El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Preguntamos por la evaluación del impacto sobre los derechos del niño (CRIA)

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 21/1323 dirigida a Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dirección General de Infancia y Conciliación

La aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado español en 1990, supone numerosos desafíos en distintos ámbitos como son el cultural, económico, social, político o legislativo, y además de ello, requiere un proceso continuo de valoración de los efectos de las medidas que los poderes públicos adopten relativas a los niños, niñas y adolescentes.

La Observación General Nº 5 del Comité de los Derechos del Niño (2003) sobre medidas generales de aplicación de la Convención destaca la importancia de tener establecido un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los niños con el propósito de que el interés superior del menor sea una consideración primordial a la que se atiende, y para que todas las disposiciones de la Convención se respeten al promulgar disposiciones legislativas. Una valoración que prevea las consecuencias de cualquier proyecto de ley, propuesta política, o asignación presupuestaria que afecte a los menores de edad y al disfrute de sus derechos.

Añade el Comité en la citada Observación que el proceso de evaluación ha de ser incorporado a todos los niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de políticas públicas.

Posteriormente, en el año 2010, el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas recomienda a España que adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el principio de interés superior del niño oriente todas las medidas y decisiones que adopten los gobiernos central y autonómicos en relación con las disposiciones jurídicas, así como las decisiones judiciales y administrativas, que repercutan en los niños.

A nivel europeo, la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas” hace mención, en varias ocasiones, a la importancia de evaluar el posible impacto de las políticas en los niños, las niñas y sus familias.

Para dar cumplimiento a la demanda de la Comisión de los Derechos del Niño así como a los criterios de la Unión Europea, la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas instaura el análisis de la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas de Andalucía en la definición del conjunto de las políticas públicas, operando como elemento de transversalidad que asegure el respeto en nuestra Comunidad Autónoma de la Convención de los Derechos del Niño.

Desde dicha fecha, esta Institución ha tenido ocasión de poner de relieve en distintos foros las bondades de contar con este instrumento de evaluación ya que el mismo permite dar visibilidad a los intereses y necesidades de los niños en los procesos de toma de decisiones así como mejorar la calidad y cantidad de información para quienes tienen la tarea de adoptar las decisiones. Y ello sin olvidar que con el proceso de evaluación se puede anticipar las consecuencias negativas y costosas antes de la aplicación de las normas o también mejorar la coordinación de las políticas públicas que afectan a menores.

En idéntico sentido se han elaborado diversas recomendaciones de entidades dedicadas a la infancia que proclaman la conveniencia y necesidad de contar con instrumentos de valoración de las normas y políticas públicas que afectan a menores. Así, en 2012 UNICEF Comité Español y Save The Children señalaron que un mecanismo de valoración previa del impacto de las decisiones normativas sería una herramienta necesaria para tener en cuenta el interés superior de la infancia en los procesos de toma de decisiones, para mitigar o neutralizar los efectos negativos y para potenciar los positivos que estas decisiones tiene sobre ellos.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social impulso en el año 2005 el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de Evaluación del Enfoque de Derechos de la Infancia. Se trata de un instrumento que garantiza la legalidad, acierto e incidencia de los proyectos de ley y reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno y que sean suceptibles de repercutir sobre los derechos de los niños y niñas, y de este modo ayude a mejorar la situación de éstos, de modo que puedan gozar plenamente de sus derechos y constituir una sociedad que los reconozca y respete. La responsabilidad de emitir los informes de evaluación, conforme establece dicha norma, recae en esa Dirección General de Infancia y Conciliación.

Por otro lado, la reforma en materia de legislación de la infancia y adolescencia realizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, vuelve a insistir en la necesidad de contar con un informe de impacto en los términos señalados, y así en el artículo 22 quinquies, bajo el título de impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia, preceptúa que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

Pues bien, en este contexto, la Red Europea de los Defensores de la Infancia (ENOC, por sus siglas en inglés Europeam Network of Ombudspersons for Children) a la que pertenece esta Institución en su condición de Defensor del Menor de Andalucía, en la 24ª Asamblea General celebrada el 18 de noviembre de 2020, ha realizado una declaración de posicionamiento sobre la “Evaluación del impacto sobre los derechos del Niño” (CRIA, por sus siglas en inglés Child Rights Impact Assessment).

En dicha declaración ENOC insta a los Estados, las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales y a todas aquellas autoridades competentes a aplicar los procesos de evaluación de los derechos del niño (CRIA) y el análisis de imparto sobre dichos derechos (CRIE) como medidas de control de la aplicación de la Convención, de manera que se promueva aún más la integración visible de los derechos de los niños en los procesos de toma de decisiones.

Sobre la base de todo lo expuesto, y con fundamento legal en los artículos 10 y 18 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución y en el artículo 4 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, en el marco de las actuaciones comprometidas por las Instituciones que forman parte de ENOC, hemos decidido iniciar, de oficio, el presente expediente de queja, solicitando información de la Dirección General de Infancia y Conciliación sobre el grado de cumplimiento y aplicación del mencionado Decreto103/2005. A tal fin, estamos interesados en conocer el número de informes de evaluación de los derechos de la infancia solicitados por otros centros directivos, el número de informes emitidos por esa Dirección General, y las materias que han sido objeto de evaluación y análisis en el periodo comprendido entre 2017 y 2020.

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