El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que lleve a cabo una investigación para estudiar posibles medidas adicionales y/o alternativas con el fin de aminorar el riesgo de incendios en la zona de la Sierra de Lújar así como, si se confirma que la causa del incendio puso ser el estado en que se encontraba una línea eléctrica, que se estudien las medidas necesarias para que la titular de esta línea asuma las responsabilidades a que haya lugar, siempre previos los trámites legales oportunos.

El Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children abordan el tema del acoso escolar y el cibercaso bajo el lema ¡Tu no juegas! y desde la triple perspectiva de la prevención, la detección y la recuperación de las víctimas.

La interesada solicitaba ser parte interesada y perjudicada en los expedientes sancionadores incoados a raíz del fallecimiento de su madre, residente en un centro para personas mayores de Granada.

Hemos tenido conocimiento por las noticias aparecidas en varios medios de prensa escrita, del hallazgo por parte de las fuerzas de seguridad de una persona posiblemente afectada por enfermedad mental, que permanecía encerrada presuntamente por su familiares en su domicilio de Dos Hermanas (Sevilla).

En nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas

En septiembre pasado, la Defensora del Pueblo y los nueve Defensores Autonómicos firmamos una Declaración donde alertábamos del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad, que estaba provocando lo que muchos no dudan en identificar ya como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.

Hoy, esta crisis europea de migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la intolerancia sigue creciendo y se ha recrudecido ante la alerta internacional dada por el posible aumento de la trata y el tráfico de personas, especialmente de niños y niñas que tras huir de torturas y abusos siguen expuestos a la explotación por parte de las mafias.

Los problemas para controlar el desplazamiento de miles y miles de estos menores ha provocado la voz de alarma de fuerzas internacionales que han denunciado la posibilidad de que sean objeto de organizaciones de tráfico de personas. En concreto, según las últimas noticias, Europol calcula que unos 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido al llegar a Europa. La Oficina Europea de Policía (europol) teme que muchos de esos menores a los que se ha perdido el rastro estén en manos de traficantes de personas.

La explotación de los niños y niñas víctimas de trata atenta frontalmente contra los valores superiores del ordenamiento jurídico, y supone una grave vulneración de los derechos contra la infancia porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. Estas prácticas, además, contravienen cuatro principios generales de la Convención de los derechos del niños, ya que ponen en peligro su supervivencia y desarrollo; refuerzan la discriminación; niegan a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan; y, por supuesto, atentan contra el principio del interés superior del menor.

La especial situación de vulnerabilidad de estos menores exige un esfuerzo de todas las Administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica. Urge prestar una especial atención a estos menores por la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que están expuestos.

Es por ello que, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento a los poderes públicos para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, sobre todo en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario, y con especial atención a las necesidades de los menores.

¿Es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar?

El próximo martes 2 de febrero, a las 19,30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children celebrarán una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR y Medialab) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso”.

Se trata del segundo debate on line que organizan ambas instituciones para favorecer una reflexión sobre este tipo de violencia entre iguales e invitar a participar a toda la ciudadanía en la prevención, conocimiento y formación para saber cómo actuar en estos casos.

Es por ello que en el hangout previsto para este martes 2 de febrero hablaremos con personas expertas que trabajan en instituciones y entidades que atienden a las víctimas y trabajan para la erradicación de este tipo de maltrato, y contaremos con familias que nos trasladarán cómo han vivido la experiencia del acoso sufrido por sus hijos.

Cuestiones como si es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar o la experiencia de cómo ha vivido una familia una situación de acoso escolar y qué organismos le prestaron ayuda, son algunos de los temas que se tratarán en el próximo debate.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Sus conclusiones, así como las del anterior debate celebrado el pasado 16 de diciembre, tendrán su continuación en una Jornada que se celebrará el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada (http://www.defensordelmenordeandalucia.es/jornada-acoso-escolar-y-ciberacoso) con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Pero también las personas que rodean a la víctima sufren los efectos de este comportamiento, en especial la familia. Se ha comprobado que los padres se sienten deprimidos cuando sus hijos están acosados, sobre todo en aquellos casos en que las consecuencias son especialmente severas, es decir, cuando el niño ha alterado su comportamiento de manera significativa tales como consumo de sustancias, alteraciones emocionales, problemas de alimentación, embarazos no deseados, o responsabilidad penal, entre otros. Padres y madres se sienten inseguros y desesperados por que saben que algo malo le está pasando a su hijo.

Incluso el propio agresor sufre los efectos negativos de este tipo de violencia. Como avalan los estudios realizados sobre esta realidad, no resulta infrecuente que todos aquellos que intervienen en estas situaciones tienen una mayor probabilidad que el resto de sufrir rasgos depresivos y problemas de comportamiento.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar. 

Las situaciones de pobreza hídrica constituyen una realidad social inasumible que demanda de una respuesta coordinada por parte de las Administraciones públicas y de los operadores de los servicios de agua.

Es preciso garantizar que el derecho de acceso al agua no resulte limitado o condicionado por las circunstancias económicas de las persona usuarias y para ello es necesario reconocer normativamente este derecho y establecer procedimientos y protocolos de actuación que eviten cortes en el suministro por razones económicas.

El derecho de las personas a recibir un suministro mínimo vital de agua constituye el eje de un debate público de plena actualidad y en el que se discute sobre su obligatoriedad, su universalidad, su alcance, su financiación y los procedimientos para hacerlo efectivo.

Sobre esta realidad versó la ponencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la jornada “Medidas de Acción Social en el sector del agua” celebradas el pasado jueves 28 de enero en Sevilla.

La intervención de la Defensoría Andaluza tuvo como título “Responsabilidad social y servicios de interés general. La pobreza hídrica y el mínimo vital como paradigmas de una nueva cultura social del agua”.

Los servicios de interés general reciben este nombre por estar destinados a la producción de bienes o a la prestación de servicios que resultan esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, por ello están sometidos por el ordenamiento jurídico a una especial regulación, supervisión y control.

Los operadores de estos servicios de interés general asumen una especial responsabilidad en la gestión de los mismos y en relación con las persona usuarias, que trasciende el concepto de responsabilidad social corporativa que con carácter general puede atribuirse a una entidad gestora.

En relación con el suministro de agua, las responsabilidades de los operadores no pueden limitarse a garantizar unos estándares de calidad en la prestación del servicio, sino que deben incluir criterios de responsabilidad social basados en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico.

Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almería con objeto de que nos informe si tiene previsto abordar el mantenimiento y conservación adecuados de los accesos a la Universidad de Almería desde la barriada almeriense de La Cañada de San Urbano.