Mediamos en un proceso de escritura de viviendas públicas

Se dirigía a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz un grupo de vecinos que mantenían desde hace 20 años un litigio para el acuerdo sobre el pago y proceso de escritura de las viviendas de VPO sobre las que ya existe una resolución judicial que determina las obligaciones.

A pesar del margen reducido de posibilidades, solicitaron la mediación de nuestra Institución con objeto de crear un encuentro que favorezca el diálogo y avanzar en el proceso de escriturar las viviendas, por lo que admitimos a trámite la queja.

Los vecinos agradecieron la posibilidad de reunirse y explicaron que las viviendas de VPO entregadas al tiempo de la entrega en 2003 no se correspondían con las condiciones pactadas a tenor de la reducción significativa de las calidades. Su negativa a mostrar conformidad, provocó la judicialización de este asunto, contando algunos vecinos con sentencias judiciales en primera y segunda instancia, incluso recursos ante el Tribunal Supremo. Otros vecinos, aún no dispondrían de una resolución judicial a fecha de la mediación.

Dejaban constancia que siempre han mantenido voluntad de pagar las viviendas, pero no aceptaban la merma en las calidades y la valoración realizada por la administración al tiempo de la entrega. Comentaban que trataron de llegar a un acuerdo mediante una propuesta con la anterior administración, pero no habrían obtenido respuesta hasta la fecha. La prioridad que dejaban de manifiesto en la reunión era la de poder escriturar y terminar con la situación de incertidumbre en la que viven, especialmente en aquellas personas en situación vulnerable para las que solicitaban alternativas ante las dificultades que podrían tener para la concesión de un préstamo hipotecario.

La Delegación Territorial agradece el encuentro y señalaba que el margen de negociación del mismo estaba marcado por los pronunciamientos judiciales, aunque no fuesen firmes, pues como gestores de intereses públicos no pueden renunciar a derechos reconocidos en una Sentencia en la medida que podría suponer una infracción del ordenamiento jurídico por parte de la Administración a la que representan. Dicho planteamiento era suscrito por la Dirección Provincial de AVRA. En ese marco, y estudiando cada caso la Delegación se comprometía a solicitar a los servicios jurídicos centrales de Sevilla el estudio de las propuestas de planificando el pago. Estimándose entre todos los presentes en la reunión que de ser aceptadas, entre los posibles pactos se encontraría el cierre de la vía contenciosa alcanzarse dichos acuerdos.