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Investigamos las circunstancias y medidas adoptadas para resolver la carencia de comedor en 37 colegios de la provincia de Jaén

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/6146 dirigida a Consejería de Educación y Deporte

El pasado día 15 de octubre de 2019 los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de que por parte de la empresa Royal Menu Catering, adjudicataria del servicio de comedor escolar de 37 centros docentes de la provincia de Jáen, situados en 25 municipios, se había renunciado a continuar prestando dicho servicio. Desde entonces, dos semanas más tarde, son aproximadamente unos 2000 alumnos y alumnas los que continúan sin el servicio de comedor escolar en sus respectivos centros docentes.

Según podemos leer en algunos de los periódicos, la empresa avisó a la Administración educativa con cinco días de antelación a la suspensión efectiva del servicio, si bien a los padres y madres no se les informó de que sus hijos e hijas no iban a poder hacer uso del comedor hasta el día inmediatamente anterior a que esto ocurriera.

Según también recogen las señaladas fuentes informativas, la Consejería de Educación ha tratado de buscar una solución a este problema, pasando ello por ofrecer a otras empresas del sector que se hagan cargo del servicio, si bien ninguna de ellas, según alguna de las noticias, hasta 60, han aceptado la oferta debido a las condiciones en las que tendrían que asumirlo, lo que pasaría por hacerse responsable de la deuda que mantiene la empresa hasta ahora adjudicataria con la Seguridad Social (330.000 €), e integrar en sus plantillas a sus 125 trabajadores y trabajadoras.

La cuestión es que las familias afectadas han tenido que acudir a soluciones imaginativas, o simplemente pedir el favor a familiares y amigos para que se hagan cargo de la alimentación de los menores hasta que los pueden recoger una vez que terminan su jornada laboral, en la mayoría de los casos incompatible con el horario de comedor escolar y, precisamente por ello, demandantes de dicho servicio.

Otra de las soluciones que parece estar barajándose es la denominada aulas de espera, que serían atendidas por monitores especializados en Educación Infantil y Atención a Personas en Situación de Dependencia, lo que permitirán a los padres y madres trabajadores tener garantizada la atención asistencial de los menores.

Pero aún recociendo la indudable voluntad de la Administración autonómica de resolver el problema, lo cierto es que no parece que la solución vaya a aparecer a corto plazo, además de haberse puesto de manifiesto la inexistencia de los mecanismos que resultarían necesarios para dar la respuesta inmediata que una situación como la que ha ocurrido requiere.

Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, consideramos justificado iniciar un expediente de oficio con el objeto de conocer con exactitud la gravedad del problema expuesto, así como, conocer qué solución es la que se va a dar al problema que se ha planteado y en qué espacio temporal se prevé que pueda estar solucionado.

En consecuencia, nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y Deporte en solicitud del preceptivo informe.

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