proteger los derechos y garantías de todos los ciudadanos, "pero muy en particular de aquellos ciudadanos cuyos derechos deben ser interpretados por el mundo adulto, porque ellos directamente no pueden ejercerlos". "El interés del menor es un concepto jurídico indeterminado que es interpretado de muy distintas formas y maneras. Existe una legislación abundante y diversa en las distintas comunidades autónomas, y venimos de un pasado no tan lejano donde las personas menores de edad apenas podían ejercer sus derechos", ha señalado.

La finalidad de estas jornadas es, pues, básicamente compartir todos estos problemas desde diferentes prismas, ya sea desde el punto de vista de los profesionales, de los juristas, de los psicólogos, de los filósofos o educadores; el de los defensores de las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, el País Vasco, Aragón, Canarias, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y Cataluña; el de los jóvenes con las aportaciones del Consejo Asesor de Jóvenes de las diferentes defensorías, además del del resto de asistentes. 

La asesora responsable del Área de Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz, María Teresa Salces, presenta y modera la Mesa de resultados de las defensorías sobre cuáles son los principales problemas en los procedimientos de riesgo y desamparo y cómo podemos mejorarlos, en la que se presentan los resultados del trabajo realizado en los talleres de Sevilla.

Un dibujo de una alumna de Málaga y un vídeo de alumnado del centro docente San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra han sido los distinguidos por el jurado del XVI Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, en coincidencia con el Día Universal del Niño que se celebra cada 20 de noviembre. Estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a una alumna de sexto curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Rafael Alberti de Málaga por un dibujo sobre el derecho a una vida digna. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una alumna de sexto del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre las habilidades de las personas con discapacidad.

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho al juego realizado por alumnado del Centro de Educación Especial San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra. El jurado ha distinguido con un accésit a un vídeo sobre el derecho a la asociación de alumnado de Cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Jabalcuz de Jaén.

El Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro. Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño, que se celebrará el próximo 20 de noviembre. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.