El Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado hoy, lunes 30, el Informe Anual 2014 al Presidente del Parlamento de Andalucía.
Del mismo, destaca que en el 94% de los casos denunciados por el Defensor por irregularidad de la Administración, ésta ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz y el asunto se ha solucionado o se encuentra en vías de solución.
En total, de los 3.052 casos admitidos a trámites y cerrados en 2014, en 1.631 se ha detectado irregularidad de la administración; 1.131 se han resuelto sin que hubiera una actuación incorrecta por parte de los poderes públicos y 290 obedecen a otras causas.
El importante crecimiento del número de personas que ha acudido al Defensor para la defensa de un derecho ha sido uno de los datos más significativos de este año, que ha superado las 165.800 personas. Un 300% más que el año anterior, motivado principalmente por la denuncia masiva de varias quejas colectivas, entre ellas la denuncia por la Mezquita y Algarrobico.
La actividad del Defensor ha estado condicionada por un año donde hemos asistido a un leve alivio de los datos macroeconómicos que, sin embargo, no ha visto su reflejo en la mejora de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables.
Ello se ha traducido en un importante volumen de actuaciones por parte de la Defensoría Andaluza para evitar o minorar las consecuencias de esta crisis en determinados colectivos. Un total de 18.687 actuaciones, desglosadas en 9.012 quejas –de ellas, 6.123 nuevas-; 9.185 consultas y 492 actuaciones de promoción de derechos.
Comparativamente con 2013 ha supuesto un leve descenso de las quejas y consultas tramitadas del 0,6%, mientras que las quejas de oficio (179) han experimentado un ligero ascenso del 17,7%. También las actuaciones de mediación han crecido en este ejercicio 2014 hasta alcanzar un total de 419.
En cuanto a la problemática de las reclamaciones ciudadanas que han llegado a la Institución, la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ha seguido caracterizada por una tendencia al alza de las materias que afectan directamente al Estado de Bienestar (53%), seguidas de aquellas relacionadas con la sostenibilidad, movilidad de nuestras ciudades y territorio (18%), y aquellas que nos piden defensa en materia de extranjería, prisiones y justicia (13%). Junto con un aumento progresivo de aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de interés general y consumo (7%), muy determinadas por los suministros de luz y agua y la denuncia de las cláusulas suelo de vivienda.
Por materias, durante 2014, se han contabilizado 410 quejas y consultas por necesidad de vivienda y 360 sobre ayudas a la vivienda; 488 denunciando el funcionamiento de la Justicia; 357 relacionadas con retraso o carencias con el Programa de Solidaridad, de las que 144 han sido por retraso en la concesión del salario social, y, en materia de Dependencia, 263 por las prestaciones o las 369 de los PIA.
También han sido significativas las reclamaciones ciudadanas por cuestiones de tráfico (400) y contaminación acústica (376), o las relacionadas con su discrepancia por motivos de impuestos y tasas, que supera las 340.
Y, aunque en menor cuantía, es importante el crecimiento de las quejas y consultas por la prestación de los servicios de luz y agua (172 y 151, respectivamente) y siguen las reclamaciones por los servicios financieros, que han alcanzado las 370 quejas o consultas, en buena parte, por la denuncia ante las cláusulas suelo abusivas.
Finalmente, es de destacar, en el capítulo de menores, las 438 quejas y consultas de 2014 por conflictos familiares o los 168 casos denunciados de menores en situación de riesgo. Y, en salud, las causas relacionadas con salud mental (73) y atención especializada (89), o las denuncias por los derechos de los usuarios (83).
Esta realidad ha condicionado una buena parte de la actividad del Defensor del Pueblo Andaluz, de manera que la mayoría de las quejas de oficio han tenido como leivt motiv la investigación de situaciones de vulneración de derechos sociales o la presentación de propuestas ante la Administración. Entre otras, la Ley de Segunda Oportunidad; Renta de Ingresos Mínimos y Garantía de Suministros Básicos para familias vulnerables; Pacto por la Infancia y un Pacto por de la Vivienda.
