Le reconocen el derecho a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar para su madre, de 90 años

La interesada exponía lo siguiente:

“Mi madre ..., con D.N.I. ..., domicilio en …, fue diagnosticada de Alzheimer, procedimos a solicitar una prestación a los Servicios Sociales mediante la ley de la Dependencia, la resolución llegó en el años 2010. Consistía en una cuantía económica para el cuidado en el entorno familiar y mi alta en la S.S. con su cuidadora (..., D.N.I. ... y mismo domicilio). Tras los recortes del gobierno del señor Rajoy, la cuantía quedó en 272,33 euros y la baja como cotizante de la S.S.

A final del 2011 mi madre sufrió una fractura de cadera y fue intervenida. Su estado mental sufrió un empeoramiento considerable. Pasando de ser una persona medianamente válida o caer postrada en una cama. El avance de su enfermedad fue brutal, dejando de controlar esfinteres, perder la capacidad de comunicarse y de realizar cualquier tarea por si misma.

A principios del 2012 solicité una revisión de grado a Servicios Sociales, pues la dependencia hacia mi era total y absoluta, por lo que tuve que dejar de trabajar, con la consiguiente pérdida de ingresos en el hogar y debido a su estado aumentaron los gastos de manera desorbitada para su cuidado.

En el año 2015 nos llegó la nueva valoración dándola como invalida absoluta con un grado de discapacidad del 95 %. El P.I.A. consideró que la mejor opción para sus cuidados era el aumento en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Desde diciembre del 2015 no he vuelto a tener noticias. Llamo al teléfono de atención al dependiente y sólo me indican que sólo falta la firma de la resolución y dar orden a nómina para que se efectúen los pagos correspondientes.

Ante la indefensión en la que nos encontramos apelo a usted como último recurso, porque la situación comienza a ser insostenible, pues ya tiene 90 años y para que tenga una vida lo más digna posible necesitamos ese dinero con urgencia. A modo de anécdota una de las trabajadoras que me atendió la última vez, al ver mi desesperación, me indicó que jamás había visto que a una revisión de grado le llegara a tiempo dicha resolución.”

Ante la situación descrita, solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, quien indicó que con fecha 14 de marzo de 2017 se dictó resolución aprobando el PIA y reconociendo el derecho a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar como modalidad de intervención más adecuada.

Habiéndose solucionado la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.