Preguntamos por el Protocolo sobre el ciberacoso o ciberbullying para luchar contra la violencia escolar en Andalucía

La convivencia pacífica en los colegios e institutos es un objetivo fundamental de todo el proceso educativo, y conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los sectores de la comunidad escolar. Su finalidad es la formación para una vida social adulta y la mejora del clima escolar. Y así, existe un criterio compartido entre la comunidad educativa en torno a que uno de los elementos que puede favorecer la ardua labor que conlleva el proceso educativo del alumno es sin duda el ambiente existente en las aulas o en los centros escolares.

Acorde con este planteamiento, la Ley para la mejora de la calidad educativa, establece un marco normativo con el fin de fomentar la convivencia como base fundamental para alcanzar el éxito del alumnado. Usa el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos. Una norma que señala como principios inspiradores el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos; la educación para la prevención de la violencia de género; la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad; y la educación para la prevención de conflictos.

Para potenciar la educación en valores y garantizar la debida protección y asistencia jurídica en los casos de maltrato escolar, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta promueve la armonía en los centros docentes mediante planes de convivencias, empleando la mediación como medio en la resolución de conflictos y dándose por obligatorio la elaboración de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al profesorado así como al resto del personal de los centros docentes. También se ha dotado Andalucía de un instrumento legal con el objeto de incorporar un nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz para dar respuesta específicas a las necesidades educativas del alumnado con disconformidad de género o transexual.

Por otro lado, los medios de comunicación social se han venido haciendo eco en las últimas semanas del trabajo iniciado por la Consejería de Educación para elaborar un protocolo específico de actuación sobre el ciberacoso o ciberbullying dentro de las medidas desarrolladas para luchar contra la violencia escolar en Andalucía. A través de estas normas de procedimiento se abordará el problema del uso seguro de internet y la prevención y detección del ciberacoso, así como las prácticas abusivas que puedan ejecutarse a través de las nuevas tecnologías. Se trata de una guía metodológica que condensará todas y cada una de las actuaciones para los distintos casos de acoso o agresiones en el ámbito educativo, según recogen las noticias.

La Institución del Defensor del Menor ha acordado abordar el problema del acoso escolar y ciberacoso en nuestra Comunidad Autónoma con la elaboración de un Informe especial para su presentación ante el Parlamento de Andalucía. Con este propósito, han sido muchas ya las acciones emprendidas, entre las que destacamos la celebración de una Jornada en colaboración con la entidad Save The Children, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero en la ciudad de Granada, y en la que participó el Delegado Territorial de Educación en dicha provincia.

Una parte sustancial del trabajo que estamos elaborando debe ir dirigido necesariamente a conocer la incidencia real del problema en las aulas andaluzas, con el objetivo de poder deducir conclusiones respecto de la idoneidad y eficacia de las acciones, políticas, e intervenciones realizadas hasta el momento, y paralelamente poner de relieve las carencias y necesidades actuales.

Y para esta ardua labor necesitamos contar con los datos que al respecto disponga la Administración educativa sobre el fenómeno que abordamos, con independencia de aquellos otros datos disponibles fruto del trabajado desarrollado por otras entidades en fechas recientes como pueden ser el informe Cisnero X o el informe titulado “yo a eso no juego” elaborado por Save The Children, en los que se contiene información sobre los casos de acoso en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así las cosas, hemos acordado iniciar una actuación de oficio y, a tal efecto, solicitamos de la Consejería de Educación que nos informe sobre los trabajos desarrollados para la elaboración de un Protocolo específico de actuación sobre el ciberacoso o ciberbullying dentro de las medidas desarrolladas para luchar contra la violencia escolar en Andalucía, aportando, en su caso, copia del borrador existente.

Además de lo señalado, interesamos también de la Administración, un informe en el que se contengan una serie de datos en relación con el fenómeno del acoso escolar y ciberacoso en Andalucía.